Cargando



A la Corte



JUEVES POLÍTICO


Jueves 09 de Mayo de 2019 7:40 am


INTERPUESTA por el Poder Ejecutivo de Colima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional para analizar y resolver sobre la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito 32 (TCC), que destituyó a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado, Andrés Gerardo García Noriega, Yarazeth Villalpando y Juan Manuel Figueroa.

El juez sostuvo que el nombramiento de los magistrados, hecho por la pasada Legislatura a propuesta del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, omitió una convocatoria con la mayor difusión posible, para dar oportunidad de participar en la selección a cualquier ciudadano que cumpliese los requisitos. Adujo un resolutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de un caso contra el Estado venezolano. El quejoso, Rumualdo García Mejía, actual director de Proceso Legislativo del Congreso del Estado, alegó violación a sus Derechos Humanos por ser excluido del proceso de selección.

En la misma controversia constitucional se incluyó el caso de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), René Rodríguez y Sergio Marcelino Bravo, quienes fueron igualmente aceptados, a propuesta del Ejecutivo, por la Legislatura. En este caso, la queja fue interpuesta por Rocío Alejandra Guedea. De esta impugnación se excluyó a la magistrada Leticia Chávez, nombrada en el mismo proceso selectivo. Se desconoce el motivo.

Otro asunto aparte es el del magistrado Mario de la Madrid Andrade, cuyo nombramiento ordenó cancelar el mismo TCC con similares argumentos, una calca de la misma queja: violación de Derechos Humanos. Se está integrando el procedimiento jurídico para controvertir la sentencia, según el consejero jurídico del gobierno estatal, Luis Alberto Vuelvas Preciado.

Es evidente que se trata de una acción concertada entre los quejosos y una fuerza política, para hacerse de los cargos mediante la designación de magistrados afines a ellos. Se está ante una consigna partidaria, que prepararía el terreno para que la Legislatura local decida sobre los nuevos magistrados. Eso queda más que claro.

Lo que llama la atención es el argumento del TCC, que toma un caso de la CIDH resuelto en Venezuela. Es verdad que el Estado mexicano está obligado a acatar las resoluciones de esa Corte cuando la sentencia provenga de ésta misma, en casos particulares, como ya ha sucedido. Pero es improcedente que con base en una resolución que no dicta sentencia al Estado mexicano, no hay razón jurídica para traspolarla al Derecho mexicano.

Los nombramientos de magistrados se apegaron a la Constitución Política del país y a la Constitución Política de Colima, siguieron sus lineamientos y el procedimiento fue conforme a las normas. Son, por tanto, legales y constitucionales. Aplicar resoluciones de litigios particulares extranjeros es violentar la soberanía del estado de Colima y pasar sobre sus leyes y las normas federales, que eso fue precisamente lo que hizo el TCC, que ordenó, por consecuencia, destituir a los magistrados y reponer el proceso de selección, en que podrían participar los destituidos.

En el caso de Rumualdo García, hay otro asunto controversial. En su condición de director de Proceso Legislativo del Congreso del Estado, está impedido de litigar contra la entidad de gobierno –la Legislatura, en este caso–, conforme señala la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés, se impide al servidor público: “Utilizar su cargo público o disponer de recursos públicos para beneficiar sus actividades externas de tipo laboral, profesional o comercial (actuar de esa manera da lugar a faltas administrativas y delitos como actuación bajo conflicto de interés, tráfico de influencia, cohecho, utilización indebida de información, peculado y ejercicio abusivo de funciones)”.

García Mejía se excusó, en el Congreso, de participar en el asunto en tiempo cercano a la resolución de su queja. Pero previamente, siendo funcionario del Poder Legislativo y antes de excusarse, continuó los trámites ante el Tribunal Colegiado de Circuito, lo que es una falta que amerita sanción y la anulación, por la Suprema Corte, de la sentencia sobre su queja.

El artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades administrativas dicta: “Incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal”. En tal circunstancia, Rumualdo García se excusó, pero cuando ya iba avanzado su asunto en el Tribunal Colegiado de Circuito.

