Jueves 16 de Mayo de 2019 7:54 am

---

SI algún trámite del Gobierno del Estado ha recibido amplia difusión, es el intercambio de terrenos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy, el predio de 15 hectáreas que fue propiedad militar, ha pasado al patrimonio estatal.

Una y otra vez, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez explicó a la población y a los medios de comunicación en qué consistió el intercambio, los precios de los terrenos permutados y las valuaciones hechas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), dependiente de la Secretaría de Hacienda. Ya sea para comprar, vender o intercambiar bienes nacionales –los terrenos de la antigua Zona Militar lo eran– es obligatorio que esa dependencia establezca el valor monetario en cada caso concreto. Así se hizo.

Por su parte, el gobierno estatal ofreció a la Sedena un terreno de su propiedad en Los Asmoles, al margen de la autopista en sentido de Colima a Manzanillo. Por razones de estrategia, la Defensa Nacional prefirió uno ubicado enfrente, al otro lado de la carretera, que era propiedad particular, por lo que la autoridad estatal lo adquirió para ese fin. Ahí se encuentran ya las nuevas instalaciones militares como se puede observar desde la autopista.

El Ejército necesitaba salir de la zona urbana, cuya expansión rodeaba ya las 15 hectáreas sobre la Calzada Galván, ubicación que dificultaba sus operaciones. Desde años atrás, la Sedena buscaba un sitio donde pudiese llevar a cabo trámites administrativos, movimientos tácticos, entrenamiento, albergue de tropas y oficiales, así como resguardo de equipo y arsenal.

Pese a la claridad con que se llevó a cabo la transacción, un medio electrónico afirma que no hay transparencia y que se desconoce el destino de 200 millones de pesos que son parte de un crédito de 410 millones de pesos que se usaron en la operación. El resto, 210 millones, se invertirán en la construcción del edificio del C5i, precisamente enfrente de la antigua Zona Militar.

Aduce que la Sedena no proporcionó documentos de ese pago. La realidad es que esa dependencia federal decidió que esa parte de la operación fuese puesta en reserva y solicitó al Gobierno de Colima no darlo a conocer. El gobernador Peralta Sánchez sostuvo que en cuanto la Defensa Nacional lo autorice, los documentos correspondientes serán integrados al expediente de la permuta que se encuentra para consulta libre en el Archivo Histórico del Estado.

Eso ocurrió estos días y ayer el Mandatario anunció la liberación del documento donde se precisa que pagó 200 millones por la diferencia de valor entre el terreno donado por su administración y el de la Sedena, que costaba más. La confusión obedeció a que el Ejército no informó, vía transparencia, de ese acuerdo, y aparecía como donación gratuita. Pero el Indaabin condicionó, en el inciso B del acuerdo, que la gratuidad de los terrenos de la ex Zona Militar estaba condicionada a que “el Gobierno del Estado entregue la cantidad dineraria que resulta del avalúo que se hace del terreno” militar. Esa diferencia a favor de las Fuerzas Armadas era de 200 millones de pesos, que se pagaron con casi la mitad del crédito de 410 millones de pesos, como lo explicó ayer Ignacio Peralta en conferencia de prensa. ¿Más claro?

El Decreto 446, del 12 de febrero de 2018, que está en los archivos del mismo Congreso, se autoriza la desincorporación de cinco predios de propiedad estatal y la enajenación a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eran cinco parcelas del ejido Piscila que suman una superficie de aproximadamente 63 hectáreas. El valor de los terrenos de la ex Zona Militar es mucho mayor.

El Diario Oficial de la Federación, del 26 de noviembre de 2018, publicó la autorización del Indaabin para desincorporar el terreno de la Defensa Nacional a favor del Gobierno de Colima.

Eso era conocido de sobra, pero el medio electrónico insiste en presentar su información con el sesgo que le caracteriza, parcial y distorsionado, en un afán de presionar al gobierno estatal. No es la primera vez que el dueño de ese medio lo hace, ni el primer gobierno al que intenta intimidar. Tal es su historial y no sorprende por conocido. Pero no por sabida deja de ser una acción deleznable.

