Jueves 10 de Enero de 2019 7:31 am

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LARGAS filas de automóviles, algunas de más de 2 kilómetros, en estaciones de gasolina a la espera de cargar combustibles, en nueve estados del país, a los que se sumó, el martes, la Ciudad de México, donde las compras en tumulto agudizaron un desabasto que puede hacer crisis.

Ahí, el combustible se ha racionado a 20 litros por cliente, apenas para unas horas de circulación, en el mejor de los casos. En algunos expendios, se han detectado casos de despachadores que piden dinero para venderles más de 20 litros a quienes lo requieren; en varias más, ha habido peleas entre consumidores.

En la zona metropolitana de Guadalajara, la escasez es tanta que el patrullaje policíaco disminuyó en un ambiente de violencia e inseguridad crecientes. En Ciudad Netzahualcóyotl, policías patrullan ahora en bicicleta. En las entidades donde el desabasto afecta, los servicios médicos de emergencia y Bomberos podrían entrar en crisis. Se daña la economía, porque se retrasa o se paraliza el transporte de mercancías y el suministro de éstas a los centros de distribución y consumo.

De persistir el problema, actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y educativas, entre otras, podrían trastocarse. Los servicios de transporte urbano y foráneo tenderían a paralizarse. Ayer, miércoles, circuló información de que el aeropuerto de Querétaro, uno de los más importantes del país, suspendió vuelos por falta de turbosina para los aviones; horas después, se desmintió la especie. La navegación marítima también está en riesgo, si entre los combustibles de distribución lenta se incluye al combustóleo para los motores de barco; lo mismo sucedería con la electricidad que se genera en la termoeléctrica de Manzanillo.

No es que falten gasolina, dísel y otros carburantes en el país, sino que el problema es la deficiente y lenta distribución que Pemex ha puesto en práctica para atacar el huachicoleo y otras formas de robo de combustibles. Como los ductos en que se envían las gasolinas eran “ordeñados” por las bandas de ladrones en al menos seis entidades, principalmente en el altiplano, la empresa del Estado los cerró y ahora manda los productos en camiones cisterna, que tardan mucho más en llegar a su destino y multiplican los riesgos de percances graves en las carreteras.

“No hay desabasto” porque hay suficientes carburantes, ha dicho el presidente Andrés López Obrador. Hay producción (e importación), de modo que en almacenes se dispone de gasolinas y dísel, pero desabasto sí ocurre, porque es insuficiente el suministro a las estaciones de venta.

Las tuberías de distribución fueron reabiertas el lunes y de inmediato los huachicoleros comenzaron a “ordeñarlas”, por lo que Pemex las cerró de nuevo. Eso indica que el abasto en pipas continuará en tanto el Gobierno Federal no encuentre cómo enviarlo por ductos sin que haya robo. Ha controlado el saqueo dentro de Pemex –se robaban combustible por más de mil carros cisterna al día, según el Presidente–, pero a cambio se ha alterado el abasto a los consumidores y se corre el riesgo de que se agudice y se paralicen segmentos de la economía.

La intención de López Obrador es buena. Su objetivo de acabar con el robo a Pemex es correcto, pero los estrategas del cómo hacerlo han fallado y están afectando e irritando a la población. 

Amplias redes de complicidad dentro de Pemex y fuera de ahí, que van desde funcionarios y técnicos petroleros hasta huachicoleros y policías, así como empresarios gasolineros y lavadores de dinero, afuera, son el tejido del problema. Incluso, un general del Ejército, cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto, de quien fue jefe de escoltas y luego encargado de seguridad de ductos en Pemex, es investigado, informó el Presidente, por el saqueo a la petrolera. Aún no hay resultados de las indagatorias. El lodazal y la podredumbre que hay en el saqueo a Pemex se deben terminar y se debe apoyar a López Obrador en esta acción, que debe llegar a los niveles más altos involucrados en el robo y también a los cómplices distribuidores.

