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Consulta innecesaria



LUNES POLÍTICO


Lunes 18 de Marzo de 2019 7:57 am


PARA enjuiciar a los ex presidentes de la República que presuntamente incurrieron en delitos graves durante su encargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que recurriría a una consulta popular para saber si los ciudadanos quieren que se les procese o no, pues de su parte aplicaba la política del perdón.

Tras un lapso en que no se volvió a decir nada al respecto, anunció que tal consulta se llevaría a cabo. Y la semana pasada la pospuso porque no se ha reformado la Constitución, argumentó.

Antes, el coordinador de la fracción de diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo en octubre de 2018, que en noviembre de ese año se dictaminaría sobre la consulta popular y la revocación de mandato. La iniciativa aplazada fue presentada el 27 de septiembre inmediato anterior. “¿Cuál es la idea? Que pueda haber consultas populares cada año, el primer domingo de julio, así, si hay un asunto relevante que tenga que ser consultado, ya habrá la posibilidad de que año con año se pueda realizar este ejercicio apegado a la ley, con las reglas que marque la ley en esta materia”, dijo el Legislador. (www.camaradediputados.com.mx, nota 685.) Estaba en medio la polémica sobre las consultas por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y el Tren Maya.

El jueves 14 reciente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para la consulta sobre la revocación de mandato, que se hará al mismo tiempo que la elección intermedia de 2021, cuando de nuevo aparecerá la figura del presidente López Obrador en una boleta, para que se decida si continúa en el cargo o se le defenestra, aunque los partidos de oposición advirtieron que servirá para impulsar a los candidatos de Morena y sus aliados como ocurrió en la elección del 1 de julio del año pasado. Nada hay sobre las consultas para juzgar a los ex presidentes o de otra naturaleza.

Andrés Manuel recurre a los ex presidentes cada que necesita un empujón político o mediático. Es tal el desprestigio de los ex mandatarios que es fácil alebrestar a la gente con sólo decir que fueron corruptos, traidores a la patria o cualquier otra imputación verbal.

Lo cierto es que el Presidente no quiere investigarlos, ni consignarlos ni mucho menos castigarlos. Si de verdad lo pretendiera, no necesita una consulta. Tiene las facultades legales para hacerlo, aunque es probable que sólo pueda actuar contra su predecesor inmediato, Enrique Peña Nieto, cuyo mandato se terminó hace 3 meses y 18 días.

El artículo 109 de la Constitución asienta, en el párrafo II, lo siguiente: “La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.

“Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan”.

López Obrador tiene de su parte la ley, una Fiscalía General de la República a la que puede denunciar que investigue a los ex presidentes y luego los consigne ante un juez para que se instaure un juicio. Los ex mandatarios carecen de fuero, son hoy ciudadanos comunes y deberán defenderse en tal condición, si se les acusa.

Sin embargo, al Presidente se le olvida que ni él ni su gobierno pueden juzgar a un ex presidente o a cualquier otro ciudadano, porque esa es facultad del Poder Judicial. Dice el artículo 14 constitucional: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Es de elemental instrucción escolar preparatoriana saber que son los jueces quienes juzgan y sentencian o absuelven, y que hay instancias del Poder Judicial a las que, por derecho, puede recurrir un inculpado.

Juega el Presidente con la amenaza de procesar a los ex mandatarios. Es un arma política, una cortina de humo, una forma de remover para su beneficio político la animadversión popular contra quienes ocuparon el Palacio Nacional desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Es evidente que los ex presidentes se aprovecharon del poder para acumular fortuna, unos más que otros. Ahí están los hechos y las pruebas, en manos de Andrés Manuel. Si quisiera proceder, ya lo habría hecho. Mientras, deshoja la margarita, juega entre que actúa o no. Es una farsa política. Él tiene el poder ahora. Si quiere, puede solicitar la investigación y en consecuencia la consignación, sobre todo a Peña Nieto. Juzgarlos, sentenciarlos o absolverlos toca al Poder Judicial, previa consignación por parte de la Fiscalía General de la República.


Espionaje telefónico


EL asunto del espionaje político, practicado por dependencias del Gobierno Federal, adquirió relevancia en la entidad a partir de una declaración a un medio radiofónico de la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

Un día después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Colima, ocurrida el pasado 5 de marzo, Indira Vizcaíno afirmó que el Centro Nacional de Inteligencia (que ha sustituido al Cisen) elaboró un informe de supuestas actividades de protesta que realizarían el PRI y su filial la CNOP, en el marco de la visita presidencial.

“Nosotros notificamos al Gobernador y al secretario general de Gobierno que teníamos un informe del Centro Nacional de Inteligencia, en el que nos decía que la CNOP y el presidente de su partido (PRI) estaban organizando manifestaciones para el tema de Estancias Infantiles y adultos mayores, de su padrón estatal de 60-64, para el evento”, reveló la funcionaria federal.

