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Sentido común



PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA

AMLO debe aprender a respetar a la prensa


Lunes 22 de Abril de 2019 8:01 am


EL sábado pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) –perteneciente a la Segob– actualizó sus datos e informó que en enero de este año fueron asesinadas 2 mil 931 personas; en febrero, 2 mil 875, y en marzo, 2 mil 931; lo que suma un total de 8 mil 737 homicidios, que en comparación con el primer trimestre del año pasado, que fue de 7 mil 958, convierte al trimestre actual en el más violento de la historia moderna de México, tal como advertía Jorge Ramos cuando le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador su estrategia a corto plazo para que “...no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo...”.

Sin embargo, en lugar de darle una respuesta concreta, el Mandatario se enzarzó en una discusión con el periodista, dada la tendencia del primero de suponer que su mera llegada al poder terminó con los problemas de México, y la del segundo, de confrontar y hacer repreguntas ante las imprecisiones.

A todo personaje público le encantaría ser interrogado por un periodista que tomara sus dicho como la verdad absoluta, pero los periodistas más serios, responsables y comprometidos con su profesión son aquellos que hacen las preguntas incómodas, que confrontan los datos e indagan entre las imprecisiones para obtener la verdad. Esto es así porque la labor del periodismo no es la de quedar bien con nadie, sino la de exponer los datos ante la opinión pública, para informar a la gente, fungiendo como un contrapeso necesario del ejercicio del poder.

Por supuesto que esto es muy incómodo para los regímenes autoritarios, los cuales prefieren controlar a los medios de comunicación, para que éstos funcionen como reproductores del discurso oficial, violentando física, verbal, económica o institucionalmente a las voces que se atreven a indagar, analizar, cuestionar y contradecir los datos que el sistema decide hacer públicos. Sin embargo, una ciudadanía que sólo recibe la información oficial, es una ciudadanía desinformada, a la que se le ha negado el Derecho Humano del acceso a la información, contemplada en diversos instrumentos nacionales e internacionales, como el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; etcétera.

Al ser un Derecho Humano, protegido tanto local como globalmente, la labor de las y los funcionarios públicos es la de garantizar su ejercicio en un ambiente digno y pacífico, proporcionando las herramientas necesarias para ello lo cual está garantizado tanto en la Constitución, como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un país que no respeta, ni garantiza el ejercicio digno del periodismo, no es un país que fomenta la democracia, por el contrario, estaríamos hablando de un Estado autoritario o fascista, que intenta mantener su legitimidad mediante ilusiones, no hechos, promoviéndose como la verdadera y eterna solución a las injusticias del pasado, la interferencia del exterior, o algún otro extraño enemigo que intente profanar el suelo con sus plantas.

Por tanto, quien estuvo mal ese día no fue Jorge Ramos, sino el presidente de México, pues hizo afirmaciones apresuradas que no eran ciertas, en su enfado se enredó con datos de su propio gobierno, y terminó dando un mensaje contradictorio sobre la libertad de prensa, cuando aseguró que iba a respetarla, pero criticó a Reforma de ser un medio conservador e hipócrita, acusándolo –sin pruebas– de haber ayudado a legitimar el supuesto fraude electoral que le cometieron en 2006, y justificando el haberle pedido al medio que revelara sus fuentes diciendo que va a ejercer sus derechos a la réplica y a manifestarse, dando a entender que si a él le piden transparencia, él también tiene el derecho de pedirla.

Andrés Manuel López Obrador aún no ha entendido que ya ganó, que ya es Presidente de México, no candidato, y por lo tanto ya no puede comportarse de la misma manera sin asumir las consecuencias. No es lo mismo que él esté obligado a la transparencia como funcionario público que es, a que pueda exigirle al periódico Reforma que revele sus fuentes, porque no están en igualdad de circunstancias. México actualmente tiene el primer lugar como el país más peligroso en Latinoamérica para ejercer el periodismo. En los 4 meses y medio que van de su sexenio han asesinado a siete periodistas, que se suman a los 47 que asesinaron en el gobierno de Peña Nieto, además de que ostentamos una historia negra durante el periodo de la guerra sucia, ejercida mediante el control de medios de comunicación, acoso a periodistas y desaparición de disidentes del gobierno.

Por esa razón no es lo mismo AMLO que Reforma, aunque los dos representen a un poder, el primero el del Estado y el segundo el de la Opinión Pública. El segundo es un poder fáctico, mientras el primero cuenta con diversas instituciones con las cuales ejerce opresión o censura. Por esa desigualdad es por la cual los medios de comunicación no revelan sus fuentes, para protegerlas ante una posible persecución del Estado, lo cual es algo entendido a nivel internacional, por lo que no es explicable que el Presidente de México no lo entienda. Tampoco se entiende que no le haya pedido al periódico El País que revelara quién le filtró la carta donde le solicitaba al Rey de España, Felipe VI, que se disculpara con México por lo sufrido durante la Conquista.

López Obrador debe ya de hacer consciencia de la investidura que tiene, y saber que sus comentarios, por más auténticos o legítimos que crea que son, tienen un peso real que puede traer consecuencias funestas. Hasta el momento sólo han sido ataques en redes sociales a las y los periodistas que se atreven a hacer las preguntas incómodas, pero la violencia tiene la mala costumbre de escalar y las consecuencias podrían llegar a ser más trágicas. Como Presidente Constitucional de México, él debe de condenar estas acciones, no fomentarlas ni alentarlas como ha venido haciendo en sus ruedas de prensa matutinas –o hasta en su cuenta de Twitter– escudándose en que no es él quien les ataca, sino el pueblo bueno y sabio, cuando son justo este tipo de comentarios lo que le hace sentir a la gente que tienen su permiso para atacar, en lugar de hacerles reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión, de prensa, de la transparencia y del acceso a la información, así como de la tolerancia que le debemos a quienes no piensan igual que nosotros.