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La lógica del poder



CARLOS MALDONADO VILLAVERDE


Jueves 09 de Mayo de 2019 7:41 am


DESDE el tiempo en que Luis XIV, rey de Francia, afirmó “El Estado soy yo”, la ambición y la percepción de los Mandatarios no ha cambiado mayormente. En un intento de interpretar las condiciones que privan en América Latina, Enrique Krauze parafrasea en el título de un libro y dice El pueblo soy yo. No importa si se trata de Nicolás Maduro, de López Obrador o de Nacho Peralta, la sensación de poder se convierte en deseo de poder absoluto.

Veámoslo con el más democrático de los tres: Nacho Peralta. Sin duda, él cree firmemente en que la sociedad puede y debe marcar el rumbo de un gobierno, cree en la división de Poderes, en la democracia, en la transparencia y la rendición de cuentas… Sin embargo, al llegar al nombramiento de los magistrados, de los integrantes de los órganos autónomos, etcétera, estas convicciones quedan entre paréntesis y toma las decisiones tras bambalinas, atendiendo a cuotas de poder o a sus propias convicciones y/o intereses, a pesar de que en cualquier conferencia que dictara, seguramente ponderaría la independencia de los Poderes, el respeto a la autonomía absoluta de los órganos que así mandata la ley, y valoraría en mucho la transparencia y la evaluación por méritos y capacidades de los aspirantes a ocupar puestos dentro de este tipo de instituciones.

Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, abre cuotas para el PAN (o lo que quedaba de éste a través de Julia Jiménez y Pedro Peralta), para el “bloque” de independientes (léase Nico) y para el PRI, misma que se queda para sí mismo, como líder moral del partido. No hay convocatoria para que se presenten aspirantes; el cabildeo se hace por debajo del agua o en lo oscurito, como prefieran decir; la sociedad civil es ignorada y los indiciados, sin siquiera pasar por el procedimiento del Congreso, toman protesta intempestivamente.

¿El resultado? Muchos amparos, de los cuales, el primero que se resuelve es el del licenciado Romualdo García Mejía. En éste, el mandato es claro: a la brevedad nombrar nuevos magistrados mediante un procedimiento público y abierto en el que medie una convocatoria, respetando el derecho de quienes deseen postularse, así como el derecho de la sociedad a conocer y opinar sobre el procedimiento y los aspirantes. ¿Obedecería el Gobernador de Colima?

Evidentemente la obediencia no es una virtud que presuman los Poderes que pretenden ser absolutos y lo digo con claridad, no es un defecto de Nacho Peralta, es un defecto que hereda de un sistema presidencialista (y en los estados un sistema virreinal), pero del que no desea deshacerse. Así, el Gobierno de Colima combate el amparo ante la Suprema Corte y ésta admite el recurso el 2 de mayo y “se concede la suspensión solicitada por el poder ejecutivo del Estado de Colima en los términos y para los efectos precisados en el presente acuerdo. La medida suspensional (sic) surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que se puede modificar o revocarse por algún hecho superveniente”.

Por lo tanto, el procedimiento queda en suspenso y los magistrados seguirán en sus puestos durante algunos días, meses o años más, en tanto se resuelve este vericueto. Pero debo advertir que hay muchas manos dentro, la controversia atañe a todos los magistrados del país, a Gobernadores y Presidente, nadie se salva.

La mismísima Suprema Corte tiene en sus manos una papa caliente: o camina hacia la modernidad o se sostiene en la búsqueda de mantener privilegios que permiten seguir soñando con que el Presidente (o el Gobernador) pueda seguir diciendo “El Estado soy yo” o “El pueblo soy yo”, que para el caso es lo mismo. En cualquier caso, a favor o en contra, la decisión será un hito en la evolución o la involución de las políticas públicas de nuestra patria. Si no avanza, las instancias internacionales serán el siguiente paso.


carlos.maldonado.v@hotmail.com