Hubo diputados como Vladimir Parra y Julio Anguiano, de Morena, y Remedios Olivera, de Movimiento Ciudadano, que se dejaron llevar por la trampa y propusieron citar al gobernador Peralta Sánchez a que explique ante la Legislatura el uso del crédito de 410 millones de pesos del caso. Hoy comparecerá el Mandatario y explicará, una vez más, lo que ha sido transparente desde que comenzó la negociación para la permuta de terrenos con la Sedena. Los diputados debieran tener desde hace mucho esa información, si se hubiesen dado tiempo a consultarla. Sin embargo, comparten con el medio electrónico el afán de molestar y la mala fe de presentar una acción transparente como si fuese turbia, cayendo en el garlito de la distorsión y refrito de la información.

“Lo limpio no necesita jabón”, dijo el Gobernador al referirse a la explicación que le pide ahora el Congreso y que se la proporcionará hoy.

El estado de Colima, particularmente la ciudad, ha obtenido terrenos valiosos, de excelente ubicación, para desarrollar ahí un conjunto recreativo en el corazón de la capital, como no se encontraría otro igual o mejor. Actualmente, se está en el proceso de determinar qué se hará en el predio de 15 hectáreas.

Quedará igualmente claro, hoy, tras la comparecencia del Gobernador. Y además, algo que ya se sabía desde tiempo atrás, se evidenciará otra vez la mala fe y la distorsión de la información del medio electrónico.

Tibieza legislativa

“MUCHO ruido y pocas nueces”, así podría concluirse la comparecencia del secretario de Salud, Miguel Becerra Hernández, ante diputados locales extremadamente tibios, el lunes de esta semana. Se le citó para aclarar varias irregularidades detectadas en la Secretaría de Salud, motivo por el cual se esperaba que pasaran muchas cosas, menos lo que sucedió: ¡Nada!

En la sesión del miércoles 8 de mayo, el vicecoordinador de la bancada de Morena y presidente de la Comisión de Salud, Guillermo Toscano Reyes, pidió, desde tribuna, la presencia del titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS) del Gobierno del Estado para que explicara las razones por las cuales caducó medicamento encontrado en el Almacén Central de la dependencia, que significó, según lo expuesto por el propio Toscano con anterioridad, una pérdida de millón y medio de pesos.

También, Becerra Hernández tendría que aclarar el rompimiento del drenaje del Hospital Regional Universitario (HRU), con todo sus riesgos y consecuencias; las medidas que ha tomado para solventar el desabasto de medicamentos en hospitales y Centros de Salud; la falta de acreditación y reacreditación de clínicas y Centros de Salud, así como la carencia de médicos en algunos de estos lugares de atención.

Era larga y necesaria la lista de preguntas para que los legisladores locales conocieran, de primera mano, qué sucede en Salud, pero desaprovecharon la oportunidad y se conformaron con escuchar la retórica respuesta del funcionario respecto a que toda la culpa la tienen quienes le precedieron al frente de la SSyBS.

Aun cuando, desde hace semanas, Guillermo Toscano había manifestado públicamente una serie de anomalías en la SS y fue quien destapó el asunto de los medicamentos caducos, cuando tuvo enfrente a Miguel Becerra se conformó con respuestas absurdas.

Porque ilógica fue la explicación que dio el funcionario estatal en relación a los medicamentos que caducaron, pues según él, de 2014 a 2016, la SSyBS hizo compras de medicinas sin análisis previos, lo que ocasionó el exceso de algunos y el desabasto de otros.

Si bien Becerra Hernández llegó al cargo en febrero de 2018, eso no lo exime de su responsabilidad de revisar lo que recibía y en qué condiciones se encontraba. ¿El secretario de Salud nunca se asomó al Almacén Central para saber qué había, qué faltaba, qué sobraba, qué podía caducar como finalmente pasó? De ninguna manera Miguel Becerra queda libre de culpa, y mal se vio el diputado Toscano Reyes en no insistir que fuera claro en su respuesta, máxime cuando el funcionario precisó que no es millón y medio de pesos lo que se perdió en esos medicamentos, sino 2 millones 334 mil pesos.

En el asunto de la deuda que tiene la dependencia estatal en rubros de proveedores, laudos, recursos humanos y dispensación de medicamentos, por la cantidad de 490 millones 459 mil pesos, su titular se deslindó prácticamente de toda, pues dijo que excepto la correspondiente a la dispensación de medicamentos, el resto la heredó de quienes le antecedieron en el cargo. Sin embargo, tampoco dijo el monto del adeudo que él reconoce como propio.

Del drenaje en el HRU, que tronó desde marzo pasado y tardará unas 4 semanas más en repararse, Becerra Hernández lo adjudicó al desgaste de la tubería, lo que afectó principalmente el área de Terapia Intensiva, que debió cerrarse. Aquí, tampoco aclaró por qué se dio un problema de falta de pago a quien realizaba las reparaciones de la tubería y por eso se ha retrasado su conclusión.

