En Solfa
HÉCTOR SÁNCHEZ DE LA MADRID
Cambiar dentro del Estado de Derecho
Miércoles 09 de Enero de 2019 7:36 am
AL romper el PAN la hegemonía del PRI en 2000, que por 71 años había conservado la Presidencia de la República, se esperaba un cambio en el sistema político que había prevalecido durante poco más de siete décadas, aunque respetando la división de Poderes y las instituciones creadas. Lo primero no sucedió, ya que en el sexenio de Vicente Fox Quesada, así como en el régimen panista de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, continuó el mismo esquema político de sus antecesores, incluido el buen trato a las otras fuerzas y organismos establecidos; quizá bajó la corrupción y malos manejos. Por su parte, los militantes del partido que fueron sacados de Los Pinos (expresión que con la nueva administración federal cayó en desuso), los fundadores del tipo de gobierno mexicano, se adaptaron a su nueva posición y contribuyeron al funcionamiento del Estado y sus instituciones. Al regresar los tricolores a la Primera Magistratura, el viejo sistema político fue fortalecido, sobre todo en el aspecto negativo, particularmente en lo referente a la corrupción, cuando lo que se necesitaba era renovarlo, cortarle las partes podridas que amenazaban gangrenar al cuerpo entero. La oportunidad de oro que tuvo Enrique Peña Nieto al volver a su partido al Poder Ejecutivo la convirtió en un búmeran que le asestó al mismo un golpe que podría ser mortal si sus miembros distinguidos no aprenden la lección y cambian sus procedimientos políticos y partidarios de tajo. Qué harán los priistas y los panistas para recomponerse después de la insospechada paliza que recibieron en los comicios de 1 de julio del año anterior es problema de ellos, aunque lo que realicen definitivamente repercutirá en el rumbo y destino que tome nuestro país para las siguientes décadas. Mientras tanto, los ganadores de las elecciones pasadas y ahora posesionados de la Presidencia de la República y las Cámaras de Senadores y Diputados, así como de más de la mitad de los Congresos locales, en los cuales tienen mayoría, no han tenido el mismo comportamiento que sus precedentes. En efecto, el integrante del tercer partido político (Morena) que asciende al cargo público más importante del país, al igual que sus compañeros de las representaciones legislativas federales y estatales, han desestimado al Poder Judicial y a muchas de las instituciones que le dan forma y sentido a la Nación. Si las más altas autoridades de México no respetan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la división de Poderes, la autonomía de los organismos y la soberanía de las entidades, como ha estado sucediendo desde el 1 de diciembre, caeremos en el retroceso o en el autoritarismo. Se puede gobernar a un país con ocurrencias, diciendo un día una cosa para cambiarla al día siguiente, haciendo compromisos y deshaciéndolos, anunciando proyectos sin haberlos pensado y planeado antes, prometiendo acabar con la corrupción y amnistiando a los corruptos, sí, pero le hará un daño enorme, inconmensurable. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la responsabilidad, la obligación y la oportunidad de cambiar gran parte de lo malo que hay en México, de combatir la corrupción (de arriba a abajo como lo prometió), de disminuir la pobreza (distribuyendo mejor la riqueza), de crear empleos (de calidad y bien remunerados) y de fomentar la inversión privada (no ahuyentarla cancelando proyectos y contratos adquiridos con anterioridad), sin embargo, todo eso y más lo tendrá que hacer dentro del Estado de Derecho, no fuera del mismo.
