Ataques a Héctor Mora

Lunes 15 de Abril de 2019 7:53 am

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PARA Héctor Mora Gómez, su regreso a la Dirección General de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo no ha sido fácil. Desde que fue nombrado, en enero de este año, ha recibido una cascada de ataques en algunos medios de comunicación de tiraje nacional y otros poco conocidos.

El objetivo de esos dardos envenenados es tratar de ponerlo en mal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que sea removido, lo cual demuestra que hay intereses fuertes que están detrás de esta campaña negra contra el funcionario que ya había ocupado de 2003 a 2006 la Dirección General de la API, en la cual dio buenos resultados, sobre todo por el crecimiento del puerto, el movimiento de miles de contenedores y la paz laboral.

A finales de enero pasado, el reportero Urbano Barrera, del diario Ovaciones, recordó que la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, y la senadora Gricelda Valencia, ambas de Morena, habían señalado a Mora Gómez como “acérrimo rival” de AMLO en campaña.

En respuesta, el Presidente dijo respaldar la designación de Héctor Mora como director de la API, pese a las diferencias políticas del pasado.

Quien o quienes están detrás de estos ataques, ligados a Morena y al PAN, es evidente que tienen poder económico y político, porque no es fortuito que en varias ocasiones, periodistas de distintos medios se hayan colado a las conferencias matutinas para preguntarle a López Obrador si removerá a Mora Gómez, argumentando supuestos actos de corrupción.

El pasado 30 de enero, un reportero del periódico Ovaciones cuestionó a Andrés Manuel sobre Héctor Mora, arguyendo supuestas irregularidades. En respuesta, el Presidente dijo: “Se va a investigar”.

El 18 de febrero, el mismo reportero preguntó al Mandatario si ya se tenía información del director general de la API Manzanillo, contra quien, supuestamente, existían al menos seis denuncias penales. En respuesta, el Presidente dijo: “Acerca de lo de los puertos, sí hay una investigación abierta por la corrupción que imperaba, y estamos esperando que haya resultados”.

El pasado 5 de abril, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, visitó Manzanillo, donde ratificó a Mora en el cargo. Ese día, el titular de la SCT estuvo acompañado por el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, y manifestó que “Héctor Mora, hombre de vocación portuaria, responderá a esas expectativas”.

El pasado jueves, el reportero Marco Antonio Olvera, de Radio Latino California, preguntó al Presidente sobre el combate a la corrupción y pese a que en particular cuestionó sobre los señalamientos que se hacen contra Mora Gómez, López Obrador fue preciso al referir que los actos de corrupción se han detectado “en la Aduana de Manzanillo. Tenemos muy malos reportes de la Aduana de Manzanillo… se va a limpiar por completo”.

Aquí es preciso señalar que la Aduana y la API se encuentran en el puerto, sin embargo, son entidades públicas diferentes. Cuando el Presidente ha respondido sobre el tema, se ha referido en todo momento a la Aduana portuaria, que depende de la Secretaría de Hacienda, mientras la API es parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El pasado miércoles, Héctor Mora envió una carta al Senado en la que responde a los señalamientos del senador del PAN, Juan Antonio Martín del Campo, quien lo acusó –sin pruebas– de lavado de dinero, estar ligado al narcotráfico y a grupos delictivos.

En su misiva señala: “Expreso públicamente mi rechazo firme y enérgico a las acusaciones indebidas, torcidas, malévolas y perversas que el senador Martín del Campo hace contra mi persona y solicito a esa ilustre representación, se sirva ordenar lo necesario para que la Comisión de Relaciones Exteriores investigue directamente si existen en las distintas instancias investigadoras del vecino país del norte antecedentes que me señalen como culpable de delito alguno”.

Asimismo, asegura: “No tengo nada de qué avergonzarme ni nada qué temer. Sé perfectamente que muchos individuos de oscuros antecedentes pretenden desestabilizar a la Administración Portuaria Integral, con objeto de hacer en ella y con ella negocios personales y grupales”.

Si no hay pruebas de los delitos imputados ni órdenes judiciales contra Mora Gómez sería un error removerlo del cargo por la presión de quienes quieren hacer negocios personales con la API.

