El gasolinazo de AMLO

Lunes 07 de Enero de 2019 7:30 am

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PUDO el gobierno de Andrés Manuel López Obrador evitar el gasolinazo de inicio de año. Y no sólo impedir el incremento de precio de los combustibles, sino bajarlo como lo prometió en campaña.

Buena parte del precio de los carburantes lo compone el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que inventaron los priistas y avalaron los panistas en los presupuestos de ingresos del gobierno de Enrique Peña. De los 20 pesos –por decirlo en número cerrado– que cuesta hoy la gasolina al consumidor final, más del 40 por ciento son impuestos.

El IEPS “es determinado por la Secretaría de Hacienda y cambia cada semana dependiendo las variaciones de otros componentes en el precio final, como los costos logísticos, la ganancia de las estaciones, el precio de referencia en Estados Unidos y el tipo de cambio, explicó Arturo Carranza, analista en materia energética del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)”. (Expansión, 8/febrero/2018.)

A precios de hace un año (enero de 2018), por un litro de gasolina Magna se pagaban 17.02 pesos. De esa cuota, aparte del IVA, 2.21 pesos correspondían al IEPS, 41 centavos más al IEPS estatal y 12 centavos adicionales por impuesto a emisiones de bióxido de carbono, supuestamente para desalentar el consumo de combustibles fósiles, lo que no ha sucedido. Del IEPS federal, el gobierno cobraba sólo una parte, esto es, estaba subsidiado; sin la subvención, habría sido de 4.59 pesos. Eso fue exactamente lo que hizo el gobierno de López Obrador: cobrar completo el IEPS, desapareció el subsidio. Lo mismo sucedió con la gasolina Magna y con el dísel. La consecuencia, el alza de los precios.

Para distraer mediáticamente el gasolinazo de Año Nuevo, el Gobierno Federal y sus legisladores en los estados y federales, propagaron en redes sociales que en la frontera norte el precio de las gasolinas había bajado e incluso dieron cotizaciones precisas. Eso beneficia a los consumidores de las ciudades colindantes con Estados Unidos –que antes podían comprar carburantes baratos con sólo pasar las garitas– por efecto de la reducción del Impuesto al Valor Agregado. Se trata de ciudades de la franja fronteriza, en el extremo norte, de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (un mínimo) y Tamaulipas. En cambio, hay otras 26 entidades federativas en donde los precios en vez de reducirse, se incrementaron, pese a la promesa presidencial de bajarlos.

En la Cámara de Diputados, el PAN propuso desaparecer el IEPS, con lo que automáticamente los precios bajarían en casi 5 pesos por litro de gasolina Magna, casi 4 de Premium y más de 5 pesos el dísel. Morena y sus aliados, con mayoría calificada en la diputación, se negaron a desaparecer el impuesto que inventaron los priistas. Prefirieron recibir el dinero de la recaudación, que se cobra sin posibilidad de chistar los consumidores, y lo agravaron cobrando completo el IEPS, ni siquiera mantuvieron el subsidio que el repudiado régimen de Peña Nieto estableció. El Gobierno Federal se mostró implacable con los consumidores y le importó un cacahuate ir contra sus promesas de campaña, contra su discurso económico. La avaricia gubernamental se impuso.

Maquillan el gasolinazo, dijo refiriéndose al gobierno el presidente del PAN, Marko Cortés, quien sin embargo dejó a medias la crítica a la incongruencia de una administración federal que a un mes de comenzada, puso en riesgo su credibilidad. Demasiado débil ha sido la oposición panista, y de la priista ni sus luces, como que todavía los invade el espíritu navideño o no se recuperan del nocaut del 1 de julio del año pasado.

Con este gasolinazo que el lopezobradorismo no acaba de tapar y se empeña en disimular, muchos de quienes lo respaldaron electoralmente y confiaron en que cambiaría prácticas gubernamentales que les cargan la mano a los ciudadanos, empiezan a desconfiar y se preguntan si están ante un gobierno igual o peor que los anteriores.

