A propósito...

Entre la justicia y la ley

Sábado 04 de Mayo de 2019 7:42 am

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EN el marco de la discusión y aprobación o rechazo de la Reforma Educativa de Andrés Manuel López Obrador, para cumplir el compromiso de derogar la de Enrique Peña Nieto, surgieron a la discusión pública no únicamente los temas educativos, pues también destacaron en el debate público los asuntos referentes al respeto a la Constitución y a la separación de Poderes, y sobre todo, si es más importante la justicia o el respeto a la ley.

El tema del famoso memorándum con el que se pretendió derogar una reforma constitucional, ocasionó un fuerte desgaste para López Obrador, porque ordenaba a tres secretarios de Estado no cumplir la Constitución en lo referente a la Reforma Educativa vigente, la de Peña Nieto.

Y grave, también, porque se anunció la pretensión presidencial de gobernar por memorándum, a falta de mayorías legislativas, es decir, sustituir al Poder Legislativo por disposiciones administrativas al margen de la ley y contrarias a la Constitución.

Cuando la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Reforma Educativa de Andrés Manuel, dimos por hecho que el memorándum citado había pasado a mejor vida, pero cuando este dictamen pasa al Senado para su discusión y aprobación y es aprobado en lo general pero rechazado en lo particular, con reservas del 70 por ciento del contenido de la reforma, en su molestia porque no fue aprobada la Reforma Educativa, AMLO declaró que seguía vigente su memorándum.

El senador Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena en el Senado, emitió la siguiente declaración: “La explicación sobre la no aprobación de la Reforma Educativa es simple, PRI, PAN y PRD decidieron rechazarla en lo particular, así, al no lograr la mayoría calificada, sigue vigente y aplicable la aprobada en el sexenio pasado (la de Peña Nieto). Es decir, el Legislativo es un poder autónomo”.

Con esto, Ricardo Monreal declara muerto el memorándum de López Obrador, la vigencia de la reforma de Peña Nieto y sentencia que el Poder Legislativo es autónomo; o sea, que decidió rechazar la reforma, al margen de la pretensión presidencial.

Habrá un periodo extraordinario para volver a discutir la reforma en ambas Cámaras y será dentro de la legalidad del proceso legislativo como se determinará el futuro de la Reforma Educativa; o sea, conforme a derecho se analizará, discutirá y, en su caso, se aprobará la reforma propuesta por Andrés Manuel.

En el marco de esta discusión, el 17 de abril, ante la pregunta de un reportero al Presidente de si habría descuentos a los maestros faltistas como dice la ley, contestó: “No, no habrá descuentos. Queremos la reconciliación. Los maestros quedaron muy dañados... si hay que optar por la justicia y la ley, no lo piensen mucho, hay que optar en favor de la justicia”.

O sea, el Presidente fija postura, en el sentido de que es más importante la justicia que la ley y que si éstas se contraponen, hay que optar por la justicia, suponiendo que el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es justo y la Reforma Educativa de Peña Nieto es injusta, aunque sea legal.

Pero además, pretende legitimar su memorándum que emite en favor de los maestros, por considerar su causa justa; o sea, emite un memorándum ilegal para validar una supuesta causa justa.

Para AMLO, es justo que los maestros dejen sin educación a los niños, es justo que los maestros desquicien el tráfico en las ciudades donde se manifiestan, es justo que los maestros tomen las vías de ferrocarril y afecten la economía, considera justo que la Coordinadora magisterial impida que el Congreso de la Unión trabaje y cumpla con su trabajo legislativo; o sea, avala y defiende, aun en contra de la ley, la protesta magisterial sobre los derechos legítimos de todos los perjudicados con la rijosidad magisterial.

Pero además, y eso es muy delicado, emite un memorándum ilegal para justificar una supuesta justicia de un grupo que violenta los derechos de las mayorías, sobre todo de los niños y de la educación.

El Presidente, ante las críticas por su memorándum, acusó a los críticos diciendo: “Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los Derechos Humanos. Y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción”.

O sea, López Obrador justifica su memorándum en aras de hacer justicia y desterrar la corrupción.

Sobre la justicia y la legalidad, sabemos que no siempre existe una relación de reciprocidad entre ambos conceptos. Un acto puede ser legal, pero no justo, o a la inversa. Se puede dudar de la justicia de las leyes. De lo que no puede dudarse es de que la única vía para impartir justicia es fundamentándola en el marco normativo previamente establecido. Si éste parece injusto, existen los recursos para modificarlo.

La mejor manera de proteger la justicia es a través de la ley. Cierto es que algunas leyes han sido injustas, pero eso tiene remedio, modificando las leyes a partir de procesos establecidos por la propia ley, justo para evitar más arbitrariedades y nuevas injusticias.

Andrés Manuel sentenció: “Si bien la ley es para las mujeres y los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley” (“el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado”, decía Jesús); o sea, predica en lugar de gobernar.

En consecuencia, para AMLO, primero es la justicia que la ley, la justicia está por encima de todo, desde luego que no tiene razón, porque lo que importa es la aplicación estricta de la ley, que la justicia no la dicte el capricho de un gobernante, si no que la justicia la dicte la ley.

Esta es una discusión antigua y superada desde los griegos, que se plantearon la disyuntiva de: ¿qué es mejor, ser gobernados por un hombre o por una ley? desde luego que por la ley, que no tiene las debilidades humanas ni la subjetividad del caso.

Ya lo decía Norberto Bobbio: “La democracia es el gobierno de las leyes por excelencia” y si la Cuarta Transformación es producto y abanderada de la democracia se debe regir por la ley, no por decretos o memorándums al margen de la misma.

La mejor manera de impartir justicia es aplicando la ley, ningún funcionario en ningún sistema político y judicial tiene atribuciones para impartir justicia al margen de la ley.

El Presidente no cuenta con atribuciones para gobernar al margen de la ley, ni siquiera los jueces inventan la justicia, su tarea es juzgar a partir de las leyes.

Si el Presidente pretendiera actuar por encima de la ley ¿qué impide a otros mexicanos seguir su ejemplo? En una democracia donde priva el Estado de Derecho, nadie puede ser juzgado por su creencias y códigos morales o los criterios personales sobre la justicia, lo que se juzga son los hechos y acciones que contravienes las leyes; los jueces no juzgan la ética o la moralidad de los individuos, si no sus acciones al margen de la ley.

Hay coincidencia colectiva en una democracia que lo que una sociedad juzga justo es lo que las leyes establecen por acuerdo de la propia sociedad y no hay otro referente objetivo de lo justo que la propia ley.

Por eso es muy riesgoso exhortar a no respetar la ley, si la Reforma Educativa de Peña Nieto se considera injusta para los maestros, dentro del marco legal se debe reformar la ley educativa para que ésta represente la justicia a la que aspiran los maestros.

Ahora bien, como lo expresa Liébano Sáenz en el diario Milenio: “La justicia va asociada a la equidad y en ciertos sentidos a la igualdad. Hay un sentimiento social compartido de lo justo y lo injusto; sin embargo, como tarea de gobierno, ésta sólo puede tener una expresión: la legal. Para la persona o para un colectivo, puede haber diferencias entre lo legal y lo justo; no así para la autoridad. Para ésta, la única vía hacia la justicia es la ley. No hay dilema posible, mucho menos razón para privilegiar la justicia sobre la legalidad”.

Tiene razón Liébano, porque en la medida en que la autoridad ajuste sus actos a Derecho, otorga certeza a los ciudadanos y evita la desobediencia pública.

En conclusión: para la justicia no hay otro camino que la ley. La Constitución no tolera espacio alguno para suspender la legalidad.