La Corte analizará también los otros casos. ¿Cómo resolverá? Es imposible por ahora saberlo. Pero ante la violación a la soberanía estatal y la introducción de criterios ajenos al Derecho mexicano, y sobre todo tratándose del nombramiento de magistrados, es probable que atienda a fondo el asunto que en un futuro podría afectarle.

En ese contexto, es altamente probable que ratifique los nombramientos de los magistrados.

Destape madrugador


ATENIÉNDOSE a ese refrán que reza: “Al que madruga Dios lo ayuda”, el ex alcalde manzanillense y ex diputado federal, Virgilio Mendoza Amezcua, se apuntó como uno de los prospectos para la gubernatura, cargo que se renovará en las elecciones de 2021.

La jugada política fue ejecutada por la senadora Gabriela Benavides Cobos, integrante del círculo compacto de Mendoza Amezcua, durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes ambos representantes populares, actualmente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En esa reunión con los medios de comunicación, Gabriela Benavides, a pregunta expresa, señaló que el ex presidente municipal de Manzanillo es la carta más visible y fuerte que tiene el Partido Verde en Colima, para disputar la titularidad del Poder Ejecutivo.

Dicho pronunciamiento debe revisarse en dos sentidos, pues un tema es la carrera política de Virgilio Mendoza y su trayectoria como funcionario, mientras que otra es la estrategia política que ha seguido el PVEM en los últimos años.

Respecto al primer asunto, resulta evidente que Mendoza Amezcua es un buen político y servidor público, así lo ha demostrado en los diferentes cargos que ha desempeñado, donde se caracteriza por ser práctico, servicial, sensible y sobre todo, eficaz.

Como alcalde de Manzanillo demostró todas esas virtudes, aunque finalmente perdió los comicios, debido al tsunami electoral que representó la figura de Andrés Manuel López Obrador y para mal de ese municipio, donde ahora sufren las consecuencias de un gobierno improvisado.

En 2015, Mendoza Amezcua pudo ser candidato del PAN a la gubernatura, pero debido a su buena relación con el entonces precandidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez, decidió no participar, según lo declaró el propio ex alcalde manzanillense.

Además era notoria la incomodidad de Virgilio Mendoza en un PAN avasallado, desde entonces, por Jorge Luis Preciado Rodríguez. Sin embargo, nadie duda que el primero resultaba el candidato idóneo de ese partido político a la gubernatura.

Tras ese episodio determinante, Mendoza Amezcua emigró al PVEM, partido con el que buscó y perdió la Alcaldía de Manzanillo en 2018. Luego se convirtió en el dirigente estatal de ese partido, desde donde buscará impulsar su candidatura.

Dicha intención luce prematura, pero en política es bueno comenzar a construir proyectos con antelación, más en un partido con escasa presencia entre el electorado colimense.

Por ese motivo y tomando en cuenta la trayectoria del ex alcalde manzanillense, es necesario que procure una mayor presencia en el primer distrito federal electoral, que comprende los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc.

A través del pronunciamiento de Gabriela Benavides, Virgilio Mendoza le dice al resto de partidos que está listo para competir, y eventualmente negociar alianzas con otras formaciones políticas, en una dinámica de acuerdos que es cada vez más común en el terreno electoral.

En recientes procesos electorales, el Partido Verde ha pactado coaliciones, ya sea formales o de facto, con Morena; en Colima podría repetirse dicho escenario, sobre todo si existen negociaciones en el ámbito nacional, donde se ha dado la cercanía entre ambos institutos políticos. Virgilio podría ser el candidato de esa coalición.

Sin embargo, debe recordarse que el PVEM también fue aliado del PAN, en la elección de 2000, cuando Vicente Fox arribó a la Presidencia; posteriormente firmó coaliciones con el PRI, mismas que se mantuvieron hasta los recientes comicios presidenciales.

Por esos antecedentes, el abanico de posibilidades de Virgilio Mendoza y el PVEM es amplio, hay oportunidad de explorar opciones de cara al proceso electoral de 2021. Los acuerdos podrían darse con Morena o el PRI, incluso con ambos, en política todo es posible.

Seguramente el posicionamiento del PVEM dará paso a diversos movimientos políticos, lo que permitirá conocer las intenciones y posibilidades reales de muchos perfiles políticos que aspiran a ocupar la gubernatura de Colima.

