Malas calificaciones

Lunes 11 de Marzo de 2019 7:43 am

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Malas calificaciones

LUEGO de que las tres principales calificadoras financieras que trabajan en México –Standard&Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s– ajustaron a la baja la perspectiva crediticia de México y de varias empresas, Pemex y varios bancos entre ellas, la reacción del Gobierno Federal fue tan absurda como perjudicial a la economía nacional.

Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador había criticado a esas empresas evaluadoras porque, según él, callaron en el pasado la corrupción en los gobiernos predecesores del actual y porque son fifís, dijo entre otras descalificaciones, hechas en una de sus conferencias matutinas.

En el Senado, Salomón Jara Cruz presentó una iniciativa de ley que amenazaba a las calificadoras con cancelar su labor y expulsarlas del país porque propiciaban la inestabilidad financiera. Gran experto en finanzas debe de ser este legislador de Morena, cuya profesión es la ingeniería química. Es vocero de la fracción morenista en la Cámara de Senadores, que está bajo el mando de Ricardo Monreal Ávila, que protagonizó otro escándalo similar cuando propuso desaparecer el cobro de comisiones por servicios bancarios. Cayó la Bolsa Mexicana de Valores y subió el dólar. Lo mismo sucedió ahora con el anuncio de Jara. No iba por la libre. Fue enviado a batear de sacrificio.

Al día siguiente, López Obrador expresó su desacuerdo con la iniciativa de su partido, pero pidió a las calificadoras considerar el factor de la corrupción en sus evaluaciones financieras. El jueves, el senador Monreal dijo que la iniciativa no se presentaría y como en el caso de las comisiones bancarias, dio marcha atrás.

En tanto, los mercados financieros reaccionaron de inmediato. Se registraron pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores y el peso retrocedió frente al dólar para llegar a la frontera de los 20 pesos (19.85 lo cotizó en ventanilla Citibanamex y a 19.97 en BBV Bancomer, el viernes), como no lo hacía desde el 3 de enero.

La mecánica es la misma que en el caso de los Gobernadores abucheados. El juego del policía malo (Monreal y su mozo de estribo, el químico Jara) y el policía bueno, el Presidente, que sale a resolver el error y a hablar de la libertad con que pueden trabajar las calificadoras, como si fuese una concesión gubernamental. No hubo argumentos, sino el simple afán de demostrar poder, de amenazar al mensajero. El pago corre a cargo de la deuda externa (si sube el dólar, la deuda crece), del precio de las gasolinas importadas, de la deuda en dólares del gobierno, de las empresas mexicanas y de las importaciones generales.

Las calificadoras son empresas que calculan, con base en datos duros, la economía y las finanzas del gobierno y las principales compañías establecidas en México, para obtener una visión lo más objetiva posible del grado de riesgo o beneficio financiero que hay en el país analizado. Muchos de sus datos provienen del propio gobierno. Va dirigida la calificación a sus clientes, los inversores nacionales y extranjeros. Es un aviso, nada más. 

Las calificadoras pueden cometer errores, pero son infrecuentes. Desde 2008, cuando esas empresas contribuyeron con sus pronósticos a la crisis financiera y económica global, se tomaron medidas válidas globalmente. Separaron las áreas de venta de servicios y la calificación misma, para que no influyese la primera en la segunda. Es innecesario regularlas como proponía la iniciativa. 

En el caso de México, no hubo más que un ajuste en la perspectiva crediticia. Los efectos son los normales. El ajuste se debe a medidas tomadas por el gobierno o por omisiones, y sobre todo por la condición financiera de Pemex y el retraso en el gasto público de este año, entre otros factores. El gobierno debe atender a esa información porque le sirve para sus propios análisis, en vez de condenar, amenazar y desterrar a las empresas de valuación financiera. Incluso, podría beneficiarse cuando obtenga una calificación que mejore la perspectiva crediticia, como ha ocurrido, por ejemplo, con el gobierno de Colima.

Por factores externos e internos (malas decisiones gubernamentales e incertidumbre), la economía nacional se ha desacelerado. Podría profundizarse si no se corrige el rumbo. Por ahora, la inflación en febrero fue la más baja en mucho tiempo. Pero está aparejada a una caída fuerte del consumo de productos industriales, agropecuarios y de servicios. Se debe atender a esa circunstancia. La confianza de los consumidores, por lo contrario, está al alza, aunque consuman menos. Tienen esperanza en que las cosas van a cambiar para bien. Si no lo perciben en el mediano plazo, la economía se complicará cada vez más. De ahí a los problemas políticos sólo hay un paso, y es corto.