Lucha de poder

LOS resultados electorales del 1 de julio del año pasado, provocaron una reconfiguración política en la entidad, la cual dio cabida a una importante cantidad de personajes nuevos en la escena pública, muchos de los cuales hoy se encuentran en problemas de identidad ideológica y de adaptación en el cargo que detentan, pues, por su inexperiencia, caminan sin dirección, pero imbuidos de ambición de poder.

A más de 3 meses de haber iniciado la presente Legislatura local, la fracción morenista que hace mayoría, no termina de acomodarse. Sus integrantes, van y vienen de un grupo parlamentario a otro, lo que provoca olas en su interior e imposibilita la unión y los acuerdos entre sus propios miembros.

Tres elementos en particular son los que impiden la cohesión del morenismo en el Congreso: la ausencia ideológica de varios de sus diputados que aparecieron en las boletas electorales porque a algunos hasta les rogaron para que fueran candidatos; la inexperiencia en el ámbito político; y la inexistencia de un liderazgo, dentro y fuera del Congreso, que les marque la pauta y las formas de comportamiento en la esfera pública.

Dentro y fuera del edificio del Poder Legislativo es perceptible la desorganización interna del grupo mayoritario y el desconocimiento de las tareas legislativas por varios de sus miembros. Ambas realidades les están llevando a un temprano desgaste, que se agudiza por la lucha por el poder que mantienen varios de sus diputados, que no se conforman con ser un miembro más y buscan maneras alternas para sobresalir en lo individual.

Esa lucha interna que libra el morenismo en el Congreso del Estado, trasciende a otros Poderes, como el Ejecutivo que encabeza el priista José Ignacio Peralta Sánchez, a quien la fracción parlamentaria mayoritaria ve como un enemigo al que se debe atacar, sabotear y limitar, cuanto sea posible, en su margen de acción gubernamental.

La mala combinación de inexperiencia y ambición de poder por parte de los legisladores de Morena, trastoca la autonomía del Poder Ejecutivo, lo cual puede derivar en un conflicto permanente que imposibilite la sana relación institucional que entre ambos Poderes debería prevalecer.

Por otra parte, también del partido Morena, está un conflicto político e institucional que deberá sortear Peralta Sánchez en lo que resta de su mandato, esta vez con la delegada estatal de Programas para el Desarrollo (nombrada así por el Gobierno Federal), Indira Vizcaíno Silva.

Aunque no declarado abiertamente, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc tiene un potencial conflicto con el Gobernador del estado, por lo que no puede esperarse una tersa relación entre ambos, especialmente si se considera que Vizcaíno Silva usará el cargo federal para avanzar en sus tempranas intenciones de convertirse en la candidata de Morena a la gubernatura en 2021.

El problema para la representante del Gobierno Federal en Colima es que ni siquiera tiene oficinas en dónde ubicarse para organizar y hacer funcionar el aún impreciso encargo público que el presidente Andrés Manuel López Obrador le confirió. Y una vez que empiece a operar, ya se verán las formas y los resultados de cada una de sus acciones, porque de momento, ni la propia Indira sabe a ciencia cierta cómo y con qué va a trabajar.

Los primeros meses del presente año permitirán ver si la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo servirá para algo, sobre todo para la gente, y si su margen de acción será limitado a las acciones propias del Gobierno Federal o, en su caso, pretenderá invadir la esfera pública de la administración estatal.

También, este lapso servirá para vislumbrar el papel que jugará el gobernador Ignacio Peralta en todo este entuerto, porque tendrá que definirse entre defender con firmeza la autonomía y soberanía de su investidura o ceder autoridad ante la representante federal, que hará todo lo posible para alcanzar la candidatura gubernamental, y el propio Congreso del Estado, dominado por una mayoría inexperta, desorganizada y con hambre de poder.