Corte, última palabra

LOS magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que permanecen como tales en calidad de interinos, Andrés Gerardo García Noriega, Yarazeth Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la presentación de un incidente de incompetencia en el que habría incurrido el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, cuando el 22 de marzo pasado los destituyó del cargo y ordenó la reposición del proceso de elección de los integrantes del TJA en la entidad.

El documento ante la Corte fue promovido el 5 de abril, para que determine si fue correcta o no la actuación del Tribunal Colegiado de Circuito, dado que la autoridad jurisdiccional competente para fijar los alcances de un Derecho Humano previsto en Tratados Internacionales es la SCJN, no otros Tribunales.

Este, sin duda, es el principal aspecto legal que deberá analizar y determinar el máximo tribunal de justicia en el país, pues quien promovió la remoción de los magistrados del TJA, Rumualdo García Mejía, basó su queja en una presunta violación al Derecho Humano para acceder a cargos públicos que está prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es decir, el Tribunal Colegiado de Circuito, a través de la ponencia del magistrado José David Cisneros Alcaraz, resolvió el asunto con base en Tratados Internacionales signados por México, por encima de las Constituciones federal y estatal, además de leyes locales que establecen los mecanismos de selección de los integrantes del TJA, los cuales se cumplieron.

Es importante recordar que García Mejía presentó el recurso ante el Tribunal Colegiado de Circuito en diciembre pasado (después de realizarlo ante el Juzgado Segundo de Distrito, quien había ordenado el sobreseimiento de la queja), cuando ya fungía como director de Proceso Legislativo del Congreso del Estado, lo que en los hechos constituye un conflicto de interés, pues su queja fue contra una resolución del propio Poder Legislativo, en el que trabaja.

Tan sabía Rumualdo García que era incorrecto su proceder, que se excusó ante la Comisión de Gobierno Interno del Congreso para conocer de los asuntos que tuvieran que ver con el recurso legal que él mismo interpuso ante el Tribunal Colegiado de Circuito en contra del Poder Legislativo, como ya lo hemos comentado en nuestros espacios editoriales de Diario de Colima.

El trabajador del Congreso del Estado recurrió a la justicia federal en un asunto donde sintió violentados sus derechos por no poder participar en la terna elegida para conformar el TJA, aunque también pudiera haber algún trasfondo político, el interés de personas o grupos por crear un conflicto en un organismo autónomo constituido conforme a los ordenamientos legales establecidos en la entidad.

El viernes pasado, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Carlos César Farías Ramos, dijo que esta semana podría darse el primer paso para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado de Circuito, referente a la destitución de los magistrados del TJA. Sin embargo, habrá que esperar lo que proceda legalmente si antes de que eso suceda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite el recurso interpuesto por los magistrados afectados.

De momento, la sentencia que al caso dio el Tribunal Colegiado de Circuito establece un precedente legal que puede ser recurrido por otras personas que quieran echar abajo nombramientos similares, del ámbito estatal o federal, como la propia Yasmín Esquivel Mossa, designada recientemente por el Senado como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, por citar un ejemplo.

Por eso es importante que sea la SCJN quien, en última instancia, diga si el resolutivo del Tribunal Colegiado de Circuito está apegado a Derecho o tiene que echarse abajo, por interferir en las disposiciones establecidas en la Constitución Federal y las Constituciones estatales.

Es previsible que la Corte revoque la sentencia que pone en jaque a decenas de magistrados de tribunales del país –incluida la propia SCJN–, pues el argumento que validó la queja del abogado colimense es contrario a lo que indican los máximos documentos legales que rigen la vida de los mexicanos y las instituciones.

Los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa hicieron bien en recurrir a la máxima Corte de Justicia en el país, acción con la cual buscan no sólo proteger sus derechos, sino también pugnar por que se respeten los nombramientos de otros magistrados de tribunales de todo el país, tanto del ámbito federal como de los estados, que hoy están en riesgo.

La sequía

HA comenzado a escasear el agua en Colima. Es resultado del temporal de lluvias errático e insuficiente del año pasado. Según datos de la Comisión Estatal del Agua de Colima, hay al menos cuatro municipios que ya padecen cierto nivel de desabasto: el norte de Manzanillo, Ixtlahuacán, Comala y Cuauhtémoc.

