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JUEVES POLÍTICO



JUEVES POLÍTICO


Jueves 06 de Diciembre de 2018 7:10 am


Borrón y cuenta nueva

 

UNO de los puntos centrales del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el Congreso de la Unión, durante su toma de protesta el 1 de diciembre pasado, fue el referente al combate a la corrupción y la negativa a iniciarles procesos judiciales a los funcionarios corruptos del pasado.

En su alocución, el Mandatario federal prácticamente otorgó el perdón a quienes atentaron contra los bienes de la Nación y se enriquecieron aprovechando sus cargos. Aprobó de manera unilateral una ley de facto que bien podría bautizarse como del borrón y cuenta nueva.

Dicha postura del nuevo Presidente es una incongruencia, ya que durante los 18 años que se mantuvo en campaña, enarboló la lucha contra la corrupción y el castigo a los servidores públicos deshonestos como una de sus principales banderas.

Precisamente fueron esos compromisos los que definieron el voto de muchos mexicanos, convencieron a sectores de la sociedad agraviados por el desempeño de sus gobernantes y los excesos en que, desde las instituciones, incurrieron durante décadas.

La reiterada crítica a la cúpula gobernante, le granjeó al tabasqueño un apoyo que se fue incrementando a lo largo de los años. Su incesante señalamiento a los corruptos cayó en un campo fértil, pues los mexicanos, ávidos de justicia, se identificaron plenamente con las promesas de castigo.

Es verdad que en la última campaña, López Obrador moderó su discurso y en las plazas públicas repitió una y otra vez que la venganza no es su fuerte, pero una cosa es decirlo en actividades proselitistas y otra muy distinta convertir el perdón en una política pública, ya como gobernante.

Resulta una mala salida argumentar que no apuesta al circo y a la simulación, además de que no alcanzarían los jueces y las cárceles para encerrar a todos los corruptos. Si de verdad tuviera la intención de castigar, Andrés Manuel podría comenzar con los funcionarios de primer nivel, incluyendo a ex presidentes, si hay delitos que perseguir.

En su discurso de una hora con 20 minutos, pronunciado el sábado en San Lázaro, el Presidente manifestó que las autoridades encargadas podrán desahogar con absoluta libertad los abusos oficiales cometidos en el pasado, aunque fue enfático en señalar que su gobierno se abstendrá de participar en esos procesos.

Sin duda, estos pronunciamientos del titular del Poder Ejecutivo cayeron mal entre la sociedad mexicana, aunque es previsible que ante la mar de problemas que enfrenta el país, tales como la pobreza y la inseguridad, pronto se olvide el tema de la corrupción que imperó en las altas esferas del poder gubernamental.

Lo anterior no quiere decir que el mal esté resuelto y mucho menos que haya terminado, pues la impunidad que se garantiza a los funcionarios deshonestos constituye un mal ejemplo, sobre todo para los jóvenes, muchos de los cuales, por cierto, votaron por la promesa de un cambio.

Nunca antes en la historia de nuestro país, un Mandatario había anticipado con tanta claridad que se abstendría de castigar a quienes atentaron contra los recursos públicos. En algunos casos, desde la Presidencia se orquestaron campañas de persecución simuladas y en los más, definitivamente nada se hizo.

Todo indica que existe un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, para garantizar la impunidad de quienes ya se fueron, a cambio de que se reconociera el triunfo de la coalición lopezobradorista en las pasadas elecciones.

Incluso, el discurso del nuevo Presidente ante el Congreso de la Unión, no fue especialmente severo con el sexenio que recién concluyó. Más bien hubo una crítica general al sistema neoliberal que dictó las políticas institucionales desde 1982.

López Obrador ofreció un cambio de régimen, una profunda transformación de las instituciones del Estado Mexicano, pero no se ve cómo pueda lograrlo, si de entrada ofrece perdón a quienes, con sus actos corruptos, desgastaron hasta el punto de la inviabilidad el Estado de Derecho.