Se han ahorrado varios miles de millones de pesos en unos días, según datos del Mandatario, y eso es bueno, pero ha sido a costa de la escasez. López Obrador ha pedido paciencia. Tiene razón, pero la gente tampoco tendrá mucha si debe sacrificar su movilidad o su negocio lícito. Debe encontrarse rápido una forma de reabrir con seguridad las tuberías de suministro antes de que el desabasto haga crisis y afecte la buena intención presidencial.

¿Corrupción en el NAIM?

EN la edición del lunes 7 de enero, el periódico El Universal publicó de nota principal que la Policía Federal (PF) detectó una presunta corrupción por 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, la cual era investigada por autoridades federales.

El periódico se basó en documentos a los que, según dijo, tuvo acceso, que involucran al ex director general de Obra del NAIM, Raúl González Apaolaza, y al ex director general de Administración, Carlos Noriega. También, advierten la necesidad de investigar los bienes del ex director general del GACM, Manuel Ángel Núñez Soto.

El Universal aclaró que el documento es un “informe confidencial” fechado en noviembre de 2018, el cual detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas con el monopolio de viajes de carga y la compra de material que no se dieron en las mejores condiciones de precio, cantidad y financiamiento.

Derivado de la investigación iniciada por el Órgano Interno de Control (OIC) del GACM en enero de 2018, a cargo de su entonces director Federico Patiño, la PF realizó diligencias para indagar delitos de alto impacto, como la compra irregular sin contratos previos de tezontle y basalto a empresas y sindicatos vinculados con Raúl González. 

El resultado fue que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a los 17 mil 500 millones de pesos, mediante el monopolio de viajes de carga y la compra de materiales, al grado que según testimonios de trabajadores de la obra, su ingreso al terreno sólo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.

Además del OCI del GACM, el documento en cuestión fue entregado a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República. El Universal refiere que el ex director del GACM, Federico Patiño, aclaró que él no ordenó la investigación, pero que sí recibió un documento no firmado, el cual envió al OIC. En tanto, dice el periódico, “la autenticidad del reporte fue verificada con la encargada de investigación, cuyo nombre se resguarda por razones de seguridad, en la propia Policía Federal. Además, la oficial a cargo de la indagatoria envió copia del informe al entonces comisionado nacional de Seguridad Nacional, Renato Sales, quien confirmó a El Universal que lo recibió y ordenó dar vista a la PGR”.

Al respecto, durante la conferencia de prensa matutina del mismo lunes en que se publicó la nota, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los documentos a los que alude el periódico son parte de una denuncia anónima, pero no hay elementos de prueba ni tampoco la PF presentó querella. Sin embargo, aseveró, el asunto será investigado.

El Gobierno Federal tiene ante sí un posible caso de corrupción que debe indagar y castigar de manera ejemplar, conforme a la ley, pero también de acuerdo a las expectativas sociales que ha creado para frenar y sancionar este flagelo que mucho ha lastimado a las instituciones mexicanas.

Comprobar compras irregulares en el área de la construcción no es difícil, menos para la administración federal que tiene instancias y peritos en ese tipo de auditorías. Quien quiera que haya cometido un robo en la construcción del NAIM en Texcoco, tiene que ser detenido y recibir el castigo que la ley imponga. No puede ni debe López Obrador dejar pasar este posible caso de corrupción. Y si no es tal, deberá aclararlo plenamente ante la opinión pública.

Aun cuando especialistas insisten en que no es acertada la decisión de López Obrador de cancelar el proyecto del NAIM en Texcoco y difícilmente cambiará de opinión –aunque sería correcto que lo hiciera–, es correcto el viraje que dio el Presidente para que no sean las mismas empresas constructoras de Texcoco las que ejecuten el proyecto en Santa Lucía, pues de sostenerse en ese primer dicho habría aceptado la posible corrupción de empresarios, a la que él mismo ha aludido en varias ocasiones, en cuanto a que pudiera existir en lo que se ha avanzado de la edificación.

El NAIM en Santa Lucía será ejecutado por ingenieros militares, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá a su cargo la obra. Sin embargo: ¿Hay capacidad técnica en la Sedena para construir esa gran obra civil?

Solos vs inseguridad

LA recuperación de los índices de seguridad es una de las principales demandas de la población de Colima desde hace años, pues la ausencia de condiciones adecuadas para garantizar la integridad de las personas y sus bienes ha causado deterioro en la calidad de vida.

