Seguridad, urgencia

Lunes 14 de Enero de 2019 7:35 am

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ENFRENTAR el problema de la inseguridad pública y la violencia criminal, es un asunto urgente. Es labor que no debe postergarse, pues de lo contrario, crecerá más y sin medida ni control posible.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía carece de una estrategia definida, de planes concretos y hasta ahora se ha limitado a dividir el país en poco más de 200 zonas o regiones consideradas prioritarias en las acciones contra la delincuencia. Y también de momento, Ejército y Marina se encargan de coordinar y llevar a cabo la lucha contra las organizaciones criminales.

En la Cámara de Diputados se postergó legislar para la creación de la Guardia Nacional, sobre un dictamen que estaba listo en diciembre. La semana pasada, se realizaron foros de consulta, en tanto diversas voces se oponen a la creación del organismo que, conforme a la nueva propuesta de López Obrador, será coordinado por un civil, no por militares, y fuerzas castrenses del Ejército y la Marina, así como de la Policía Federal, que la integrarán, pero no serán el mando final.

A la par, sin que la GN esté autorizada aún por el Congreso de la Unión, el Presidente lanzó la convocatoria verbal a jóvenes civiles a integrarse al organismo. A pesar de que no existen fundamentos legales ni estrategia alguna, se pretende comenzar el reclutamiento. Tampoco se sabe quién estará a cargo de atender a los solicitantes, evaluarlos y capacitar a quienes se seleccione; ni se conocen los requisitos para ser parte de esta fuerza policíaca militar.

Hay buenas intenciones, planes, proyectos, ideas. Nadie hay, en cambio, que pase a la práctica, que organice y trabaje en concreto y con objetivos claros. Y no puede haberlos mientras falte el sustento legal de la Guardia Nacional.

Un sector del morenismo y de quienes alentaron a votar por Andrés Manuel se preguntan a qué se debe el giro que dio una vez que asumió el cargo, pues en campaña –reprochan– prometió que regresarían los militares a los cuarteles.

En efecto, dio un giro y corrigió su postura de campaña y de años de propaganda y crítica a los anteriores gobiernos. Entendió que sin los militares, atacar la inseguridad y la delincuencia organizada es imposible. Son imprescindibles en esa labor, dijo cuando habló de crear la Guardia Nacional. Tiene razón. Sin embargo, cambió su decisión y promesa originales. Tampoco es una garantía el que un civil esté al frente de las corporaciones, planes y programas ni es un aval de respeto a los Derechos Humanos.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, al participar en los foros en la Cámara de Diputados, dijo estar a favor de la Guardia Nacional, a la vez que demandó claridad de objetivos e integración de los órdenes de gobierno, así como de respeto a la soberanía estatal. Igualmente, exigió coordinación para no traslapar los esfuerzos y que se respete a las corporaciones locales.

Colima padece la confrontación de tres grupos delictivos, el de Jalisco, el de Sinaloa y los remanentes de las bandas de Michoacán que vinieron a refugiarse a Tecomán cuando aparecieron allá las Autodefensas. La guerra de criminales se da sobre todo por el control del puerto de Manzanillo como punto nodal del tráfico de drogas y precursores químicos para elaborar las sintéticas. Hasta ahora, la revisión de contenedores en el puerto por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido insuficiente; sólo eventualmente se atajan envíos de sustancias ilícitas en la aduana.

Urge la creación de la Guardia Nacional, pues como lo expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el colimense Mario Delgado Carrillo, cada minuto y hora que pasan sin ese organismo, hay gente que muere por la violencia incontenida de los grupos criminales.

En tanto, en Colima y otros estados críticos, el Gobierno Federal no debe dejar solos a los Gobernadores. A partir del 1 de diciembre del año pasado, al cambio de Presidente, se cancelaron los operativos Escudo Titán y Acolman, así como otro más implementados por la Federación para ayudar a Colima. Lograron bajar los índices de homicidios dolosos. Ahora, se corre el riesgo de repunte, pues el combate a los grupos delictivos ya no es tan fuerte, aunque persiste. La delincuencia organizada es materia federal y es necesario que, mientras se forma la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Policía Federal y corporaciones municipales y estatales se coordinen para trabajar y se reinstalen los operativos que tuvieron buenos resultados.

