Jueves 21 de Marzo de 2019 8:23 am

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TRAS la polémica surgida en el nivel nacional por la aprobación de la figura legal de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no buscará reelegirse en 2024, cuando termine el periodo constitucional para el cual fue electo.

Analistas políticos y ciudadanos expresan su preocupación, por la posibilidad de que la instauración de la revocación de mandato signifique un primer paso hacia la reelección, no obstante que el Mandatario nacional firmó el compromiso de que concluirá su gestión el 30 de septiembre de 2024. [El periodo presidencial actual durará 5 años y 10 meses, luego de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2017.]

La palabra de López Obrador no ha sido precisamente una garantía de congruencia entre dichos y hechos en estos primeros meses de su gestión, pues en varios casos hizo justo lo contrario a lo prometido durante sus tres periodos de campaña, desde su primera participación en elecciones presidenciales, en 2006.

Uno de los casos más emblemáticos es el referente a la actuación del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado. Al respecto, Andrés Manuel señaló, en reiteradas ocasiones, durante las campañas de 2012 y 2018, que no utilizaría a las fuerzas castrenses para reducir la violencia. “No se puede apagar el fuego con el fuego”, asentaba en las plazas públicas.

Sin embargo, ya desde su condición de Presidente electo, comenzó a matizar su postura, señalando que sería irresponsable ordenar el regreso de los militares a los cuarteles. Ya en funciones, promovió la creación de la Guardia Nacional, donde el Ejército y la Marina tendrán una participación esencial.

También como candidato presidencial, afirmó que durante su gobierno no habría gasolinazos; quizá esta fue una de las promesas de campaña que más caló en los ciudadanos, molestos por la constante alza de precio de los hidrocarburos.

La promesa fue reiterada por el tabasqueño cuando ya era Presidente electo, no obstante, en lo que va de este año y sobre todo a partir del mes de enero, los consumidores han resentido el incremento de las gasolinas, en algunos casos por encima de los 50 centavos. Lo mismo sucedió con la electricidad doméstica e industrial.

El nombramiento de funcionarios en órganos autónomos u otros Poderes es otro de los temas donde López Obrador ha variado diametralmente su postura, toda vez que en su papel de candidato criticó la posibilidad del nombramiento de un “fiscal carnal”, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pero ya como Presidente y aprovechando su mayoría en las Cámaras legislativas, el titular del Poder Ejecutivo operó la llegada de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, no obstante las críticas por la cercanía de ese personaje con la cúpula gubernamental. Morena se opuso a una fiscalía autónoma.

Así, se han ido sucediendo los virajes en las posturas del Mandatario nacional; en los más variados temas, desde los fundamentales hasta los intrascendentes, López Obrador se desdice, corrige o recula, siempre de acuerdo a su muy particular visión de país o conforme a sus propios intereses.

El caso más reciente es el de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, para lo cual se invitó a cuatro constructoras internacionales, en lugar de una licitación abierta, como prometió que serían todas. Para colmo, esas empresas han sido condenadas por sobornar funcionarios para obtener contratos. Tampoco se licitó la compra de pipas en la crisis de desabasto por el huachicoleo. Pretexto que era por seguridad nacional.

Incluso en su trayectoria política se advierte esa proclividad al cambio de postura. Baste recordar que el Presidente fue militante del PRI, luego fue uno de los fundadores del PRD, partido del que fue dos veces candidato presidencial.

Tras su segundo intento fallido, el tabasqueño renunció y formó su propio partido, Morena, al advertir que en el PRD no había futuro para alcanzar su tercera nominación y satisfacer su proyecto personal. Ese proceso sugiere una falta de lealtad política, pero también un pragmatismo inteligente que, en su caso, resultó exitoso.

Con esos antecedentes, debe ser motivo de preocupación la reciente aprobación de la figura de revocación de mandato, pues seguramente, Andrés Manuel aparecerá en una boleta en las elecciones de 2021, para preguntar a los mexicanos si quieren que siga o no en su cargo.

Así, pavimentaría el camino para en 2023, una vez reglamentadas las consultas populares, cuestionar a la gente si quiere que se mantenga en la Presidencia. Antes de eso, después de 5 años de su política asistencialista y populista, podría conseguir el aval ciudadano y las modificaciones constitucionales pertinentes, para estar en posibilidades de continuar como titular del Poder Ejecutivo.

