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Ignacio Peralta y Carlos Noriega enfrentarán proceso judicial por presunto peculado y uso indebido de atribuciones



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Jueves 07 de Mayo de 2026 2:38 pm

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La Fiscalía Anticorrupción informó que continúan las investigaciones por el manejo de recursos en la administración estatal anterior

El exgobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, junto con su exsecretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de peculado y uso indebido de funciones públicas, en un caso relacionado con el manejo de recursos durante la pasada administración estatal.

La determinación judicial se considera uno de los acontecimientos legales más relevantes en la historia reciente de Colima, al involucrar a un exmandatario y a un exalto funcionario del área financiera por posibles irregularidades en la administración del gasto público.

Durante la audiencia, Peralta Sánchez sostuvo que las adecuaciones al presupuesto formaban parte de sus facultades como titular del Ejecutivo estatal; sin embargo, el juez encargado del caso consideró que existen elementos suficientes para dar continuidad a la investigación sobre las decisiones administrativas señaladas por las autoridades anticorrupción.

El proceso se da tras varios años de señalamientos hacia su gobierno, el cual fue cuestionado por presuntos problemas financieros, falta de liquidez, adeudos con proveedores y trabajadores, así como complicaciones en la operación de servicios públicos en la entidad.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Colima confirmó que ambos exfuncionarios enfrentarán el proceso en libertad, aunque la vinculación marca un precedente en el estado al tratarse de uno de los primeros casos de este nivel que llega a tribunales.

La fiscal anticorrupción, Esperanza Ramírez Vela, señaló que existen otras carpetas de investigación abiertas relacionadas con el mismo periodo de gobierno, por lo que el caso podría ampliarse conforme avancen las indagatorias.

Asimismo, explicó que aún no es posible anticipar sanciones, ya que estas dependerán de la resolución final del proceso judicial; no obstante, recordó que los delitos imputados contemplan posibles penas de prisión y la reparación del daño en caso de acreditarse responsabilidad.

La fiscal añadió que se continuará fortaleciendo la investigación con nuevas pruebas y diligencias para sustentar la acusación.

Para distintos sectores sociales en Colima, esta resolución representa un avance en las exigencias de transparencia y rendición de cuentas respecto al manejo de los recursos públicos en administraciones anteriores.

REDACCIÓN



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