Los altos salarios
MANUEL GODINA VELASCO
Miércoles 12 de Diciembre de 2018 8:53 am
COMO admirador del ideario de José
María Morelos y Pavón y del pensamiento juarista, además de la autoría de mis
libros, donde he abordado los pasajes más significativos de estos dos grandes
héroes nacionales, no puedo permanecer al margen de la controversia
jurídico-política que en los últimos días se ha manifestado por la Ley Federal
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recientemente aprobada, así como
la negativa de los ministros de la Corte y otros organismos autónomos, para
cumplir con la Constitución y bajar sus altísimos e inmorales sueldos. Morelos, en el documento Sentimientos
a la Nación, sentenció que las leyes que dicte nuestro Congreso “deben ser
tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la
indigencia, de tal suerte que aumenten el jornal del pobre”. Por su parte, Benito Juárez, en
relación con los salarios de los servidores públicos, dijo que “bajo el sistema
federativo, los funcionarios no pueden disponer de las rentas sin
responsabilidad, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas
ni entregarse a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo,
resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que
la ley haya señalado”. Tal parece que nuestra “élite dorada”
de servidores públicos no ha leído estos pasajes de la historia de México, y si
lo hizo, le vale un cacahuate el profundo mensaje de ética y congruencia que
estos dos grandes próceres dejaron para la observancia de quienes trabajan en
los diversos cargos de la administración pública, para servir al pueblo, pero
no para servirse del pueblo. Es preciso aclarar que esta ley
reglamentaria de los artículos 74 y 127 (vigentes desde hace años) de la Constitución,
fue aprobada el 8 de noviembre de 2011 en el Senado, por unanimidad de votos,
posteriormente fue remitida a la Cámara de Diputados, pero nunca fue discutida
por los diputados, hasta que hace semanas, Morena decide llevarla a votación y
aprobarla, tal como estaba. El artículo 127 constitucional dice
que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su
función o empleo… mayor a la establecida para el Presidente de la República”.
“El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas
expedirán las leyes, para hacer efectivo el contenido del presente artículo… y
para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el
incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”. Cuando no hubo ley reglamentaria, para
tener bajo control a ministros, consejeros, magistrados y otros funcionarios de
diversos organismos autónomos, el Ejecutivo propuso elevar escandalosamente sus
salarios, con la complacencia de la Cámara de Senadores, así fue que el Poder
Judicial no sólo se hizo el occiso de velar por el cumplimiento de la
Constitución, sino que abusó de “su independencia” para autorizarse inmorales
sueldos, emitir sentencias injustas y proteger intereses particulares, además
de prohijar un desvergonzado nepotismo, donde están esposas, suegras, hermanos
e hijos. Aquí, en este espacio, desde hace años
he criticado severamente a los ministros de la Corte, por sus dislates y pifias
jurídicas, además de sus insultantes sueldos; ahora alegan que “esos sueldos
nos permiten tomar decisiones sin presiones que nos hagan doblar la vara de la
justicia”. ¡Vaya semejante desfachatez de estos personajes! El honrado siempre
lo será con un bajo o alto sueldo, pero estos servidores claman por seguir siendo
corruptos. Por ello, aplaudo la declaración del
presidente López Obrador, el pasado sábado, al criticar a la Corte y lamentar
que se viole la Constitución: “Es una ofensa al pueblo de México, esos que
tienen esos altos sueldos no es gente honesta, ni partidarios de la justicia…
nosotros nos ajustaremos a lo que señala el artículo 127, y creo que hará lo
mismo el Poder Legislativo”. Soy el primero en defender la división
de Poderes, pero nunca de que alguno de ellos se autorice privilegios
indebidos.
*Analista político
