Piden investigar a Maduro por torturas; podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos
Miércoles 04 de Marzo de 2026 2:35 pm
+ -Abogados venezolanos en el exilio solicitaron al Departamento de Justicia de EE.UU. abrir una nueva investigación penal por tortura.
Un grupo de juristas venezolanos en el exilio presentó una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se inicie una investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos actos de tortura.
La petición fue introducida el 4 de enero, un día después de su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas y su traslado a Nueva York. La presencia del mandatario en territorio estadounidense activaría la jurisdicción contemplada en el estatuto federal contra la tortura (18 U.S.C. § 2340A), que permite procesar a personas por crímenes cometidos fuera del país si se encuentran en EE.UU.
Posibles penas: cadena perpetua o pena de muerte
De acuerdo con los abogados solicitantes, la legislación estadounidense prevé penas que van desde largas condenas de prisión hasta cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se demuestra que las víctimas fallecieron como consecuencia de torturas.
El nuevo planteamiento no se integraría al proceso que ya enfrenta en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico. Se trataría de una investigación independiente que requeriría decisión expresa de la fiscalía federal.
Los promotores del recurso sostienen que en Venezuela se han documentado muertes bajo custodia estatal derivadas de presuntos actos de tortura, lo que, a su juicio, encajaría en el supuesto agravado previsto por la ley estadounidense.
Diferencias con la Corte Penal Internacional
A diferencia de procesos ante instancias como la Corte Penal Internacional, en el sistema federal estadounidense no es necesario demostrar que la tortura formó parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil; bastaría con acreditar un solo caso bajo “color de ley” para activar la competencia.
La solicitud se apoya en informes del Departamento de Estado de EE.UU., de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que han documentado presuntos patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
El precedente: caso Michael Sang Correa
Los abogados citan como antecedente el caso de Michael Sang Correa, exintegrante del grupo paramilitar “Junglers” de Gambia, condenado en 2025 por un jurado federal en Colorado por actos de tortura cometidos en 2006.
Correa fue procesado bajo el mismo estatuto federal tras ser localizado en territorio estadounidense. En agosto de 2025 fue sentenciado a 810 meses de prisión (67 años y medio), en lo que representó la primera aplicación efectiva de esa norma contra un extranjero por crímenes cometidos fuera de EE.UU.
Para los solicitantes, este precedente demuestra que la herramienta legal puede aplicarse si la fiscalía decide avanzar.
Argentina también impulsa extradición
De manera paralela, Argentina mantiene abierta una causa bajo el principio de jurisdicción universal para investigar a Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, incluso sin que se encuentre en su territorio.
Mientras Argentina podría avanzar en ausencia por un espectro más amplio de delitos internacionales, Estados Unidos únicamente podría procesarlo por tortura y siempre que permanezca bajo su jurisdicción.
Situación judicial actual
Maduro fue presentado ante un juez federal en Nueva York el 5 de enero y se declaró inocente de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo. “Soy inocente. No soy culpable”, expresó ante la corte. Su esposa, Cilia Flores, también detenida, se declaró no culpable.
Ambos deberán comparecer nuevamente ante el tribunal federal el próximo 26 de marzo, mientras el Departamento de Justicia analiza si abre o no una nueva investigación por tortura, un proceso que podría tardar meses y que, de concretarse, ampliaría de forma significativa el alcance político y judicial del caso.