Los diputados que critican las peticiones de los Gobernadores anuentes a la Guardia Nacional, lo hacen desde sus cómodas curules, recibiendo altos sueldos por hacer poco, casi nada, sin padecer, como lo hacemos los colimenses, la inseguridad y la violencia. Urge la Guardia Nacional y, en tanto, que el apoyo federal regrese a nuestro estado.

Cruzada necesaria

EL Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una feroz estrategia contra el robo de gasolina. Son ya varios días de acciones que buscan frenar la “ordeña” de los ductos de Pemex que transportan hidrocarburos a las terminales de almacenamiento.

Sin embargo, a la par de esa legítima y necesaria cruzada, varias entidades del país han sido afectadas por el desabasto de combustibles, debido a que éste se transporta en pipas, no a través de los oleoductos, como tradicionalmente lo hacía Petróleos Mexicanos.

De acuerdo a las cifras oficiales, el robo de combustible, coloquialmente llamado huachicoleo, representa la segunda fuente de ingresos para la delincuencia organizada, solamente detrás del trasiego de drogas, un delito que sí ha sido perseguido desde hace años, aunque infructuosamente.

Pemex afirma que en 2014, en el país existían 3 mil 635 tomas clandestinas; la cifra se incrementó a 5 mil 252 en 2015, y subió a 6 mil 873 en 2016. En 2017, el número ya era de 10 mil 363, y al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, llegaron a 11 mil 240.

El entonces director de la empresa petrolera, Carlos Treviño, afirmó que en 2018 solamente el huachicoleo dejaría pérdidas por 35 mil millones de pesos, un enorme boquete financiero justo cuando Pemex requiere de cantidades ingentes de recursos para recuperar la productividad.

Los estados con mayor presencia de tomas clandestinas son Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México y Jalisco; también son las entidades que han registrado problemas de desabasto a partir de que comenzó la estrategia contra el huachicoleo.

Tales datos son escandalosos, muestra de la inoperancia de las autoridades federales, quienes se hicieron de la vista gorda ante el descarado saqueo. La impunidad con que operan los delincuentes convirtió el robo de gasolina en un lucrativo negocio.

Por eso, la campaña emprendida por el Presidente es correcta, tenía que hacerse; ya era momento de que el Gobierno Federal persiguiera no sólo a los responsables de la “ordeña” de ductos, sino a empresarios que compran el producto robado y a los funcionarios que los han protegido.

En los detalles de la estrategia hay puntos cuestionables, pues la suspensión total del transporte de gasolina a través de los ductos afecta a millones de automovilistas, quienes ven alterada su rutina e incluso se ponen en peligro sus fuentes de empleo.

La administración lopezobradorista tendría que buscar alternativas para minimizar dichas afectaciones, la sociedad no puede sufrir las consecuencias; porque además, el desabasto de combustible pone en riesgo la actividad comercial, industrial y en general afecta al sector productivo.

En su conferencia matutina del jueves, López Obrador anunció que elementos militares vigilarán más de mil 600 kilómetros de ductos, lo deseable es que con esa medida se reabra la infraestructura que permite el rápido traslado del combustible. También dijo que se han congelado cuentas bancarias de algunos detenidos, temas de los cuales, adelantó, hoy dará un reporte.

Junto con la reactivación de los ductos, una vez que se garantice su vigilancia, el Gobierno Federal tendrá que diseñar medidas complementarias que terminen el desabasto; no es posible combatir un delito a costa del bienestar de la sociedad.

Pero además, en una segunda etapa de su cruzada, la administración federal tendrá que investigar a los empresarios y servidores públicos que se beneficiaron con el robo de combustible, pues éste no es un asunto privativo de delincuentes comunes, sino también de los llamados “de cuello blanco”.

De poco servirá el sacrificio que hacen los mexicanos afectados por el desabasto, si únicamente se actúa de manera coyuntural. Tiene que castigarse a los múltiples responsables, una vez que se compruebe la participación ilegal, como se ha dicho, de servidores públicos y personajes de la vida empresarial.

Los mexicanos debemos respaldar al Presidente en el combate al huachicoleo, pero toca a las autoridades responder con resultados. Si logra abatirse este delito, significará un parteaguas en la vida pública nacional, pues quedará demostrado que sociedad y gobierno sí pueden resolver los grandes problemas que aquejan al país.

Gobierno insensible

CONTRARIO a lo ofrecido en campaña, en el poco tiempo que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha distinguido por apoyar a diversos sectores sociales y productivos del país, al contrario, se han anunciado medidas que van en detrimento de ellos.

