Voces del puerto

En la reunión participó la presidenta municipal, Gabriela Benavides Cobos; el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Agustín Morales Anguiano; el delegado de la Semarnat, Nabor Ochoa López; Alejandro Pérez, del Inapesca; Juan Ballesteros Medina, de Conapesca, entre regidores y diputados locales, quienes aseguraron que se respetaría la decisión, firmándose una minuta al respecto.

El funcionario de la Conapesca, Juan Ballesteros, explicó que el proyecto contemplaba 6 mil 25 metros lineales de canales, para lo que se desazolvarían un total de 498 mil 813 metros cúbicos de lodos, mismos que se pretendía se vertieran en otras secciones de la laguna para la creación de siete isletas “ecológicas”, con un total de 5 mil 316 metros lineales.

Con esto, indicó que se rehabilitará la laguna, al brindarle una oxigenación, y con las isletas favorecerá el desarrollo de fauna y flora, con lo que se rescataría el ecosistema lagunar.

Sin embargo, cuestionado sobre las posibles afectaciones de inundación en la colonia Alameda, y al no poder garantizar el que no hubiera daños, los vecinos se opusieron a los trabajos.

El funcionario también fue increpado por pescadores, al decirle que con las isletas se estaría afectando la producción de larvas y se matarían millones de estas al remover los lodos, por lo que también se opusieron.

Sin duda, una intervención que ayudó a decidir tal decisión fue la manifestada por el delegado de la Semarnat, Nabor Ochoa, quien enfatizó que las isletas afectarían la vida del estero, tal y como ha sucedido en la laguna del Valle de las Garzas.

“Y aquí lo que se pretende es un proyecto que fracasó, se replique en Cuyutlán, y eso no es lo ideal”, subrayó.

La evidencia fue tal, que el funcionario de Conapesca ofreció presentar un nuevo proyecto que se adaptara a las necesidades de los vecinos de la Alameda y pescadores, sin embargo, la negativa fue rotunda a que se continuara con el dragado.

Pero, ¿cuál fue el principal motivo que llevó a que ambos sectores se opusieran a que se les presentara un nuevo proyecto?

La respuesta ya la he dado en este espacio en varias ocasiones: la soberbia de las autoridades federales, al querer ir a Manzanillo a realizar obras sin consultar antes con la población o mínimo con los sectores que se verían directamente afectados.

Como acostumbran las autoridades federales, llegan y ejecutan obras sin dar explicaciones, incluso a la autoridad municipal, que en un principio, por increíble que parezca, desconocía como autoridad inmediata los trabajos que se realizaban en la laguna.

“Nos han presentado proyectos y luego los modifican sin informar; en este caso, iniciaron los trabajos sin avisarnos, y vemos que no se nos garantiza que no habrá afectaciones, por lo que las familias nos oponemos a que se nos quiera presentar otro proyecto y se continúe con los trabajos en la laguna”, expresó la presidenta de colonia, Rocío de Guadalupe Estrada.

Por su parte, la alcaldesa Gabriela Benavides expresó que el acuerdo previo al que habían llegado las autoridades en la reunión con el delgado de Sagarpa, Carlos Salazar, era que se respetaría la decisión de los vecinos y pescadores.

“Ese fue el acuerdo, y si ellos dicen que no lo quieren, no se realizará nada”, enfatizó.

Pereciera que todo se arregló y el conflicto terminó, nada más alejado de la realidad. Con esto se vienen muchas interrogantes y se deja ver que este conflicto de afectaciones a la actividad pesquera y de inundaciones a la colonia Alameda continuarán.

Primero se habla de un recurso por el orden de los 50 millones de pesos, que se ejercería en las acciones; de esto, gran parte se ha gastado ya, además de que existe una cláusula de rescisión de contrato, por lo que se tendría que pagar una sanción a la empresa que realiza los trabajos.

La pregunta es: ¿Por qué se pagó a una empresa para que realizara los trabajos, sin antes tener el consenso de la población? Se ha invertido dinero, y ahora, con la cancelación del proyecto, se gastará más.

La mala planeación y discrecionalidad con que se conducen las dependencias federales sigue generando un despilfarro de recursos públicos, que bien pudieran aplicarse en muchas otras acciones en la ciudad, como en el dragado de la laguna del Valle de las Garzas, que de acuerdo con la Alcaldesa, tiene un costo de 50 millones de pesos.

La manera en que se hacen las cosas por las dependencias federales da qué pensar, y mucho, con recursos millonarios en obras inútiles y proyectos a medias que en nada benefician y, al contrario, sí representan más un perjuicio.

Se debe fiscalizar la aplicación de esos recursos, transparentar las empresas que reciben las obras, y sancionar a los funcionarios que autorizan obras inútiles y que son cómplices del despilfarro de recursos públicos.

Es evidente que hay algo turbio, este comportamiento es tan reiterado, que el patrón es evidente a simple vista.

Lo que resulta además cuestionable, es que ninguna autoridad lo haya notado, tal vez a conveniencia, pues ninguna ha hecho un llamado firme en este sentido, ni siquiera los legisladores locales y federales, desde luego, se entendería, para no incomodar y conseguir a cambio favores políticos.