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Nueva ola de despidos en el Poder Judicial: Recortes alcanzan áreas administrativas en todo el país
Viernes 30 de Enero de 2026 2:17 pm
+ -El Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordena un ajuste del 10% en las plantillas de confianza; la medida afecta a personal con hasta 20 años de trayectoria en recursos humanos, nóminas y administración de edificios.
Este viernes 30 de enero de 2026, se confirmó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha iniciado una segunda fase de despidos masivos dirigida exclusivamente al personal de confianza. La orden, que emana del Órgano de Administración Judicial (OAJ), instruye a todas las áreas administrativas a reducir su personal en un 10%, lo que se traduce en el cese de aproximadamente 400 a 500 trabajadores en esta etapa.
El epicentro de las notificaciones fue el edificio de Ajusco 170, en la Ciudad de México, sede de la Dirección General de Recursos Humanos. Allí, entre las 17:00 y 18:00 horas del jueves, personal jurídico entregó los oficios de "fin de nombramiento" con efectos inmediatos, sin periodos de transición ni explicaciones individuales detalladas.
Justificación oficial: "Disciplina Presupuestaria"
Los documentos, firmados por la Directora General de Recursos Humanos, Laura Sandra Hasbach Melchor, fundamentan el cese en el Acuerdo de Disciplina Presupuestaria 2026. Según fuentes del OAJ, la medida es necesaria debido a que actualmente el 92% del presupuesto de la institución se destina al pago de sueldos y salarios, dejando poco margen para la operación técnica y material.
Los perfiles afectados incluyen:
- Analistas y técnicos administrativos.
- Jefes de departamento.
- Administradores de edificios en diversas entidades de la República.
- Personal de las áreas de Nóminas y Dirección de Personal.
El factor humano y la antigüedad
La preocupación entre los trabajadores radica en que, a diferencia de la primera ola de despidos de septiembre de 2025 (tras la elección de nuevos jueces), este recorte ha alcanzado a personal de carrera administrativa. Muchos de los afectados superan los 50 y 60 años de edad y contaban con más de dos décadas de servicio, quedando ahora en una situación de vulnerabilidad laboral.