Hay dos casos significativos: la disminución de programas de apoyo al campo y la falta de recursos federales para la operación del programa Desayunos Escolares.

El Gobierno del Estado inició la entrega de Desayunos Escolares con recursos propios, para que no se frene el apoyo a más de 39 mil estudiantes en la entidad. Esto, mientras el Gobierno Federal define el presupuesto del programa para Colima, según informó la presidenta del DIF Estatal, Margarita Moreno.

Desayunos Escolares atiende a niños y adolescentes que asisten a 502 escuelas oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, de los 10 municipios del estado.

Es inadmisible que por la falta de definición del gobierno lopezobradorista, miles de niños colimenses se queden sin recibir este apoyo de un menú de 20 platillos de comida caliente, diseñados con base en los criterios de calidad nutricional.

No es posible que esos niños y jóvenes se queden sin Desayunos Escolares mientras el Presidente y su Gobierno decide cuándo, cuánto y cómo va a enviar el dinero para ese programa.

Se suma esto a una serie de yerros del Gobierno Federal que han afectado a distintos sectores sociales y productivos, que confirma que el lema de campaña, “Primero los pobres”, se quedó en el discurso.

En cuanto al agro nacional, el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Agustín Morales Anguiano, informó que este año, los programas del campo que son concurrentes con recursos federales tuvieron una reducción de 20 por ciento respecto de 2018.

También, el presidente de la Confederación Nacional Agronómica, el colimense Alfredo López Valdovinos, ha señalado que el programa Extensionismo se redujo, igual que los honorarios para los extensionistas y eso afectará al sector.

Lamentó la reducción en el presupuesto para apoyos al campo, porque muchos agrónomos laboran ayudando a los productores a acceder a recursos federales y ahora se ha anunciado que no habrá reglas de operación para tener acceso a alrededor de 129 mil millones de pesos, lo que puede ser bueno para los productores, pero afectará a miles de agrónomos del país.

Coincidió con el titular de la Seder, al señalar que inclusive no se habían contemplado recursos de concurrencia con las entidades federativas, aunque finalmente se respetaron 2 mil millones de pesos para eso, soportados particularmente por la Ley de Desarrollo Sustentable que todavía está vigente, aunque nadie puede garantizar que eso no vaya a cambiar.

Así es que en el campo no sólo se afectará directamente a los productores y jornaleros, también a los agrónomos. En Colima son 600 afiliados a la Confederación, mientras que a nivel nacional son 120 mil.

La educación es otro rubro trastocado por la Federación. Está fresco aún el intento de reducir el presupuesto a las universidades públicas del país, mismo que fue corregido por López Obrador ante la ola de críticas y protestas de instituciones educativas. Las que sí han sufrido recortes son las becas para investigación y apoyos del Conacyt, según se ha denunciado.

Otro sector afectado es el de los trabajadores del Gobierno Federal. Ha habido despidos de personal de confianza de varias dependencias, como 3 mil en el ISSSTE. En tanto que el SAT ha procedido a solicitar renuncias de empleados en varios estados del país.

Así va el Gobierno Federal, entre yerros que cuestan miles de millones de pesos al país, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el desabasto de gasolina y decisiones que atentan contra la economía y estabilidad de millones de familias mexicanas, que sufren el contraste entre el discurso esperanzador de campaña y la realidad al gobernar.

Promesa incumplida

HAN transcurrido 3 meses y 14 días desde que entró en funciones la 59ª Legislatura local, con mayoría de Morena, partido que junto con el PT y el desaparecido PES, conformaron la coalición Juntos Haremos Historia que como tal compitió en el proceso electoral de 2018 y que en campaña prometieron los entonces candidatos, entre otras cosas, disminuirse los salarios a la mitad y acabar con privilegios onerosos para las arcas públicas.

Sin embargo, pasa el tiempo y la fracción mayoritaria no se atreve a presentar la propuesta de ley para disminuir sus “dietas” y cancelar algunas de las múltiples canonjías que tienen los diputados locales, como vales para gasolina, pago de telefonía celular, fondo de ahorro, dinero extra por presidir una comisión y otro tanto más por pertenecer a un grupo parlamentario.