 

 

Pura burocracia

 

COMO si se tratara de un acto de mera voluntad o una medida administrativa, el pasado domingo se formó el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (GCECP), que hasta en el nombre denota más intención que inteligencia, más burocratismo que eficiencia en el trabajo.

Es el grupo coordinador de las acciones gubernamentales para acabar con la violencia en todas sus formas, especialmente la que se deriva del narcotráfico, que en Colima se genera, como ya se sabe de sobra, por el enfrentamiento entre los cárteles de Jalisco, Sinaloa y los remanentes de los Templarios que salieron huyendo de las autodefensas michoacanas de la costa y se aposentaron en Tecomán. La disputa de los traficantes mayores es por el puerto de Manzanillo, por donde pasan las drogas, los precursores químicos para elaborar las sintéticas, también llamadas de diseño, y los dólares que van y vienen en pago de cargamentos u otros trueques.

Presidido por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el GCECP congrega a representantes de la Defensa Nacional, la Marina-Armada, la PGR, la Policía Federal, la Fiscalía General del Estado y las secretarías general de Gobierno y de Seguridad Pública. Por el Gobierno Federal asiste la delegada de Programas Integrales de Desarrollo, Indira Vizcaíno Silva, y un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en calidad de invitado.

No pasa, pues, de ser un ente burocrático. Quien lo dude, entérese que se reunirá de lunes a viernes, en réplica del procedimiento del presidente Andrés López Obrador y su Gabinete de Seguridad. Un día tras otro, los asistentes se informarán de los delitos cometidos un día antes y de qué se hará al día siguiente. Claro, los responsables directos ejecutivos dirán que perseguirán a los bandidos. Como lo hemos dicho, por buena voluntad no pararán, y menos en estos días de paz, amor y tranquilidad decembrina, época pletórica de buenos deseos.

La realidad, en cambio, es otra y sigue esperando soluciones. Desde el día 1, cuando asumió Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de la República, van alrededor de 300 asesinatos, según conteos extraoficiales, la mayoría del crimen organizado. Se estrena así el régimen con el mote de “los muertos de López Obrador”, del mismo modo que los antes opositores y hoy gobierno dijeron de Peña Nieto y de Calderón.

Salvo el anuncio de la formación de la Guardia Nacional y la reinstauración de la Secretaría de Seguridad Pública, el nuevo gobierno no ha definido con precisión la estrategia a seguir para pacificar al país, como lo prometió. La paz fue uno de los ejes centrales de la campaña de Andrés Manuel y ha llegado la hora de pasar del discurso a los hechos.

Los 17 gobernadores que aceptaron formar los Grupos de Coordinación Estatales, entre ellos Peralta Sánchez, se comportaron excesivamente dóciles y complacientes con un Gobierno Federal que apenas anteayer, martes 4, tuvo la cortesía de reunirse con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Otros gobernantes rechazaron el sometimiento y reivindicaron la soberanía estatal. Ahora que López Obrador se reunió y dialogó con ellos y les mostró un mínimo respeto a su investidura y cuando se ha filtrado incluso que el esquema de los delegados estatales de Programas Integrales de Desarrollo se reduciría y que se conservarían muchas de las delegaciones federales, se ha visto que los Mandatario que mostraron una posición de decoro estatal, tenían razón.

Nacho Peralta, por otro lado, ha dicho que se formó el Grupo porque tiene la intención de colaborar con el Gobierno Federal, pero que será el primero en criticar las medidas si no dan resultados.

Por lo pronto, Andrés Manuel ha rectificado y afirmó que la seguridad pública estará a cargo de los Gobernadores, no de los delegados, como se había anunciado en un principio.

En cuanto a Peralta Sánchez, debería de exigir a los Ayuntamientos que asuman su parte de responsabilidad en el combate a la inseguridad. Comodinos, “se hacen patos”, haciendo un parangón con “me canso, ganso”.

Los Grupos de Coordinación, como el de Colima, y el del propio López Obrador en el nivel nacional, terminarán pronto por desgastarse con las reuniones de lunes a viernes (debieran ser cada 15 días, llamándose a emergencias cuando fuese necesario), y se caerá en la burocracia y la ineficiencia, como aquellas “comisiones” que para no hacer nada formaban los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, a las que eran convocados hasta los barrenderos. Puro bluff, mera pantalla. Se necesitan hechos, e inmediatos. La paciencia ciudadana es corta.