En la acreditación y reacreditación de 53 unidades de salud que no hizo en tiempo y por tanto no se radicó dinero federal al estado, indicó que este mes se empezaría el proceso. ¿Por qué no lo hizo en tiempo y forma?, era una pregunta obvia que igual quedó en el aire.

De los 13 diputados presentes en la reunión con el Secretario de Salud, celebrada en la Sala de Juntas del Congreso del Estado, la que advirtió la falta de claridad en las explicaciones de Becerra fue la secretaria de la Comisión de Salud, Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien le hizo saber al funcionario que por el tipo de respuestas que les estaba dando, “nos hace darnos cuenta que usted ni nos respeta ni nos dice la verdad”.

Miguel Becerra fue al Congreso a tratar de salvar su pellejo, nada más. No le importó que al señalar que todas las irregularidades son consecuencia de quienes le precedieron en el cargo, afectara a la administración estatal de la que forma parte, y a la cual, de nada le ha servido su presencia.

Proyecto inviable

ANTE la falta de lugares de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Colima, Carlos Maldonado Orozco, señaló que la iniciativa privada busca construir un estacionamiento subterráneo en el Jardín Núñez.

El líder de los constructores enfatizó que dicho proyecto ya se está dialogando con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). “Se trata de un estacionamiento en el Jardín Núñez que sería subterráneo y podría ser financiado por la Iniciativa Privada, con lo cual se genera obra”, dijo Maldonado Orozco.

Sobre dicha iniciativa, el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, opinó que se trata de un proyecto interesante que se ha revisado desde hace tiempo, por lo tanto debe analizarse con mayor detenimiento, ponderando la conservación del entorno natural.

Dejó en claro que este proyecto tendría que ser concesionado por la administración municipal, con el objetivo de que sean empresas privadas las que construyan, primero, y luego administren la operación del servicio de estacionamiento.

Mientras tanto, el presidente de la Canaco Colima, Luis Javier Siordia Alcaraz, se pronunció a favor de una revisión profunda de la iniciativa, sobre todo en los aspectos de la viabilidad económica y estructural que implica un estacionamiento subterráneo.

Subrayó que tendrá que determinarse si puede realizarse una excavación sin dañar el patrimonio histórico y ambiental que existe en el Jardín Núñez, que por lo demás, es uno de los espacios de reunión y convivencia de mayor belleza en la capital y el estado. Para comenzar, un estacionamiento subterráneo dañaría raíces de grandes árboles centenarios y se expone a inundaciones, entre otros efectos negativos.

El interés del gremio constructor por desarrollar obras que reactiven la economía de ese sector es válido, como también lo es la necesidad de construir espacios de estacionamiento en el centro de la ciudad, donde cada vez es más difícil encontrar sitios para dejar el automóvil de manera segura.

Sin embargo, tendrán que revisarse otras opciones, pues el Jardín Núñez es un lugar emblemático de la capital, su valor histórico y ambiental no debe ponerse en riesgo, por más que se busquen justificaciones a un proyecto empresarial que bien puede trasladarse a otro sitio.

Es cierto que en otras capitales del país, como Guadalajara o Querétaro, ya existe una infraestructura similar, con estacionamientos subterráneos en el corazón de la ciudad, pero Colima tiene características particulares que deben tomarse en cuenta, por ejemplo, los significativos escurrimientos pluviales de norte a sur o la alta sismicidad.

La urgencia de diseñar proyectos de infraestructura que muestra la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es comprensible, ante la falta de acciones por parte del Gobierno Federal, sin embargo, la edificación de un estacionamiento subterráneo en el Jardín Núñez no parece muy viable.

Más bien tendrían que buscarse otros espacios para un proyecto de esa naturaleza. En el primer cuadro de la ciudad hay muchos terrenos baldíos que no tienen un uso específico, ahí podría construirse una torre para albergar a los automóviles que visitan los negocios y establecimientos del centro.

Aprovechando la propuesta y el interés que muestra el gremio empresarial, las autoridades del municipio de Colima deberían impulsar un proyecto integral para la reactivación del Centro Histórico, pues en los últimos años sólo se han realizado obras superficiales que no terminan de darle una identidad propia a ese espacio.

Ya es tiempo de que se proponga un reordenamiento profundo del centro, una modernización que incluya zonas peatonales y vehiculares, espacios de convivencia y esparcimiento, áreas designadas para el comercio, así como oficinas gubernamentales.

