La bofetada

Lunes 13 de Mayo de 2019 8:03 am

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Ala “cachetadita” que le dio la economía al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según lo dicho por el titular de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, le siguió una sonora bofetada al llegar a 4.41 por ciento la inflación en abril.

López Obrador había desmentido a Romo Garza diciendo que la “cachetada” fue de su administración a la corrupción, espada que desenvaina cada que la realidad se le aparece. O bien, culpa a “la prensa fifí”, a “los conservadores” o a los “columnistas maiceados y chayoteados”.

En lugar de evitar el golpe de la dinámica económica adversa, el Presidente actuó poniendo la otra mejilla y declaró desierto el concurso para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, porque las cuatro empresas internacionales invitadas a la obra presentaron un presupuesto superior a los 8 mil millones presupuestados (unos 150 mil millones de pesos, al tipo de cambio de la semana pasada) y requerían de 6 años para terminarla.

Como a Andrés Manuel López le urge inaugurarla, decidió que Pemex y la Secretaría de Energía, a cargo del ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza y la ingeniera petroquímica Rocío Nahle García, respectivamente, hagan la obra en 3 años y al costo de 8 mil millones de dólares. La más reciente refinería de capacidad similar a la proyectada en Dos Bocas, ha costado 10 mil millones de dólares y lleva 7 años en construcción. Se encuentra en Turquía.

En una conferencia matutina el 28 de marzo, el titular del Ejecutivo elogió a las cuatro empresas internacionales invitadas, dijo de ellas que “son las mejores del mundo” y que en México no hay experiencia para una obra como la proyectada. 

Ya es común que el Presidente se contradiga, como en este caso, o que confronte las declaraciones de sus colaboradores. La precitada, de Alfonso Romo, es ejemplo claro de esa conducta. Cuando el Romo suena es que agua lleva.

La reacción por Dos Bocas fue inmediata, como sucede en el mundo de las finanzas: los expertos dijeron que fue un error y las calificadoras criticaron la decisión presidencial, que será elemento de la próxima calificación; el país bajó del lugar 18 al 25 en atracción para la inversión extranjera directa (la que instala factorías, no viene a especular), los bonos de Pemex se depreciaron en todos sus plazos; la Bolsa Mexicana de Valores perdió en la jornada del anuncio.

Otro ejemplo fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Romo había prometido, después de hablarlo con López Obrador, que la obra continuaría, pero en una consulta con poco más de 747 mil votos a favor del aeródromo Santa Lucía (el Padrón Electoral tiene más de 89 millones de personas registradas), la construcción se clausuró, se tuvieron que pagar miles de millones de pesos a los tenedores de bonos de inversión y todavía se les adeudan 4 mil millones de dólares que se pagarán con el impuesto de uso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los siguientes años, descapitalizando a la terminal aérea.

La sustitución del NAIM por el de Santa Lucía, para que opere en conjunto con el de la Ciudad de México y el de Toluca en el futuro, evidenció improvisación, se encargó de la construcción a la Defensa Nacional, que nunca pidió tal responsabilidad.

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que en el NAIM no había corrupción. Andrés Manuel lo desmintió al día siguiente. Hasta ahora, no hay un solo proceso penal, ni siquiera investigación, contra los presuntos corruptos de la obra.

Cuando el Presidente dijo que en 6 meses se mejoraría la inseguridad en el país, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que sería “ingenuo” tal plazo y demandó 3 años para ver resultados positivos. A Durazo Montaño ya no le respondió López Obrador –no, al menos en público–. También se contradijo con Ricardo Monreal Ávila, líder senatorial de Morena; y con el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Hay descoordinación y una comunicación inadecuada en el Gabinete. Falta planeación. Las decisiones las concentra el Mandatario y no admite puntos de vista distintos al suyo, aunque esté equivocado y tengan razón los demás.

La economía se asoma a una recesión, si no se corrige el rumbo, lo que es asaz difícil, dado el estilo personal de gobernar del Presidente. Con frecuencia, las contradicciones afectan a los mercados y contribuyen a la incertidumbre y la desconfianza, que luego se manifiesta en la contracción de las inversiones. No obstante, Andrés Manuel sostiene que la economía crecerá 4 por ciento, en promedio, en el sexenio. El sólo dicho presidencial es insuficiente. Los hechos y los resultados son los que cuentan.

Castigo a corruptos

COMO parte del Informe por los primeros 100 días de trabajo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció, el miércoles de la semana pasada, que en un lapso no mayor de 60 días se estarán judicializando, como delincuencia organizada, los casos Odebrecht y la “Estafa Maestra”.

La investigación referente a Odebrecht –empresa global de origen brasileño, que opera en los sectores de Ingeniería, Infraestructura, Industria, Energía, Transportes y Medio Ambiente– fue iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con otros 10 países más de América Latina, con motivo de presuntos sobornos que la empresa habría pagado a presidentes, ex presidentes y funcionarios de 12 países, entre ellos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, durante los últimos 20 años, a cambio de obtener beneficios en contrataciones públicas.

