Senado consuma el fin de pensiones doradas; reducirán percepciones hasta en 80%

Jueves 12 de Marzo de 2026 10:58 am

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Senado aprueba por unanimidad que ningún retiro de exfuncionarios supere los 134 mil pesos mensuales netos.

En una sesión histórica, el pleno del Senado de la República aprobó sin modificaciones la reforma constitucional que establece un tope máximo a las pensiones de exservidores públicos. Con el respaldo unánime de 116 legisladores, se determinó que ninguna jubilación podrá ser superior al salario neto de la Presidenta de México, el cual se ubica actualmente en 134 mil pesos mensuales. Esta medida busca eliminar las llamadas "pensiones de élite" que, en casos extremos, superaban el millón de pesos al mes.

¿Quiénes son los afectados por el ajuste?

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un total de 6 mil 292 jubilados deberán ajustar sus ingresos a la baja. La reducción será drástica para muchos, llegando en algunos casos hasta el 80% de lo que percibían anteriormente. El desglose de los exfuncionarios afectados es el siguiente:

• Luz y Fuerza del Centro (extinta): 3,504 jubilados (incluye el caso del retiro de un millón de pesos).
• CFE: 2,199 extrabajadores.
• Pemex: 544 jubilados.
• Sector Bancario (Nafinsa, Banobras, Bancomext): 50 personas en total.

Excepciones a la regla: La reforma aclara que no se verán afectados por este tope los militares, los haberes de retiro de exministros de la SCJN, los sistemas de ahorro para el retiro personales, ni los esquemas complementarios gestionados directamente por sindicatos para sus agremiados.

Retroactividad y debate legislativo

El punto más polémico de la sesión fue el régimen transitorio, el cual obliga a ajustar incluso las pensiones que ya están vigentes. Aunque legisladores de oposición propusieron que el límite se basara en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y cuestionaron la legalidad de aplicar la ley de forma retroactiva sobre derechos adquiridos, la mayoría de Morena rechazó estas reservas.

A partir de la entrada en vigor del decreto, todas las instituciones públicas deberán revisar y adecuar sus contratos y condiciones generales de trabajo para cumplir con el nuevo mandato constitucional. La minuta ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su análisis final y posterior ratificación.

AGENCIAS

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