Despacho político
ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA
Mentiras y desgaste
Martes 11 de Diciembre de 2018 8:10 am
SUCEDE que en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación los sueldos no son, ni de lejos, del monto que dijo el
presidente Andrés López Obrador. Las percepciones de los servidores
públicos del Poder Judicial –uno de los tres poderes constitucionales pilares
del sistema político de México– son públicas y están disponibles para quien
desee consultarlas. Eso pudo hacer el Presidente, para evitar el riesgo de
equivocarse. También pudo consultar a la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, ministra jubilada del Poder Judicial, quien, si lo dicho por
López Obrador fuese verdad, percibiría aproximadamente tales 600 mil pesos mensuales
en condición de jubilada. Y, claro, habría que agregar a eso el sueldo de
titular de Gobernación, que es inferior, no mucho, a 108 mil pesos, el ingreso
presidencial. Conforme al tabulador oficial, el
salario de un ministro de la Corte es, como máximo, de 269 mil pesos mensuales,
de donde debe descontarse aproximadamente 32 por ciento correspondiente al
impuesto sobre la renta, de modo que el ingreso neto es de 189 mil pesos, monto
al que deben restarse aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (Issste)
y otras de menor cuantía. De ese monto es la más alta de las percepciones en la
Suprema Corte. De ahí gradualmente hacia abajo. El empleado de menor ingreso es
el oficial de servicios, cuyo mínimo es de 12 mil 490 (menos impuestos y otros
pagos) y máximo de 14 mil 572 pesos mensuales. Son sueldos altos, es verdad, pero
tampoco son estratosféricos y menos cuando consideramos que ahí deben estar
juzgadores y constitucionalistas capacitados, que entiendan el espíritu de las
leyes y cómo resguardar la vigencia del derecho en la nación. En caso de que no
lo hicieran, es asunto de otro orden y el remedio se encuentra en otro lado, no
en los sueldos. Sin embargo, si hay vicios salariales
que deben cortarse de tajo en el Poder Judicial. Por ejemplo, un ministro
recibe anualmente aguinaldo y prima vacacional de 444 mil 380 pesos (menos
impuestos y otros descuentos) y un extraño “pago por riesgo” de 554 mil 595
pesos al año. ¿A qué riesgo se refiere la ley y cómo medio millón de pesos
blinda a un ministro de la Corte? Un secretario general de acuerdos de
la misma SCJN recibe, también anualmente, 302 mil 241 pesos por aguinaldo y
vacaciones y 428 mil 553 pesos al año por “asignaciones adicionales”. ¿Qué son
tales “asignaciones”? Respondo con lenguaje técnico jurídico aunque resulte
complicado para el lector: ¡Sepa la bola! En opacidad de esa naturaleza, se
esconden prebendas de las que pueden y deben prescindir los ministros y otros
funcionarios del Poder Judicial, pues el sueldo que la Nación les paga es más
que suficiente para una vida decorosa y generar un buen monto ahorrado cuando
dejen la función de la Corte. También existen conceptos como pagos
por “el día del padre”, el “día de la madre”, o bien un “8.1.3. Seguro de
Gastos Médicos Mayores.- Beneficio que se otorga a los servidores públicos, así
como a su cónyuge, concubina o concubinario, o pareja del mismo sexo (por
matrimonio civil o cualquier figura reconocida por la legislación civil) y/o
(sic) hijos solteros menores de veinticinco años, ante la eventualidad de un
accidente o enfermedad cubierta que requiera tratamiento médico, cirugía u
hospitalización. La suma asegurada básica es hasta de
333 unidades de medida y actualización mensuales vigentes (885 mil 194 pesos,
cálculo de Despacho Político), con opción de incremento hasta una suma
asegurada de 15 mil unidades de medida y actualización mensuales vigentes (9
millones 269 mil pesos, cálculo de Despacho Político), con cargo al servidor
público”. No es que les agreguen este dinero a
su sueldo, sino que es la cobertura del seguro de gastos médicos mayores que
puede o no utilizarse. ¿Por qué tienen esos privilegios? ¿Por qué no acuden
como otros empleados de gobierno al ISSSTE o al IMSS, según su régimen, y
esperan consulta, cita, intervenciones quirúrgicas igual que cualquier otro
afiliado o derechohabiente? O si desean atención en el sistema de salud
privado, que lo paguen de su sueldo que les da suficiente para comprar un
seguro de tales montos. O para decirlo en términos jurídicos precisos del nuevo
sistema de justicia penal: O todos hijos o todos entenados. También, si se prueba, debe acabarse
en nepotismo, otro vicio que al parecer ocurre en el Poder Judicial. El error de López Obrador no está en
bajar los sueldos, sino en mentir para acusar a otro poder. No necesitaba dar
cifras inexistentes, sino revelar los privilegios que bien pueden desaparecer
mediante diálogo con los ministros y otros privilegiados, sin recurrir al
pleito y el encono. Estos deben entender que un país con más de la mitad de sus
habitantes en pobreza, no puede ni debe pagarles tales privilegios. Debe cuidarse, además, que la medida
legislativa-presidencial se tome como intervención en otro poder
constitucional, pues en ese caso es lo de menos. Lo importante es que ni el
Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial se impongan unos a otros, sino que
se equilibren. Por lo demás, una de las propuestas de
López Obrador para nuevo ministro recayó en alguien que torció la ley para
beneficiar a un funcionario poderoso. ¿Para qué? ¿Así cómo, pues? MAR DE FONDO
** “Bendito el que en la tierra hizo
el agua y el fuego;/ el que unció a la carreta al buey manso y amigo;/ el que
encontró la azada, y el que del fango luego/ hizo brotar el oro milagroso del
trigo./ El que fundió los bronces; el que talló en sosiego/ la cuna de la
infancia, y el que al primer mendigo/ dio la primer limosna conmovido a su
ruego,/ y el que labró este lecho que compartes conmigo./ El que echó al mar la
quilla y a los vientos las velas;/ el que inventó las trovas; el que encoldó la
lira;/ el que domó los rayos y aplacó las procelas./ Mas, bendito entre todos,
aquel que en lo profundo/ descubrió la esperanza, la divina mentira,/ que dora
las siniestras espesuras del mundo”. (Olavo Bilac, brasileño, 1865-1918.
Oración.)
