Limpia en Poder Judicial

Lunes 20 de Mayo de 2019 7:46 am

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EL viernes de la semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, acompañado por la subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Sigal Mandelker, informaron que al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y el ex magistrado de Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, están acusados de haber colaborado con un cártel del narcotráfico, a cambio de sobornos, por lo que a ambos personajes les fueron bloqueados bienes y cuentas bancarias.

Al ex gobernador nayarita se le detectó una suma de 75 millones de pesos en bienes que no declaró, y al ex magistrado la cantidad de 50 millones de pesos sin poder acreditar su procedencia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EU, incluyó los nombres de ambos ex funcionarios en su lista de personas involucradas con grupos del crimen organizado.

Por los antecedentes informativos recientes, esta es la primera acción que ejecuta el Gobierno Federal contra jueces y magistrados del Poder Judicial que están siendo investigados por presunta colusión con grupos criminales, aunque para el caso particular se trata de un ex magistrado federal.

El pasado martes, el periódico La Jornada dio a conocer que jueces federales adscritos a los estados de Jalisco, Veracruz, Guerrero y Colima, están siendo investigados por distintas áreas de Inteligencia del Gobierno Federal, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal (PF), tarea que realiza en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

Según fuentes del Gabinete de Seguridad federal –dice la nota–, la causa es que en las entidades citadas, es donde han sido detenidos y posteriormente liberados operadores financieros y logísticos, así como jefes de plaza de una organización delictiva.

Precisó que las autoridades abrieron el expediente de jueces federales luego de la detección de casos de juzgadores que poseen propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados sólo con sus ingresos, y que presuntamente son resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado.

“Personal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) dirige la operación en la que se revisa con lupa el desempeño de jueces y magistrados en los estados mencionados, y que han servido de bisagras para que las puertas de la justicia se vuelvan giratorias, de tal manera que así como los inculpados entran, salen poco después, de acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad”, agrega la publicación.

El trascendido lo confirmó después el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien aclaró que Jalisco es prioridad en el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial, pues aparece como “foco rojo” en un diagnóstico interno del Consejo de la Judicatura Federal.

Como medida inmediata, anunció el inicio de “un gran número” de investigaciones y procesos de disciplina, particularmente en Jalisco, donde se están llevando a cabo el cambio de adscripción de jueces. Admitió el presidente de la Corte que hay un problema de corrupción en el Sistema de Justicia del país, pero, acotó, “no es generalizado”.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con los Gobernadores del país, han manifestado la necesidad de “limpiar” de corrupción el Poder Judicial, pues como bien acusaron los Mandatarios estatales hace un par de años, el Nuevo Sistema de Justicia Penal se ha convertido en una “puerta giratoria” que beneficia a los delincuentes. Y lo reiteraron semanas atrás, en la Conago.

Si jueces y magistrados federales pertenecen a la burocracia mejor pagada del país, no tienen el mínimo pretexto para violar la ley y ceder al soborno de grupos delictivos. Por eso, es bueno que se empiece a actuar contra servidores públicos corruptos, que con su actuar le hacen mucho daño a las instituciones y a la sociedad.

Es buen momento para que la Fiscalía General de la República trabaje, en ese sentido, de la mano con el Poder Judicial, porque mientras más limpio de corrupción esté el Sistema de Justicia, más posibilidades habrá de que las tareas que empiece a realizar la Guardia Nacional sean exitosas.

Todo claro

LA semana pasada, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez explicó, primero a la población y medios de comunicación, por medio de una conferencia de prensa, y luego a los diputados en el Congreso del Estado, lo referente a la adquisición del predio que ocupó la 20ª Zona Militar, por la Calzada Galván, en esta ciudad.

Ese asunto del intercambio de terrenos entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido plenamente difundido desde su origen, por lo que lo sucedido la semana pasada fue una repetición de información.

Peralta Sánchez despejó las dudas de los diputados de la 59ª Legislatura local y reiteró que sí se desembolsaron 200 millones de pesos como parte de la operación que se realizó con la Sedena, además, exhibió los recibos de pago.

