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Decisiones tardías



JUEVES POLÍTICO


Jueves 14 de Marzo de 2019 7:50 am


CON demasiada frecuencia, el Gobierno del Estado toma decisiones tardías en asuntos de importancia que requieren reacciones inmediatas. El resultado es la afectación gubernamental ante la opinión pública.

Uno de esos casos fue la renuncia del secretario de Turismo, Efraín Angulo, con todo y la investigación del asesinato ocurrido en su casa, el lunes de la semana pasada.

Un primer error mediático fue dar por hecho que se trató de un asalto al domicilio de Angulo Rodríguez por un grupo armado, como fue la versión original del ex funcionario, mientras en las redes sociales ya se habían difundido rumores al respecto y se mostraban fotografías de personas desnudas, sentadas de espaldas, custodiadas por policías, afuera del domicilio.

La noche de ese lunes, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez fue cauto, al informar mediante Twitter que Efraín Angulo había sido víctima de un hecho delictivo y se encontraba a salvo.

Al día siguiente, mientras continuaba la desaforada carrera de versiones infundadas en redes y en medios de comunicación formales, la Fiscalía dio a conocer, pasada la medianoche del lunes, siendo ya martes, la primera versión oficial de los hechos, que refería un asalto, un homicidio y una persona más herida en casa del todavía secretario de Turismo.

Angulo Rodríguez, en conferencia de prensa, el miércoles 6, contó la versión de los acontecimientos, se quejó de lo que circulaba en redes y se publicaba en medios, y luego anunció que había presentado su renuncia al cargo de Secretario de Turismo, aunque no irrevocable, dejando la última palabra al Gobernador.

Interrogado al respecto, el Mandatario dijo, el jueves, que él “no se metía en la vida privada de nadie, siempre y cuando se conduzcan dentro de la ley”, pero que al día siguiente, viernes, informaría si aceptaba o rechazaba la renuncia. Así fue y dio a conocer que aceptaba la renuncia para que Efraín Ángulo atendiera el proceso del caso en condición de ciudadano común. Habían pasado 4 días desde el asesinato y el escándalo.

La FGE emitió un comunicado el viernes para informar que había identificado a dos presuntos responsables de los hechos y tipificó los delitos de secuestro, homicidio, tentativa de homicidio y robo. Nada dijo respecto a que se encontraba detenido un supuesto delincuente, según había trascendido extraoficialmente.

Un grupo de cinco funcionarios son los consejeros más consultados por Peralta Sánchez. Ninguno de ellos consideró que la renuncia debía ser irrevocable y aceptada de inmediato. Ni mucho menos que incluso Efraín Angulo fuese cesado, como debió ser el martes mismo, al día siguiente de los hechos. Al interior del gobierno se conocían ya muchos detalles del caso y la manera como estaba involucrado el hoy ex funcionario. Mientras, el daño al gobierno y al Gobernador crecía.

Varios delitos graves se cometieron en la casa de Angulo Rodríguez, a donde acudieron al menos 10 personas, aparte de él, a una fiesta entre varones, que el ex secretario de Turismo negó al asegurar que era una reunión “con amigos y amigos de sus amigos”, pues varios de ellos estaban por partir al aeropuerto de regreso a la capital del país, dijo. Se sabría después que uno de ellos era un sexoservidor profesional, caribeño, que anunciaba sus servicios en internet.

El retraso en la toma de decisiones urgentes es una característica del gobierno de Ignacio Peralta. Otro caso fue el qué hacer ante el inminente abucheo de que sería objeto el Gobernador, en Manzanillo, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo anticipó Diario de Colima y como ocurrió. Uno de los consejeros opinó que no era conveniente que Peralta Sánchez se defendiera ante las presuntas agresiones verbales de morenistas. El Mandatario hizo bien en no hacerle caso y confrontarlos, como luego se vio al impactar su respuesta en prensa y televisión de la capital del país y propiciar reacciones favorables de líderes políticos y otros Gobernadores que también fueron víctimas silentes de abucheos prefabricados. Incluso, la visita presidencial a Colima pasó a segundo término. Quien se oponía a la defensa, nada tiene qué hacer en el grupo de asesores. Nacho Peralta hizo bien en desoír al consejero.

