Infancia, víctima de la narcoviolencia
TRAGEDIA NACIONAL EN MÉXICO
Martes 29 de Abril de 2025 11:00 am
+ -El narcotráfico no solo afecta a los menores con violencia directa, sino que también moldea su entorno
Desde que en 2006 se militarizó la seguridad en México, la
infancia ha sido una de las principales víctimas de la violencia del
narcotráfico.
A la fecha, más de 84 mil niñas, niños y adolescentes (NNA)
han desaparecido en el país, en un contexto donde cientos de miles más viven
bajo el riesgo constante de ser reclutados por grupos criminales.
La pobreza estructural y la falta de acceso a oportunidades
educativas profundizan aún más su vulnerabilidad, mientras la narcocultura
normaliza la violencia como una opción de vida desde edades tempranas.
De acuerdo con registros oficiales, entre 1964 y 2024, se
han documentado 84 mil 160 desapariciones de menores, con un alarmante
crecimiento a partir de 2006.
Tan solo en 2021, se reportaron mil 896 casos de NNA
desaparecidos, siendo el 55 por ciento mujeres, lo que refleja una dimensión de
género en esta crisis.
El crimen organizado encuentra en la infancia una presa
fácil para el reclutamiento forzado.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
estima que entre 145 mil y 250 mil menores están en riesgo de ser cooptados por
estas redes criminales.
Redes sociales y empleos informales son utilizados como
mecanismos de captación, sobre todo en estados como Jalisco, Guanajuato, Estado
de México y Sinaloa, donde los niños y adolescentes terminan ejerciendo
funciones como "halcones" (vigilantes) o incluso como sicarios.
La situación de pobreza agrava esta problemática: según
dato del Banco Interamericano de Desarrollo, el 50 por ciento de los menores
mexicanos viven en condiciones de pobreza, y entre los niños indígenas esta
cifra asciende a 78.5 por ciento.
Esto incrementa exponencialmente su exposición al
reclutamiento criminal.
En el Estado de México, el 48.9 por ciento de la infancia
carece de acceso a servicios básicos, mientras que, a nivel nacional, más de 4
millones de menores no asisten a la escuela, quedando fuera de los espacios de
protección social.
GLORIFICANDO LA VIOLENCIA
La violencia del narcotráfico no solo daña a la infancia de
manera directa; también moldea su percepción del mundo. La música de corridos,
las series de televisión y los contenidos en redes sociales exaltan a líderes
criminales como modelos a seguir.
En ciudades como Culiacán, los memoriales dedicados a
figuras del narco, como El Chapo, refuerzan una narrativa de admiración hacia
los criminales. Los grupos delictivos han adaptado su estrategia de
reclutamiento, utilizando juegos en línea y plataformas digitales para atraer a
menores.
El daño psicosocial es profundo. La exposición constante a
escenas de violencia genera ansiedad, depresión y trastornos de estrés
postraumático.
En estados como Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y
Michoacán, numerosos menores han sido testigos de asesinatos o han perdido
familiares en eventos violentos, afectando gravemente su desarrollo emocional y
su perspectiva de futuro.
Los efectos más trágicos de esta violencia son la muerte y
desaparición de menores. En Culiacán, Sinaloa, los niños Alexander, de 9 años,
y Gael, de 12, murieron en 2024 durante un enfrentamiento entre facciones del
Cártel de Sinaloa.
Su muerte provocó una ola de indignación bajo el grito de
“¡Con los niños no!”, reflejando la desesperación social ante la violencia que
arrebata la vida de los más vulnerables.
Desde 2006, México ha registrado más de 450 mil muertes
violentas, muchas de ellas dejando a menores huérfanos o como víctimas
colaterales de los conflictos entre criminales y fuerzas de seguridad.
AVANCES INSUFICIENTES
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha impulsado
algunas medidas como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en 2014 y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de NNA en 2017.
Sin embargo, solo el 15 por ciento de los estados del país
cuentan con fiscalías especializadas en la protección de menores, lo que
evidencia graves carencias institucionales.
Tras las protestas en Sinaloa en 2024, se creó un cuerpo
federal especial para investigar crímenes contra menores. Aun así, la impunidad
sigue siendo la norma.
Organizaciones civiles, como Redim y colectivos como
Buscadoras de Vida, han asumido la tarea de documentar desapariciones y exigir
políticas más eficaces, enfrentándose, además, a un subregistro persistente de
los casos.
La narcoviolencia no solo mata y desaparece a la infancia:
también perpetúa un ciclo de violencia al presentar el crimen organizado como
una vía de ascenso social ante la falta de alternativas.
Urge implementar políticas integrales que aborden las
causas estructurales de esta tragedia y desmantelen la glorificación del
crimen. Como expresó un manifestante en Sinaloa por la muerte de los niños
Alexander y Gael: “Queremos vivir, no sobrevivir”.
