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Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco por ordenar el asesinato de un síndico y su chofer
Miércoles 17 de Diciembre de 2025 3:51 pm
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María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue sentenciada a 70 años de prisión al ser encontrada culpable de ordenar el homicidio del síndico municipal y de su chofer, crímenes cometidos en enero de 2023.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, tras presentar pruebas contundentes, se acreditó la responsabilidad de la exalcaldesa en el asesinato del síndico identificado como G.J.R. y del conductor M.A.L.C., quienes fueron privados de la vida mientras cumplían funciones oficiales.
Las investigaciones, desarrolladas como parte de la Operación Enjambre, revelaron que ambas víctimas fueron enviadas por instrucciones directas de Martínez Robles a una zona considerada de alto riesgo, con presencia de grupos criminales, de donde no regresaron con vida.
De acuerdo con el Ministerio Público, la entonces alcaldesa mantuvo comunicación directa con integrantes de una organización delictiva con orígenes en Michoacán, a quienes solicitó ejecutar al síndico municipal para mantener el control político y administrativo del ayuntamiento. En una llamada telefónica, la exfuncionaria habría pedido “quitarlo del camino” para poder operar sin obstáculos dentro de la administración local.
El 25 de enero de 2023, el síndico fue enviado a una supuesta reunión al municipio de Zacazonapan. Un día después, los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados dentro de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla.
Las indagatorias también establecieron que María Elena Martínez Robles participó en diversas reuniones con miembros de la célula criminal para coordinar actividades ilícitas vinculadas con la administración municipal.
La exalcaldesa fue detenida mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Además de la pena de prisión, la autoridad judicial ordenó el pago de 207 mil 234 pesos por cada víctima como reparación del daño y decretó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
