Razones
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Tres golpes a la 4T
Lunes 10 de Diciembre de 2018 8:04 am
EN realidad, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación no “está dando un mal ejemplo”, como dice el presidente López
Obrador. La Corte está haciendo su tarea de contrapeso legal, y al aceptar
revisar la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, simplemente está ejerciendo
un derecho constitucional sobre una ley que está mal construida y redactada. El presidente López Obrador está en todo su
derecho de reducir su salario e incluso el de sus colaboradores, pero no puede
obligar a hacerlo a otros Poderes, como el Judicial, que tiene autonomía al
respecto o a instituciones autónomas. Incluso legalmente no puede hacerlo con
los trabajadores que tienen derechos adquiridos legalmente. Insistir en que los ministros de la Corte son
corruptos porque ganan 600 mil pesos mensuales, no sólo es un abuso verbal del
Presidente o los legisladores, contra los integrantes de otro Poder, sino
también una falsedad: el salario de los ministros es de aproximadamente 290 mil
pesos mensuales. En el caso de los trabajadores del Poder Judicial, simplemente
el Ejecutivo no puede establecer sus salarios, se trata de un Poder autónomo. La Ley de Remuneraciones viola normas
constitucionales y debe ser revaluada, si el Presidente insiste, como lo hará,
en que nadie gane en el sector público más que los 108 mil pesos que se ha
fijado a sí mismo de salario. Recordemos que no sólo ha sido la Corte la que ha
aceptado, vía el ministro Alberto Pérez Dayán, revisar la constitucionalidad de
la ley, como lo reclamaron 55 senadores de oposición, también la Comisión
Nacional de Derechos Humanos ha solicitado una acción similar, y son centenares
las solicitudes de amparo que se han presentado en distintos juzgados. Si se
quiere imponer esa ley, tendrá que ser revisada y elaborada nuevamente,
asumiendo los espacios en los que el Ejecutivo no tiene autoridad para imponer
los salarios e incluso dejando abierta la posibilidad de excepciones para
ciertas responsabilidades laborales que requieren de especialistas muy bien
pagados. Pero ese no fue el único contratiempo legal
que ha sufrido el Ejecutivo. El sábado, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación desestimó la moción del magistrado José Luis Vargas
para anular las elecciones en Puebla, y ratificó el triunfo de la panista
Martha Érika Alonso, esposa del ex gobernador y actual líder del PAN en el
Senado, Rafael Moreno Valle. No había elementos suficientes para anular los
comicios, ni la supuesta ruptura de la cadena de custodia de los paquetes
electorales podía comprobarse, ni tampoco los hechos de violencia en 59
casillas alcanzaban para anular los comicios, mismos que tuvieron incluso un
recuento voto por voto. Alonso será la próxima Gobernadora de Puebla y con ello
se fortalece el polo de poder en el PAN, que representa Moreno Valle. La tercera mala noticia para la nueva
administración no provino de los tribunales mexicanos, sino de los tenedores de
bonos del aeropuerto de Texcoco, que no han aceptado el programa de recompra
que propuso el gobierno mexicano y esperan una mejor oferta o irse a tribunales,
con la diferencia que serán los tribunales neoyorquinos los que, según esos
títulos, deberán decidir la ruta a seguir. Mientras tanto, se continúa la
construcción de una obra supuestamente cancelada, y aumenta el costo de lo que
se tendrá que pagar para no construir el aeropuerto, con una operación de
salvataje que recuerda mucho al Fobaproa, porque privatiza las ganancias y
socializa las pérdidas. Lo absurdo de esto es que se terminará
pagando aproximadamente lo mismo por no construir el aeropuerto que lo que se
hubiera pagado por terminarlo. Hay que insistir en un tema: Texcoco debería
concluirse, si el Estado no quiere invertir en él, hay empresas dispuestas a
terminar su construcción, pagar por lo ya invertido y recibirlo en concesión,
porque es un gran negocio. Porque para las alternativas propuestas, como Santa
Lucía, no existe ni siquiera un proyecto ejecutivo elaborado, ni un estudio de
mecánica de suelos o de impacto ambiental, la empresa Mitre insiste en que no
son compatibles las rutas de aproximación de los aeropuertos de Santa Lucía y
el actual en Ciudad de México, y sin su visto bueno, muchas aerolíneas
internacionales no volarán a esos aeropuertos. Y para colmo, los integrantes del equipo de
gubernamental no se ponen de acuerdo siquiera en cómo funcionarían esos
aeropuertos. Según el secretario de Turismo, Miguel Torruco, Santa Lucía
recibiría vuelos internacionales y el actual vuelos nacionales, mientras que el
secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, asegura que
los tres aeropuertos, los dos citados, más Toluca, recibirán por igual vuelos
nacionales e internacionales. Habrá que ver qué aerolínea soporta semejante
desbarajuste logístico.
Son tres graves contratiempos que surgen, por
lo menos en el caso de la Ley de Remuneraciones y de los bonos aeroportuarios,
de errores cometidos por la prisa y el arrebato. Errores que podrían superarse
con facilidad, si en lugar de recurrir al enfrentamiento se optara por la
rectificación de los mismos. Sería simplemente un ejercicio de sensatez y
voluntad política.