Los datos de la Comisión Nacional del Agua son más alarmantes, pues en 73 por ciento del territorio se registra un nivel, mayor o menor, según sea el caso, de escasez de agua potable.

Podría ocurrir que en los meses por venir –los del estiaje más severo–, la insuficiencia de agua se resienta en todo el estado. Hasta ahora, en las ciudades más grandes, el suministro de líquido se mantiene. Sin embargo, quedan parte de abril, además de mayo y junio, para que comience el temporal de lluvias de este año, y un mes adicional para que se establezca con precipitaciones regulares.

Una de las fuentes sustanciales de agua en Colima son los ciclones. El año pasado, aunque hubo muchos, pocos se acercaron a las costas; los que se aproximaron, dejaron pocas precipitaciones. Encima, a principios de 2019 no hubo lluvias invernales, las cabañuelas, que suelen complementar las del temporal.

Hacen falta obras de captación. En Manzanillo, la aún pospuesta construcción de la presa El Naranjo, sobre el río Marabasco, resolvería por mucho tiempo el abasto a la ciudad y el puerto. Conforme crecen ambos y, por otra parte, se incrementa el turismo, también sube la demanda de líquido.

En Colima y Villa de Álvarez, el abasto proviene de los manantiales de Zacualpan, que a su vez dependen de la filtración de agua pluvial de las montañas de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán al valle, y de los pozos profundos de que se ha echado mano ya, a pesar de que muchos años fueron reserva. Los mantos freáticos del valle tienen un límite de aforo y se está alcanzando.

Según calcula la Comisión Estatal del Agua de Colima, el 12 por ciento del líquido en las redes distribuidoras urbanas se desperdicia por filtraciones en el subsuelo, por tuberías deterioradas. Desde hace mucho tiempo, se sabe de la necesidad de cambiar una parte de las redes para evitar la pérdida, pero no se ha invertido en ese rubro. Para tales obras, se necesita financiamiento que tienen que aportar las comisiones de agua potable de los Ayuntamientos y la bimunicipal Ciapacov.

Las condiciones financieras de las comisiones son variables, pero ninguna tiene una reserva de capital suficiente para atender ésa y otras necesidades. La insuficiencia se debe, sobre todo, a la tolerancia a la morosidad de los usuarios. La cartera vencida es elevada. Un caso dramático y ejemplificador es el de Armería. El organismo municipal del agua informó que hoy podrían cortar el suministro de energía eléctrica a los pozos profundos de donde se abastece a la población, porque debe poco menos de 800 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la cartera vencida de la comisión municipal del agua asciende a 109 millones de pesos. Esa cantidad adeudan los usuarios morosos y hasta ahora el gobierno armeritense no ha movido un dedo para cobrar.

En similares circunstancias se encuentran otros municipios. Y en vez de cobrarles, se promueven programas de cancelación de recargos y multas autorizadas por un Congreso del Estado irresponsable, que busca con esas medidas ganar simpatías políticas. Es injusto que a los contribuyentes incumplidos se les premie y a los cumplidos sólo se les descuente un poco si pagan por todo el año. Hay consumidores que tienen dinero y grandes adeudos, que esperan las rebajas para pagar. Y otros, ni eso. Se necesita mano dura para recuperar dinero de los deudores. Los niveles de recaudación deben subir pronto y mucho antes de que el estado padezca serios problemas de escasez de líquido potable.

Por otra parte, Nicolás Contreras Cortés ya fue ratificado como director de la Ciapacov. Habrá que conocer sus planes de trabajo y de solución de la amenaza de escasez. Hubo demasiada bulla política en el proceso del cual fue electo, pero finalmente se le nombró por mayoría de votos del Consejo de Administración.

Manifestó su inconformidad el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, miembro del Consejo. Si de verdad quiere oponerse, debe sustentar su queja jurídicamente, no sólo en los medios. La elección se hizo conforme a la ley. Si el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez propuso a Nicolás Contreras, fue porque confía en él, igual que hace cualquier gobernante, como ha hecho el propio Leoncio Morán en el Ayuntamiento capitalino. La ley es la ley. Lo demás es grilla.

