En solfa
HÉCTOR SÁNCHEZ DE LA MADRID
Respeto entre los Poderes
Miércoles 12 de Diciembre de 2018 8:54 am
DE nuevo, el presidente Andrés Manuel
López Obrador volvió a enseñar su desconocimiento del sistema jurídico que nos
rige y a faltarle el respeto a las instituciones, ahora a uno de los tres
Poderes del Estado, el Judicial, representado por los magistrados de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo ha venido haciendo desde hace
varias décadas. Con la acción de inconstitucionalidad
contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que vulnera la
autonomía del Poder Judicial, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación por los senadores del PRI, PAN, PRD, MC y el senador independiente
Emilio Álvarez Icaza, fue suspendida la aplicación hasta que se resuelva la
controversia. El ejercicio de las facultades de los
senadores y de los magistrados provocó la ira del titular del Ejecutivo
federal, quien llamó a los ministros “deshonestos e insensibles”,
fustigándolos: “si ellos mismos resuelven de que van a seguir recibiendo
sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales,
pues están dando un mal ejemplo, quienes deberían impartir justicia”. Hay varios puntos que conviene
aclarar: primero, que los Poderes Ejecutivo y Legislativo no pueden ordenarle
al Judicial lo que deben pagarles a los magistrados; segundo, que es falso que
los ministros devengan 600 mil pesos mensuales; tercero, que los representantes
de los tres Poderes del Estado deben respetarse; cuarto, que las diferencias
deben dirimirse dentro de la ley. La reincidencia de López Obrador en
agredir a las instituciones y, por consiguiente, traspasar el Estado de
Derecho, me hace reconsiderar que quizá no sea el desconocimiento del aparato
jurídico lo que ha llevado al político tabasqueño a vapulear a las instituciones,
sino su personalidad autoritaria y carácter mesiánico que ha mostrado desde
finales del siglo anterior. Es bastante grave lo que ha ocurrido
en los primeros días del régimen de Andrés Manuel, de enfrentarse al Poder
Judicial e inmiscuirse en su ámbito al zaherir profundamente a los magistrados
que lo integran. Más aún la campaña desatada en las redes sociales de ataque a
los ministros, auspiciada por el mismo gobierno, alentando a los cibernautas a
apoyar al Mandatario para que se vaya contra ellos. Si el Presidente les da el trato de
“deshonestos e insensibles” a los integrantes de uno de los tres Poderes del
Estado, reconocidos por su honestidad, preparación y capacidad, ¿qué podemos
esperar los simples mortales como usted y yo, que carecemos de la
representación y las facultades legales de los magistrados? Por cierto, los
ministros no son electos, sino propuestos por el Mandatario y aprobados en el
Senado de la República. Igualmente lamentable han sido los
posicionamientos de los coordinadores de las bancadas de Morena en el Senado y
la Cámara de Diputados, además de presidentes de las respectivas Juntas de
Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila y Mario Delgado Carrillo, al
observar este asunto desde la perspectiva política, de sueldos y compensaciones,
en lugar de lo estrictamente legal como debió ser. Ha de estar pasando tragos gordos la
ex ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación
del Gabinete Presidencial de Andrés Manuel, al haber cobrado los salarios que
ahora sataniza y quiere echar abajo su jefe López Obrador, así como las
prestaciones y gratificaciones, antes de que se retirara de su cargo en 2015, e
inclusive algunos de ellos continúa recibiendo hoy en día. Estoy de acuerdo en que los sueldos de
los magistrados del Poder Judicial son altos y más todavía los aguinaldos y
compensaciones que reciben, sin embargo, el procedimiento que emplearon los
Poderes Ejecutivo y Legislativo es incorrecto, por lo que se tendrá que derogar
el apartado correspondiente de la Ley de Remuneraciones de los Servidores
Públicos y dialogar con los ministros para que acepten voluntariamente el
régimen de austeridad.
Por lo pronto, mal se vieron el
presidente López Obrador, el senador Monreal Ávila y el diputado federal Delgado
Carrillo al intentar atropellar a los ministros de la SCJN, y bien estuvieron
los senadores de la oposición minoritaria al presentar la acción de
inconstitucionalidad, al igual que el magistrado Alberto Pérez Dayán, que la
admitió y concedió la suspensión solicitada.