JUEVES POLÍTICO
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Jueves 06 de Diciembre de 2018 7:10 am
Borrón y cuenta nueva UNO de los puntos centrales del
mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el Congreso de la
Unión, durante su toma de protesta el 1 de diciembre pasado, fue el referente
al combate a la corrupción y la negativa a iniciarles procesos judiciales a los
funcionarios corruptos del pasado. En su alocución, el Mandatario federal
prácticamente otorgó el perdón a quienes atentaron contra los bienes de la
Nación y se enriquecieron aprovechando sus cargos. Aprobó de manera unilateral
una ley de facto que bien podría bautizarse como del borrón y cuenta nueva. Dicha postura del nuevo Presidente es
una incongruencia, ya que durante los 18 años que se mantuvo en campaña,
enarboló la lucha contra la corrupción y el castigo a los servidores públicos
deshonestos como una de sus principales banderas. Precisamente fueron esos compromisos
los que definieron el voto de muchos mexicanos, convencieron a sectores de la
sociedad agraviados por el desempeño de sus gobernantes y los excesos en que,
desde las instituciones, incurrieron durante décadas. La reiterada crítica a la cúpula
gobernante, le granjeó al tabasqueño un apoyo que se fue incrementando a lo
largo de los años. Su incesante señalamiento a los corruptos cayó en un campo
fértil, pues los mexicanos, ávidos de justicia, se identificaron plenamente con
las promesas de castigo. Es verdad que en la última campaña,
López Obrador moderó su discurso y en las plazas públicas repitió una y otra
vez que la venganza no es su fuerte, pero una cosa es decirlo en actividades
proselitistas y otra muy distinta convertir el perdón en una política pública,
ya como gobernante. Resulta una mala salida argumentar que
no apuesta al circo y a la simulación, además de que no alcanzarían los jueces
y las cárceles para encerrar a todos los corruptos. Si de verdad tuviera la
intención de castigar, Andrés Manuel podría comenzar con los funcionarios de
primer nivel, incluyendo a ex presidentes, si hay delitos que perseguir. En su discurso de una hora con 20
minutos, pronunciado el sábado en San Lázaro, el Presidente manifestó que las
autoridades encargadas podrán desahogar con absoluta libertad los abusos
oficiales cometidos en el pasado, aunque fue enfático en señalar que su
gobierno se abstendrá de participar en esos procesos. Sin duda, estos pronunciamientos del
titular del Poder Ejecutivo cayeron mal entre la sociedad mexicana, aunque es
previsible que ante la mar de problemas que enfrenta el país, tales como la
pobreza y la inseguridad, pronto se olvide el tema de la corrupción que imperó
en las altas esferas del poder gubernamental. Lo anterior no quiere decir que el mal
esté resuelto y mucho menos que haya terminado, pues la impunidad que se
garantiza a los funcionarios deshonestos constituye un mal ejemplo, sobre todo
para los jóvenes, muchos de los cuales, por cierto, votaron por la promesa de
un cambio. Nunca antes en la historia de nuestro
país, un Mandatario había anticipado con tanta claridad que se abstendría de
castigar a quienes atentaron contra los recursos públicos. En algunos casos,
desde la Presidencia se orquestaron campañas de persecución simuladas y en los
más, definitivamente nada se hizo. Todo indica que existe un acuerdo
entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, para garantizar la
impunidad de quienes ya se fueron, a cambio de que se reconociera el triunfo de
la coalición lopezobradorista en las pasadas elecciones. Incluso, el discurso del nuevo
Presidente ante el Congreso de la Unión, no fue especialmente severo con el
sexenio que recién concluyó. Más bien hubo una crítica general al sistema
neoliberal que dictó las políticas institucionales desde 1982. López Obrador ofreció un cambio de
régimen, una profunda transformación de las instituciones del Estado Mexicano,
pero no se ve cómo pueda lograrlo, si de entrada ofrece perdón a quienes, con
sus actos corruptos, desgastaron hasta el punto de la inviabilidad el Estado de
Derecho. Pura burocracia COMO si se tratara de un acto de mera
voluntad o una medida administrativa, el pasado domingo se formó el Grupo de
