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¿Adiós a las armas?

Sábado 04 de Mayo de 2019 7:43 am

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1.- Cada que ocurre un crimen de personas ajenas a la delincuencia, retorna el lugar común de la ingenuidad: el desarme nacional.

Así ocurre ahora con el asesinato de la estudiante Aideé Mendoza, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, en la capital del país. Una bala disparada desde fuera del aula en que tomaba clases, la impactó mortalmente. Según las fluctuantes investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el proyectil provino de un arma de calibre 9 milímetros, probablemente accionada por un supuesto narcomenudista. Fue esa la segunda versión oficial. La primera sostenía que el arma estaba dentro del aula, al parecer una “pluma” de calibre .22, artefacto tan ilegal como antiguo que se vende en el mercado clandestino de armas de fuego.

Ante la alarma que avivó el asesinato de una joven inocente y estudiante ejemplar, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, clamó por un “desarme nacional” para abatir la violencia criminal. Eso funciona para cubrir la responsabilidad que el Rector tiene de garantizar la seguridad de alumnos, profesores, trabajadores administrativos, de intendencia y funcionarios de Ciudad Universitaria y otros campi de la UNAM. Pero no es una solución a la violencia criminal.

Dentro de las instalaciones de la UNAM hay muchos delincuentes. Algunos tienen décadas incrustados en el territorio de la impunidad, como los bandidos y narcomenudistas que se apropiaron del emblemático auditorio Justo Sierra, de la Facultad de Filosofía y Letras, renombrado auditorio Che Guevara por activistas estudiantiles. No los han echado de ahí y el edificio ya no se usa más para la actividad académica, cultural ni para asambleas masivas de estudiantes. Está en poder de pelafustanes y criminales.

En el campus de Ciudad Universitaria y en los campi de los CCH y las Preparatorias Populares, la venta de drogas es tan cotidiana y abundante como impune. Algunos empleados de vigilancia de la UNAM están involucrados, pero su condición de sindicalizados los protege, porque el STUNAM se ha convertido de gremio democrático en escudo de bandidos en no pocos casos.

La policía no puede entrar a los campi porque viola la autonomía, aducen quienes terminan por hacerle el juego al narco y a asaltantes. Otros asesinatos han ocurrido en años recientes en la UNAM cometidos por pelafustanes del narcomenudeo y hasta ahora siguen impunes.

2.- Un “desarme nacional” nunca será solución a la violencia. Se necesita mucha ingenuidad, como la mostrada por el rector Graue, para creer que la prohibición pacificaría al país y refrenaría la violencia criminal.

Los delincuentes nunca piden permiso al gobierno para comprar armas de fuego. Las importan de donde se las vendan y las internan en el país por contrabando. Ahora provienen, sobre todo, de Estados Unidos. También llegan de Alemania, República Checa, China, España, Italia y Turquía. Por arsenales, los traficantes no pararán.

La Constitución federal otorga a los ciudadanos el derecho a poseer armas de fuego en su domicilio para defender su vida, las de sus familiares y los bienes propios. 

Cazadores, que conocen el manejo de armas de fuego, han defendido ocasionalmente su vida y sus bienes en asaltos a sus casas. Son casos infrecuentes, pero en todos han salido airosos. Sin esa defensa, los desenlaces habrían sido otros. Muchos ciudadanos quieren ejercer ese derecho, pero no saben cómo. En cambio, se les bombardea con propaganda barata de que las armas son peligrosas y mortales. Lo son, en efecto, aunque quien aprende a manipularlas correctamente difícilmente tendrá un accidente. 

De manera persistente, la propaganda barata identifica armas con delito. No es así. El delito lo comete quien las usa para fines ilegales, no el artefacto por sí mismo. Quien ha sido educado en el manejo de armas, es sensato cuando las tiene en la mano, porque sabe para qué sirven y cómo utilizarlas.

3.- Contra la idea de “desarme nacional”, sostengo que debe haber más libertad para poseer armas legalmente. De esa manera, los ciudadanos se protegerían a sí mismos en condiciones de extrema urgencia. La defensa de la vida propia y de los familiares es un derecho natural que no deben acotar los prejuicios autoritarios de los gobiernos. Si se deja inermes a los ciudadanos, los delincuentes llevarán siempre una ventaja decisiva. [Inerme significa desarmado].

La adquisición legal de estos instrumentos de defensa permitiría, además, un control estricto, mediante registro riguroso y revisión periódica, de la posesión de armas y la identificación científica en caso de ser utilizada en delitos. Eso no sucede ahora sino muy parcialmente. Los delincuentes no piden permiso para comprar y usar armamento, incluso de más poder de fuego que las fuerzas armadas.

Los propietarios legales de armas –entre ellos, cazadores y tiradores deportivos– debieran ponerse en alerta ante los intentos de acotar y hasta anular un derecho constitucional. Si el Estado mexicano es incapaz de garantizar protección, vidas y bienes ante una delincuencia tan extensa como impune, al menos debe dar oportunidad a los ciudadanos de defenderse por sí mismos.