Razones
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Más responsabilidades, menos protección
Jueves 15 de Noviembre de 2018 7:54 am
UNA de las relaciones más complejas que
tendremos en el futuro Gobierno Federal será la que mantendrá el Ejecutivo con
las Fuerzas Armadas. Los mensajes contradictorios se acumulan: por una parte,
se les otorgan mayores responsabilidades; por la otra, se quedan sin los
respaldos que les otorgaba la Ley de Seguridad Interior (más allá de que ésta
fuera cuestionada), y en el camino se suman agravios, como lo fue la decisión
de invitar y luego desinvitar a los mandos militares a la ceremonia de toma de
posesión del Presidente electo. La nueva estrategia de seguridad se basa en
el respaldo y el accionar de las Fuerzas Armadas. Tendrán mayores
responsabilidades, mandos ampliados, de la mano también mayores riesgos
legales, porque tomarán esas responsabilidades sin la cobertura que les
otorgaba la Ley de Seguridad Interior. Ya analizaremos a detalle la estrategia
de seguridad presentada ayer, pero la misma implica, en los hechos, una vuelta
de tuerca en la militarización de la Seguridad Pública. Cómo se compaginará eso
con la creación y profesionalización de policías locales y federales, no queda
claro, tampoco con los propósitos de pacificación de los que tanto se habla. La Ley de Seguridad Interior será declarada
inconstitucional hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al escribir
estas líneas, esa moción tenía ya seis votos, en la sesión de hoy tendrá los
dos votos que le faltan para echar para atrás esa legislación que tanto costó
sacar en el Congreso. En la posición de inconstitucionalidad han coincidido
ministros que incluso tienen posiciones distintas en muchos aspectos: Eduardo
Medina Mora, Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán, José Ramón Cossío (quien
dejará la SCJN el 30 de noviembre). Si se hubiera discutido la
constitucionalidad de la ley hace un año, quizás no se hubieran alineado de
esta forma los votos de los diferentes ministros, pero la coyuntura ha
cambiado, las estrategias también, y estamos a mes y medio (será el 2 de enero
próximo) de que se renueve la presidencia de la Corte, con la incorporación de
un nuevo ministro (todo indica que será ministra) en diciembre y otro en
febrero, con los retiros de Cossío y Margarita Luna. La Ley de Seguridad Interior, coinciden los
ministros, tiene errores, aunque todos están votando por la
inconstitucionalidad por razones diferentes. Pero más allá de eso, lo cierto es
que los militares vuelven a quedar en un limbo legal, con mayores
responsabilidades en Seguridad Pública y menos protección. La decisión de la
Corte también deja al Ejecutivo federal con mayor discrecionalidad en la
utilización de las fuerzas militares en tareas de seguridad. Y todo indica que
el próximo Presidente utilizará completamente esos espacios legales. Por eso es tan desconcertante que los mandos
militares hayan sido desinvitados de la ceremonia de toma de posesión luego de
que, como es tradición, se les hubieran cursado las invitaciones. Eso se suma a
declaraciones por lo menos confusas, a la desaparición del Estado Mayor
Presidencial, a acusaciones sin sentido, por cumplir las mismas misiones que
ahora se les vuelven a otorgar. Y la Comisión de Defensa del Senado de la
República, encabezada por el impresentable Félix Salgado Macedonio, bloquea el
ascenso del general José Luis Sánchez León, algo considerado también una suerte
de agravio. El tema no es menor y debe ser una de las más
importantes tareas políticas de la próxima administración. No se puede mantener
un doble discurso, ante la exigencia de darle mayor poder y responsabilidades a
las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo no darles apoyo político y legal
necesario. POLLITOS EN FUGA A las muchas renuncias que se han presentado
en los últimos meses en áreas especializadas del Gobierno Federal, en la
mayoría de los casos, como consecuencia de las nuevas normas salariales, se
suman ahora dos muy significativas. Por una parte, renuncia “por razones de
salud”, el subgobernador del Banco de México, Roberto del Cueto, en un momento
en el cual el Banco Central se encuentra bajo enorme presión para recortar sus
atribuciones y autonomía. Además de la próxima llegada de Jonathan Heath a la junta
del Banco, habrá que buscar ahora al sucesor de Del Cueto. En los hechos, el
próximo Presidente tendrá en sus manos la incorporación de dos miembros de la
junta en lo inmediato y otros dos en el resto de su sexenio. También renunció un personaje clave en la
definición de la política energética del país, Juan Carlos Zepeda, presidente
desde 2009 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La CNH es una instancia
clave para definir la estrategia energética y Zepeda un funcionario fundamental
en ese ámbito. La próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya había dicho
que le pediría su renuncia. No tenía atribuciones para ello, porque la CNH es
un organismo autónomo. Pero Zepeda decidió no dar esa pelea y se fue.
Y en el Fondo de Cultura Económica, además de
los problemas que se han presentado con el nombramiento de Paco Ignacio Taibo
II (el escritor es mexicano por naturalización, aunque nació en Vigo, en
España, pero por unas normas definitivamente anacrónicas, para numerosos cargos
públicos se debe ser mexicano por nacimiento) varios consejeros han presentado
también su renuncia, entre ellos José Woldenberg y Fernando Escalante.