No obstante, desde el 1 de diciembre del año pasado, fecha de inicio del nuevo Gobierno Federal, dejó de funcionar en la entidad el Operativo Escudo Titán, mediante el cual, elementos de la Gendarmería de la Policía Federal realizaban tareas de patrullaje y combate a la delincuencia.

Igualmente, según lo confirmó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, fue suspendido el Operativo Acolman, mismo que incluía la presencia de militares en diversas regiones de la entidad. Tampoco se aplica ya la estrategia Municipios Prioritarios, tendiente a reducir la violencia en ciertas regiones del país.

Resulta lamentable que, no obstante la baja en los principales registros de incidencia delictiva gracias a esos operativos hoy cancelados, Colima ya no tenga el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir a la delincuencia, sobre todo en su modalidad organizada.

Es conocido el hecho de que el puerto de Manzanillo, por su intenso movimiento de mercancías, resulta atractivo para los cárteles de la droga y por eso han instalado células en el territorio estatal, lo que provoca enfrentamientos y violencia.

Con todo, la administración federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, rechazó darle continuidad a los operativos que, al menos en Colima, estaban dando buenos resultados, pues los homicidios dolosos registrados en 2018 se redujeron 10 por ciento, en relación a 2017.

El Mandatario estatal asume una posición correcta al cuestionar la suspensión de los operativos contra el crimen; igualmente acierta en su propósito de solicitar la reactivación de dichas estrategias, pues la problemática en materia de inseguridad requiere medidas extraordinarias.

La coyuntura exige posiciones firmes del representante del Poder Ejecutivo en Colima, por lo tanto hace bien al señalar que de no encontrar respuesta en el Gobierno Federal, la administración estatal diseñará unilateralmente su propia estrategia de seguridad.

Han transcurrido varias semanas desde el inicio del gobierno lopezobradorista, por lo tanto ya debería existir coordinación con las autoridades de los estados con altos índices de criminalidad, como es el caso de Colima. La indecisión de las autoridades centrales está agudizando el problema.

Esta semana, el portal de noticias Animal Político difundió datos respecto al mapa de violencia elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en la que considera al estado de Colima una zona de alto riesgo, particularmente en las regiones de Colima y Manzanillo.

Por tanto, se tiene contemplado que en dichos municipios se desplieguen elementos de la Guardia Nacional, una vez que dicha corporación de carácter militar, sea aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión, así como por la mayoría de los Congresos estatales.

Sin embargo, no hay certeza de que pronto sean aprobadas las reformas constitucionales que otorgan certeza jurídica a la operación de la Guardia Nacional, por lo tanto y mientras eso sucede, el Gobierno Federal tendría que destinar efectivos militares a las zonas de la entidad que ya tiene detectadas como de alto riesgo.

La garantía de seguridad para los ciudadanos no debe estar sujeta a vaivenes políticos, por eso resulta cuestionable que el cambio de Gobierno de la República haya trastocado los operativos que se venían realizando desde hace 2 años en Colima.

Durante su participación en las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, en San Lázaro, en la Ciudad de México, el gobernador Ignacio Peralta respaldó la creación de esa corporación militar, pero respetando la soberanía de los estados. Y demandó que se definan los ámbitos de cada nivel de gobierno para evitar confusiones y se precisen las funciones de la nueva corporación.

Tal apoyo a la estrategia del López Obrador debería ser reconocida, por lo pronto, con el envío de elementos que contribuyan al combate a la delincuencia, pues de momento, las autoridades centrales han dejado solo a Colima.

A la Postre

BUEN trabajo realizó la Fiscalía General del Estado a cargo de Gabriel Verduzco Rodríguez, en las indagatorias y aprehensión de tres probables responsables (dos hombres y una mujer) del condenable homicidio del que fue víctima una mujer de 86 años de edad, el 1 de enero de este año, al interior de su domicilio, en la calle 27 de Septiembre, de esta capital.

