Jueves 17 de Enero de 2019 8:01 am

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¿CUÁNTO tiempo más durará el desabasto de gasolinas? Esa es una pregunta clave para los consumidores afectados en los estados donde la escasez de combustibles se ha remarcado luego del cierre de ductos que abastecían las plantas almacenadoras correspondientes.

Una abrumadora mayoría considera correcta la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de combatir el robo de energéticos, tanto dentro de Pemex como fuera, donde el huachicoleo es mucho más grave de lo que calculaba la nueva administración. Y dentro de la empresa del Estado también se va descubriendo la enorme red criminal que saqueaba (todavía lo hace, aunque acotada) gasolinas, dísel y, según se informó ayer, hasta petróleo crudo. Esto último ya lo había revelado la revista Proceso, años atrás, cuando dio a conocer el contrabando de petróleo con destino a una refinería en Texas.

Muchos de quienes apoyan a López Obrador en esa labor, también consideran que la estrategia, si la hubo, está equivocada, pues fue precisamente lo que derivó en una crisis de desabasto en 10 entidades, entre ellas la capital del país y sus conurbaciones y la zona metropolitana de la capital tapatía (cuatro grandes municipios: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan), las dos más grandes concentraciones poblacionales de la República.

Asunto de contrastes, la batalla contra el robo externo y el saqueo interno –que tampoco son necesariamente excluyentes uno del otro– en que también participan cárteles del narcotráfico, es sin duda una tarea dura e impostergable; pero también ha causado trastornos de movilidad a millones, pérdida de ingresos a los gasolineros, alteración del comercio de perecederos, a la industria y a los servicios. 5 mil millones de pesos en 11 días, precisó la Concanaco, tan sólo al comercio. De estos daños han advertido dirigentes de las cámaras empresariales (Concanaco, Concamín y Canacintra, por lo menos) y otras como la Canacar han ofrecido ayuda viendo, claro, oportunidad de negocios para el transporte de carga.

La clave para evitar el desabasto, como lo hemos reiterado aquí, era mantener el flujo en los ductos, en vez de cerrarlos, al tiempo de vigilarlos con el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Cuando el mundo se le empezó a venir encima al Gobierno Federal, rectificó y envió tropas a cuidarlos y reabrió 11. No todos están cerrados. De los 53 mil kilómetros de tubería para abastecimiento de gasolinas, dísel, gas y turbosina, lo más saqueado se localiza en el altiplano y en la costa del Golfo de México.

En Pemex, han sido pocos los detenidos implicados; pocos en relación con la magnitud del saqueo que, según datos del propio gobierno, significaba un robo de 60 mil millones de pesos anuales. Hasta ahora, hay sólo tres querellas contra funcionarios de Pemex y mil 700 carpetas de investigación (averiguaciones previas) por parte de la PGR, mientras el SAT detectó “inconsistencias” por 3 mil 217 millones de pesos en la contabilidad de 194 concesionarios de gasolineras y lavado de dinero por 45 mil millones de pesos. Varios generales del Ejército son acusados, otras 50 empresas son investigadas por flujo de efectivo “inusual”. Según el Gobierno Federal, hasta Notarios Públicos y empresarios inmobiliarios están involucrados en el blanqueo de fondos.

Lo anterior revela que primero se tomó la decisión de intervenir y luego la fiscalización y las investigaciones ministeriales. Se debió llegar con expedientes armados y luego proceder, para no dar lugar a procedimientos que después permitan a jueces otorgar libertad a los bandidos. Y de entrada atrapar muchos más que ahora.

En Colima, el desabasto de combustibles podría ocurrir, según ha advertido Sergio Cabrera, presidente de la Onexpo en la entidad, agrupación nacional de expendedores de combustible. Este riesgo puede ser cualquier día o en una semana más si Pemex deja de lado a Colima y privilegia el suministro a Jalisco y Michoacán de la gasolina que ha llegado a Manzanillo. Si eso ocurre, ratificaría que el abasto es un acto desordenado y con tintes políticos, porque preferiría Pemex a estados más poblados que el nuestro que presta su infraestructura portuaria y su autopista –con el riesgo que implica para quienes la transitan– para recibir y distribuir el hidrocarburo. De inmediato, el Gobierno del Estado debe comunicarse con Pemex para prevenir y evitar la escasez en Colima.