La mayoría de las veces, el Gobernador toma decisiones acertadas. Sin embargo, suele equivocarse en otras porque prolonga demasiado el tiempo para tomarlas. En la función pública, son pocos los asuntos de interés general que dan tiempos largos para decidir. Peralta Sánchez puede mejorar su gobierno si atiende oportunamente los casos delicados y toma decisiones rápidas, lo que no significa apresuradas ni mucho menos irreflexivas. Por lo contrario, se debe meditar cada uno de inmediato y tomar la determinación adecuada. Y también, sacudirse del grupo de consejeros, a quienes han demostrado que fallan con frecuencia. De los cinco, quedarse con quienes hacen bien su función; el resto sobra y eventualmente perjudica.


PRI, la irrealidad


SI de algo adolece el Partido Revolucionario Institucional es de figuras fuertes, política y electoralmente, que bien lo representen en los comicios de 2021, cuando estará en juego la gubernatura, principal cargo de elección popular en la entidad. Por eso, es inconveniente que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez refiera que éstos no son tiempos de proyectos personales, sino de fortalecer al partido con trabajo porque, añadió, “no podemos dar la impresión de que estamos con la guardia baja”.

Lo dicho por el primer priista del estado en la sesión de instalación del Consejo Político Estatal que encabezó la lideresa nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, el sábado 2 de marzo, no corresponde a la realidad que vive el tricolor en Colima, la cual tampoco es diferente en el ámbito nacional.

Sin embargo, lo que más llama la atención es que nadie en el priismo levantó la voz sobre la posición partidaria del Gobernador en su error de perspectiva, lo que de manera implícita confirma que la política del PRI no cambia.

Peralta Sánchez tendría razón si se refiriera a la estructura del Gobierno del Estado que él encabeza, pues ahí, ciertamente, no debe haber proyectos personales con expectativas político-electorales, porque esa no es la función de la administración pública. Pero no fue el caso. Estaba en un evento de su partido y se refería a la actividad partidaria, en la cual tiene todo el derecho de participar como militante activo, pero, se insiste, su discurso no fue apropiado.

A la vista de propios y extraños, está claro que el PRI no tiene militantes con la suficiente fuerza electoral para competir por la gubernatura en 2021. Tampoco tiene mucha tela de dónde cortar para presentar ante el electorado propuestas con buen nivel de competición en alcaldías, además de los distritos locales y federales que serán renovados en la misma contienda.

Ante esa realidad, al tricolor le urge empezar a fabricar candidaturas con posibilidades de triunfo, las cuales pueden recaer en personajes que estén dentro del Gobierno del Estado o fuera de él. Identificarlos y empezar a prepararlos corresponde al partido.

Independientemente de que al Gobernador le asista la razón cuando dice que el PRI debe fortalecerse con trabajo interno, lo cierto es que la dirigencia estatal que encabeza Enrique Rojas Orozco, está rebasada por la premura del próximo proceso electoral, pero también por la falta de arrojo e imaginación, pues hasta ese momento, lo único que había hecho fueron los eventos conmemorativos del 24 de febrero, para recordar al gobernador Gustavo Vázquez Montes, cuya memoria, a estas alturas, no le aportará votos al priismo.

Estamos a tan sólo año y medio de que arranque el proceso electoral 2020-2021, a partir de la instalación permanente de los organismos electorales, lo cual sucede cada 3 años, a principios de septiembre. Es decir, faltan 2 años para que los partidos políticos registren a sus candidatos y candidatas (marzo de 2021), luego de haber sido elegidos por el mecanismo interno que cada instituto partidario determine; el mismo tiempo resta para que arranquen las campañas proselitistas, y tan sólo 2 años, 2 meses y 23 días para el desarrollo de la jornada electoral.

Antes de que cada partido político acuda ante los organismos electorales a registrar candidaturas, tiene que haber desahogado la importante agenda de realizar procedimientos internos para elegir candidatos y definir alianzas con otras fuerzas políticas, lo cual es ya una constante, pues cada vez es más raro que un partido contienda solo. Todo eso, requiere de tiempo para el diálogo, la negociación, los acuerdos y consensos.

Pero previamente, el PRI debe tener identificados a los mejores perfiles para cada puesto, especialmente para la gubernatura. Esa es parte de la labor interna que la dirigencia estatal debería haber empezado desde hace meses, pero no la está haciendo. El partido está apagado, apenas sobreviviendo, esa es la realidad.