Vacaciones

HOY se inicia el periodo vacacional de Semanas Santa y de Pascua, oportunidad para que los colimenses dediquen tiempo a las actividades de esparcimiento, así como al descanso y la reflexión, en el caso de quienes practican la fe católica y acuden a los centros religiosos en estas fechas.

Esta vez, el asueto se extenderá desde el 13 hasta el 28 de abril, 2 semanas en las que miles de vacacionistas foráneos acudirán a los principales balnearios y sitios turísticos de la entidad, pero también muchos locales aprovecharán para desplazarse a otros lugares del país.

Jaime Flores Merlo, secretario de Educación, informó que desde hoy, disfrutan de vacaciones 136 mil alumnos y 7 mil 527 maestros de educación básica (preescolar, primaria, secundaria), inscritos en 947 escuelas públicas y privadas.

El gobierno estatal implementará el Operativo de Seguridad y Protección Civil “Semanas Santa y de Pascua 2019”, con la participación de 2 mil elementos de diversas corporaciones que ofrecerán apoyo y asistencia a la población en los puntos más concurridos de la entidad.

Al respecto, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez mencionó que el objetivo de los esfuerzos institucionales es brindar seguridad a las personas, además de mostrar que Colima es un lugar atractivo, al que los vacacionistas pueden acudir durante esta temporada.

En cuanto a los pronósticos para estas fechas, la delegada de la Secretaría de Turismo en Manzanillo, Andrea Naranjo Alcaraz, afirmó que se espera una ocupación hotelera del 75.6 por ciento en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima, Armería y Comala. Los hoteleros de Manzanillo calculan ocupación de 100 por ciento.

Las proyecciones oficiales consideran que llegarán al estado cerca de 87 mil personas, mismas que dejarán una derrama económica de 438 millones de pesos, lo que representa un significativo ingreso para hoteleros, prestadores de servicios y otros negocios colaterales.

Para atender a los vacacionistas, la Secretaría de Turismo instalará 22 módulos de información turística en puntos estratégicos; además, se esperan diversas acciones de vigilancia de la Policía Federal, las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

Lo deseable es que todas las dependencias gubernamentales que participan en el Operativo “Semanas Santa y de Pascua 2019” cumplan las tareas que les tocará realizar en los próximos días, para lograr que esta temporada vacacional concluya con saldo blanco.

En lo que se refiere a la planeación turística y los resultados que se obtengan a partir de ella, a la nueva titular del sector en Colima, Mara Íñiguez Méndez, le tocará compartir estadísticas con su antecesor en ese cargo, Efraín Angulo Rodríguez, quien llevaba avanzada la preparación de esta temporada cuando renunció.

Se espera que la nueva funcionaria cumpla las expectativas de crecimiento en la industria turística de la entidad. Las Semanas Santa y de Pascua representan una oportunidad para consolidar la tendencia ascendente que ha registrado la entidad en el último ejercicio en materia de turismo.

Entre los retos, además de la garantía de seguridad, se encuentra la necesidad de ofrecer información clara y útil a los turistas, pues en temporadas pasadas, los visitantes enfrentaron dificultades para ubicar sitios turísticos o servicios propios de las actividades de esparcimiento.

También será indispensable que las autoridades dispongan del equipamiento suficiente en las zonas asignadas para acampar, específicamente en lo que se refiere a la instalación de sanitarios, para evitar que los espacios públicos se contaminen.

Por su parte, los turistas tienen la obligación de cuidar y mantener en buen estado los sitios que visiten. Atender los reglamentos e indicaciones particulares de playas y otros sitios concurridos, ayudará a una mejor convivencia y un mayor disfrute de este periodo.

Las Semanas Santa y de Pascua representa la oportunidad de sustraerse de la rutina cotidiana y tomarse un descanso. Con moderación y responsabilidad, las vacaciones rinden más y se garantiza la tranquilidad personal y familiar.

A nuestros lectores

CON motivo de las vacaciones de Semana Santa, la columna Jueves Político se volverá a publicar el 25 de abril. En Lunes Político nos reencontraremos el 29 de abril.