Difusión ciudadana
“TODA interferencia gubernamental en la economía consiste en conceder un beneficio no ganado, extraído por la fuerza, a algunos hombres a expensas de otros”, Ayn Rand, filósofa y escritora rusa.
Es muy probable que muchos millennials que no lo tengan presente, porque todavía no nacían, eran los tiempos de la hegemonía priista que solía ganar la mayoría de todos los puestos de elección, ya fuera por la vía del voto o del fraude electoral. Fue en 1994 cuando ocurrió uno de los mayores desastres económicos que ha vivido el país, suceso tan grave que se le conoció en el mundo como “el efecto tequila”, dado que afectó a otras naciones. En nuestro país es conocido como “el error de diciembre”.
Cabe recordar que en ese año, el proceso electoral estaba sumamente contaminado por la propia esfera priista. El 23 de marzo de ese año asesinaron a su candidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta; también el 28 de septiembre asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu, cuñado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, lo cual creó una atmósfera de incertidumbre política y económica en el país.
Durante los primeros días de diciembre de aquel 1994, en el mandato del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se generó una de las peores devaluaciones del peso mexicano provocada por la falta de reservas internacionales. Si bien es cierto que algunos especialistas reconocían la necesidad de la devaluación del peso, el manejo político que se le dio fue erróneo, ya que se anunció con anticipación, dando pie a que inversionistas extranjeros como mexicanos retiraran sus recursos, agravando con ello los efectos de la devaluación. Tan grave fue el suceso que de 3.4 pesos por dólar que se manejaba promedio ese año, llegó a cotizarse hasta en 7.20 pesos en tan sólo unas semanas.
Las repercusiones sociales que generó esta crisis fueron inimaginables, muchas familias perdieron su patrimonio de manera total, residencias, autos, y el menaje de casa que se adquirieron en contratos de tasa variable, prácticamente fueron impagables.
En este contexto, usted, estimado lector, ¿encuentra alguna similitud de estos hechos ocurridos hace 24 años con lo que sucede actualmente? ¿Qué necesidad tiene el nuevo gobierno de generar otra crisis similar? No termina de entender que no puede seguir fomentando la lucha de clases, que las personas que integramos el sector productivo y las que dependen del gobierno, se compone de trabajadores y empresarios y éstos son complementarios, no puede existir uno sin el otro en una economía sana y de libre mercado.
El primer mensaje ahuyentador de capitales se inició con la cancelación del nuevo aeropuerto, pues nada más este capricho nos costará 120 mil millones de pesos, que se le adeudan a los tenedores de bonos emitidos a través de instrumentos internacionales, más 36 mil millones comprometidos en la Bolsa Mexicana de Valores y 40 mil millones de pesos de gastos no recuperables asociados a contratos vigentes, materiales y subcontratación de obra.
Como si éste no fuera un problema, la base de Santa Lucía, la cual se pretende utilizar como nuevo aeropuerto, aparte de presentar complejidades más graves en cuestión de condiciones de tiempo, orografía, subsuelo, aún no se cuenta con la totalidad de los estudios y los proyectos necesarios para consolidar una obra de esta magnitud, y si a ello sumamos la infraestructura de comunicaciones viales necesaria, el problema se magnifica.
Como si de magia se tratara, el futuro Presidente les dijo a las empresas participantes que les asignaría obra en compensación. Y aquí viene otro foco rojo, pues la Ley de Obra Pública establece claramente cuáles obras tienen que licitarse y ésta es una de ellas. Aquella frase de “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, quedó a un lado.
El Tren Maya es otra obra que pone a pensar. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece una serie de estudios que debe cumplir toda obra de infraestructura. Aparte de no tener los estudios y proyectos necesarios para su construcción, incluyendo los de impacto ambiental, adolece de un estudio de viabilidad económica; los especialistas lo han confirmado. Es económicamente imposible que con la cantidad de usuarios puedan ser solventados los gastos financieros de su implementación, construcción y operación, lo cual nos lleva a la figura del subsidio.
Por otra parte, espero que le haya quedado claro al líder de Morena en el Senado, que antes de cada mensaje piense el daño económico que puede generarle a México; debe entender que estando en el poder, cualquier declaración mal manejada pone en estado de alerta a los inversionistas, causando perjuicios económicos. Ya tendrán 6 largos años para hacer los estudios pertinentes que generen condiciones más equitativas con respecto a otros países en las comisiones bancarias.
Por último, una frase preocupante expresada por el Presidente electo: “Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la Nación”, la cual tiene una gran similitud con la expresada por el dictador venezolano Hugo Chávez, conocido por llevar a esta Nación sudamericana a la bancarrota, con una inflación sin precedentes. ¡Así las cosas!
*Ex diputado local del PAN
