Determina INE que “presos sin sentencia” no participarán en elección judicial
Foto Especial
Sábado 21 de Diciembre de 2024 8:50 am
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Debido al poco presupuesto y la
premura para organizar la elección judicial, los presos sin sentencia no
participarán en el proceso para renovar a jueces, ministros y magistrados,
determinó el INE.
Los comicios realizados en junio
pasado fueron los primeros en México que incorporaron el voto de personas
encarceladas que aún siguen bajo proceso penal.
Durante la sesión del Consejo
General, las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel lamentaron la paradoja que
implica que estas personas no participen en la mencionada elección, pese a que
el futuro de la impartición de justicia es un tema determinante en sus vidas.
No hay nadie con más deseos de
participar en un proceso electoral del Poder Judicial que una persona que esté
justamente privada de su libertad y que todavía no tenga ni siquiera una
sentencia y les estamos quitando ese derecho de participar”, argumentó Carla
Humphrey.
El INE aprobó también el voto
anticipado, pero sólo para la elección de ministros de la Corte, magistrados
del Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior del TEPJF.
Por recursos insuficientes, las
personas privadas de la libertad no podrán votar en los comicios
extraordinarios del próximo 1 de junio por jueces, ministros y magistrados
A consecuencia de los recursos
limitados y la premura del tiempo con la que se organiza, en la elección
extraordinaria de jueces, ministros y magistrados no serán incluidas las
personas privadas de su libertad aún sin sentencia, como sucedió por primera ocasión
en los comicios de junio pasado.
Las consejeras Claudia Zavala y Dania
Ravel lamentaron la paradoja que los presos que carecen de sentencia no podrán
participar en la definición de los futuros juzgadores.
Sin embargo, en el Consejo General
del INE la mayoría avaló el acuerdo que excluye a los presos sin sentencia,
durante la sesión extraordinaria en la que también se definieron
particularidades del padrón y participación de personas con discapacidad.
Me parece que no hay nadie con más
deseos de participar en un proceso electoral del Poder Judicial que una persona
que esté justamente privada de su libertad y que todavía no tenga ni siquiera
una sentencia y les estamos quitando ese derecho de participar; lamento
profundamente que no hagamos extensiva esta posibilidad y garantía de este
derecho humano”, argumentó la consejera Carla Humphrey.
En el mismo sentido, la consejera
Claudia Zavala calificó como “muy lamentable que, por razones presupuestales,
por razones de tiempo y por las razones que sea y que se han invocado,
excluyamos de participar y de tener los listados correspondientes a quienes
residen en el exterior y lamento también muchísimo que las personas que se
encuentran en procedimientos penales, no puedan ejercer su derecho de voto en
un tema y en un cargo que directamente le atañe porque serán juzgados por las
personas que lleguen a ocupar estos cargos en su momento”.
Zavala enfatizó que excluir a los
mexicanos que estando en prisión todavía no tienen una sentencia implica ir en
contra de derechos ciudadanos de quienes teniendo un interés directo no podrán
participar.
“Entiendo y comprendo las razones que
avalan las razones de la mayoría para hacer esta exclusión, no las comparto en
general, porque creo que el Instituto debe de hacer un esfuerzo, aunque
tengamos una elección compleja, porque me parece que las razones de complejidad
no son suficientes para derribar la garantía de los derechos”, sostuvo la
consejera Zavala.
El Consejo General del INE aprobó
también la implementación del voto anticipado sólo para la elección de las
ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Avaló lineamientos para organizar el
voto anticipado para personas con discapacidad imposibilitadas para asistir a
votar, y personas cuidadoras primarias.
Los consejeros aprobaron además el
acuerdo que señala las fechas máximas que permitan contar con viabilidad
material y operativa para la realización de las actividades a cargo del
Instituto Nacional Electoral respecto de las elecciones extraordinarias de los
poderes judiciales locales concurrentes con la elección extraordinaria del
Poder Judicial Federal en 2025.
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