Es correcta la posición de comunicar del gobernante, sin embargo, tuvo que dar la explicación por una información malintencionada, que en realidad es desinformación, de parte de un periódico electrónico cuyo fin es confundir a la población para golpear a la administración estatal.

En el afán de que los tomen en cuenta y obtener ingresos económicos, algunos medios electrónicos, tan de moda en los últimos tiempos, son capaces de inventar o tergiversar noticias, sin hacer un periodismo serio y de investigación, como debe ser.

Es lamentable que legisladores locales de Morena y de Movimiento Ciudadano se hayan enganchado con versiones falsas y tendenciosas e hicieron crecer un tema que de origen era falso y, lo peor, que la verdad ya había sido difundida ampliamente por el Gobierno del Estado.

Ojalá esto sirva de experiencia para que los integrantes de la actual Legislatura, que han dado infinidad de muestras de que les falta mucho para ejercer la labor para la que fueron electos, estén mejor informados de lo que ocurre en el estado, para no dejarse llevar por información falsa, como la de este caso.

Fue una pérdida de tiempo, tanto del Mandatario estatal como de los propios tribunos, debatir sobre supuestos malos manejos de dinero en este trámite de intercambio de terrenos.

Todo, para que Peralta Sánchez explicara y demostrara, nuevamente, que no existen operaciones indebidas respecto a la adquisición que su gobierno hizo del inmueble donde antes estaba la 20ª Zona Militar.

Habiendo tantos temas importantes para el desarrollo del estado, que deben ser atendidos tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, resulta ocioso perder prácticamente una semana en algo que está aclarado desde hace mucho tiempo.

Diario de Colima ofreció oportunamente toda la información referente a esa transacción y cuando surgió la desinformación del medio electrónico, anticipamos que todo iba a ser de nuevo aclarado por el Gobernador.

Por cómo se manejan algunas de esas publicaciones en internet, es un hecho que no van a cambiar su política y su forma de ejercer un periodismo de noticias falsas o tergiversadas que nada tienen que ver con la búsqueda de la verdad y de ofrecer información fidedigna a quienes puedan leerlos.

Hizo bien la administración estatal en atajar esas versiones calumniosas y mal se vieron los tribunos que, malinformados, cayeron en la trampa y se prestaron al juego sucio de los promotores de esa versión.

Seguramente habrá nuevos intentos de esas publicaciones por desinformar y desvirtuar el trabajo no sólo del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Está visto que es su forma de operar para alcanzar sus fines ajenos al ejercicio de un periodismo profesional y que aporte algo positivo a la sociedad.

Ya dependerá de los actores políticos si les prestan atención, les dan credibilidad y siguen alimentando sus inventos falsos y negativos.

Cuando haya que aclarar algo, debe hacerse, como en el caso de los terrenos en mención. Y también, cuando sea necesario, se debe recurrir a todas las instancias legales para sancionar las conductas de páginas electrónicas que lo único que buscan es beneficiarse al crear confusión y desinformar a la población.

Conflicto innecesario

EN medio de protestas, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, con el objetivo de que todos los estudiantes, desde el nivel primaria hasta posgrado, obtengan 50 por ciento de descuento en el pasaje en camiones del transporte público urbano.

La medida, impulsada por el diputado de Morena, Vladimir Parra Barragán, busca que los transportistas subsidien la mitad del costo del pasaje a más de 200 mil estudiantes, sin necesidad de que presenten la credencial de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), como se hacía tradicionalmente por convenio de esa agrupación estudiantil con los concesionarios del transporte.

Bajo ese esquema, apoyando a los estudiantes con credencial de la FEC, los transportistas debían subsidiar alrededor de 70 millones de pesos anuales; ahora, en caso de aplicarse la disposición legal aprobada el jueves pasado, el costo para los concesionarios se elevaría a 350 ó 400 millones de pesos cada año, según explicó el empresario Zenén Campos Beas.

