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"Fusión entre política y crimen": FGR revela el expediente contra el alcalde de Tequila
Viernes 06 de Febrero de 2026 10:51 am
+ -La fiscalía acusa a Diego Rivera Navarro de utilizar la estructura municipal para secuestrar a rivales políticos y extorsionar a comerciantes bajo el respaldo del CJNG
El expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), al que tuvo acceso Latinus, describe una estructura criminal donde el poder público de Tequila, Jalisco, fue secuestrado por su propio alcalde. Según la orden de aprehensión ejecutada este jueves, Diego Rivera Navarro no solo permitía la delincuencia, sino que presuntamente dirigía una organización dedicada al secuestro agravado y la extorsión.
La FGR sostiene que el alcalde "usa la fuerza del gobierno para la ejecución de sus fines delictivos", señalando que los directores de Seguridad Pública, Obras y Catastro operaban como un brazo ejecutor de la criminalidad.
Las pruebas: Testimonios que hundieron al edil
La investigación se fundamenta en tres pilares de testimonios de víctimas que detallan el modus operandi de la administración municipal:
- Eliminación de rivales políticos: Dos excandidatos de Morena denunciaron haber sido "levantados" y torturados en 2021. Bajo amenazas de muerte, fueron obligados a firmar su renuncia a la candidatura. Ambos identifican a Rivera Navarro como partícipe directo en el secuestro.
- Derecho de piso institucional: Comerciantes locales denunciaron que, tras la llegada de Rivera a la alcaldía, sus negocios fueron clausurados por el ayuntamiento para luego exigir pagos de hasta 150,000 pesos para reabrir, seguidos de cuotas mensuales de 20,000 pesos.
- Vínculo con el CJNG: Denuncias anónimas señalan que los extorsionadores se jactaban del respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación, citando incluso eventos privados organizados por el alcalde para líderes del grupo criminal.
- El Altiplano: Destino final para evitar obstrucción
Dada la peligrosidad y el nivel de influencia de los detenidos en Jalisco, la FGR solicitó que el proceso se lleve a cabo fuera del estado. El alcalde y sus colaboradores más cercanos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano", en el Estado de México.
La fiscalía argumenta que dejar a los imputados en prisiones locales representaría un riesgo alto de obstrucción de la justicia y una amenaza continua para la seguridad pública, debido a la "fusión de criminalidad con el poder político".
