Jueza declara legal la compra de Pegasus; FGR investigará a la magistrada
Miércoles 18 de Junio de 2025 6:15 pm
+ -
Ciudad de México.— Una jueza federal determinó que la adquisición del software espía Pegasus por parte de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue legal, y rechazó vincular a proceso a la exoficial mayor Judith Aracely Gómez Molano. En respuesta, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará la decisión y abrió una investigación contra la juzgadora.
Durante una audiencia celebrada este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, la jueza Alejandra Domínguez Santos concluyó que no existen elementos suficientes para procesar penalmente a Gómez Molano, señalando que la compra de Pegasus, realizada en octubre de 2014 por más de 460 millones de pesos, estuvo relacionada con funciones sustantivas de la institución y no puede considerarse indebida.
La FGR acusaba a la exfuncionaria de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, por presuntamente autorizar la compra del sistema sin justificar su necesidad, lo que habría ocasionado un daño millonario al erario.
En reacción al fallo, la Fiscalía informó este miércoles que no sólo apelará la decisión judicial, sino que inició una carpeta de investigación contra la jueza Domínguez Santos, a quien acusa de posibles delitos contra la administración de justicia, argumentando irregularidades como el retraso de dos años en la audiencia y la supuesta insuficiencia de las pruebas presentadas.
En el mismo caso, la FGR también imputó al exdirector del Cenapi, Vidal Díazleal Ochoa, por los mismos cuatro delitos. No obstante, la jueza sólo lo vinculó a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades, fijando un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. También se le impusieron medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y firma periódica cada 15 días.
La adquisición de Pegasus, software de origen israelí utilizado para vigilancia, fue realizada el 29 de octubre de 2014 por un monto de 32 millones de dólares. El contrato fue firmado por Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con Díazleal Ochoa y Rigoberto García Campos, exdirector de información sobre actividades delictivas del Cenapi.
La compra ha sido objeto de controversia debido a su presunto uso en espionaje contra activistas, periodistas y figuras políticas.