Crisis en la construcción


CUANDO el sector de la construcción levanta la voz y denuncia falta de obra pública, el indicio de recesión económica es irrefutable. Por eso no se puede pasar por alto la declaración que hizo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Colima, Carlos Maldonado Orozco, al advertir la crisis por la que atraviesa el sector, ante la falta de inversión del Gobierno Federal en obras.

“No está caminando al ritmo que esperábamos, sabíamos que sería lento el proceso por el cambio del Gobierno Federal, pero la verdad es que estamos sufriendo”, indicó el dirigente de los constructores colimenses.

Al explicar el panorama estatal, dijo que apenas algunos municipios licitaron obra pública, no así el Gobierno del Estado, que está esperando que a nivel central se definan presupuestos, programas y lineamientos. Del Gobierno Federal, sólo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sacó un paquete urgente para mantenimiento de carreteras, pero otros organismos, como la Administración Portuaria Integral, “van a pasos muy lentos”.

De acuerdo a las mediciones de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial de marzo pasado, la industria de la construcción está resultando afectada por tres factores: la falta de obra pública, la desconfianza del sector empresarial para invertir y el incremento en los precios de materiales (asfalto, varilla, alambre, alambrón, castillos) que al cierre de 2018 presentaron un alza anualizada de 11.32 por ciento, su nivel más alto desde 2009.

El gerente del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, José Antonio Hernández Balbuena, indicó que para que este año sea bueno para la construcción, deberán enfrentar retos que tienen que ver con la cadena productiva y la inversión pública.

Y es que la industria de la construcción es tan importante en la economía nacional, que impacta en 176 de las 262 ramas productivas, por lo que de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 pesos se emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva. Esto, claro está, sin considerar la gran cantidad de empleos que se crean en el sector.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado la aplicación del erario en la entrega de subsidios económicos a distintos sectores de la población, como estudiantes y adultos mayores, lo cual es correcto. Sin embargo, no puede, ni debe, fincar su administración en sólo programas asistencialistas, a través de los cuales, hasta el corte de abril, han sido beneficiadas 14 millones de personas, de un universo objetivo de 22 millones.

La baja de ventas de petróleo ocasiona problemas económicos al Gobierno Federal, toda vez que eso merma los ingresos fiscales. En contraparte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que al corte de abril, se logró un aumento de 12 por ciento de personas que presentaron sus declaraciones anuales, lo que en apariencia significa más recaudación, pero no es tal si se considera que alrededor de 80 por ciento de las declaraciones fiscales recibieron saldo a favor.

El mes pasado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, con un “alzaré la voz”, advirtió que no permitirá que se discrimine a Colima en la distribución de participaciones federales, esto, luego de que le fue notificada la reducción de dinero federal del Ramo 28, el cual se reparte entre estados y municipios conforme a criterios técnicos que promedian cantidad de población y Producto Interno Bruto local.

Por su parte, el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, urgió ayer al Gobierno Federal a destrabar los recursos económicos para los municipios, a efecto de que éstos lo apliquen en obra pública y se reactive la economía.

Desde que inició el presente año, la administración federal ha retrasado todo: programas, participaciones y reglas de operación para aplicar dinero etiquetado en determinados sectores. Todo eso impacta de manera negativa en la economía que, como ya lo dijimos, es perceptible en la evidente crisis en la industria de la construcción.

El Gobierno Federal tiene que poner atención al problema y resolverlo. No todo en la administración pública es entregar dinero a través de programas sociales, que llevan la implícita intención de ganar adeptos para futuras elecciones. Tiene que mover el presupuesto público, el dinero, para generar empleos y derrama económica. Pero también, debe crear las condiciones de confianza y certidumbre para que los empresarios inviertan en México, lo cual es fundamental, porque la participación privada en la construcción se estima ocho veces mayor que la pública.

López Obrador tiene un estilo de gobernar muy peculiar, lo cual sería bueno si con ello no frenara el avance del país. No puede, el Presidente, encargarse de todo él mismo sólo porque desconfía hasta de sus propios colaboradores, situación que genera conflictos y pudiera llevar al caos.

A la Postre


LUEGO de que el Senado de la República aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Puertos, presentado por la colimense Gabriela Benavides Cobos, el proyecto se turnó a las Comisiones de Puertos y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, para su análisis y presentación ante el Pleno.