Abucheos protocolarios

EL caso de los abucheos a los Gobernadores no morenistas, durante los eventos que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza en diversas entidades, escaló en los últimos días hasta convertirse en una discusión central de la agenda política nacional.

Tal asunto tuvo su punto más candente el pasado martes 5 de marzo, cuando en Manzanillo, los simpatizantes de Morena abuchearon al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pero éste respondió de una manera contundente y con tal firmeza que sorprendió a los supuestos manifestantes.

Como lo afirmó el Mandatario colimense, las rechiflas y el griterío contra los Gobernadores de oposición ya parecen un protocolo en los eventos con el presidente López Obrador, así lo habían padecido al menos 15 Ejecutivos estatales del PRI y el PAN.

Incluso, al club de los abucheados se añadieron Gobernadores emanados de Morena y partidos aliados del lopezobradorismo, específicamente Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, acaso para disimular.

En todos los casos se repite la misma dinámica: los asistentes a los eventos oficiales abuchean a los Gobernadores, luego el Presidente, al tomar la palabra, sale en defensa de los Mandatarios vilipendiados y se asume conciliador.

También en el transcurso de la semana pasada, circularon supuestos documentos que adjudican la organización de los abucheos a la dirigencia de Morena. Dicho instituto político lo negó, aunque no es descartable que una de sus fracciones radicales actúe por cuenta propia, como sucede en varios estados, en conflicto con otras tendencias de Morena.

El propio Andrés Manuel López Obrador se deslindó de cualquier responsabilidad, sin embargo, es el jefe político y absoluto del Movimiento Regeneración Nacional, por tanto, está obligado a solucionar este problema que han provocado sus simpatizantes.

Los abucheos no corresponden a un hecho aislado o expresiones genuinas de descontento; la forma mecánica en que se manifiesta la supuesta inconformidad contra los Gobernadores sugiere un acto planeado y ejecutado bajo una supervisión puntual.

Tal situación ya provocó que el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno, señalara que los Mandatarios estatales han sido pacientes, pero que ya no permitirán que líderes de Morena los pretendan desacreditar.

A través de su cuenta de Twitter, el propio Gobernador de Campeche señaló que los Gobernadores de oposición evaluarán decisiones para futuras giras presidenciales en sus estados; además de que la Conago presentará un escrito formal para advertir que los abucheos no ayudan en nada al entendimiento entre los tres niveles de gobierno.

Tiene razón el Mandatario campechano, toda esta confrontación no conduce a nada, muestra inmadurez política de quien organiza las rechiflas y abona a la polarización en un país que en este momento necesita acuerdos para resolver su problemática.

El jueves, finalmente el presidente López Obrador se pronunció de forma más contundente sobre este asunto, al mencionar que los abucheos en contra de los Gobernadores se terminarán, pues los consideró incidentes de poca importancia. No hubo tal. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se negó a asistir al acto presidencial, el viernes. Aun así, en ausencia fue abucheado. El de Guanajuato, Sinhué Rodríguez, ese mismo día, optó por llevar su propia porra para acallar a los morenistas, lo cual logró. El sábado, en Jalisco, el mandatario Enrique Alfaro organizó a su porra que opacó a los lopezobradoristas, mientras que Andrés Manuel propició que se dieran un abrazo el Gobernador con su ex adversario y delegado estatal del Gobierno Federal, Carlos Lomelí.

Es evidente que López Obrador pretende someter a los Mandatarios estatales o ausentarlos de sus actos políticos, para llevarse el solo los lauros de entregar subsidios, becas y regalar dinero público. Hay en ello mucha perversidad política.

Por otro lado, a excepción del episodio en la ciudad de Manzanillo, la relación del gobernador Ignacio Peralta con el presidente López Obrador parece ser respetuosa e institucional. Lo deseable es que continúe así, para beneficio de los colimenses.

Lo mismo sucede en el ámbito local, pues el Mandatario colimense ha logrado una dinámica de colaboración con los diputados, presidentes municipales y funcionarios de Morena, a excepción de la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, quien todavía no entiende su función pública.