 

 

Ciudades feas

 

UÉ feas, sucias y descuidadas están las principales ciudades del estado: Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. De todas, ni a cuál irle en el peor aspecto, pareciera que sus autoridades municipales, anteriores y actuales, se disputan el primer lugar en desatención.

Las huellas de sismos ocurridos en décadas recientes, especialmente el acontecido el 21 de enero de 2003, siguen casi inamovibles en el primer cuadro de la capital del estado, en sus calles con pozos y horrorosos remiendos en el asfalto.

Ahí están lotes baldíos que quedaron luego de que el terremoto echó abajo las construcciones. Hay, también, casas y edificios abandonados, con estructuras dañadas, de pésimo aspecto y de constante peligro para los transeúntes.

A esa parte olvidada por las autoridades, se agregan cada vez más los espacios feos, por la suciedad, por la dejadez oficial, como el Parque Hidalgo, donde la zona de juegos está en pésimas condiciones y su lado sur desatendido. En camellones de avenidas principales no se da mantenimiento ni a los árboles ni al pasto, donde lo hay, y donde es cemento, el área poco se barre.

Otro aspecto es la deficiencia de alumbrado público, lo que ocasiona que grandes tramos de vialidades permanezcan a oscuras, con los consecuentes riesgos para automovilistas y viandantes.

En Villa de Álvarez la situación es similar. Ni siquiera se encuentra en buen estado el adoquín que la administración municipal de Enrique Rojas instaló en las calles aledañas a la Presidencia Municipal, y que su sucesora, Yulenny Cortés, no arregló, de tal manera que hay partes donde el piso está suelto o en las que de plano se desprendió.

Después del centro en esas condiciones, cualquier otra vialidad que se tome por las inmediaciones está igual o mucho peor, con empedrados destruidos o asfaltados malhechos, falta de iluminación y calles sucias. Gran desatención.

En Tecomán parece que el tiempo se detuvo. La ciudad sigue careciendo de servicios de limpia, de reparación de calles y de armonización en sus edificios principales. Además, la vialidad sigue siendo complicada y el alumbrado público deficiente. Todo ahí es retraso.

En lo que respecta a Manzanillo, el principal destino turístico del estado, está pasando por uno de sus peores momentos, con montículos de basura en las calles, con un Centro Histórico sucio y descuidado, incluso abandonado por muchos de los comercios establecidos que bajaron cortinas como consecuencia de la tardanza en la construcción del túnel ferroviario.

A eso hay que agregar que de manera permanente tiene vialidades en mal estado, debido al tránsito incesante de camiones pesados que entran y salen del puerto comercial. Para colmo, el Ayuntamiento en funciones cometió el grave error de tapar baches con simple tierra, la cual fue arrastrada por las lluvias de la reciente tormenta invernal, provocando un lodazal en las calles, además de más baches y más desorden.

Todas estas ciudades requieren de manera urgente una intervención a fondo por parte de los gobiernos municipales a cargo de Leoncio Morán, en Colima; Felipe Cruz, en la Villa; Elías Lozano, en Tecomán, y Griselda Martínez, en Manzanillo, quienes al parecer no han entendido que su principal función es esa, tener y mantener una buena imagen de la zona urbana, máxime la de avenidas importantes, de los espacios recreativos más visitados, de los parques, jardines y camellones.

Actualmente, esas cuatro ciudades tienen el aspecto de ser viejas y de estar abandonadas, y lo peor, parece que están destinadas a seguir consumiéndose en la desatención y la indolencia oficial.

En pocos días inicia un nuevo periodo de vacaciones, cuando la entidad suele recibir turistas nacionales y extranjeros, especialmente gente que habita en ciudades frías de Estados Unidos y Canadá, que gusta desplazarse a lugares cálidos y tranquilos para pasar el invierno. Es una vergüenza que aquí, en Colima, lo que van a encontrar son ciudades sucias, con calles en mal estado y hasta con basura y olores fétidos en la vía pública.