Dicho caso tiene varias aristas, una de ellas remite a las declaraciones del propio titular del Poder Ejecutivo, quien afirmó que en su administración ya no se utilizarían las instituciones para espiar a sus opositores, adversarios, críticos o disidentes del Gobierno Federal.

En consonancia con dicha promesa, el Mandatario nacional ordenó la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); en su lugar fue creado el Centro Nacional de Inteligencia, un órgano que parece que, según se desprende de las declaraciones de Indira Vizcaíno, sólo cambió de nombre, pero aparentemente tiene las mismas funciones del anterior.

Apenas el 1 de marzo, López Obrador reiteró que esa práctica se erradicará, tampoco habrá archivos secretos de sus adversarios. Fue más allá al señalar que quien utilice la infraestructura del Estado para esas actividades, será castigado y los afectados están en libertad de interponer recursos legales.

Evidentemente tales instrucciones no han sido atendidas por sus colaboradores, o bien, el espionaje político sigue ejerciéndose con los mismos alcances y objetivos que durante los gobiernos del PRI y el PAN, las afirmaciones públicas de una funcionaria del Gobierno Federal lo demuestran.

Al calibrar la magnitud de su primera declaración, una semana después, el 13 de marzo, Indira Vizcaíno buscó retractarse, señalando que comunicó mal su mensaje sobre el supuesto espionaje. “No fue la más adecuada (la forma de su declaración), pero no se trata de un tema de espionaje”, señaló.

Subrayó que fueron taxistas quienes le informaron sobre probables manifestaciones en el evento que realizaría el presidente Andrés Manuel en el municipio de Manzanillo. También esgrimió que el Centro Nacional de Inteligencia recibió información de una persona relacionada con las Estancias Infantiles, en el mismo sentido.

Tales argumentos son endebles, al parecer la funcionaria entendió que había hablado en exceso, como lo hizo, y pretendió corregir, tarde por cierto, pues el asunto del espionaje telefónico ya había provocado reacciones en la sociedad y partidos políticos, cuyos integrantes se manifestaron contra dichas prácticas.

Además, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, son testigos de primera mano de los dichos de Vizcaíno Silva, pues ella misma les notificó sobre el informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia.

Lo cierto es que la delegada estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, evidenció que las prácticas del Gobierno Federal, en el rubro del espionaje, no han cambiado, todo permanece igual que durante los regímenes anteriores.

Todo gobierno debe recabar información necesaria para guiar acciones de seguridad nacional, pero no para uso político contra disidentes u opositores. El espionaje es legal sólo cuando un juez lo autoriza en casos específicos de persecución de delitos, a petición del Ministerio Público.

Pero el aparato de inteligencia del Estado se sigue utilizando para monitorear las actividades de opositores y adversarios del poder en turno. Así lo dejan ver las revelaciones de Indira Vizcaíno. El de Colima es un caso paradigmático que tendría que ser explicado en las altas esferas del Gobierno Federal.


Autoridades insensibles


LOS arteros asesinatos de que fueron objeto Consuelo, Teresa y Raquel, tres mujeres de edad avanzada atacadas en sus viviendas ubicadas en el barrio El Refugio, en pleno centro de esta capital, han despertado la indignación de vecinos y de la sociedad en general, que de diferentes formas exigen justicia para las víctimas y el cese a la inseguridad que priva en esa parte de la ciudad. 

Consuelo, de 92 años de edad, se convirtió en la primera víctima de asesinato en su domicilio particular ubicado en la calle Matamoros, de esta capital, el 1 de diciembre de 2018. El informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que murió de asfixia por ahorcamiento y que el móvil del ataque fue el robo.

Un mes después, el 1 de enero del presente año, Teresa, de 86 años de edad, fue la segunda víctima de robo y asesinato; ella pereció degollada. Vivía por la calle 27 de Septiembre, en el centro de la ciudad.

El tercer caso sucedió el 24 de febrero, cuando la policía entró a la casa de Raquel, en la calle Matamoros, y la encontró sin vida. La mujer, de 79 años de edad, murió de asfixia por ahorcamiento. También le robaron pertenencias.

Los tres asesinatos se cometieron en un lapso menor a 3 meses y tienen similitudes que saltan a la vista: eran mujeres de edad avanzada, vivían solas en domicilios de El Refugio, y el móvil fue el robo.

Luego de ocurrido el segundo crimen, la FGE dio a conocer la aprehensión de dos hombres, de 27 y 28 años de edad, como presuntos responsables de privar de la vida a Teresa, a quien también habrían robado joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

La misma dependencia informó que continuaba trabajando en la investigación para determinar la posible participación de los detenidos en el primer asesinato (Consuelo), que en similares circunstancias ocurrió en la misma zona, el 1 de diciembre de 2018. 