Se calcula que Odebrecht pagó, en sobornos, la cantidad de 788 millones de dólares, en sus operaciones ilegales en las Naciones implicadas.

En Brasil, su país de origen, Odebrecht ha motivado la aprehensión de varios políticos y funcionarios, incluido el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un caso relacionado con contratos amañados con la petrolera del Estado, Petrobras.

Inmediatamente después del anuncio de Gertz Manero, las agencias de noticias Reuters y Europa Press, divulgaron, extraoficialmente, que la FGR solicitó al ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, facilite el acceso a pruebas y pesquisas relacionadas con la investigación por corrupción que involucra a Odebrecht.

Indagatorias que provienen de la Corte Federal de Nueva York, refieren que, en México, el esquema de corrupción con esta empresa brasileña y autoridades mexicanas se dio entre los años 2001 y 2016 (abarca sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto). En particular, se ha señalado que quien fuera titular de Pemex con Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, habría recibido 10 millones de dólares de sobornos por Odebrecht. 

En nuestro país, esta investigación fue iniciada en enero de 2017 por la entonces Procuraduría General de la República, que sin embargo no avanzó, por lo que Gertz Manero indicó que “se ha tenido que reponer en buena parte todo el procedimiento”.

El pasado 7 de febrero, la FGR se negó a atender la solicitud de un medio de comunicación para abrir el expediente Odebrecht, pese a que el INAI había ordenado transparencia en el caso. Entrevistado sobre el particular en la conferencia matutina del 13 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que aun cuando es un organismo autónomo, exhortaba a la Fiscalía a abrir el asunto a la opinión pública.

Por tratarse de un caso de presunta corrupción grave, Gertz Manero no debió esperar a que el Presidente le diera la pauta a seguir, pues bien pudo dar información sin poner en riesgo la parte legal que debe cuidar por el debido proceso. Aunque, también, esta aparente diferencia de puntos de vista del Presidente y el Fiscal General pudo ser una jugada política para hacer ver bien a López Obrador. Como sea, es positivo que el caso avance en México en el ámbito judicial, como desde hace tiempo está ocurriendo en otros países implicados.

La “Estafa Maestra” derivó de una investigación periodística publicada el 5 de septiembre de 2017 por el portal de noticias Animal Político, con datos obtenidos de la Auditoría Superior de la Federación.

Se documentó el desvió de 5 mil 800 millones de pesos desde las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambas encabezadas, en ese orden de tiempo, por Rosario Robles Berlanga; así como la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. El modus operandi fue el otorgamiento de contratos ilegales a 186 empresas, muchas de ellas fantasma, a través de ocho universidades públicas que se encargaron de subcontratar servicios.

En la “Estafa Maestra”, el Fiscal General de la República indicó que hay 21 procesos iniciados, cinco vinculaciones a proceso, dos audiencias y cuatro carpetas de investigación pendientes.

Odebrecht y la “Estafa Maestra” son dos casos que tienen que ser resueltos por los altos niveles de corrupción que, a simple vista, los documentan. La Fiscalía General de la República está obligada a llegar hasta las últimas consecuencias y poner tras las rejas a los responsables, pues sólo así, cuando se empiecen a castigar culpables, la gente podrá empezar a creer que este Gobierno Federal sí va en serio contra la corrupción en el sector oficial.

Seguir investigando

EL que Colima sea el estado con mayor número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, como lo anunció la semana pasada el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pareciera una mala noticia, y aunque efectivamente es muy grave que existan esos sitios, es importante que las autoridades están haciendo el trabajo de investigación para dar con ellos e identificar los cuerpos.

El funcionario federal informó que nuestro estado encabeza la lista de entidades donde se han hallado restos de 86 humanos, de un total de 274 localizados en 6 meses. Aclaró que la mayoría son de varios años atrás y mínimas las víctimas recientes. 

Es importante en esta labor la coordinación de los gobiernos federal y estatales y, en ese sentido, en Colima la Fiscalía General del Estado ha dado buenos resultados. De hecho, continúa las investigaciones en el rancho Santa Rosa, en Tecomán, pues no se descarta que pudieran localizarse más restos humanos.

Hasta ahora han sido identificados y entregados a sus familiares 13 cadáveres de los 69 que fueron encontrados en febrero, en 49 fosas clandestinas descubiertas en esa zona.

No es fácil llegar a estos lugares, se necesita un trabajo de investigación, algunas veces desde el momento en que se detiene a miembros del crimen organizado, quienes han sido parte de esas operaciones en las que se entierran cadáveres en lugares clandestinos.

El problema es grave en todo el país, pues se incubó desde hace varias décadas, pero tuvo su mayor auge en el Gobierno Federal que presidió Felipe Calderón Hinojosa, y a nivel local con el mandato de Silverio Cavazos Ceballos.

Es terrible, porque la disputa de los criminales ha crecido, en muchas ocasiones se eliminan entre adversarios y, para no dejar rastro, hacen las fosas clandestinas. Lamentablemente también hay víctimas inocentes que nada tenían que ver con la delincuencia.