La investigación todavía no concluye, pues las autoridades consideran que este grupo de individuos pudiera ser el mismo que cometió otros robos a personas adultas en sus casas, así como en el crimen del que fue objeto una mujer de 92 años de edad, que vivía sola, en hechos registrados el 1 de diciembre pasado, también en la zona centro de esta ciudad.

Que la ley se aplique contra quienes cometieron estos atroces asesinatos, es lo que corresponde por justicia a las víctimas y sus familias, pero también es lo que exige la sociedad, cansada ya de tanto ser lastimada por la delincuencia organizada como por la común, por gente sin valores ni principios, como es el caso.

En el limbo de la indefinición legal desde que se comenzó a construir, el Tercer Anillo Periférico está a cargo del estado, no de los municipios, pero éstos (Villa de Álvarez y Colima) intervienen como les viene en gana multando a automovilistas, pero no se hacen cargo del control integral de esa vía rápida, ni el estado se los entrega.

Los alcaldes Leoncio Morán, de Colima, y Felipe Cruz, de la Villa, deben asumir el control del tránsito y la administración de la vialidad, así como el mantenimiento de las señales de tráfico y la iluminación. Eso mediante un acuerdo con el gobierno estatal.

Ahora, en la indefinición, lo que tenemos es una vía rápida sin control, mal iluminada, deficientemente señalizada, sin pasos peatonales seguros, con muchos conductores irresponsables yendo a altas velocidades y una cantidad de accidentes que a pesar de su elevado número no parecen preocupar a las autoridades.

Un accidente grave tuvo lugar el domingo por la noche, debido al exceso de velocidad. No hubo pérdidas de vidas humanas, pero sí la evidencia de que Zentralia tiene que construir un muro de contención que prevenga hechos fatales en esa zona.

Tampoco nadie se hace cargo de cuando menos limpiar el tramo lateral de acceso a Zentralia viniendo de oriente, el cual de por sí es riesgoso para el tránsito vehicular.

Precisamente por conducir a exceso de velocidad, la tarde del sábado pasado, el regidor de Morena del Ayuntamiento de Colima, Rafael Briceño Alcaraz, chocó con exceso de velocidad en la avenida Felipe Sevilla del Río a un auto que cruzaba desde Jesús Ponce a velocidad permitida. El Regidor manejaba un auto Mustang y le fue imposible frenar por la rapidez prohibida a la que se desplazaba. De milagro no hubo heridos de consideración. Sin embargo, el Regidor violó varias normas legales del Reglamento de Tránsito Municipal, pues abandonó el accidente al retirarse del lugar para supuestamente recibir atención médica.

En el video donde pretende defenderse, no da a conocer el nombre de la clínica a la que presuntamente fue a atenderse, ni informa cuáles lesiones sufrió. Negó estar alcoholizado, pero no se hizo el examen de alcoholemia; si ahora lo presentara, ya no sería válido. Su único argumento fue el de que no iba ebrio porque no hacía “eses” al momento del choque, cuando en realidad no tuvo reflejos para frenar o evadir al otro carro.

Hasta sus compañeros de partido, como la coordinadora de la bancada de Morena, Jazmín García Ramírez, reprobaron la acción de Briceño Alcaraz, por la irresponsabilidad de retirarse del lugar sin importarle el estado de salud de las personas que viajaban en el otro vehículo. Por su parte, el alcalde Leoncio Morán, al abordar el caso, se mostró timorato, al no mencionar el nombre del regidor Rafael Briceño Alcaraz. Al pan, pan, y al vino, vino. El Edil debe ser claro y definido en sus declaraciones, más en el caso de un funcionario municipal que viola la ley.

La indefinición del presupuesto federal para el Programa de Desayunos Escolares en 2019, es un golpe a la enseñanza formal de menores en situación de vulnerabilidad, pues está diseñado para que lo reciban estudiantes de familias de escasos recursos. En Colima, son 39 mil estudiantes de 502 escuelas de educación básica en la entidad, los beneficiarios.

De momento y en espera de que el programa se normalice, el gobernador Nacho Peralta anunció que, con recursos propios, la administración estatal hará frente a este compromiso federal durante las primeras 2 semanas de inicio del ciclo escolar.

El Gobierno Federal tiene que recapacitar y apoyar a este programa, por el bien de los niños.