A propósito

La negociación de la caseta

Sábado 10 de Noviembre de 2018 7:43 am

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NUEVAMENTE, Pinfra, administradora de la caseta de Cuyutlán, entra en polémica, ahora con los pescadores, por los escombros que está arrojando a la laguna de Cuyutlán, lo que causa perjuicio a su actividad y a la laguna misma, al acrecentar su nivel de contaminación.

Ya lo habíamos dicho, el arreglo entre la empresa y la diputada federal Indira Vizcaíno al negociar un descuento, les permite seguir cobrando a los colimenses. Pinfra sabe que cuenta con el respaldo de una de las figuras políticas de mayor influencia en el estado.

Durante la campaña electoral, afirmé que no era viable ni recomendable quitar la caseta y lo sostengo aún, por dos razones: una, porque alguien debe garantizar el mantenimiento de la autopista y eso cuesta mucho dinero, y otra muy importante, porque la caseta es un gran negocio.

He propuesto la cancelación inmediata de la concesión entregada a Pinfra y que la caseta la administre el Gobierno del Estado, para que Colima se beneficie de los cuantiosos ingresos que genera y que los vehículos de Colima no paguen el peaje de la caseta, garantizándolo con un decreto del Congreso del Estado, cuando el gobierno la administre.

El puerto de Manzanillo manejará durante 2018, 3 millones de contenedores, ello implica, en promedio, 8 mil contenedores diarios, si consideramos que la mitad los mueva el ferrocarril y casi 4 mil por carretera, quiere decir que un promedio de 3 mil tractocamiones, algunos con doble contenedor, transitarán por la autopista y pagarán a la caseta más de 2 millones 500 mil pesos diarios, que multiplicado por 365 días, nos dan casi 900 millones de pesos al año, ingreso que permitiría beneficiar a los colimenses y que al ser un ingreso del gobierno estatal, una parte correspondería a los municipios. Así, el beneficio sería doble: la utilidad se entregaría al estado y los colimenses dejarían de pagar el cobro de la caseta.

Al ser negocio, la caseta no se debe quitar, se le debe quitar a la empresa y apoyar el procedimiento o la ruta jurídica que el Gobernador ha emprendido, primero ante la SCT y ahora ante tribunales, para que se resuelva jurídicamente.

El razonamiento del gobierno estatal es el siguiente: 

“Primero, lo relacionado con ‘un asunto jurídico, relativo a si las ampliaciones, los plazos son válidos ante la ley, ya que, si se califican como ilegales, entonces la caseta tiene que revocarse, porque la ley, cuando se emitió la concesión no permitía ampliaciones de plazos’.

“Segundo, financiero, donde es muy importante que se audite el pasivo que la caseta debe pagar para, posteriormente, precisar cuánto se ha pagado en los 28 años que tiene operando la caseta de Cuyutlán. Es saber, derivado de una auditoría al pasivo, lo que se ha generado de recuperación por el cobro en 28 años si ya se pagó ese pasivo o no”. Fin de la cita.

La concesión original se otorgó en 1990 por un plazo de 9 años y 3 meses; eso quiere decir que se previó y calculó, que el pasivo se debía pagar en ese periodo de 9 años.

Después de 28 años de cobrar, aún se le debe a la concesionaria 2 mil 500 millones, lo que ha obligado a la extensión del plazo hasta el año 2047.

Esto es: desde el punto de vista jurídico, lo que los tribunales deben resolver es si la ampliación de los plazos se apega a Derecho y si el adeudo persiste.

LA AMPLIACIÓN DE LA CONCESIÓN

1.- La concesión fue otorgada en 1990 a 9 años.

2.- En diciembre de 1992 se modificó por primera vez la concesión, para ampliarla a 14 años.

3.- El 31 de mayo de 1994 se hizo una segunda modificación a 24 años, para que concluyera la concesión en 2015.

4.- En 2006 se extendió la concesión a 30 años, contados a partir de 1990.

5.- En noviembre de 2010, la concesión se amplió de 30 a 39 años y 5 meses, como compensación a la empresa Pinfra de una carretera que hicieron en Tlaxcala, la cual estamos pagando los colimenses.

6.- En febrero de 2011 se dio una nueva ampliación de la concesión, que deberá terminar en 2047; o sea, la concesión en total es por 56 años.

Ninguna de las ampliaciones a la concesión se hizo durante mi periodo como Gobernador del estado. Yo no lo hubiera permitido, así que tengo la suficiente autoridad moral y política para decir que los colimenses no deben pagar, pero sí la deben administrar, para beneficio de los propios colimenses.

Está claro que cualquier negociación para un descuento a los colimenses es súper atractivo para la empresa, que es lo negociado por la diputada Vizcaíno, que tampoco es correcto decir que la gente paga 45 pesos por ir a Manzanillo, pues al regresar son otros 45 pesos, o sea, ir a Manzanillo a un colimense de cualquier otro municipio le cuesta 90 pesos y a cualquier manzanillense por ir a cualquier municipio le cuesta 90 pesos; una persona de Armería que trabaja en Manzanillo paga mil 800 pesos al mes con el descuento que se negoció, eso no se puede agradecer ni reconocer, únicamente le conviene a la empresa, porque legitima el mantenimiento de la concesión.

PREGUNTAS SOBRE LA NEGOCIACIÓN

1.- ¿Quién autorizó que una representante popular negociara con la empresa Pinfra el cobro de la caseta?

2.- ¿Qué colimenses autorizaron los términos de la negociación?

3.- ¿Por qué no se consultó a la población de Colima lo que la empresa ofrecía? Porque está de moda consultar a la gente, lo hubieran hecho, es un tema de interés y nos dijeron que harán historia consultando a la población; la hubieran podido disfrazar de consulta, ya saben cómo.

4.- ¿Por qué una representante popular escoge una ruta de negociación con la empresa Pinfra, sabiendo que el Gobernador del estado escogió el camino de quitarle a la empresa Pinfra la concesión? ¿Por qué no se sumó, si es lo que los colimenses quieren?