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (GCECP), que hasta en el
nombre denota más intención que inteligencia, más burocratismo que eficiencia
en el trabajo. Es el grupo coordinador de las
acciones gubernamentales para acabar con la violencia en todas sus formas,
especialmente la que se deriva del narcotráfico, que en Colima se genera, como
ya se sabe de sobra, por el enfrentamiento entre los cárteles de Jalisco,
Sinaloa y los remanentes de los Templarios que salieron huyendo de las
autodefensas michoacanas de la costa y se aposentaron en Tecomán. La disputa de
los traficantes mayores es por el puerto de Manzanillo, por donde pasan las
drogas, los precursores químicos para elaborar las sintéticas, también llamadas
de diseño, y los dólares que van y vienen en pago de cargamentos u otros
trueques. Presidido por el gobernador José
Ignacio Peralta Sánchez, el GCECP congrega a representantes de la Defensa
Nacional, la Marina-Armada, la PGR, la Policía Federal, la Fiscalía General del
Estado y las secretarías general de Gobierno y de Seguridad Pública. Por el
Gobierno Federal asiste la delegada de Programas Integrales de Desarrollo,
Indira Vizcaíno Silva, y un representante de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima, en calidad de invitado. No pasa, pues, de ser un ente
burocrático. Quien lo dude, entérese que se reunirá de lunes a viernes, en
réplica del procedimiento del presidente Andrés López Obrador y su Gabinete de
Seguridad. Un día tras otro, los asistentes se informarán de los delitos
cometidos un día antes y de qué se hará al día siguiente. Claro, los
responsables directos ejecutivos dirán que perseguirán a los bandidos. Como lo
hemos dicho, por buena voluntad no pararán, y menos en estos días de paz, amor
y tranquilidad decembrina, época pletórica de buenos deseos. La realidad, en cambio, es otra y
sigue esperando soluciones. Desde el día 1, cuando asumió Andrés Manuel López
Obrador la Presidencia de la República, van alrededor de 300 asesinatos, según
conteos extraoficiales, la mayoría del crimen organizado. Se estrena así el
régimen con el mote de “los muertos de López Obrador”, del mismo modo que los
antes opositores y hoy gobierno dijeron de Peña Nieto y de Calderón. Salvo el anuncio de la formación de la
Guardia Nacional y la reinstauración de la Secretaría de Seguridad Pública, el
nuevo gobierno no ha definido con precisión la estrategia a seguir para
pacificar al país, como lo prometió. La paz fue uno de los ejes centrales de la
campaña de Andrés Manuel y ha llegado la hora de pasar del discurso a los
hechos. Los 17 gobernadores que aceptaron
formar los Grupos de Coordinación Estatales, entre ellos Peralta Sánchez, se
comportaron excesivamente dóciles y complacientes con un Gobierno Federal que
apenas anteayer, martes 4, tuvo la cortesía de reunirse con la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago). Otros gobernantes rechazaron el sometimiento
y reivindicaron la soberanía estatal. Ahora que López Obrador se reunió y
dialogó con ellos y les mostró un mínimo respeto a su investidura y cuando se
ha filtrado incluso que el esquema de los delegados estatales de Programas
Integrales de Desarrollo se reduciría y que se conservarían muchas de las
delegaciones federales, se ha visto que los Mandatario que mostraron una posición
de decoro estatal, tenían razón. Nacho Peralta, por otro lado, ha dicho
que se formó el Grupo porque tiene la intención de colaborar con el Gobierno
Federal, pero que será el primero en criticar las medidas si no dan resultados. Por lo pronto, Andrés Manuel ha
rectificado y afirmó que la seguridad pública estará a cargo de los
Gobernadores, no de los delegados, como se había anunciado en un principio. En cuanto a Peralta Sánchez, debería
de exigir a los Ayuntamientos que asuman su parte de responsabilidad en el
combate a la inseguridad. Comodinos, “se hacen patos”, haciendo un parangón con
“me canso, ganso”. Los Grupos de Coordinación, como el de
Colima, y el del propio López Obrador en el nivel nacional, terminarán pronto
por desgastarse con las reuniones de lunes a viernes (debieran ser cada 15