Ese es el verdadero riesgo del primer paso que se dio al aprobar la figura de la revocación de mandato, al ser un procedimiento que se utilizó en otros países, Venezuela entre ellos, que sirvió para la reelección del mandatario Hugo Chávez y la instalación de una dictadura heredada al sátrapa Nicolás Maduro, que el próximo 13 de abril cumple 6 años en el poder. En México podría suceder igual, no es una tesis descabellada, sino una real posibilidad, aunque López Obrador haya firmado, el martes, una constancia de que no buscará la reelección. Difícil de creerle.

 

Oxígeno al PRI

 

CON el riesgo de convertirse en “partido satélite” si no reacciona, el PRI necesita activarse en todos los órdenes y actuar como una organización política que todavía cuenta con una clientela electoral relativamente amplia, según lo indica la votación recibida el 1 de julio de 2018.

En su discurso ante el Consejo Político Estatal, el pasado 9 de marzo, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez fue claro al refrendar su convicción tricolor y llamar a su partido a fortalecer la credibilidad y la confianza de la gente mediante el trabajo en unidad e impulsando la justicia social.

Luego dijo que el PRI tiene una alternativa: “Entregarse y ser cómplices del desastre que se avecina y terminar como partido satélite del partido en el poder” o, aunque complejo, “preservar nuestra identidad como priistas, trabajando con institucionalidad en beneficio de la gente”.

La alternativa es clara como la expuso Nacho Peralta: entregarse y ser cómplices o trabajar para fortalecer al tricolor. En seguida, arengó a sus compañeros de partido: “Entre más veo a los de enfrente (el gobierno de Morena), más orgulloso me siento de ser priista. Aquí se demuestra lo que somos, militantes de un partido político que respeta la ley, a las instituciones, que nos gusta el orden jurídico y la disciplina”.

Los militantes del tricolor necesitaban de una definición respecto al futuro inmediato, luego de que han pasado más de 8 meses de la peor derrota electoral de su historia, la del 1 de julio de 2018. A algunos los ha invadido el desánimo, pero sobre todo la incertidumbre. Antes de esa arenga de Peralta Sánchez, el priismo de Colima careció de liderazgo, de orientación. Si no lo hubo con Rogelio Rueda, tampoco el relevo de Enrique Rojas ha sido eficiente, pues no se ve cómo pueda asumir una responsabilidad que rebasa su pequeñez política.

Ignacio Peralta recordó cómo el PRI ha creado y preservado instituciones que sostienen la estructura económica, social y política del país. Son hechos concretos, no “fantasías mesiánicas comparándonos con esos movimientos sociales como fueron la Independencia y la Revolución”, subrayó en alusión indirecta a la así llamada cuarta transformación que impulsa Morena.

Reconoció que trabajar con responsabilidad y seriedad, en ocasiones implica desgaste y “pérdida de popularidad”.

Bien recibido por la militancia tricolor, el discurso de la cabeza estatal del partido tricolor fue alentador para los priistas porque definía una línea de acción política para el futuro inmediato. Esto era particularmente importante luego de la intervención del Gobernador en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Manzanillo, cuando el Mandatario estatal enfrentó con éxito los abucheos y el boicot de militantes de Morena. Fue noticia nacional y motivo de reconocimiento de otros Gobernadores, la posición y la actitud del gobernante colimense para poner freno a la provocación. Opacó incluso el acto presidencial.

Sin embargo, del discurso debe pasarse a los hechos. Mientras el PRI se mantenga sólo en las palabras, de poco le servirá el trazo de una conducta política como el que dibujó Peralta Sánchez. El movimiento debe mostrarse andando, trabajando. Hasta ahora, la afiliación y la reafiliación que el PRI pretende en Colima, es apenas un pequeño paso organizativo, cuando ya debiera estar corriendo políticamente.

Tampoco debe esperar al relevo de la dirigencia nacional, que probablemente disputarán José Narro y Alejandro Moreno, la dupla que parece tener más aceptación como perspectiva de renovación política y fortalecimiento en un escenario adverso. En Colima deben trabajar ya.

Que existe terreno fértil, lo demostró la elección de autoridades auxiliares en Manzanillo, el domingo reciente, cuando el PRI ganó muchas posiciones en comunidades rurales en un municipio que en julio del año pasado se volcó masivamente en las urnas a favor de Morena. Es sólo una señal, un leve indicio, pero da claridad a lo que puede venir en el futuro, una vez que el tsunami López Obrador ha pasado.

Ese es el panorama. Habrá que ver si los priistas son capaces de trabajar por su propia recuperación o se rinden y desaparecen.