Por eso es importante el trabajo que están haciendo las Fiscalías estatal y federal para hallar esos lugares e iniciar labores de identificación de los cuerpos.

Hay que recalcar que este es un asunto que compete primero al Gobierno Federal, por tratarse de actividad del crimen organizado, pero los gobiernos estatales coadyuvan y también investigan, por ser el homicidio un delito del fuero común. 

En el caso de Colima, probablemente muchos de los cuerpos de las fosas son de personas que no eran originarias de aquí. Nuestro estado es un punto estratégico para la actividad delictiva, principalmente por la disputa de los cárteles por el control de trasiego de drogas por el puerto de Manzanillo. 

Tiene, además, una escabrosa colindancia con Michoacán, que se ha distinguido por años como uno de los estados con alta presencia de grupos delictivos.

Otro aspecto importante en la localización de las fosas, es la denuncia, pues además del trabajo de investigación, la sociedad está más involucrada en el asunto. Principalmente familiares de personas desaparecidas tienen un papel fundamental en el tema, pues por medio de presión a las autoridades, y desde hace tiempo por decisión e investigaciones propias, coadyuvan a la localización de lugares en los que hay cadáveres enterrados.

El trabajo debe continuar y si existen más fosas en nuestro estado, la Fiscalía debe dar con ellas e identificar a las víctimas para entregar sus restos a sus familiares, como ha ocurrido en 13 casos.

En otros, donde el Banco de Datos de la Fiscalía local no tenga resultados, se debe recurrir al Banco Nacional, pues hay que insistir en que muchos de esos muertos no eran de Colima.

Taxis ilegales

LA incursión en Colima de los llamados taxis por aplicación de celular, es decir, aquellos que son contratados mediante plataformas digitales, ha generado una problemática que la Secretaría de Movilidad del gobierno estatal no ha podido resolver.

El pasado 8 de mayo, el titular de Semov, Rafael Martínez Brun, informó que fueron detenidos 50 taxis que operaban bajo esa modalidad, sin contar con la autorización de las dependencias gubernamentales correspondientes.

Detalló que en la entidad, solamente hay cinco empresas de taxis, también llamados ejecutivos, con la autorización legal, mientras que otras tres, incluyendo Uber, realizan trámites para obtener los permisos de operación en el estado de Colima.

Precisó que las empresas formalmente autorizadas para prestar el servicio deben dar de alta, ante la Secretaría de Movilidad, a todas las unidades que funcionarán como taxis, lo cual evidentemente no sucede, como lo demuestra la detención de 50 vehículos.

El 27 de enero de 2017, hace ya más de 2 años, fue aprobada la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, misma que pretendía regular todos los aspectos referentes al transporte público particular, sobre todo al que funciona con aplicaciones tecnológicas.

Sin embargo, la legislación no ha logrado sus objetivos, pues el transporte público en general todavía no llega a los estándares de calidad que necesita la población, y en lo particular, el servicio de taxi por aplicación tecnológica sigue operando en el desorden.

La intención de regular la operación de los taxis ejecutivos se quedó a medias, en gran medida por la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 15 de octubre de 2018, cuando invalidó varios artículos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima.

Una de las disposiciones anuladas fue la que limitaba la cantidad de vehículos de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas (de tipo Uber y Chofer Pro), a un máximo del 4 por ciento del parque de taxis públicos (amarillos) registrados hasta el año 2017.

Sin ese candado legal, anulado por la Corte con el argumento que el servicio por aplicación tecnológica es diferente al que ofrecen los taxis tradicionales, han proliferado los automóviles particulares que prestan el servicio de transporte, algunos de ellos, como ya se ha visto, sin la autorización respectiva.

Además, el máximo órgano jurisdiccional en el país revocó el artículo 173 de la Ley Movilidad Sustentable, que restringía al otorgamiento de solamente un permiso por persona y 10 por empresa. Otra vez, la invalidez de ese precepto, permite la multiplicación de taxis por aplicación tecnológica.

No obstante, la libre competencia no es el origen del problema, sino la inaplicación del marco jurídico y la incapacidad de las autoridades para garantizar una prestación eficiente del servicio del transporte público, donde parece imperar la voluntad de los concesionarios.

Más allá de los taxis, poco ha cambiado la movilidad desde la publicación de la ley en la materia, ni el transporte público ni el desplazamiento de vehículos por las ciudades de la entidad presentan cambios profundos, como se prometió que sucedería con el nuevo marco jurídico.

Ya son varios los titulares de Movilidad durante la presente administración: Gisela Méndez, Belisario Arrayales López, Manuel Ahumada de la Madrid y ahora Rafael Martínez Brun, que no han podido instrumentar modificaciones que permitan una mejora sustantiva en beneficio de los colimenses.

Sin duda este tema debe ser atendido directamente por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pues hasta ahora no se ha aplicado la ley, primero en el asunto de los taxis, luego en el resto del servicio del transporte público, mismo que hasta ahora le queda mucho a deber a la sociedad.