días, llamándose a emergencias cuando fuese necesario), y se caerá en la
burocracia y la ineficiencia, como aquellas “comisiones” que para no hacer nada
formaban los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, a las que eran
convocados hasta los barrenderos. Puro bluff, mera pantalla. Se necesitan
hechos, e inmediatos. La paciencia ciudadana es corta. Ciudades feas UÉ feas, sucias y descuidadas están
las principales ciudades del estado: Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y
Manzanillo. De todas, ni a cuál irle en el peor aspecto, pareciera que sus
autoridades municipales, anteriores y actuales, se disputan el primer lugar en
desatención. Las huellas de sismos ocurridos en
décadas recientes, especialmente el acontecido el 21 de enero de 2003, siguen
casi inamovibles en el primer cuadro de la capital del estado, en sus calles
con pozos y horrorosos remiendos en el asfalto. Ahí están lotes baldíos que quedaron
luego de que el terremoto echó abajo las construcciones. Hay, también, casas y
edificios abandonados, con estructuras dañadas, de pésimo aspecto y de
constante peligro para los transeúntes. A esa parte olvidada por las
autoridades, se agregan cada vez más los espacios feos, por la suciedad, por la
dejadez oficial, como el Parque Hidalgo, donde la zona de juegos está en
pésimas condiciones y su lado sur desatendido. En camellones de avenidas
principales no se da mantenimiento ni a los árboles ni al pasto, donde lo hay,
y donde es cemento, el área poco se barre. Otro aspecto es la deficiencia de
alumbrado público, lo que ocasiona que grandes tramos de vialidades permanezcan
a oscuras, con los consecuentes riesgos para automovilistas y viandantes. En Villa de Álvarez la situación es
similar. Ni siquiera se encuentra en buen estado el adoquín que la
administración municipal de Enrique Rojas instaló en las calles aledañas a la
Presidencia Municipal, y que su sucesora, Yulenny Cortés, no arregló, de tal
manera que hay partes donde el piso está suelto o en las que de plano se
desprendió. Después del centro en esas
condiciones, cualquier otra vialidad que se tome por las inmediaciones está
igual o mucho peor, con empedrados destruidos o asfaltados malhechos, falta de
iluminación y calles sucias. Gran desatención. En Tecomán parece que el tiempo se
detuvo. La ciudad sigue careciendo de servicios de limpia, de reparación de
calles y de armonización en sus edificios principales. Además, la vialidad
sigue siendo complicada y el alumbrado público deficiente. Todo ahí es retraso. En lo que respecta a Manzanillo, el
principal destino turístico del estado, está pasando por uno de sus peores
momentos, con montículos de basura en las calles, con un Centro Histórico sucio
y descuidado, incluso abandonado por muchos de los comercios establecidos que
bajaron cortinas como consecuencia de la tardanza en la construcción del túnel
ferroviario. A eso hay que agregar que de manera
permanente tiene vialidades en mal estado, debido al tránsito incesante de
camiones pesados que entran y salen del puerto comercial. Para colmo, el
Ayuntamiento en funciones cometió el grave error de tapar baches con simple
tierra, la cual fue arrastrada por las lluvias de la reciente tormenta invernal,
provocando un lodazal en las calles, además de más baches y más desorden. Todas estas ciudades requieren de
manera urgente una intervención a fondo por parte de los gobiernos municipales
a cargo de Leoncio Morán, en Colima; Felipe Cruz, en la Villa; Elías Lozano, en
Tecomán, y Griselda Martínez, en Manzanillo, quienes al parecer no han
entendido que su principal función es esa, tener y mantener una buena imagen de
la zona urbana, máxime la de avenidas importantes, de los espacios recreativos
más visitados, de los parques, jardines y camellones. Actualmente, esas cuatro ciudades
tienen el aspecto de ser viejas y de estar abandonadas, y lo peor, parece que
están destinadas a seguir consumiéndose en la desatención y la indolencia
oficial. En pocos días inicia un nuevo periodo
de vacaciones, cuando la entidad suele recibir turistas nacionales y
extranjeros, especialmente gente que habita en ciudades frías de Estados Unidos
