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A propósito...



FERNANDO MORENO PEÑA

Nada por la fuerza


Martes 18 de Diciembre de 2018 8:12 am


LA mayoría en el Congreso de la Unión, encabezada por Morena, aprobó en noviembre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que regula lo establecido en el artículo 127 constitucional y que establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor que el Presidente de la República, así se estableció en ese artículo mediante una reforma del año 2009.

Cincuenta y cinco senadores del PAN, PRI, PRD y MC, más el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de los efectos y consecuencias de dicha ley, porque pone en riesgo la vigencia de diversos derechos fundamentales.

El 7 de diciembre, la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos fue congelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpuso la minoría en el Senado y concedió la suspensión de la legislación. Permanecerá congelada hasta que la Corte determine si es constitucional o no.

La ley señala que ningún servidor público federal puede ganar más que el Presidente de la República, a quien se le fijó un tope salarial de 108 mil pesos mensuales.

En el acuerdo del Ministro, se menciona: “Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia…”.

A partir de esta decisión de la Corte, la Cámara de Diputados deberá elaborar el Presupuesto de Egresos con base en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, así como el tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional.

Es decir, se deben fijar los sueldos como siempre lo han hecho, sin aplicar la nueva ley, y se tendrá que tomar en cuenta las propuestas enviadas por cada dependencia u organismo público, la Suprema Corte enviará su propio presupuesto y su propuesta deberá ser respetada por los legisladores.

Los senadores de oposición que se pronunciaron contra esta ley consideran que se viola la Constitución, por lo siguiente:

1.- La Constitución señala que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, pero también protege los salarios de los integrantes del Poder Judicial.

2.- La fracción II del artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.

3.- El artículo tercero transitorio de la reforma de 2009 al 127 constitucional indica que a la entrada del decreto (2010), las percepciones de los ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF, magistrados de Circuitos, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal, integrantes del Consejo General del INE, y magistrados y jueces de los Poderes Judiciales estatales que estuvieron en funciones, se mantendrían durante el tiempo que dure su cargo.

4.- El artículo 94 dice que la remuneración que perciban éstos por sus servicios, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Aquí se presenta una supuesta contradicción entre el artículo 127 y el 94 constitucionales, porque si bien es cierto que el 127 afirma que nadie podrá ganar más que el Presidente, y la nueva Ley de Remuneraciones fijó 108 mil pesos y el artículo 94 establece que no podrán ser disminuidos los salarios del Poder Judicial durante su encargo, ¿quién tiene razón?

En 2009, cuando se aprobó esta disposición en el 127 respecto al tope de sueldos en función del Presidente, no se derogó el artículo 94, siguió vigente, lo que quiere decir que el espíritu de esa disposición excluye a los miembros del Poder Judicial, protegidos en el artículo 94 que no fue derogado, o sea, que si la disposición fuera para todos, el legislador hubiera eliminado la protección de los funcionarios judiciales, en consecuencia están protegidos en sus salarios mientras ejerzan sus cargos, estos no pueden ser disminuidos y deberán preservarse como están ya que la disposición del 127 no va dirigida a ellos.

En consecuencia, la Cámara de Diputados deberá mantener esos salarios del Poder Judicial hasta que se resuelva de fondo si la Ley Federal de Remuneraciones es constitucional o no, resolución que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, que ya le dio entrada a la impugnación y que resolverá hasta el año que entra, no obstante que el presupuesto de la Federación que contempla sueldos y salarios será aprobada en esta segunda quincena de diciembre.

El senador Martí Batres, de Morena, afirmó que el artículo 127 prevalece sobre el 94, porque la reforma se hizo después de redactado el 94 y que la reforma posterior deroga a la anterior. Yo creo que está equivocado, porque si se hubiera querido derogar, se hubiera hecho, y el 94 siguió vigente, no se modificó.

Además, hay un criterio jurídico de que la norma especial (94) prevalece sobre la general (127), porque la convierte en excepción para garantizar los derechos ya adquiridos de los miembros del Poder Judicial.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es ministra jubilada de la Suprema Corte de Justicia, declaró que los salarios de los miembros del Poder Judicial no se pueden disminuir y es un tema de difícil discusión.

El diputado Mario Delgado, coordinador de la mayoría de los diputados, advirtió que los ingresos de los integrantes del Poder Judicial se mantendrán, pero que los ingresos del resto de los funcionarios que ganen más que el Presidente sí los bajarán.

 

LA DESCALIFICACIÓN PRESIDENCIAL

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó descalificando a los integrantes de la Suprema Corte porque congelaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, afirmando que se equivocaron y que dan un muy mal ejemplo al suspender dicha ley, y lo que pretenden es mantener salarios exagerados, estratosféricos.

“Esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni sensible ni partidarios de la verdad, de la justicia. Es lamentable que se viole la Constitución”, resaltó un día después.

No es posible, subrayó, que con tanta pobreza en el país haya funcionarios públicos que ganen 600 mil pesos mensuales. “Es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad”.

Y les pidió a los ministros de la Corte que saquen de sus oficinas el retrato de Benito Juárez, porque, asegura, no viven en la justa medianía.

 

LA RESPUESTA DE LA CORTE

 

El ministro Juan José Pardo Rebolledo dio respuesta y llamó a evitar caer en provocaciones derivadas de las agresiones y las críticas emitidas en su contra.

El magistrado Pardo Rebolledo refirió que el equilibrio de Poderes descansa en el respeto mutuo de competencias.

“La mejor defensa de los jueces es su prudencia y la dignificación de su tarea, y en la reserva y discreción que imperan en sus actos es necesario evitar caer en cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica, por más injustificada que ésta sea”, puntualizó el Ministro.

Los jueces no deben esperar más protección que la otorgada por la Constitución y bajo ninguna circunstancia entrar a la arena de la batalla política en defensa de sus fallos.

“Una democracia no puede existir sin un Poder Judicial sólido, autónomo y apto para defender a las personas de la arbitrariedad, la ilegalidad y la injusticia”.

Al rendir su Informe de Labores, el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, dijo ante la presencia de Andrés Manuel, “entre muchas coincidencias, una de las más importantes que tenemos con usted, Presidente, es la máxima del Benemérito de las Américas: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho’, y llamó a los tres Poderes del Estado a trabajar en armonía y concordia, dejando en claro que el máximo tribunal del país honra el legado de Benito Juárez y guía la actuación de la Suprema Corte, o sea, le contestó que no van a retirar el retrato de Benito Juárez y que son merecedores de tenerlo en la Sala del Pleno.

Cabe destacar que al iniciar su informe, el Ministro no da el saludo de cortesía al Presidente y López Obrador no cumple la cortesía de quedarse a comer, como era la tradición.