A propósito...
FERNANDO MORENO PEÑA
Nada por la fuerza
Martes 18 de Diciembre de 2018 8:12 am
LA mayoría en el Congreso de la Unión,
encabezada por Morena, aprobó en noviembre la Ley Federal de Remuneraciones de
los Servidores Públicos que regula lo establecido en el artículo 127
constitucional y que establece que ningún servidor público podrá recibir
remuneración mayor que el Presidente de la República, así se estableció en ese
artículo mediante una reforma del año 2009. Cincuenta y cinco senadores del PAN,
PRI, PRD y MC, más el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, solicitaron a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de los efectos y
consecuencias de dicha ley, porque pone en riesgo la vigencia de diversos
derechos fundamentales. El 7 de diciembre, la Ley Federal de
Remuneraciones de Servidores Públicos fue congelada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la
acción de inconstitucionalidad que interpuso la minoría en el Senado y concedió
la suspensión de la legislación. Permanecerá congelada hasta que la Corte determine
si es constitucional o no. La ley señala que ningún servidor
público federal puede ganar más que el Presidente de la República, a quien se
le fijó un tope salarial de 108 mil pesos mensuales. En el acuerdo del Ministro, se
menciona: “Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause
un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto
de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes
de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio 2019, no sean
fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de
la controversia…”. A partir de esta decisión de la Corte,
la Cámara de Diputados deberá elaborar el Presupuesto de Egresos con base en
los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, así como el tercero transitorio
del decreto de la reforma constitucional. Es decir, se deben fijar los sueldos
como siempre lo han hecho, sin aplicar la nueva ley, y se tendrá que tomar en
cuenta las propuestas enviadas por cada dependencia u organismo público, la
Suprema Corte enviará su propio presupuesto y su propuesta deberá ser respetada
por los legisladores. Los senadores de oposición que se
pronunciaron contra esta ley consideran que se viola la Constitución, por lo
siguiente: 1.- La Constitución señala que ningún
servidor público puede ganar más que el Presidente, pero también protege los
salarios de los integrantes del Poder Judicial. 2.- La fracción II del artículo 127
constitucional establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración
mayor a la establecida para el Presidente de la República. 3.- El artículo tercero transitorio de
la reforma de 2009 al 127 constitucional indica que a la entrada del decreto
(2010), las percepciones de los ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF,
magistrados de Circuitos, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura
Federal, integrantes del Consejo General del INE, y magistrados y jueces de los
Poderes Judiciales estatales que estuvieron en funciones, se mantendrían
durante el tiempo que dure su cargo. 4.- El artículo 94 dice que la
remuneración que perciban éstos por sus servicios, no podrá ser disminuida
durante su encargo. Aquí se presenta una supuesta
contradicción entre el artículo 127 y el 94 constitucionales, porque si bien es
cierto que el 127 afirma que nadie podrá ganar más que el Presidente, y la
nueva Ley de Remuneraciones fijó 108 mil pesos y el artículo 94 establece que
no podrán ser disminuidos los salarios del Poder Judicial durante su encargo,
¿quién tiene razón? En 2009, cuando se aprobó esta
disposición en el 127 respecto al tope de sueldos en función del Presidente, no
se derogó el artículo 94, siguió vigente, lo que quiere decir que el espíritu
de esa disposición excluye a los miembros del Poder Judicial, protegidos en el
artículo 94 que no fue derogado, o sea, que si la disposición fuera para todos,
el legislador hubiera eliminado la protección de los funcionarios judiciales,
en consecuencia están protegidos en sus salarios mientras ejerzan sus cargos,
estos no pueden ser disminuidos y deberán preservarse como están ya que la
disposición del 127 no va dirigida a ellos. En consecuencia, la Cámara de
Diputados deberá mantener esos salarios del Poder Judicial hasta que se
resuelva de fondo si la Ley Federal de Remuneraciones es constitucional o no,
resolución que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, que ya le dio
entrada a la impugnación y que resolverá hasta el año que entra, no obstante
que el presupuesto de la Federación que contempla sueldos y salarios será
aprobada en esta segunda quincena de diciembre. El senador Martí Batres, de Morena,
afirmó que el artículo 127 prevalece sobre el 94, porque la reforma se hizo
después de redactado el 94 y que la reforma posterior deroga a la anterior. Yo
creo que está equivocado, porque si se hubiera querido derogar, se hubiera
hecho, y el 94 siguió vigente, no se modificó. Además, hay un criterio jurídico de
que la norma especial (94) prevalece sobre la general (127), porque la
convierte en excepción para garantizar los derechos ya adquiridos de los
miembros del Poder Judicial. La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, que es ministra jubilada de la Suprema Corte de Justicia,
declaró que los salarios de los miembros del Poder Judicial no se pueden
disminuir y es un tema de difícil discusión. El diputado Mario Delgado, coordinador
de la mayoría de los diputados, advirtió que los ingresos de los integrantes del
Poder Judicial se mantendrán, pero que los ingresos del resto de los
funcionarios que ganen más que el Presidente sí los bajarán. LA DESCALIFICACIÓN PRESIDENCIAL El presidente Andrés Manuel López
Obrador reaccionó descalificando a los integrantes de la Suprema Corte porque
congelaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
afirmando que se equivocaron y que dan un muy mal ejemplo al suspender dicha
ley, y lo que pretenden es mantener salarios exagerados, estratosféricos. “Esos que obtienen esos sueldos no es
gente honesta ni sensible ni partidarios de la verdad, de la justicia. Es
lamentable que se viole la Constitución”, resaltó un día después. No es posible, subrayó, que con tanta
pobreza en el país haya funcionarios públicos que ganen 600 mil pesos
mensuales. “Es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad”. Y les pidió a los ministros de la
Corte que saquen de sus oficinas el retrato de Benito Juárez, porque, asegura,
no viven en la justa medianía. LA RESPUESTA DE LA CORTE El ministro Juan José Pardo Rebolledo
dio respuesta y llamó a evitar caer en provocaciones derivadas de las
agresiones y las críticas emitidas en su contra. El magistrado Pardo Rebolledo refirió
que el equilibrio de Poderes descansa en el respeto mutuo de competencias. “La mejor defensa de los jueces es su
prudencia y la dignificación de su tarea, y en la reserva y discreción que
imperan en sus actos es necesario evitar caer en cualquier provocación derivada
de la agresión y de la crítica, por más injustificada que ésta sea”, puntualizó
el Ministro. Los jueces no deben esperar más
protección que la otorgada por la Constitución y bajo ninguna circunstancia
entrar a la arena de la batalla política en defensa de sus fallos. “Una democracia no puede existir sin
un Poder Judicial sólido, autónomo y apto para defender a las personas de la
arbitrariedad, la ilegalidad y la injusticia”. Al rendir su Informe de Labores, el
ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, dijo ante la
presencia de Andrés Manuel, “entre muchas coincidencias, una de las más
importantes que tenemos con usted, Presidente, es la máxima del Benemérito de
las Américas: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho’, y llamó
a los tres Poderes del Estado a trabajar en armonía y concordia, dejando en
claro que el máximo tribunal del país honra el legado de Benito Juárez y guía
la actuación de la Suprema Corte, o sea, le contestó que no van a retirar el
retrato de Benito Juárez y que son merecedores de tenerlo en la Sala del Pleno.
Cabe destacar que al iniciar su
informe, el Ministro no da el saludo de cortesía al Presidente y López Obrador
no cumple la cortesía de quedarse a comer, como era la tradición.