Indicador Político
CARLOS RAMÍREZ
Salarios: resentimiento social
Jueves 08 de Noviembre de 2018 7:58 am
ALGUNAS notas sobre la nueva ley
salarial: 1.- El salario es el precio que se
paga por el valor de la participación del trabajador, empleado o funcionario. 2.- El salario se mide vis a vis con
tres variables: el valor final del producto, la tasa de ganancia del patrón
privado o público y las necesidades del trabajador. 3.- El salario tiene dos partes: el
monetario o dinero en efectivo y el no monetario o prestaciones sociales. A
ello se agrega una tercera para cierto nivel de élite gubernamental: el salario
implícito en gastos cotidianos que corren por cuenta del presupuesto en los
tres niveles de gobierno y en algunas instancias legislativas. 4.- El salario del Presidente de la
República no puede ser un punto de referencia, porque el volumen salarial es
mucho menor al no salarial y al presupuestal. 5.- La ley de Remuneraciones tiene un
punto falso: establece que el salario se paga “por el desempeño de su función,
empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades”. Por
tanto, el punto referencial no puede ser el salario del Presidente de la
República porque es un cargo único y tiene la responsabilidad de conducir el
Estado, el gobierno y resguardar la soberanía. 6.- Equiparar un catálogo de cientos
de empleos públicos en los tres niveles de gobierno al del mando máximo es una
aberración económica, social y racional. 7.- Cada mexicano con ingreso tiene
que usarlo en nueve rubros de gasto, según el INEGI: alimentos, bebidas y
tabaco; transporte propio o alquilado y comunicaciones; educación y
esparcimiento; vivienda propia o alquilada, luz y combustibles; cuidados
personales; gasto doméstico; vestido y calzado; transferencia de gasto; y
salud. Todos estos gastos del Presidente no
salen de su salario, sino del cargo. Por lo tanto, el salario presidencial se
puede dedicar íntegro al ahorro; a menos, claro, que el presidente López
Obrador use su salario para pagar su comida, la gasolina del auto presidencial
y su comitiva, use su casa o pague renta en Palacio Nacional –que sería
altísima por la zona y el tamaño–, la luz de su casa en Palacio. 8.- El abuso en los ingresos de
funcionarios no se localiza en el salario, sino en las prestaciones con cargo al
erario: fondo de ahorro, seguro médico privado, autos, servicio de seguridad,
gasolinas, telefonía, transporte fuera de su zona de trabajo, comedor en
oficina o pago de notas de consumo y muchos otros rubros. Si todos los
funcionarios de la gran élite pagaran sus propios gastos y sólo tuvieran un
salario, entonces habría una equidad. 9.- Según el INEGI, cada mexicano
dedica el 70 por ciento de su salario a alimentos y bebidas (35.2 por ciento),
transporte (19.3 por ciento), vivienda (9.5 por ciento) y artículos del hogar
(5.9 por ciento). En los salarios públicos y el presidencial existen
prestaciones adicionales para estos rubros. 10.- Los salarios de funcionarios de
todos los niveles son la superficie de un problema estructural: el servicio
público no ha sido una planta laboral para la realización de funciones, sino
que siempre ha sido una forma de construir una base social de lealtades. Antes
de bajar salarios, el gobierno debería reducir su planta laboral total a la
mitad y obligar a los altos funcionarios –con el Presidente de la República
poniendo el ejemplo– a pagar sus gastos con su salario, sin ningún apoyo del
presupuesto. 11.- Si el salario determina el valor
del esfuerzo humano para realizar una función, entonces los niveles salariales
van a definir la calidad del producto. Un cálculo arbitrario pero cercano a la
realidad puede concluir que en el sector público en todos los niveles se usan
casi tres personas para hacer el trabajo de una. De ahí que antes de tocar
salarios, el gobierno debiera cerrar la llave de prestaciones sociales, dotar a
los funcionarios sólo de salario y despedir cuando menos a la mitad de la
burocracia reorganizando el papelerío inútil. 12.- En el fondo, la ley de
remuneraciones es un acto de resentimiento social de la nueva élite gobernante
y no un acto de racionalidad del gasto. Afectar el salario lleva a castigar el
ingreso de los trabajadores de niveles medios y altos, a pauperizar la calidad
del producto gubernamental, porque se pagarían salarios no en función del producto
final –el servicio a la sociedad–, sino sólo por castigo a la burocracia. Un
abogado del Estado, por ejemplo, tendría que decidir con un tercio del salario
actual. La relación capacitación/salario reduciría la calidad del trabajo final
y sería la garantía de corrupción. 13.- La determinación de salarios por
ley rompe la dinámica del proceso económico de mercado y acerca a la economía
laboral a un socialismo primario. 15.- Colocar el salario irreal del
Presidente como referencia es sencillamente un populismo de economía ficción. Política para dummies: La política
consiste en aprovechar el impulso de las leyes sociales, no imponer las
propias. indicadorpoliticomx@gmail.com
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