 

Vigilancia en el centro

 

LA Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Gabriel Verduzco Rodríguez, está cumpliendo la tarea que le corresponde de investigar y resolver, hasta el momento, dos de los tres asesinatos que han acontecido en el barrio El Refugio, en el centro de esta ciudad. Crímenes por demás indignantes y dolorosos, debido a que las víctimas han sido mujeres de edad avanzada, indefensas, que vivían solas y fueron atacadas en sus propios hogares.

El pasado martes, la FGE informó la captura y puesta a disposición del juez de un hombre de 25 años de edad, como probable responsable del asesinato de Raquel, la tercera mujer de edad avanzada, la cual fue encontrada sin vida en su domicilio particular de la calle Matamoros, de esta capital, el pasado 24 de febrero.

Pero el caso no está terminado. La misma dependencia informó que el imputado habría actuado en complicidad con otras personas –no definió la cantidad– que siguen prófugas. En conjunto, ingresaron a la casa de la víctima, a quien asfixiaron para luego robarle sus pertenencias.

Aunque es similar el modus operandi en el que perdieron la vida Consuelo, Teresa y Raquel, fuentes bien enteradas de la investigación han descartado la existencia de un asesino serial o asesinos seriales. Esto se explica porque luego del crimen del que fue víctima Teresa, el 1 de enero de este año, quien vivía por la calle 27 de Septiembre, fueron detenidos, puestos a disposición del juez y recluidos en el Centro de Reinserción Social, dos hombres responsables del delito.

Con el individuo que esta semana aprehendió la Fiscalía, suman tres los detenidos por la comisión de dos de los tres asesinatos cometidos contra mujeres de edad avanzada del barrio El Refugio, quedando pendiente de aclarar el primero, donde fue privada de la vida Consuelo, el 1 de diciembre de 2018.

En cambio, las Policías Estatal y Municipal no están haciendo bien su tarea de prevención del delito, que implica más patrullaje y más presencia de elementos en las calles del centro de la ciudad, las cuales se refieren porque es el perímetro donde se han cometido los tres asesinatos en cuestión.

El centro de la capital del estado le corresponde atenderla, en materia de seguridad, al Ayuntamiento de Colima, pues aunque no tiene bien constituido un cuerpo de policía, a partir de 2010 formó y capacitó a un grupo de elementos de Tránsito y Vialidad, y entonces firmó un convenio de coordinación y colaboración con el Gobierno del Estado para empezar a prestar el servicio de policía preventiva. 

Sin embargo, el 14 de enero del presente año, el Cabildo capitalino autorizó que el Ayuntamiento asuma las funciones de Seguridad Pública en el Municipio de Colima, por lo que el alcalde, Leoncio Morán Sánchez, anunció que no ratificará el convenio de colaboración que en ese rubro mantenía con el Gobierno del Estado. Para finiquitar la relación de ambas instancias de gobierno, se estableció un plazo de 90 días, de los cuales hoy se cumplen 66.

Después de reuniones con vecinos, en las que participaron autoridades estatales y municipales, así como de la realización de dos marchas de protesta por parte de habitantes del centro capitalino en demanda de más seguridad en la zona y justicia para Consuelo, Teresa y Raquel, antier, Morán Sánchez dio a conocer que esa parte de la ciudad es vigilada las 24 horas del día por ocho elementos.

Además, dijo que hay operativos de vigilancia todos los días y se ha establecido comunicación y coordinación con los vecinos para atender en lo inmediato cualquier denuncia o emergencia.

Esa es la tarea que no se estaba haciendo de manera efectiva, la vigilancia y el patrullaje constante que forma parte de las acciones preventivas que no pueden descuidar las autoridades de ningún orden de gobierno en materia de seguridad pública.

La gente de bien de Colima no quiere ni se merece estar a merced de individuos desalmados, sin principios ni valores, que andan por las calles o se introducen en casas ajenas a cometer horrorosos crímenes, como los que le arrebataron la vida a Consuelo, Teresa y Raquel, las tres mujeres de edad avanzada, que vivían solas y estaban indefensas.

 

A la Postre...

 

FUE atinada la intervención del Gobierno del Estado para conciliar con pescadores de la laguna de Cuyutlán que se oponían a la obra de reparación del puente de Tepalcates. Autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron con ellos y les presentaron el proyecto de reparación de esa infraestructura y los ribereños levantaron el plantón que mantenían e impedía labores de Pinfra, concesionaria de la autopista.