Después de eso, la Fiscalía no se ha referido a la investigación. Ni siquiera lo hizo después de que el 24 de febrero se cometió el tercer crimen contra Raquel. En algún momento se consideró la posibilidad de que hubiese un asesino serial o una banda que adoptaría ese modus operandi contra ancianas, pero ya nada se dijo. Una versión extraoficial nos indica que no se trata de un asesino en serie. Sin embargo, otra vez priva la falta de información oficial.

Con toda razón, vecinos de El Refugio viven con temor, porque además de los asesinatos de las tres adultas mayores, son constantes los asaltos en la vía pública y en casas habitación. La gente se siente sola, abandonada de las autoridades policíacas, estatales y municipales, que son las que deben procurar seguridad en la zona centro de Colima, pero no lo están haciendo.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez; el fiscal general del Estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, y el alcalde Leoncio Morán Sánchez, han carecido de sensibilidad, pues los dos primeros ni siquiera se han pronunciado con el sentido humanitario que merece la memoria de las tres ancianas, y aunque el edil acudió a una reunión en El Refugio, por momentos despertó la indignación de los vecinos, debido a que hizo comentarios errados. Mientras, todo sigue igual.

En ese acercamiento con vecinos del céntrico barrio, donde también participaron autoridades de Seguridad Pública estatal y de la Fiscalía General, entre otras dependencias, los agraviados dieron santo y seña de todos los delitos que ahí se han cometido, exigieron más patrullaje, más atención, más apoyo para reducir los niveles de inseguridad, pero al parecer no se ha logrado mucho, pues en días recientes, la gente optó por tomar las calles a manera de protesta pública.

El 7 y el 12 de marzo, familiares, amigos y vecinos de Consuelo, Teresa y Raquel, se manifestaron en calles del centro de la capital y frente al Palacio de Gobierno para exigir que se haga justicia en los tres homicidios y demandar el cese de la inseguridad en Colima.

Si a las autoridades estatales y municipales no les duele que en una zona del centro de esta capital estén asesinando ancianas en sus propias casas y por ello no se pronuncian sobre esos hechos, no mejoran la vigilancia y tampoco resuelven los crímenes, no debe sorprender que, en algún momento, suceda otro hecho violento similar, lo cual sería aborrecible, por decir lo menos. Ojalá y no suceda.


Esperar resultados


AUNQUE el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez calificó de muy productiva la gira de trabajo que realizó en Los Ángeles, California, a principios de la semana pasada, habrá que esperar los resultados tangibles de ese viaje, al que acudieron funcionarios estatales, federales y empresarios.

Los secretarios de Fomento Económico, Walter Oldenbourg Ochoa, y de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, coordinaron los asuntos que se abordaron en esta gira de 2 días. También fueron algunos empresarios colimenses que podrían beneficiarse de los acuerdos tomados durante las reuniones de trabajo.

También participó el director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Héctor Mora Gómez, quien viajó a Los Ángeles para acompañar a Ignacio Peralta, sobre todo porque uno de los temas que se trataron fue con la empresa estadounidense Virgin Hyperloop One, que desarrolla proyectos de movilidad naviera en siete países.

Sin embargo, no hay nada concreto ni resultados palpables, al menos por ahora, por lo que no queda más que esperar que se haga realidad el principal anuncio que hizo el Gobernador durante esta visita y tiene que ver con que productores de la entidad podrían exportar a 39 países.

La intención es que ese método se pueda aplicar en el puerto de Manzanillo y a eso respondería la presencia de Mora Gómez en Los Ángeles, a quien por cierto, los organizadores lo ubicaron con los empresarios y no cerca del Mandatario, que era lo adecuado.

Por otra parte, es un hecho que al grueso de la población no le agrada que la máxima autoridad y varios funcionarios se ausenten de la entidad justamente en medio de una crisis, principalmente de inseguridad, aunque también lo es la necesidad de promover la entidad dentro y fuera del país.

En el ánimo colectivo persiste el malestar por el escándalo del asesinato de un menor de edad en la casa del ex secretario de Turismo, Efraín Angulo Rodríguez, por esa razón no era el mejor momento para hacer ese viaje de promoción del estado.

Ciertamente el trabajo no debe parar y ya existía una agenda, pero lo más prudente y conveniente quizás era cancelar la gira y no ausentarse 3 días (considerando el tiempo del viaje de ida y de regreso) de Colima justamente en esos momento difíciles.

Además, existe en la historia de la entidad un saldo negativo de periplos de autoridades al extranjero, que sólo quedan en el anecdotario por los nulos o pingües beneficios aportados al desarrollo económico de la entidad, que ese es el propósito de los viajes, según el discurso oficial.

Desde tiempos de Elías Zamora Verduzco, los gobernadores han sido proclives a recorrer otras latitudes del mundo con el pretexto de promocionar a Colima, con inexistentes o magros resultados.

Habrá que darle el beneficio de la duda a Peralta Sánchez y esperar, como lo informó, que a la brevedad haya frutos del trabajo de promoción de las grandes potencialidades que tiene Colima.