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Avanza el Plan B de Reforma Electoral en San Lázaro
Miércoles 08 de Abril de 2026 11:08 am
+ -Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron el Plan B de Reforma Electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El avance legislativo se concretó con el respaldo de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, enviando a la Mesa Directiva un proyecto que busca modificar diversos artículos de la Carta Magna.
Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la reconfiguración de los Ayuntamientos, los cuales estarán limitados a un máximo de quince regidurías y deberán cumplir estrictamente con los principios de paridad de género tanto vertical como horizontal. Esta medida pretende simplificar la administración municipal y garantizar una igualdad sustantiva en el acceso y ejercicio del poder público local.
Otro eje central de la iniciativa establece un control estricto sobre el gasto de las legislaturas estatales, determinando que su presupuesto anual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, el dictamen introduce la prohibición de la reelección para diputados locales en el periodo inmediato posterior y establece que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, no podrán superar el límite fijado por el artículo 127 constitucional. Además, se elimina la posibilidad de contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones privadas para estos funcionarios.
Transición y destino de los ahorros
La reforma contempla un calendario de implementación que obliga al Congreso de la Unión y a las entidades federativas a armonizar sus marcos jurídicos antes del 30 de mayo de 2026. Para el caso del Senado de la República, se estipula un ajuste presupuestal progresivo durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, con la salvaguarda de no afectar los derechos laborales de los trabajadores.
El proyecto aclara que los recursos excedentes o ahorros generados por la reducción en el número de regidores y el gasto legislativo local permanecerán en la hacienda pública de cada municipio, con la instrucción específica de destinarse prioritariamente a obras de infraestructura pública.