Mucha política y mano firme requerirá Peralta Sánchez de aquí hasta que concluya su sexenio, en 2021, para sortear los vendavales que le esperan con un Congreso y una delegada estatal opositores a su gobierno. La lucha de poder apenas empieza.

Alcaldes inactivos

LAS autoridades municipales superan ya los 80 días de gestión, más de 2 meses y medio en el cargo que asumieron el pasado 15 de octubre. Parecería tiempo razonable para que los alcaldes ofrecieran los primeros resultados a la población, sin embargo, no sucede así.

En estas primeras semanas, los presidentes municipales navegan en la corriente inercial del desorden y la indolencia que les heredaron sus antecesores, mientras los problemas se acumulan y las necesidades se incrementan.

Sin la guía de políticas públicas bien definidas o metas específicas, los responsables de los Ayuntamientos todavía no logran imprimirle un sello personal a sus administraciones; la mayoría de los ciudadanos no advierten algo diferente, no se diga mejoras sustanciales en la prestación de los servicios públicos.

Tras el primer impulso, sustentado en la errónea idea de que el mero cambio de siglas partidistas bastaría para avanzar, los munícipes perdieron entusiasmo y dedicaron su tiempo a resolver los problemas que implican las obesas nóminas burocráticas que absorben gran parte de los presupuestos públicos.

Son escasos los avances en los cuatro municipios más grandes de la entidad: Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, donde por primera vez gobiernan partidos no tradicionales, como son Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC).

En todas esas demarcaciones es notorio el descuido de la infraestructura vial, plagada de baches y calles intransitables; los jardines y áreas verdes se encuentran descuidadas, el alumbrado público es deficiente y en algunos casos inexistente.

Particularmente en la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez (MC), donde el tránsito vehicular es denso, las autoridades ni siquiera han podido sincronizar los semáforos de las principales avenidas, lo que provoca congestionamientos, además de contaminación ambiental y auditiva.

Mientras que en Manzanillo y Tecomán (Morena), los problemas de recolección de basura son frecuentes, debido a la falta de esquemas que permitan una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con que cuentan los Ayuntamientos.

En el aspecto financiero tampoco existen señales de mejoría, por lo contrario, varias administraciones municipales tuvieron que recurrir a los préstamos a corto plazo, con el objetivo de cubrir los compromisos de fin de año con su plantilla laboral.

Cada vez más endeudados, los Ayuntamientos tapan un pozo y hacen otro; con esa dinámica terminarán asfixiados y en esa estrechez financiera será complicado invertir recursos en otras áreas prioritarias como obra pública, apoyos sociales o prevención del delito.

Justo en ese último rubro, la seguridad pública, el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, todavía no cumple con la creación de un área específica que se encargue de la prevención, disuasión y atención a delitos como el robo, tal como se comprometió en agosto pasado, ya como Presidente Municipal electo.

A partir de este año, los ediles tendrán que redoblar sus esfuerzos para cumplir con todos los compromisos que realizaron con los habitantes de sus respectivas demarcaciones, sobre todo en lo que se refiere al mejoramiento de los servicios públicos.

Varios de los actuales munícipes tienen aspiraciones políticas, todos ellos –excepto el de Cuauhtémoc, que ya se reeligió por un nuevo periodo consecutivo y en cualquier momento podría ser destituido del cargo– están en posibilidad de buscar la reelección u otro cargo, por tanto, deben mejorar su desempeño si quieren refrendar la confianza de la población, hasta ahora poco han hecho en ese sentido.

Son múltiples las problemáticas en los municipios, desde la inseguridad hasta las escasas oportunidades de empleo, si bien algunos de estos rubros no son responsabilidad directa de los alcaldes, sí pueden hacer mucho para colaborar con otros niveles de gobierno.

Ya es tiempo de que los presidentes municipales se pongan a trabajar, dejen los pretextos y busquen soluciones a las insuficiencias que persisten en todos los Ayuntamientos. La sociedad exige resultados de quienes prometieron cambios significativos, es momento de cumplir.

