SITC bajo la lupa, ante posible corrupción
Lunes 26 de Enero de 2026 9:38 am
+ -Una investigación periodística en curso documenta un presunto modus operandi que, durante años, habría permitido la apropiación irregular de predios propiedad de la Federación en el Estado de Colima
Una investigación periodística en curso documenta un presunto modus operandi que, durante años, habría permitido la apropiación irregular de predios propiedad de la Federación en el Estado de Colima. De acuerdo con expedientes en poder de este Diario, empresarios habrían actuado en colusión con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, apoyados por notarios públicos e instancias judiciales, para promover juicios de posesión que terminan en la escrituración de terrenos federales a favor de personas físicas y morales.
EL MECANISMO BAJO LA LUPA
Los documentos revisados describen una secuencia recurrente, como la identificación del predio federal por servidores públicos, promoción de juicios de posesión por particulares, aval notarial y resoluciones judiciales que culminan en títulos de propiedad.
La investigación señala que estos procesos habrían pasado inadvertidos para los controles federales, permitiendo la transferencia patrimonial sin la debida autorización.
EXPEDIENTES Y CASOS EN PROCESO
Diario de Colima tiene expedientes activos de diversos predios federales actualmente en juicio de adjudicación, con la intención de consolidar su apropiación. La información recabada apunta a la existencia de una red estructurada que habría operado por años bajo esquemas similares.
FOCO ROJO: PUERTO DE MANZANILLO
En el Puerto de Manzanillo se tienen al menos cuatro predios identificados que habrían seguido estos procedimientos, lo que eleva la relevancia del caso por su impacto estratégico y patrimonial.
LO QUE SIGUE...
Esta redacción continuará la investigación y, en una segunda edición, publicará los documentos que sustentan estas afirmaciones, resguardando el debido proceso y el derecho de réplica. El objetivo es transparentar los hechos, delimitar responsabilidades institucionales y exigir rendición de cuentas en defensa del patrimonio público.
Esta información se presenta como parte de una investigación periodística en desarrollo. Las personas e instituciones mencionadas tienen derecho a responder y aportar su versión de los hechos.