Tan improvisada fue la estrategia, que López Obrador no se había reunido con los gobernadores de los estados afectados, hasta ayer.

Ante la crisis por ductos cerrados, se reparte en pipas, lo que vuelve lento el abasto y provoca escasez. La tendencia es a regularizar el suministro, dijo el Presidente, pero sin precisar fecha de abasto regular. A la vez anunció la compra de 500 camiones cisterna de 60 mil litros cada uno para Pemex y que ayuden al abasto. Se pagará con lo que se ahorra por la limpia. Cuentas apresuradas, porque eso implica un gasto enorme más la contratación de choferes y ayudantes, aparte del mantenimiento. Por lo demás, se incrementa el riesgo en carreteras y se expone a robo mediante asalto, como ya ocurrió esta semana a dos pipas de Pemex que transportaban gasolina para Jalisco y Guanajuato.

Hay mucha improvisación, un desabasto que pudo evitarse. Si la escasez se prolonga, habrá efectos perniciosos en la economía. ¿Cuánto tiempo más? Urge que el gobierno abra los ductos, los vigile y que actúe con mano dura contra los saqueadores, quienes sean, pero sin afectar a la población ni a empresas.

¡No quieren!

DE nada han valido los frecuentes llamados de la dirigencia estatal de Morena, representada por Sergio Jiménez Bojado, para que los diputados locales emanados de ese partido se disminuyan sus percepciones salariales en 50 por ciento, como lo prometieron en campaña, haciendo suyo el Proyecto Alternativo de Nación que signó la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) en la contienda electoral de 2018.

Precisamente en su artículo de ayer publicado, como cada miércoles, en las páginas editoriales de Diario de Colima, Jiménez Bojado se refirió a este asunto. En concreto, dice una de las partes de su escrito titulado “Congruencia: blindaje de Morena”, que la disminución debe ser de 50 por ciento de manera general, “es decir, aplicar en todos los conceptos de retribución salarial (de los diputados). Este llamado no busca generar un conflicto, lo creo oportuno y necesario porque corremos el gran riesgo de perder credibilidad y lo que representamos en términos ideológicos y pragmáticos, pues el partido se sustenta en la verdad”.

Pudiera ser que la fracción Juntos Haremos Historia del Congreso del Estado, que a partir de esta semana conforman los 12 legisladores de Morena y el PT, está confiada en que no es la única a nivel nacional en incumplir su compromiso de reducirse percepciones, más todavía, de no hacer caso a la norma federal de que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente de la República, cuyo salario se estableció en 108 mil pesos mensuales, ni a los llamados recurrentes de Andrés Manuel López Obrador, para que se cumpla con tal premisa.

Según reporte del Grupo Reforma (14/01/19), en Congresos donde Morena es mayoría legislativa, como el de San Luis Potosí, los diputados se autorizaron ganar más que el Presidente para este año (115 mil pesos mensuales); contrario a Sinaloa, donde se redujeron dietas y demás canonjías para quedar cerca de los 108 mil pesos. Sin embargo, refiere la nota periodística, en Veracruz, Colima y Chihuahua, el morenismo no ha procedido a bajar sus percepciones, las cuales, en el caso de nuestro estado se establecen en 112 mil pesos por mes, lo que significaría que aquí, también, ganan más los tribunos que el titular del Ejecutivo federal.

Un día después, el 15 de enero, el presidente del Senado de la República, Martí Batres, hizo un llamado a todos los Congresos locales que han incumplido, a sujetarse a la “austeridad republicana” implementada por el Presidente de México. “Si hay una exigencia de este tipo al Poder Judicial Federal, a órganos autónomos nacionales y si las dos Cámaras del Congreso de la Unión han hecho lo correspondiente, los Congresos locales de todos los estados de la República también deben disminuir su presupuesto y tomar medidas de acuerdo con el plan de austeridad”, dijo.