Lo que en estos momentos le ocupa al presidente del Comité Directivo Estatal, Enrique Rojas, es afiliar y reafiliar militantes, unos 60 mil, según dijo, lo cual está bien, pero no es lo único que debe hacer ni lo más importante. Y aunque la urgencia para el PRI es empezar a fabricar una buena candidatura al Gobierno del Estado, a partir de la cual se desprendan el resto de aspirantes a los demás cargos de elección que estarán en disputa en 2021, a su dirigente nada le apura, pues dijo que “hay tiempo suficiente” para que el partido recupere su fuerza electoral.

Mientras el priismo siga divagando en la irrealidad, nada bueno obtendrá en la próxima contienda electoral.


Alcaldesa conflictiva


NO obstante la problemática que enfrenta el municipio de Manzanillo, sobre todo en materia de seguridad, la alcaldesa Griselda Martínez Martínez ha dedicado su tiempo y esfuerzos a confrontarse con otros funcionarios, actores políticos e incluso ciudadanos, por las razones más nimias.

Los primeros meses de la administración manzanillense han transcurrido entre la improvisación y los errores, el último de ellos, cobrar multas viales con disposiciones reglamentarias que fueron derogadas desde 2017, como lo aceptó la propia Presidenta Municipal.

Una investigación de Diario de Colima comprobó que las boletas que utiliza el Ayuntamiento de Manzanillo para aplicar multas viales están basadas en el Reglamento de Tránsito que fue derogado en agosto de 2017, es decir, ya no tienen ningún validez legal.

Lo más grave del asunto es que la alcaldesa Griselda Martínez aceptó que cobró multas con base en el Reglamento que ya no existe, tal como lo hacía la pasada administración de Gabriela Benavides Cobos y el interino Enrique García Pérez.

Está mal lo que hizo la pasada administración, pero eso no exime de responsabilidad a la actual munícipe, pues incurrió en una anomalía legal de manera consciente, en detrimento de los ciudadanos que fueron multados.

El cobro de multas viales con boletas caducas es ilegal, no hay vuelta de hoja en ese asunto. Se trata de un caso de corrupción, justo cuando la bandera de los gobiernos de Morena, partido al que pertenece la Alcaldesa, es precisamente el combate a ese flagelo.

Antier, la comuna anunció que ya se corrigieron las boletas, de tal forma que no se seguirán aplicando multas de manera ilegal, sin embargo, el daño está hecho.

Pero ese no es el único caso. A mediados de enero de este año, Martínez Martínez ordenó la clausura inmediata de un elevador que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez había inaugurado un día antes en el Mercado 5 de Mayo.

El elevador sería utilizado por personas con discapacidad, con el objetivo de que pudieran desplazarse con comodidad al interior del inmueble, sin embargo, la edil consideró que tal infraestructura no es una necesidad en el mercado.

Ahora, por una posición meramente personal, los usuarios del mercado se quedaron sin una herramienta que les hubiera facilitado su estancia al momento de realizar compras. Una actitud de intolerancia oficial que, sin duda, impacta negativamente en el beneficio a la colectividad.

Más recientemente, la impericia de funcionarios de la comuna porteña generó un conflicto en la elección de las autoridades auxiliares, pues regidores y habitantes de las comunidades rurales acusan que existe indebido manoseo por parte de las autoridades.

Son dos casos que pudieron resolverse sencillamente, con oficio político y eficiencia en las acciones gubernamentales, algo de lo que han carecido Griselda Martínez y sus colaboradores, más afectos a crear problemas que a resolverlos.

Todas esas confrontaciones acusan un origen superfluo; pareciera que se buscan los problemas como método, en una tónica que va muy acorde con la personalidad de la Alcaldesa, poco versada en las artes del diálogo y los acuerdos.

Lo más lamentable es que siendo Manzanillo un municipio tan importante en materia económica, turística y por la presencia del puerto comercial, sus habitantes tengan un gobierno ineficaz, conflictivo y negado a la coordinación con otros niveles de autoridad.

Vaya, ni siquiera se conoce que Griselda Martínez haya realizado alguna gestión importante ante el Gobierno Federal, emanado de su mismo partido. No se ve, en ese contexto de incomunicación, cómo pueda darle un curso adecuado a las demandas de la población.

No le espera nada bueno a Manzanillo en los próximos años, por ejemplo en materia de seguridad, una de las principales demandas de la sociedad. Tampoco en otros rubros como combate a la pobreza o tan siquiera en asuntos básicos, como la prestación de los servicios públicos.