El concurso de gobiernos e iniciativa privada en proyectos de desarrollo puede resultar benéfico para las ciudades, siempre y cuando exista viabilidad en los mismos, y en el caso de un estacionamiento subterráneo en el Jardín Núñez no es así, por lo tanto deberán buscarse otras opciones.

A la Postre…

NO es común la forma en que se dio la remoción del administrador de la Aduana de Manzanillo, Margarito Martín Saldaña, la semana pasada, pues a las oficinas llegaron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México que montaron un fuerte operativo y se llevaron al funcionario, quedando como encargada la subadministradora Lizbeth Guadalupe Benítez Sánchez.

Eso sucedió después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, el 11 de abril, en su conferencia matutina, que tenían muy malos reportes de la Aduana de Manzanillo y se iba a limpiar por completo.

“Vamos a limpiar de corrupción las Aduanas, entra un plan con ese propósito, no tenemos por qué ocultarlo, ya se acabó el negocio y el contubernio en Aduanas”, dijo ese día el titular del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, tras el operativo del jueves pasado, no se ha dado información oficial alguna, ni siquiera de si el ex administrador fue detenido y está sujeto a investigación. Si salió por malos manejos y corrupción, se debe informar y tras las pesquisas aplicar las sanciones que correspondan.

En el caso, no debe quedar lugar para la impunidad y si en verdad hay negocios turbios en ésta y otras Aduanas del país, el Gobierno Federal tiene la obligación de investigar y sancionar, no sólo destituir, además de informar a la población los resultados de esas acciones.

Habrá que esperar también qué ocurre en la Aduana de Manzanillo, pues se había anunciado que quedaría como administrador José Luis Avendaño Salinas, pero no ha habido un anuncio oficial al respecto.

Se inicia mañana el Festival Internacional del Volcán (FIV) en la primera edición que corresponderá organizar a la administración municipal encabezada por Leoncio Morán Sánchez, quien debe ser muy cuidadoso para evitar caer en los errores, abusos de autoridad y excesos que cometió su antecesor, Héctor Insúa García.

Es positivo ofrecer eventos culturales y artísticos a los colimenses y consolidar el Festival, pero no convertir el centro de la ciudad en una gran cantina donde por semanas haya borracheras, como en fiesta de ranchería, como ocurrió con Insúa García.

Muchas quejas se presentaron de vecinos de la zona, por diversas razones, como el escándalo hasta altas hora de la madrugada, el bloqueo de accesos de estacionamiento, hasta la falta de baños, lo que ocasionaba que algunos hicieran sus necesidades fisiológicas en plena calle.

Es una buena prueba para Leoncio Morán sacar delante de manera positiva este evento, donde sí se ofrezca entretenimiento y sano esparcimiento y se cuiden todos los detalles que lo rodean. No debe olvidar que todo lo que haga ahora, será evaluado por los electores en su aspiración (que ya externó la semana pasada), de buscar la gubernatura en 2021.

Hablando del FIV, aunque no se informó oficialmente, hace unos días Roberto Carrera dejó la Dirección de Recreación, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Colima, por lo que Esperanza Livier Velasco Nuncio quedó como encargada de la oficina. En calidad de presidenta del Comité Organizador del Festival se nombró a Adriana Venegas Ceballos, de quien se esperan buenos resultados.

Ha informado la Comisión Nacional del Agua que la temperatura media anual en Colima se ha incrementado casi 1.5 grados centígrados en las últimas 3 décadas, lo que exige además de un análisis profundo, acción por parte de las autoridades para tratar de frenar y revertir esa situación.

El calentamiento global es un problema que preocupa a muchas naciones del mundo, pero independientemente de lo que se haga a nivel macro, en lo local se deben tomar medidas que van desde la reforestación, hasta regular el crecimiento urbano, endurecer los castigos contra la tala inmoderada de árboles y detener la proliferación de explotaciones mineras de pequeña escala que han proliferado, algunas sin permiso.

Otra consecuencia del incremento de la temperatura es la proliferación de incendios tanto forestales como de predios urbanos. Se requiere la participación de todos para evitarlos, como la gente de campo, que en ocasiones realiza quemas que se salen de control, en tanto que las autoridades deben mantener campañas de información, y los ciudadanos que deben dejar de tirar basura en la calle o lotes abandonados, pues luego esos desperdicios pueden prenderse por el calor y provocar un incendio.