Gobierno de México recupera más de mil concesiones mineras: Adiós a la "especulación ociosa”
Jueves 12 de Febrero de 2026 1:26 pm
+ -La Secretaría de Economía cancela títulos por falta de pago y especulación
En un paso decisivo para el reordenamiento del sector extractivo, el Gobierno de México anunció la recuperación de 1,126 concesiones mineras, lo que representa una superficie de 889,502 hectáreas que regresan al control del Estado. La cifra fue revelada este jueves en Palacio Nacional por José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía (SE).
El funcionario destacó que estas acciones no solo responden a una limpieza administrativa, sino también a una estrategia de conservación, ya que cerca de 250 mil hectáreas recuperadas se encuentran dentro de Áreas Naturales Protegidas, zonas donde la actividad minera ponía en riesgo ecosistemas críticos.
¿Por qué se cancelaron las concesiones?
De acuerdo con la SE, las revocaciones se sustentan estrictamente en el incumplimiento de la ley vigente. Los motivos principales son:
- Falta de pago de derechos: La legislación mexicana es clara; un retraso de dos años en los pagos fiscales es motivo automático de cancelación.
- Omisión de informes de obra: Las empresas deben presentar reportes estadísticos que demuestren que realmente están explorando o explotando el terreno.
- Combate a la especulación: "Si no hay informes, quiere decir que estos bienes están 'ociosos' y solo sirven para la especulación financiera", precisó Aboitiz Saro.
Mapa de la recuperación: Los estados más afectados
Aunque el trabajo de revisión se extendió por casi toda la República (exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco por su nula actividad minera), el mayor volumen de cancelaciones se concentró en los estados con mayor tradición extractiva:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Zacatecas
- Durango
- Jalisco
Diálogo y devoluciones voluntarias
El funcionario añadió que, además de las cancelaciones por ley, se han logrado devoluciones voluntarias a través del diálogo con la industria minera. Aunque estas representan una fracción menor del total, marcan un precedente en el acuerdo entre el sector privado y las prioridades de protección ambiental y control administrativo del gobierno actual.
Con esta medida, el gobierno federal busca priorizar el uso productivo de la tierra y la preservación de los recursos naturales frente a los intereses meramente especulativos sobre el subsuelo mexicano.
