Huérfanos(as) por el feminicidio
ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA
Viernes 11 de Enero de 2019 7:29 am
LA Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de publicar un estudio que arroja resultados sumamente alarmantes, refiriéndose a los feminicidios ocurridos en 2017. Según esta Organización, fueron asesinadas 87 mil mujeres en todo el mundo. Haciendo cálculos precisos, serían 137 por día y 6 por cada hora. El mismo estudio revela que las razones principales que arguyen los feminicidas para cometer sus crímenes, son celos excesivos y el miedo al abandono; además, cinco de cada 10 victimarios manifiesta no sentir ninguna empatía por su víctima, y tres de cada 10, ningún remordimiento. Recalcando, además, lo que ya es de sobra conocido, que estos hechos son perpetrados principalmente por parejas, ex parejas o personas del entorno familiar de las víctimas. “El hecho de que las mujeres sigan siendo afectadas en un grado mayor que el de los hombres, es un indicador que alerta del desequilibrio en las relaciones de poder entre ambos sexos dentro de los terrenos del hogar”, manifestó Ángela Me, directora de estadística de la ONU. Lo anterior nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Qué sucede con las y los huérfanos de las madres asesinadas? ¿Qué medidas toma el Estado para asegurar que estén bien? ¿Cuántos menores se encuentran en estos momentos en esa situación y cuál es su realidad actual? Nadie sabe, y las autoridades no quieren informar. Todo mundo repara en que la víctima es la mujer asesinada y es totalmente cierto, pero poco se detiene a reflexionar en que estos hechos llevan consigo una serie de reacomodos familiares, y que cada persona que es trastocada por el asesinato de una mujer, sea madre o no, también es víctima y se le debe ubicar en la misma categoría y, por ende, otorgarle un tratamiento igual. Las autoridades dan por hecho que si existen huérfanas(os) a consecuencia de un feminicidio, siempre está la familia para hacerse cargo, o alguna institución gubernamental tipo orfanatorios, que sabemos, no reúnen los requisitos para cubrir todas las necesidades y que sólo se ocupan de mantenerlos con lo materialmente indispensable, descuidando lo primordial, que sería el estado emocional y de abandono. Cualquier ausencia es grave, pero la de una madre se torna mayor, pues nadie, ni siquiera la familia, sustituirá a quien otorga la vida y desde ahí derrama cuidados y cariño para un desarrollo sano, en la pretensión de formar personas de bien. Claro que cada situación es única y especial, pero lo que se está cuestionando aquí es el hecho y las consecuencias, más allá de situaciones particulares. Cada vez que se presenta un feminicidio, la familia tiene que vivir un verdadero calvario para que se haga justicia respecto a la víctima directa, y en la mayoría de los casos se les va la vida en ello; de ahí que la prioridad se centra en la mujer y no en quienes quedan en desamparo y sobrellevando, “como pueden”, su irreparable pérdida. Nadie repara en que los daños psicológicos de estas víctimas colaterales, si no se les atiende de manera oportuna y adecuada, se estará corriendo el riesgo de engendrar actitudes y conductas que perjudiquen en un futuro tanto a la familia como a la sociedad, pues si se realizara un estudio serio sobre este rubro, descubriríamos que muchas personas que delinquen, seguramente tienen un pasado plagado de injusticias en su historia de vida. Hay un trecho largo por hacer en este sentido. El llamado sería a los tres Poderes involucrados en procurar el bienestar de la ciudadanía. Uno legislando, para que exista la obligatoriedad en atender puntualmente y de manera integral a todas las víctimas de feminicidio. Otro, el Judicial, siendo imparcial en la procuración de justicia y que ésta sea para todo mundo, sin que medien favoritismos por cuestiones de género; por último, el Ejecutivo, ordenando acciones contundentes para que el tema de los feminicidios no sea uno más de las estadísticas que, día con día, aparecen en los periódicos locales y nacionales. *Ex secretaria de Mujeres de Morena Colima