Economía paralizada

ES cierta la denuncia del presidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez, de que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad no dejó ningún anuncio importante de inversión ni claridad sobre la forma en que llegará el dinero del Gobierno Federal para hacer obra en los municipios.

Hasta ahora, sólo hay un anuncio de la cantidad que recibirá el estado por la vía del Ramo 28, 4 mil 197 millones de pesos, 6 por ciento más que en 2018. Pero ni ha llegado el dinero ni los Ayuntamientos saben cuándo dispondrán de participaciones federales.

A Morán Sánchez se le puede señalar de rijoso y explosivo, por diversos episodios que ha tenido a lo largo de su trayectoria política, pero en este caso le asiste la razón, en un asunto que ha sido denunciado por más alcaldes de la entidad, de distintas filiaciones partidistas.

En lo referente a su visita del martes de la semana pasada, López Obrador no dijo nada de los problemas que tiene el municipio donde se presentó, Manzanillo, ni de los del resto de la entidad.

El asunto de falta de reglas de operación de programas del Gobierno Federal afecta cada día más a estados y municipios del país, pues simple y sencillamente no hay claridad de cómo llegará el dinero que la Federación debe asignarles.

Y esa indecisión tiene maniatadas a las autoridades estatales y municipales, mientras que el gobierno de Andrés Manuel sigue sin dar señales para que se presenten los proyectos y empiece a fluir el dinero, como es su obligación.

El 19 de febrero, el director general de Banobras, Antonio García Carreño, estuvo en Colima donde informó que esa institución tiene una bolsa de 192 millones 400 mil pesos para los 10 municipios de la entidad, en el Fondo de Apoyo de Infraestructura Social (FAIS).

Sin embargo, los Ayuntamientos no han informado si tomarán esa línea de crédito, por la incertidumbre de cómo y cuándo les va a llegar el dinero federal, pues hasta ahora, sólo se ha informado de la liberación de recursos para algunos programas de educación, como el de Escuelas de Tiempo Completo.

Una de las características de la actual administración federal ha sido el recorte a diversos ramos del presupuesto y a programas sociales que beneficiaban a miles de familias del país.

El principal argumento ha sido que es parte del combate a la corrupción, pues hay desconfianza en el manejo del dinero por parte de diversas instancias gubernamentales por prácticas indebidas de administraciones priistas y panistas.

Nadie podrá estar en desacuerdo sobre la necesidad de que los recursos se manejen de forma transparente y que se acaben los moches y desvíos, pero de eso a desaparecer partidas presupuestales hay una gran diferencia. 

Se entiende la desconfianza del titular del Ejecutivo federal por esas malas prácticas enraizadas en entes gubernamentales, ¿pero qué acaso hoy no hay ya en los cargos de dirección personas afines a su proyecto? ¿O desconfía hasta de ellas?

Se supone que al frente de los programas hay lopezobradoristas que tienen el respaldo y la confianza del sistema, por lo que no se entiende por qué no empiezan a dar a conocer esas reglas de operación y a hacer que el dinero llegue a donde realmente hace falta.

Porque hoy, lamentablemente, la economía de México está paralizada y eso afecta a todos. Por un lado, se ahuyenta la inversión privada con malas decisiones desde el inicio del Gobierno y, por otro, no se generan las condiciones para que estados y municipios puedan empezar a hacer las obras que demanda la ciudadanía.

Ese estancamiento no es comprensible, sobre todo por el tiempo que tuvieron López Obrador y su equipo de colaboradores desde que ganaron la elección, en julio del año pasado, hasta que asumieron el poder, en diciembre.

Fue un lapso suficiente para haber avanzado en la planeación y programación, para que desde el inicio de la administración se pudieran dar los resultados que esperan los mexicanos.

Ciertamente se encontraron con un país con muchas deficiencias, corrupción y malos manejos de las finanzas públicas, pero eso ya lo sabían, y a 101 días del arranque de su gestión, no se ven avances, y sí retrocesos.

Urge que se den a conocer esas reglas de operación y que el Gobierno Federal canalice los recursos que por ley debe entregar a estados y municipios. La parálisis, a nadie beneficia.

