Indicador Político
CARLOS RAMÍREZ
Ley de Seguridad Interior
Viernes 16 de Noviembre de 2018 7:53 am
EN medio del avance imparable del
crimen organizado en México, el Programa de Paz y Seguridad 2019-2024 del
gobierno de López Obrador, ofrece una propuesta retórica social frente al
problema del Estado, capturado por los cárteles y bandas criminales que gobiernan
zonas territoriales de la República. Mientras las autoridades,
organizaciones sociales e instancias internacionales debaten los espacios de
actuación del Estado ante el flagelo del crimen organizado en sus expresiones
de violencia e inducción al consumo, México ve caer nuevas plazas en manos de
los cárteles: Cancún, Los Cabos, Valle de México, Oaxaca y Guanajuato. Este
dato es clave: el crimen organizado no ha retrocedido con las estrategias de
los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, sino que ha avanzado. Lo que está a discusión en el contexto
del Programa de Paz y Seguridad de López Obrador es la concepción de seguridad.
Por sí misma, la seguridad no es bienestar, sino una condición para lograrla.
En términos de su esencia, la seguridad es la desaparición de los grupos
delincuenciales en todos sus niveles por las vías de las leyes, los controles
policíacos y las confrontaciones. En el debate sobre las controversias
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior
aprobada en el Congreso y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el
21 de diciembre de 2017, el tema central radica en la existencia o no de
fundamentos constitucionales del concepto de seguridad interior y del uso de
las Fuerzas Armadas. Y la seguridad interior tiene una base constitucional. El artículo 89 establece las
“facultades y obligaciones” del Presidente de la República, y dice con claridad
en el numeral VI: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley
respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea
del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y
defensa exterior de la Federación”. Es decir, el concepto de “Seguridad
Interior” ya existe en la Constitución y viene desde la de Cádiz en 1812, se
mantuvo en las Constituciones federales de 1824, 1857 y 1917, y no requiere de
permiso alguno para ejecutarla. En todo caso, la ley reglamentaria de
la Seguridad Interior debe ser debatida en función de las acciones que se deben
de tomar cuando esté en riesgo la seguridad interior. Paradójicamente, el
gobierno de Peña Nieto aplicó la permisividad constitucional de Fuerzas Armadas
en Seguridad Interior sólo con el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018
de abril de 2014 (su gobierno había comenzado el 1 de diciembre de 2012) sin
ninguna reclamación legal. Calderón sólo definió su programa de Seguridad
Pública. La diferencia entre la Seguridad
Pública, la interior y nacional, radica en los ataques contra el Estado-Nación.
La delincuencia común ataca al ciudadano, no al Estado ni a las instituciones.
Y los cárteles del crimen organizado usan armamento superior al policíaco,
forman parte de una cadena transnacional de intereses que llevan a la seguridad
nacional y ocupan partes territoriales de la soberanía del Estado nacional. El debate en la Suprema Corte, la
terminación de la estrategia de seguridad del gobierno de Peña y la definición
de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador contrastan con el
avance del crimen organizado en zonas territoriales de la soberanía del Estado,
el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en una Corte de Nueva York, la
expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación y la supervivencia
del Cártel de Sinaloa de El Chapo, ahora aliado al mando de Ismael El Mayo
Zambada, un capo sospechosamente alejado de la mira de las autoridades. Mientras los criminales profundizan su
copamiento de la República, la Corte quiere disminuir la participación de las
Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, y López Obrador reduce su estrategia a
criterios humanistas de las víctimas y contra el prohibicionismo respecto a las
drogas. Sin embargo, falta la parte más importante del escenario de la
inseguridad mexicana: la decisión de EU de definir el problema de las drogas en
función de su seguridad nacional –poder extendido más allá de sus fronteras– y
la caracterización de los cárteles como crimen organizado transnacional. Las Fuerzas Armadas son la última
línea de defensa de la Seguridad Interior. Y a propósito de la reactivación de
Maquiavelo en los últimos días, hay que recuperar lo que escribió el florentino
en el capítulo sobre la conservación de los principados y las repúblicas: “Una
guerra es legítima por el solo hecho de ser necesaria, y las guerras son actos
de humanidad cuando no hay ya esperanzas más que en ellas”. Política para dummies: La política es
la sensibilidad para atender la realidad y no suponer que la realidad está al
servicio de los políticos. indicadorpoliticomx@gmail.com
@carlosramirezh