A propósito...
FERNANDO MORENO PEÑA
Se anula la Ley de Seguridad Interior
Martes 20 de Noviembre de 2018 8:07 am
LA Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) invalidó la Ley de Seguridad Interior (LSI) el pasado jueves 15
de noviembre, al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso
legislativo, no consultó a las comunidades indígenas, no diferenció de manera
adecuada la seguridad nacional de la seguridad interior y la seguridad pública,
y buscó “normalizar” la participación de las Fuerzas Armadas en tarea de
seguridad pública, sin considerar los tratados y la legislación que en materia de
Derechos Humanos limitan su actuación en casos excepcionales. Una de las principales implicaciones
es impedir que las Fuerzas Armadas asuman funciones que no le corresponden en
materia de seguridad pública. A juicio de la Suprema Corte, sólo el
Ejecutivo federal está facultado para disponer de la totalidad o de una parte
del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, por lo que el Congreso de la Unión carece
de facultades para legislar en esa materia, “La única vía constitucional que
permitiría a las Fuerzas Armadas disponer del mando de seguridad interior es el
procedimiento de suspensión de garantías del artículo 29 constitucional”. Se critica que disponer de las Fuerzas
Armadas en materia de seguridad pública ha servido a los tres niveles de
gobierno para eludir su responsabilidad en materia de seguridad, y además la
Ley de Seguridad anulada pretendía regular una materia, cuando en realidad se
está regulando otra, la de meter a las Fuerzas Armadas a la seguridad pública. La seguridad interior es una facultad
exclusiva del Presidente de la República y no es concurrente con ninguna otra
autoridad, de ahí que el Congreso de la Unión no tiene facultades para
distribuir facultades entre la Federación. El ministro de la Corte, José Ramón
Cossío Díaz, sostiene que las funciones de seguridad pública sólo pueden
realizarse por civiles. Esta ley ha quedado anulada y
coincidentemente un día después de que el presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad Pública, que tiene
como soporte fundamental a las Fuerzas Armadas y con la legislación vigente no
tendría soporte legal, por lo que se tendrían que hacer reformas
constitucionales. EL PLAN NACIONAL DE PAZ Y SEGURIDAD PÚBLICA El Presidente electo presentó el
pasado miércoles 14 de noviembre el Plan Nacional de Paz y Seguridad Pública
que desarrollará durante los 6 años de su gobierno, el cual consta de una
estrategia de ocho ejes rectores y que son los siguientes: 1.- Erradicar la
corrupción y reactivar la procuración de justicia, con un gobierno que funcione
adecuadamente, 2.- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar, 3.- Pleno
respeto y promoción de Derechos Humanos, 4.-Regeneración ética de la sociedad,
5.- Reformular el combate a las drogas, 6.- Emprender la construcción de la
paz, 7.- Recuperación y dignificación, 8.- Plan de seguridad pública que
incluye la Guardia Nacional. Destaca el apartado en el que se
impulsará, por los medios legales disponibles, la liberación, sin haber
cometido violaciones violentas, de quien se encuentre en prisión por
motivaciones políticas, así como la extinción de imputaciones y causas penales
originadas por la participación de los acusados en actos de resistencia legal y
pacífica. Se pretende dar un giro a la política
de drogas y dejar de lado el prevaleciente enfoque prohibicionista, pasar a la
legalización de algunas drogas y que el Estado renuncie a la prevención de
combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las
genera y mantener el control de las adicciones a través de un procedimiento
clínico y atender las causas que provocan que los jóvenes se dediquen a
actividades ilícitas. Este plan de seguridad abre la puerta
a negociaciones para el desarme y reinserción de integrantes del crimen
organizado, con ofrecimiento a éstos para que dejen de cometer ilícitos y
tengan negocios legales, considerar y debatir la necesidad de emprender un
proceso de pacificación con las organizaciones delictivas, adoptar modelos de
justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas. Podrían ofrecer reducciones de pena e
incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que
hayan sido afectadas, proponiéndoles un cambio de vida y se precisa que es
necesarios poner en marcha un proceso de desarmes, desmovilización y
reinserción social con condicionamientos claros: Plena colaboración con la
justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño. LA GUARDIA NACIONAL El presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, considera que actualmente las fuerzas púbicas civiles federal,
estatales y municipales se encuentran incapacitadas y no son confiables para
cumplir su tareas de combatir y prevenir el delito, y propone como motor
principal en materia de seguridad, conformar una Guardia Nacional para que las
Fuerzas Armadas tengan el respaldo legal de realizar tareas de seguridad
pública bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello propondrá al Congreso de la
Unión la modificación de la fracción XV del artículo 76 constitucional y de
otras disposiciones legales, para que las Fuerzas Armadas, a través de la
Guardia Nacional, puedan realizar las tareas de seguridad pública, ya que sería
desastroso, como afirma el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso
Durazo, retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública. La integración de la Guardia Nacional
estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrá vehículos,
uniformes y insignias propias, y se prevé su integración en tres etapas, la
primera con la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, más 50
mil nuevos reclutas jóvenes, que serán capacitados en planteles militares y la
tropa castrense que voluntariamente quiera sumarse. Se prevé que cuente con 266
coordinaciones regionales, que en un plazo de 3 años la nueva corporación
alcance el pleno funcionamiento institucional y operativo, y que en promedio se
necesitarán 500 elementos por cada una de estas coordinaciones, iniciando en
una primera etapa con 150 efectivos, hasta alcanzar 120 ó 150 mil. La Guardia Nacional iniciará sus
operaciones el 1 de diciembre y los marinos y soldados que ahora vigilan las
calles serán remplazados por policías Militar y Naval, contando al momento con
43 mil efectivos militares y 8 mil de la Policía Naval, y quizás otro tanto de
la Policía Federal, la cual será depurada, requiriéndose para 2019 un
presupuesto de 12 mil millones de pesos. Hubo múltiples reacciones contrarias a
las propuestas del Plan Nacional de Paz y Seguridad Pública, tanto de
organizaciones internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, la
Organización Internacional HRW y organizaciones nacionales como México Evalúa,
Causa en común, Fiscalía que sirva, México Unido Contra la Delincuencia,
etcétera. Así como las organizaciones, los partidos políticos de oposición
consideran que el plan es más de lo mismo y que se privilegia la militarización
de la seguridad pública, lo cual siempre fue criticado desde hace 12 años por
el Presidente electo y que fue uno de sus principales temas durante la campaña,
criticar la estrategia de Felipe Calderón y Enrique Peña. En mi colaboración del próximo sábado
analizaré las críticas de las organizaciones y partidos, así como la defensa al
Plan de Seguridad que hace el líder de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, e
integrantes del próximo Gobierno Federal.
Hasta el sábado.