Por lo contrario, se prevé un retroceso en los indicadores de bienestar, pues no hay visos de que la Alcaldesa cambie su manera de proceder, y se corre el riesgo de que radicalice sus posturas, como sucede a otros personajes afines al lopezobradorismo.


A la Postre…


UNA nueva queja contra el Gobierno Federal, por el manejo del dinero de programas y fondos, fue denunciado públicamente por la senadora del PVEM, Gabriela Benavides Cobos, sobre los recursos provenientes del Fondo Minero, que la administración de Andrés Manuel López Obrador quitará a estados y municipios.

Explicó por medio de las Secretarías de Economía y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Gobierno de la República busca concentrar ese dinero del Fondo Minero y aplicarlo de manera unilateral, sin consultar a la población ni a las autoridades de estados y municipios.

Con esa decisión, se estaría violando la Ley Federal de Derechos y se afectaría a varios municipios de la entidad, según explicó la propia Benavides Cobos.

Basta señalar que el año pasado, fueron aprobados para Colima 70 millones de pesos del Fondo Minero que se repartieron en los municipios de Minatitlán, Manzanillo, Colima y Armería. La intención de dicho fondo es contribuir a la justicia social, atendiendo zonas del país donde se da la explotación minera, con obras de beneficio para sus habitantes y de cuidado ambiental.

Estamos ante un caso más donde López Obrador busca una manera diferente de hacer las cosas, pero afectando un programa que estaba dando buenos resultados y que era de apoyo directo a las comunidades donde se explotan minerales. Obviamente hay descontento de autoridades estatales y municipales por esta situación y habrá que ver qué tanto les afecta. Sobre todo, hay que estar muy atentos al destino que se le dará a ese dinero.

Han anunciado directivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Nacional del Agua que Pinfra, la empresa concesionaria del tramo carretero Armería-Manzanillo, que tiene en regla los permisos para la reparación del puente de Tepalcates. Con esto, pescadores de la laguna de Cuyutlán ya no tienen razón para impedir que se realice la rehabilitación, que además es urgente, por los daños que presentan algunos pilotes que ponen en riesgo de colapso la estructura.

Lo más importante es garantizar la seguridad de los miles de automovilistas y choferes de tráileres que diario cruzan ese puente. Si los pescadores siguen protestando, es necesario que la Profepa atienda esa situación y supervise que la compañía constructora está cumpliendo los compromisos y no ocasiona daños al medio ambiente. Si no los hay, los pescadores deben dejar que Pinfra trabaje.

Luego de que el año pasado la popularidad de Andrés Manuel López Obrador rebasó las expectativas de su propio partido, Morena, y avasalló en los comicios, con lo que algunos personajes llegaron a cargos públicos sin la preparación debida y sin estar comprometidos con los ideales del partido, su presidente estatal, Sergio Jiménez Bojado, declaró que han suspendido cualquier proceso de afiliación de nuevos militantes. Ahora, trabajarán primero en la formación del Instituto de Capacitación de Morena. 

Eso parece una buena medida, pues luego del triunfo abrumador en las elecciones del año pasado, Morena es un espacio muy atractivo para oportunistas que buscan llegar a un cargo público, aunque para ello no tengan la mínima preparación ni vocación de servicio.

Es de conocimiento público que varios de los que ganaron esa elección con las siglas del partido de López Obrador, fueron los primeros sorprendidos la noche del 1 de julio del año pasado, cuando les informaron que habían ganado y serían diputados, senadores, alcaldes y presidenta.

El resultado, luego de que asumieron el cargo, no ha sido bueno para la población y tampoco para el partido que los postuló, por lo que ahora decide que antes de abrir sus puertas de par en par y afiliar a quien lo pida, deberán pasar por un proceso de capacitación y formación ideológico-partidista.

Siguen las protestas por los asesinatos de mujeres adultas mayores en el barrio El Refugio. El martes se realizó una nueva marcha en el centro de la ciudad para exigir justicia por esos arteros crímenes y se garantice la seguridad de los colimenses.

También, el presidente del Movimiento de Adultos Mayores y con Discapacidad, Antonio Suástegui Rentería, dijo que es preocupante que los adultos mayores sean víctimas de criminales, por lo que urgen acciones para brindarles mejor protección a las y los ancianos. Y no se ve que Seguridad Pública estatal ni municipal muevan un dedo en el asunto.