El sábado 5 de enero, la entonces coordinadora de Morena, Jazmín García Ramírez –renunció a la bancada el pasado viernes–, anunció en conferencia de prensa, que procederían a reducir salarios y prestaciones de los legisladores en 61 por ciento. Para ello, dijo, eliminarían los 10 mil pesos que reciben en vales de gasolina, los 5 mil pesos para telefonía celular y los 15 mil pesos que aporta el Poder Legislativo al fondo de ahorro de los tribunos; además, bajarían su “dieta” de 77 mil pesos brutos actuales a poco más de 50 mil pesos, “como el salario de los secretarios del Gabinete estatal”.

García Ramírez indicó que la propuesta sería presentada ante la Comisión de Gobierno Interno que entonces presidía y complementan los coordinadores de los grupos parlamentarios del PT, PRI, PAN y PVEM, en reunión que sostuvieron el miércoles 9 de enero, para posteriormente llevarla al Pleno. Pero eso no pasó. El tema no se abordó en la reunión de la Comisión de Gobierno Interno ni en el Pleno, en la sesión del jueves 10 de enero.

Lo que sí hubo fue una protesta de militantes y simpatizantes de Morena, el mismo jueves, antes y durante la sesión legislativa, motivada por el incumplimiento de la fracción mayoritaria de rebajarse salario y prerrogativas.

Toda la razón les asiste a los manifestantes, que no hacen otra cosa que demandar a sus representantes populares el cumplimiento de compromisos adquiridos, máxime tratándose de miembros de un partido que, precisamente por ese tipo de propuestas, logró ganar muchas posiciones políticas, entre ellas la más importante, la Presidencia de la República.

Si en el nivel federal, el Ejecutivo y el Legislativo están cumpliendo el compromiso de reducir gastos en salarios y privilegios a los funcionarios públicos de los más altos niveles, e incluso el Poder Judicial accedió a sumarse a esta cruzada, es inconcebible que aquí, los diputados locales morenistas sigan reacios a cumplir un compromiso de campaña que ellos mismos asumieron cuando pedían el voto.

Muy mal se ven cuando no ponen el ejemplo de austeridad que sí demandan al Gobierno del Estado -que implantó severa austeridad desde que asumió la gubernatura José Ignacio Peralta Sánchez- y organismos descentralizados por medio de la Ley de Austeridad aprobada en el Congreso local en diciembre pasado. Una norma está bien que exista, pero para todos, no con la excepción del Poder Legislativo, que en el Presupuesto de Egresos para este año no sufrió ninguna disminución respecto de lo que gastó el año pasado.

Para el Poder Ejecutivo, esa ley no es otra cosa que respaldar lo que ha venido haciendo desde que empezó su gobierno Ignacio Peralta, aplicando medidas de racionalización del gasto público en todos los rubros.

En cambio, Morena en el Congreso le sigue dando vueltas al asunto, por eso la declaración de su nuevo tercer coordinador, Vladimir Parra Barragán, respecto a que no han presentado la propuesta de disminución de salarios y desaparición de prebendas porque la “están consensuando” con las otras fuerzas parlamentarias. Si Morena y PT aún ahora son mayoría, ninguna necesidad tienen de buscar más votos para avalar esa propuesta. Que otros partidos políticos no la aprueban, al morenismo no debe importarle, aquéllos cargarán con las consecuencias políticas y sociales del sentido de su voto.

Si quisieran cumplir su compromiso de campaña, Morena y PT no tendrían que esperar a lograr consensos. La diputada única de Movimiento Ciudadano, Remedios Olivera Orozco, por decisión propia, renunció a sus canonjías, y sin duda apoyaría la propuesta de reducción salarial a todos los legisladores.

El PRI, mejor solo

ENRIQUE Rojas Orozco tomará posesión hoy como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, luego de quedar prácticamente acéfalo desde la derrota electoral del año anterior cuando su entonces dirigente, Rogelio Rueda Sánchez, había puesto su renuncia “sobre la mesa” (seguramente se refería a “la mesa” del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, cabeza real de ese abanderamiento en la entidad).

Después de la revolcada que recibió el partido tricolor con el tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador en los comicios del 1 de julio de 2018, no se percibe cómo ni cuándo podrá levantarlo del suelo el ex diputado federal por el primer distrito y ex alcalde de Villa de Álvarez, quien no es bien visto en su terruño, no se diga en el estado donde es prácticamente desconocido.

Es tan mala la designación en el PRI, que hubiera sido mejor que el instituto partidario continuara solo, sin nadie al frente.