Y fue oportuna esa reunión, encabezada por el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, porque un día antes, los pescadores habían denunciado la presencia de un grupo de choque enviado por Pinfra para intimidarlos. Se imponía la intervención del gobierno estatal, pues si bien se trata de un asunto de competencia de autoridades federales, podría haberse generado violencia que a nadie conviene.

Afortunadamente se impuso la cordura y el sector pesquero aceptó que las obras se realicen, lo que es muy importante, debido al daño que tienen algunas columnas de ese puente que deben repararse antes de que ocurra una tragedia por los miles de tráileres, camiones de pasajeros y automóviles particulares que diario circulan por ahí.

Será importante que la Profepa se mantenga al pendiente de las obras, para evitar que haya contaminación en el vaso lacustre, como han denunciado los pescadores, quienes quedaron satisfechos, pues uno de los acuerdos es que el Instituto Nacional de Investigación del CRIT, realizará un estudio del impacto que tendrán los gaviones al disminuir el ancho de cauce para saber si podrían afectar a algunas especies de aprovechamiento pesquero y en consecuencia ver de qué manera la empresa solventará esos daños.

Magros resultados obtuvo Morena en la elección de autoridades auxiliares en Manzanillo, tomando en cuenta que hace apenas 8 meses lograron un triunfo total en los cargos de elección que estuvieron en disputa el 1 de julio.

Lo más importante, por el número de habitantes, son las delegaciones, donde candidatos afines al PVEM lograron cuatro (Las Brisas, Santiago, Tapeixtles y Jalipa), el PRI, dos (Salagua y Valle de las Garzas), y Morena también dos (Campos y El Colomo).

Esto muestra que ya pasó el tsunami López Obrador, que provocó triunfos de candidatos de Morena, aun siendo desconocidos y sin trabajo político y social previo. También evidencia el rechazo de los manzanillenses a la pésima labor de la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, al grado que su padre, quien contendía por la Comisaría Municipal de Punta de Agua, perdió.

Del PRI se puede decir que muestra una ligera mejoría en Manzanillo, pero no se sabe si fue por desilusión de los electores con Morena, o por el trabajo del tricolor. Además, está demostrado que el partido de Andrés Manuel carece de estructura militante, lo que sí tiene el PRI, y por eso logró mejores resultados en la elección de autoridades auxiliares. El que de plano quedó borrado en esa competición fue el PAN.

La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, en voz de su presidente, Felipe Luna, festejó que en el pasado puente vacacional se registrara una ocupación hotelera de 85 por ciento y esperan que la tendencia se mantenga en las Semanas Santa y de Pascua. Esos resultados se dan a pesar de la mínima promoción turística de la entidad en El Bajío y centro occidente del país. Es, de hecho, un turismo que llega solo a Colima, muchas veces por tradición, cercanía y publicidad boca a boca.

En la temporada vacacional que se avecina, se debe mejorar mucho en cuanto a la atención e información a los turistas, pues cuando llegan a Colima no hay lugares adecuados para eso.

A más de 3 meses y medio del actual Gobierno Federal, no se han nombrado los nuevos delegados de mayoría de las dependencias federales en la entidad. En la semana, el presidente de Morena en el estado, Sergio Jiménez Bojado, declaró que se analizan los perfiles propuestos.

Dijo además que se alcanzaron a filtrar algunos delegados con antecedentes que incumplen lo que busca el actual proyecto de gobierno, como el director general de la API Manzanillo, Héctor Mora Gómez, a quien, afirma el dirigente morenista, se sigue investigando. Jiménez Bojado no está enterado que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de la cual depende la API y el nombramiento de Héctor Mora, el 19 de febrero lo ratificó en el cargo.

Pero, ¿por qué el líder estatal de Morena se mete en este tema de la designación de delegados, si es competencia del Gobierno Federal? ¿Y la separación partido-gobierno? Lo que es cierto es que muchos de ellos debieron salir desde que inició el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, sin embargo, continuaron 3 años más durante la administración de Enrique Peña Nieto, la cual terminó hace más de 3 meses y ahí siguen, tan campantes en sus puestos.

La directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Patricia Victórica Alejandre, revela falta de criterio al dar a conocer el censo sobre el barrio El Refugio, en donde tres mujeres ancianas han sido asesinadas. Es imprudente e inconveniente, por lo menos, que se informe el número de personas adultas mayores que viven solas en dicha zona, además de señalar que no son visitadas frecuentemente por sus familiares. La gravedad de estos asesinatos y la angustia que sufren los habitantes de ese lugar, ameritan mayor sensatez y sensibilidad de la funcionaria.