Poner orden

LUEGO de los lamentables hechos ocurridos el 17 de diciembre pasado, donde un agente de la Policía Estatal baleó a un adolescente de 14 años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) pidió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal tomar medidas cautelares para que los elementos policiales y vehículos que utilizan sean plenamente identificados.

Es una buena decisión del organismo defensor de los Derechos Humanos, pues desde tiempos de Mario Anguiano Moreno, se presentaron denuncias contra ese grupo especial de agentes policíacos ilegales que eran conocidos como “La Banda del Tiida”, por el auto en que se desplazaban.

El problema es que con la justificación de estar encubiertos, estos elementos cayeron en la comisión de delitos, abuso de autoridad y violación a los Derechos Humanos.

Actuaban prácticamente como delincuentes y por mucho tiempo sembraron temor entre la población, que en estos tiempos de incremento de la inseguridad, obviamente evitan detenerse cuando son interceptados por esos policías.

Y los ciudadanos no se detienen, porque esos agentes, portando armas de grueso calibre, no se identifican y viajan en un automóvil, Tsuru blanco, sin marca alguna o señalamiento de que pertenecen a una corporación policíaca.

Cualquiera los confundiría con delincuentes, como le ocurrió al grupo de jóvenes que, para su desgracia, se toparon a esos policías en su camino en diciembre pasado. Los muchachos pensaron que eran bandidos que querían hacerles daño y al tratar de huir, se encontraron con una patrulla de la Policía Estatal, uno de cuyos agentes, hoy preso, les disparó y se presentó el lamentable hecho que dejó al jovencito con graves lesiones en la columna vertebral y sin movilidad en las piernas.

Esos policías encubiertos fueron señalados en su momento y desde el anguianato se exigía que la corporación a la que pertenecían dejara de usar esas tácticas.

Incluso se vieron involucrados en un accidente automovilístico, en la autopista, el 29 de mayo de 2014, entre otras cosas que se informaron oportunamente, y muy probablemente cometieron más atropellos que no fueron denunciados.

Es fundamental que la ciudadanía vuelva a creer en sus policías y que estos realicen un trabajo profesional y por el bien de la población. Ciertamente es una labor sumamente complicada y en la que a diario exponen su vida, pero es su profesión y deben estar cada día mejor capacitados para poder responder adecuadamente.

El elemento que lesionó al adolescente y lamentablemente lo dejó inválido, había ganado la convocatoria de Policía del Año por su desempeño de diciembre de 2017 a noviembre de 2018. Sin embargo, una mala decisión echó abajo todo antecedente positivo del policía y hoy está detenido, vinculado a proceso desde el pasado 25 de diciembre.

El menor fue dado de alta el fin de semana pasado y continuará su recuperación fuera del hospital, aunque hay un daño irreversible en las piernas.

Debe este suceso servir para que de inmediato se corrijan esos errores en el actuar de los agentes policíacos y las autoridades. Como bien señala la CDHEC, esa práctica de la Secretaría de Seguridad Pública del estado pone en riesgo los Derechos Humanos de la sociedad.

Se atenta contra la integridad personal, el patrimonio y la vida de la población cuando los policías actúan sin identificación, pues quién les puede garantizar a la gente que esas personas armadas tienen buenas intenciones cuando le ordenan detenerse.

El asunto se agrava para la sociedad, cuando se desconoce la identidad de esos sujetos, por eso el organismo de Derechos Humanos destaca la necesidad de que los servidores públicos encargados de la seguridad cumplan los estándares de legalidad.

Es decir, deben portar uniformes con la placa-emblema de la institución policíaca y una credencial que acredite la identidad como elemento de seguridad adscrito. En el caso de los vehículos, deben tener logotipos o características propias que les identifique.

Además, los gendarmes tienen que cumplir los protocolos de actuación, pues por muy difícil que haya sido la persecución de esos jóvenes, no había motivo para que el agente abriera fuego y lesionara a uno de ellos.