El jueves de la semana pasada, militantes de Morena se apostaron afuera del Congreso del Estado y también presenciaron la sesión pública de ese día, para demandar a los legisladores morenistas cumplan su compromiso de reducir sus percepciones salariales. Igual, manifestaron su inconformidad porque el presupuesto que aprobaron los tribunos para ejercer este año no disminuyó en comparación al que se gastó el año pasado, pues la cantidad se mantiene en 95 millones de pesos.

Lo que se advierte en Morena es la ausencia de un liderazgo, dentro y fuera del Congreso, que ponga orden. Asombra que luego de 3 meses y medio, el hoy coordinador de la bancada (el tercero ya en este breve tiempo), Vladimir Parra Barragán, diga que “analizan” la reducción salarial prometida en campaña por la coalición Juntos Haremos Historia.

A ellos se adelantó, por decisión propia, la diputada única de Movimiento Ciudadano, Remedios Olivera Orozco, quien renunció a recibir canonjías, como vales de gasolina y el pago de teléfono celular. Incluso, a principios de esta semana, el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, anunció que se reducirá su salario, para estar en concordancia con la legislación federal en la materia.

Sólo los diputados morenistas en el Congreso local no quieren cumplir su compromiso de campaña. No se atreven a bajarse el salario junto con sus prebendas, aun cuando de por medio está la credibilidad del partido y del propio Presidente de la República surgido de Morena.

Seguridad capitalina

ATENDIENDO el compromiso que hizo público en agosto pasado, el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, confirmó, el martes pasado, que en un plazo de 90 días su administración asumirá plenamente las funciones de seguridad pública en la capital del estado.

Detalló que el Ayuntamiento que encabeza, ya no firmará el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado, mismo que se actualiza cada año y mediante el cual, el municipio cede la responsabilidad de la prestación del servicio de seguridad pública a la administración estatal.

El último de esos convenios se firmó en marzo de 2018, cuando se acordó que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, seguiría llevando a cabo acciones en materia de seguridad pública, en el territorio que comprende el municipio de Colima.

Para tal propósito, el Ayuntamiento de Colima cedería a la administración estatal los 13 millones 270 mil pesos que le correspondieron en 2018, por concepto del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg). Dicho convenio estuvo vigente del 14 de febrero al 31 de diciembre del año pasado.

Al ya no renovarse el acuerdo, como lo anunció el Alcalde capitalino, su administración deberá asumir plenamente las funciones de seguridad pública, es decir, tareas como la vigilancia, patrullaje y prevención del delito.

Seguramente para realizar este importante anuncio, el Presidente Municipal dialogó y estableció los respectivos acuerdos con el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, por tanto, la noticia tendría que haberse dado a conocer de manera conjunta, con la presencia de ambas autoridades.

La urgencia de cumplir uno de sus muchos compromisos pendientes, le ganó a Leoncio Morán, pues no obstante la trascendencia que implica recuperar el servicio de seguridad pública, no clarificó los detalles y dejó espacio para la incertidumbre y la especulación.

El Munícipe tendrá que explicar cómo piensa obtener los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para, en un plazo de 3 meses, ofrecer seguridad pública a los habitantes del municipio, pero además hacerlo con eficiencia.

Parece muy poco tiempo para que el cuerpo de seguridad municipal logre dotarse de elementos, equipamiento e infraestructura, eso si de verdad se pretende integrar una corporación que coadyuve a resolver el grave problema de inseguridad que enfrenta la capital.

No es un secreto que el Ayuntamiento de Colima, al igual que el resto de los gobiernos de ese nivel en la entidad, atraviesa una delicada situación financiera que le impide destinar recursos, como debería, a la prestación de los servicios públicos.

A tal escasez, se le debe añadir el hecho de que Colima es el segundo municipio más inseguro del estado, solamente detrás de Manzanillo, según los datos más recientes de la organización Semáforo Delictivo, cuyos reportes colocan en rojo los delitos de narcomenudeo, robo a vehículo, robo a negocio y los feminicidios.

La dimensión de la problemática de seguridad que se registra en la capital del estado requiere soluciones contundentes, una estrategia clara que no obedezca a cálculos políticos o improvisaciones. Ya se han cometido muchos errores y la situación cada vez está peor.