A ver hasta cuándo los Ayuntamientos empiezan a actuar.

 

 

A la Postre…

 

COMO ocurre cada año, los Ayuntamientos están ante el problema de no tener dinero para cubrir aguinaldos y compromisos de fin de año con sus trabajadores, y su única salida es pedir ayuda al Gobierno del Estado para conseguir un adelanto de participaciones.

El asunto se agrava cada cambio de administraciones municipales, pues los ediles salientes se van sin dejar previsto ese recurso y con la mentalidad expresada por el ex alcalde comalteco, Salomón Salazar, quien en los últimos días de su mandato aceptó que no dejaba dinero para los aguinaldos, pero lo justificó afirmando que si a él no le habían dejado algo, no tenía por qué hacer lo contrario.

El problema en esta ocasión para las alcaldesas y alcaldes, es que el gobernador José Ignacio Peralta declaró, el lunes pasado, que la administración estatal no tiene dinero para apoyarlos y cada quien tendrá que hacerle frente a sus obligaciones constitucionales.

De hecho, el mes pasado, el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega, informó que el Gobierno del Estado necesita 600 millones de pesos para sus propios compromisos de fin de año, y existe la solicitud con la Federación para que pueda apoyarlos con 250 millones de pesos, mientras que el resto del dinero saldría del gobierno estatal.

Habrá que ver si en esta ocasión en realidad el Gobierno del Estado deja que las comunas busquen la solución por su cuenta, pues en los 2 años anteriores, Peralta Sánchez dijo que no los apoyaría y finalmente sí lo hizo.

De cualquier forma, el inicio de los Ayuntamientos no ha sido fácil, todos recibieron enormes deudas (cada quien según su tamaño y presupuesto) y como algunos de las y los alcaldes no tienen la experiencia ni el conocimiento en el manejo de las finanzas públicas, no encuentran la manera de enfrentar esta emergencia inmediata.

Nula capacidad de gestión y negociación muestra la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, quien a casi 2 meses de asumir el cargo tiene al municipio con graves problemas de recolección de basura y con calles destrozadas por toda la ciudad.

Se la pasa quejándose la Alcaldesa de la falta de apoyo del Gobierno del Estado, de los diputados manzanillenses (de su propio partido, Morena) y de cómo recibió el Ayuntamiento de la administración anterior. Es la actitud similar a la asumida hace 3 años por la entonces presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés.

En vez de quejarse tanto, Martínez Martínez debe aprender que ya no es la opositora de antes. Hoy es autoridad y como tal su obligación es dar los resultados que de ella esperan los manzanillenses.

Como Ejecutiva, debe aprender a dialogar y concertar a favor de su municipio y olvidar las quejas y confrontaciones.

Dice que casi no le asignaron dinero para obras. Bueno, para la forma en que ella atiende los problemas no necesitaría tanto, pues, para tapar baches de la ciudad como lo ha implementado su gobierno, sólo requiere dinero para un banco de arena.

Un merecido reconocimiento a la gran trayectoria y servicio que por años ha prestado a los colimenses fue la designación de Melchor Ursúa Quiroz como presidente de la Junta de Gobierno de Protección Civil Estatal.

Si bien su capacidad física ya no es la misma que la de hace algunos años, Melchor es un pozo de sabiduría en la materia de proteger y salvaguardar a la población, y se le necesita en cuanta emergencia sucede en el estado, para enfrentar las amenazas y consecuencias de terremotos y ciclones que azotan a nuestra entidad.

Ha sabido, además, formar a personal de Protección Civil, principalmente a su sobrino, Ricardo Ursúa Moctezuma, quien también por méritos propios es el nuevo director general de la Unidad Estatal de Protección Civil.

Hacemos votos para que tengamos a Melchor Ursúa por muchos años más haciendo lo que tanto le apasiona y contribuye al bienestar de los colimenses. ¡Enhorabuena!