La iniciativa se presentará en tribuna el próximo periodo ordinario de sesiones, por lo que se calcula que en septiembre pueda ser analizada por los diputados federales.

Su aprobación será importante para el desarrollo de municipios que tienen puerto, como Manzanillo, pues lo que se aprobó en el Senado marca que las Administraciones Portuarias Integrales (API) tendrán que otorgar a los municipios el 30 por ciento de los excedentes de ingresos anuales.

Se trata de atender una petición añeja de los habitantes de ciudades como Manzanillo, donde el crecimiento del puerto les deja pocos o nulos beneficios y muchos problemas, como daños a la infraestructura y congestionamientos viales.

De aprobarse en la Cámara de Diputados, se mejorará notablemente la relación puerto–ciudad, que durante muchos años ha quedado sólo en discurso. También, habrá más dinero que podrá emplearse directamente a favor del municipio en donde está asentado el recinto portuario, en beneficio de la población.

Bien por la Senadora colimense que ha insistido en este asunto, aunque habrá que esperar hasta septiembre para que se concrete.

Hizo bien el presidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez, al manifestar su interés por buscar en 2021 la gubernatura del estado. Se pronunció un día después de que hiciera lo propio el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Virgilio Mendoza Amezcua.

Al impulso de “para uno que madruga, otro que no se duerme”, como dice el refrán, la postura del Alcalde es oportuna.

Leoncio Morán tiene experiencia, una buena carrera política y está en un espacio adecuado para crecer en su interés por ser el próximo Gobernador de Colima. Algo muy importante es que tiene ganas y ahora tendrá que hacer un buen trabajo como Presidente Municipal, para después pensar en el siguiente paso.

Buena derrama económica y de promoción dejó el Festival de la Sal de Cuyutlán, un acierto de sus organizadores encabezados por el presidente del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del estado de Colima (Iffecol), Petronilo Vázquez Vuelvas.

Ojalá que el evento se mantenga y fortalezca en los próximos años, pues también se benefició a otros sectores de la zona, como los prestadores de servicios turísticos. Por cierto, la sal de Cuyutlán ha recibido certificado de calidad, lo cual la hace aun más comercializable.

Fue sorpresivo para muchos que la justicia federal haya negado el amparo promovido por el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, contra la inhabilitación de 14 años y la sanción económica de 515 millones de pesos que le impuso la Legislatura anterior.

Parecía que ya la había librado, sin embargo, aún está en capilla en un asunto penal, luego de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito sobreseyó, el 28 de marzo, el juicio de amparo indirecto que presentó el ex mandatario.

Hay que recordar que el 27 de septiembre de 2018, el Poder legislativo propuso una sanción económica contra Mario Anguiano por 515 millones 174 mil 928 pesos y una inhabilitación de 14 años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público municipal y estatal.

Resta esperar qué sigue en este caso penal. Primero, que se efectúe el juicio y se falle en contra de Anguiano Moreno; segundo, conocer la penalidad del asunto; tercero, cómo pagará el ex gobernador esa suma.

En lo político, podría pensarse que a Mario Anguiano no le importaría recibir una inhabilitación, sin embargo, de librar el problema y quedar con sus derechos políticos a salvo, es muy probable que trate de ingresar a Morena o algún partido satélite como el PT para buscar una postulación a algún cargo electoral en 2021. Ya será cosa de esos abanderamientos si le dan cabida a un personaje como él.

Se están haciendo bolas en el PRI para la elección de su nueva dirigencia nacional. Por lo pronto, ya decidieron que el INE no organizará ni intervendrá en el proceso, pues les sale muy caro.

Uno de los aspirantes a la presidencia, Alejandro Moreno Cárdenas, pedía que la elección se abriera a la ciudadanía, pero finalmente se hará consultando a la base que ya está inscrita en el padrón de militantes, para evitar que otros partidos interesados en un candidato tricolor ayuden acarreando votantes. El también pretendiente, José Narro Robles, señaló que se debe erradicar la simulación y propuso avanzar en unidad, hablar con la verdad y ofrecer sus legítimos intereses, anteponiendo las causas y valores que en otros tiempos les generaron confianza en la ciudadanía.