Reprobable opacidad
SERGIO JIMÉNEZ BOJADO
Miércoles 07 de Noviembre de 2018 7:54 am
La condonación de impuestos del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) es uno de los incontables
privilegios que el sistema político neoliberal ha otorgado en beneficio de un
pequeño grupo de empresarios enriquecidos al amparo del poder; se trata de un
beneficio con el cual la mayoría de los pequeños contribuyentes en este país ni
siquiera se atreve a soñar. Esta aberrante práctica en beneficio
de unos pocos de por sí privilegiados económicamente deviene en detrimento de
los muchos y su derecho al desarrollo integral que debe proveer el Estado,
pero, ¿qué es lo que tenemos? Un país urgido en mejorar sus ingresos fiscales,
para que se traduzcan en obra pública, en mejores salarios, en beneficios
tangibles, pues, sin la necesidad de seguir manteniendo el pie en la yugular de
una clase trabajadora que cada vez cuenta con un menor poder adquisitivo. Por ello, es imperante que se
transparente la información relativa de quiénes son estos grandes empresarios
cobijados por el poder, que a pesar de sus enormes ganancias, no contribuyen en
igualdad de condiciones, como lo hace el ciudadano de a pie, a quien apenas le
alcanza el sueldo para sobrevivir, pero no deja de pagar sus impuestos
constantes y sonantes. Pero resulta que el SAT, en lugar de
coadyuvar a la obligada transparencia, se ampara contra la histórica resolución
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
da Datos Personales (INAI), que le mandata se publiquen los nombres de las
empresas y contribuyentes a los cuales les fueron condonados o cancelados los
impuestos o créditos fiscales del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de
2013, así como el monto de estas condonaciones. A lo que el SAT, para no acatar
el mandato, arguye el respeto al secreto fiscal, trasgrediendo con ello el
derecho constitucional a la información y a la transparencia, en beneficio del
interés público. Es clara entonces la perversa complicidad del gobierno con los
poderosos. Esta resolución es de vital
importancia para que el pueblo mexicano conozca a quién se privilegia
financieramente en este país plagado de desigualdades sociales, ya que es
irrisorio que el ente se reserve estos datos, alegando el secreto fiscal,
mientras publica mensualmente en su página web y en el Diario Oficial de la
Federación los nombres de contribuyentes incumplidos, sin ningún miramiento. Cito un dato interesante: De acuerdo
con la revisión de la cuenta pública 2016, realizada por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), durante 2016, el SAT dejó de ingresar a las arcas del
gobierno 393 mil millones de pesos por concepto de pago de impuestos que fueron
devueltos o condonados, pero además por adeudos fiscales que no se pudieron
cobrar. Pero eso no es todo, antes, en 2015,
la ASF publicó en su informe sobre la cuenta pública 2013, que el fisco condonó
multas y recargos por casi mil 123 millones de pesos a grandes empresas, como
Sabritas, Gamesa, Prologis-México City Investment y Scotiabank Inverlat, bajo
el pretexto de un programa de incentivos fiscales aprobado por el Congreso de
la Unión, lo cual afectó la Hacienda pública federal. Es increíble que se dejen escapar
miles de millones de pesos que bien podrían ser la diferencia entre un servicio
de salud eficiente o una verdadera educación de calidad para los mexicanos,
mientras inspectores del SAT se la pasan persiguiendo a la señora de las tortas
u otros pequeños comerciantes para que cumplan con sus obligaciones fiscales,
cuando las ventas no les dan ni para cubrir las necesidades básicas de su
familia. Dígame usted, estimado lector,
¿cuántas refinerías o aeropuertos se pudieron haber construido con ese nada
despreciable recurso?
*Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal de Morena