y Canadá, que gusta desplazarse a lugares cálidos y tranquilos para pasar el
invierno. Es una vergüenza que aquí, en Colima, lo que van a encontrar son
ciudades sucias, con calles en mal estado y hasta con basura y olores fétidos
en la vía pública. A ver hasta cuándo los Ayuntamientos
empiezan a actuar. A la Postre… COMO ocurre cada año, los
Ayuntamientos están ante el problema de no tener dinero para cubrir aguinaldos
y compromisos de fin de año con sus trabajadores, y su única salida es pedir
ayuda al Gobierno del Estado para conseguir un adelanto de participaciones. El asunto se agrava cada cambio de
administraciones municipales, pues los ediles salientes se van sin dejar
previsto ese recurso y con la mentalidad expresada por el ex alcalde comalteco,
Salomón Salazar, quien en los últimos días de su mandato aceptó que no dejaba
dinero para los aguinaldos, pero lo justificó afirmando que si a él no le
habían dejado algo, no tenía por qué hacer lo contrario. El problema en esta ocasión para las
alcaldesas y alcaldes, es que el gobernador José Ignacio Peralta declaró, el
lunes pasado, que la administración estatal no tiene dinero para apoyarlos y
cada quien tendrá que hacerle frente a sus obligaciones constitucionales. De hecho, el mes pasado, el secretario
de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega, informó que el Gobierno del
Estado necesita 600 millones de pesos para sus propios compromisos de fin de
año, y existe la solicitud con la Federación para que pueda apoyarlos con 250
millones de pesos, mientras que el resto del dinero saldría del gobierno
estatal. Habrá que ver si en esta ocasión en
realidad el Gobierno del Estado deja que las comunas busquen la solución por su
cuenta, pues en los 2 años anteriores, Peralta Sánchez dijo que no los apoyaría
y finalmente sí lo hizo. De cualquier forma, el inicio de los
Ayuntamientos no ha sido fácil, todos recibieron enormes deudas (cada quien
según su tamaño y presupuesto) y como algunos de las y los alcaldes no tienen
la experiencia ni el conocimiento en el manejo de las finanzas públicas, no
encuentran la manera de enfrentar esta emergencia inmediata. Nula capacidad de gestión y
negociación muestra la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez,
quien a casi 2 meses de asumir el cargo tiene al municipio con graves problemas
de recolección de basura y con calles destrozadas por toda la ciudad. Se la pasa quejándose la Alcaldesa de
la falta de apoyo del Gobierno del Estado, de los diputados manzanillenses (de
su propio partido, Morena) y de cómo recibió el Ayuntamiento de la
administración anterior. Es la actitud similar a la asumida hace 3 años por la
entonces presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés. En vez de quejarse tanto, Martínez
Martínez debe aprender que ya no es la opositora de antes. Hoy es autoridad y
como tal su obligación es dar los resultados que de ella esperan los
manzanillenses. Como Ejecutiva, debe aprender a
dialogar y concertar a favor de su municipio y olvidar las quejas y
confrontaciones. Dice que casi no le asignaron dinero
para obras. Bueno, para la forma en que ella atiende los problemas no necesitaría
tanto, pues, para tapar baches de la ciudad como lo ha implementado su
gobierno, sólo requiere dinero para un banco de arena. Un merecido reconocimiento a la gran
trayectoria y servicio que por años ha prestado a los colimenses fue la
designación de Melchor Ursúa Quiroz como presidente de la Junta de Gobierno de
Protección Civil Estatal. Si bien su capacidad física ya no es
la misma que la de hace algunos años, Melchor es un pozo de sabiduría en la
materia de proteger y salvaguardar a la población, y se le necesita en cuanta
emergencia sucede en el estado, para enfrentar las amenazas y consecuencias de
terremotos y ciclones que azotan a nuestra entidad. Ha sabido, además, formar a personal
de Protección Civil, principalmente a su sobrino, Ricardo Ursúa Moctezuma,
quien también por méritos propios es el nuevo director general de la Unidad
Estatal de Protección Civil.
Hacemos votos para que tengamos a
Melchor Ursúa por muchos años más haciendo lo que tanto le apasiona y
contribuye al bienestar de los colimenses. ¡Enhorabuena!