Peligros de la red

EL margen de los resultados que arrojen las investigaciones oficiales que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado sobre los hechos delictivos ocurridos la noche del lunes de la semana pasada en la colonia Las Palmas, al norte de esta ciudad, en el domicilio particular del entonces secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Efraín Angulo Rodríguez, es necesario abordar el lamentable espectáculo que se creó en redes sociales alrededor del caso.

La homofobia pudo más que cualquier informe preliminar de la autoridad y de la historia contada posteriormente por el propio Angulo Rodríguez. La gente ya había dado su veredicto en redes, con base en testimonios de vecinos que fueron divulgados en las plataformas digitales. Los medios de comunicación tradicionales y responsables, se vieron rebasados debido a la inmediatez de la serie de especulaciones que circulaban en la red.

La dinámica de información y desinformación que generan las redes sociales obligan a los medios establecidos a verificar información lo más precisamente posible. Y eso suele llevar más tiempo que emitir una opinión basada en la subjetividad de la apreciación parcial, como suele ocurrir en las redes.

Hace algunas semanas, a petición del coordinador de la bancada priista, Rogelio Rueda Sánchez, el Congreso del Estado aprobó un exhorto para que las páginas de información electrónicas no publiquen noticias falsas, muchas de las cuales retoman de redes sociales. El llamado es adecuado, pero los diputados se quedaron cortos, pues la mayor cantidad de fake news (noticias falsas) se genera en la red y viaja por la misma red, debido a que los cibernautas no tienen responsabilidad legal alguna por calumniar, difamar y afectar la vida pública o privada de personas, instituciones, empresas o grupos.

El diario español ABC, publicó la semana pasada el resultado de la encuesta “Navegantes en red”, que aplicó la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, donde el 69.4 por ciento de internautas españoles están a favor de prohibir las noticias falsas y perseguir legalmente a sus creadores; mientras que 76.6 por ciento cree que las fake news son un problema grave. Pero, al mismo tiempo, los usuarios creen por igual en las noticias que leen en la red y las que publican medios formales.

Rusia fue más lejos, y el jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó leyes para castigar con multas la difusión de fake news en internet. 

En México, los medios de comunicación tradicionales están sujetos a leyes y normas impuestas por el Estado. Pero internet es impune, ahí nadie está obligado a nada. Por eso, en este asunto del hoy ex secretario de Turismo hubo verdades, medias verdades, mentiras abiertas y, sobre todo, distorsión informativa. 

Las fake news son reprobables, además de peligrosas. En Puebla, ha habido por lo menos dos casos de personas linchadas porque alguien empezó a divulgar que eran delincuentes, y otros hicieron crecer esa mentira en redes sociales. En 2015, dos hermanos que realizaban una encuesta en Ajalpan, fueron acusados de robar niños y los quemaron vivos; el año pasado, en Acatlán, dos campesinos fueron linchados porque, también, alguien dijo que secuestraban menores, lo que fue falso.

En el caso reciente de Colima, donde se vio involucrado Efraín Angulo, el tema en redes no se centró en el hecho violento que dio como resultado el asesinato de un joven menor de edad, de nombre Josué Magaña, no. Se hizo escarnio de la vida privada del ex funcionario. El homicidio pasó a segundo término. La homofobia se desató, se le acusó de todo, se hicieron y reprodujeron memes, burlas e historias. 

Si como agraviado, Angulo Rodríguez procede a demandar a quienes considera que lo difamaron, está en todo su derecho de hacerlo, y la autoridad tendrá que resolver en consecuencia. 

El caso está en manos de la Fiscalía General del Estado. Ahí, en el Ministerio Público, debe investigarse y proceder en consecuencia. Quien resulte responsable, quien fuese, debe pagar con cárcel, sobre todo quien asesinó o quienes asesinaron al joven en casa del ex secretario. Porque ese es el delito más grave, el homicidio de un menor de edad. Y si hubiere delito de corrupción de menores, como lo expuso el padre de la víctima mortal, Erick Magaña, durante los funerales de su hijo, ante el fiscal general Gabriel Verduzco, y a Diario de Colima, también debe procederse. No debe haber impunidad para nadie. La justicia debe aplicarse contra quienes resulten responsables de los varios delitos graves que se cometieron la noche del lunes de la semana pasada.