El anuncio de Morán Sánchez es muy importante, desde hace tiempo se buscaba que el municipio de Colima se hiciera cargo de la seguridad pública, por eso extraña la escasa información que hasta el momento se ha proporcionado en torno a esa medida.

Lo más razonable es que autoridades estatales y municipales ofrezcan certidumbre y coordinación en torno a un rubro tan sensible como es la seguridad pública. La recuperación de los índices de tranquilidad es, desde hace tiempo, una de las principales demandas de la sociedad colimense.

A la Postre

ERRÓNEA decisión tomó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al designar presidente del Comité Directivo Estatal a Enrique Rojas Orozco, quien carece de liderazgo (hasta ahora) para que ese instituto recupere, en 2021, los espacios perdidos en los comicios del año pasado.

Como presidente municipal de Villa de Álvarez, Rojas Orozco dejó una mala impresión ante sus gobernados, su trabajo fue deficiente y hubo señalamientos de deshonestidad. Luego, en la elección de Diputado federal por el primer distrito, apenas le pudo ganar a Indira Vizcaíno Silva, postulada por un partido que estaba en declive, como ya lo era el PRD.

Como Legislador federal, ninguna gestión importante hizo a favor del estado. Pasó inadvertido en San Lázaro y luego fue nombrado secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad, uno de los tres sectores del partido, donde tampoco entregó buenos resultados.

Tras el fracaso del tricolor en los comicios de julio pasado, Enrique Rojas tuvo el descaro de criticar a la dirigencia partidaria, cuando fue él, junto a los demás dirigentes priistas, responsable de la derrota tricolor.

Su designación como dirigente estatal le queda grande, al tratarse de un partido que necesita un liderazgo con características que no ha demostrado el villalvarense.

Llega acompañado por Esperanza Hernández Briceño, como secretaria general del CDE del PRI, una militante prácticamente desconocida.

Bastante trabajo tendrán que desarrollar los nuevos directivos del PRI para que retome el camino del triunfo en las próximas elecciones.

Tan mal está Rojas Orozco, que lo único que hizo al asumir el cargo fue prometer que recuperará espacios perdidos, pero afirma que lo hará “con amor”, lo que además de absurdo, no es original, sino una mala copia de lo que en campaña ofreció el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez minimizó a la mancuerna que encabeza al PRI, pues afirmó que se sacaron “la rifa del tigre”. Sólo habría que precisar que no se la sacaron, ya que se trata de una designación.

Luego del proceso interno celebrado a mediados del mes pasado, donde se eligió a Alejandro García Rivera como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, éste no ha asumido el cargo, y aunque la próxima contienda electoral parece lejana, en realidad el tiempo apremia para que los partidos políticos se organicen y trabajen desde ahora de cara a 2021.

No se ha informado oficialmente cuándo rendirá protesta Alejandro García y los integrantes del CDE de su partido. Lo que se sabe es que el proceso fue muy diferente al anterior y no dejó división importante en el blanquiazul. Ahora los grupos de Jorge Luis Preciado Rodríguez y Pedro Peralta Rivas estuvieron de acuerdo, así que ya es tiempo de que ese partido empiece a trabajar con su nueva dirigencia.

Preocupa al Gobierno del Estado la indefinición y falta de claridad del Gobierno Federal en cuanto al presupuesto para programas y obras en beneficio de la población. El mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez, informó esta semana en Manzanillo que el dinero para obras podría disminuir hasta en 85 por ciento, por la desaparición del Programa de Desarrollo Regional.

Recordó también que en lo referente a Desayunos Escolares no se han definido las reglas de operación y, mientras tanto, el Gobierno del Estado lo ha solventado para ayudar a 39 mil niños.

Hace falta información precisa del Gobierno de la República sobre si llegará o no dinero para estos programas y obras.

A nivel nacional ha habido despidos de miles de trabajadores de confianza de diversas dependencias federales, como el ISSSTE, de donde salieron 3 mil, o el SAT, con varios cientos. Hasta ahora, en Colima no se ha informado de empleados que hayan sido afectados por esa medida, lo cual es bueno.