A ese panorama, ya de por sí complicado, debe añadirse la exigencia de la FEC para que el descuento sea de 100 por ciento, misma que fue enarbolada el jueves pasado por los jóvenes manifestantes en la sede del Poder Legislativo.

En ese sentido, la alternativa de que la administración estatal asuma por completo dicho subsidio, para liberar de la carga a los transportistas, es financieramente imposible, como lo señaló el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el mismo día de las protestas.

Aprobada la modificación legal, falta ver cuál será la reacción de los concesionarios, quienes ya advirtieron que tomarán medidas radicales. Se infiere que puede ser el paro. Eso ante el riesgo de ser obligados al descuento universal, caer en bancarrota y de plano llegar a la desaparición del servicio, por consecuencia.

Las nuevas obligaciones legales se sumarán a la compleja situación financiera que actualmente padecen los transportistas, quienes ni siquiera pueden renovar sus unidades como se les exige.

Evidentemente la reforma no fue pensada ni reflexionada por los integrantes del Poder Legislativo. Nadie la pidió, más bien se deriva de la fobia personal del diputado Vladimir Parra Barragán contra la Universidad de Colima y la FEC, por eso, resulta financiera y políticamente inviable.

Desde antes de convertirse en Legislador, Parra Barragán ya había mostrado su animadversión contra la Casa de Estudios, convirtiendo en obsesión sus ataques contra todo lo que se relacionara con la Universidad de Colima y la organización estudiantil.

Incluso en septiembre de 2018, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado habló de la creación de una nueva universidad pública, además de la prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Armería. Aunque ese tema ya no lo ha tocado el Legislador, quizá porque entendió que no es viable financieramente.

La reforma a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima ya se aprobó, ahora restará ver si el gobernador Ignacio Peralta publicará el decreto correspondiente a las modificaciones o lo vetará, que por las complicaciones que genera, debería ser la opción más adecuada.

El Mandatario tiene las atribuciones para no publicar la modificación legal, más cuando diputados que la votaron en contra denunciaron que el dictamen para reformar varios artículos no fue elaborado por la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, como correspondía, sino por la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, ajena por completo a la materia que se discutió.

Por ese y otros motivos, los legisladores que votaron en contra de la reforma pueden interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que existen inconsistencias legales suficientes para echar abajo el dictamen, independientemente del veto que pudiera imponer el Gobernador.

Llama la atención el respaldo de la fracción del PRI, integrada por su coordinador Rogelio Rueda Sánchez, Lizet Rodríguez Soriano y María Guadalupe Berber Corona, a la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, en tanto que hubo diputados de Morena y del PT que se abstuvieron de votar.

El viernes reciente, la FEC y los transportistas reiteraron su rechazo a la reforma, criticaron que la manifestación estudiantil en el Congreso se criminalice y advirtieron que tomarán medidas para echar abajo los cambios a la ley. Un día antes, el Congreso del Estado, a través del Oficial Mayor, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los estudiantes que entraron al recinto sin autorización expresa.

Seguramente este conflicto crecerá, como resultado de las fobias personales del diputado Vladimir Parra y de la incapacidad para escuchar a las partes, lo que genera un riesgo real de que Colima pierda el servicio de transporte urbano, por la bancarrota de los concesionarios.

Preservar monumentos

CONSTRUIDO por el alarife (arquitecto empírico) Lucio Uribe para albergar el Mercado De la Madrid, e inaugurado en 1907, el edificio que hoy es el Auditorio Miguel de la Madrid, se encuentra en el Catálogo de Monumentos Protegidos, a pesar de su constante deterioro, dado su valor histórico y la calidad de su construcción a principios del siglo pasado, en el régimen porfiriano, con la técnica usada en la Torre Eiffel, de París.

Por el estatus de monumento protegido, el auditorio no puede ser intervenido, modificado o restaurado sin el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y, obtenido el permiso, el remozamiento se debe apegar a normas estrictas fijadas por la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Ese edificio, sin embargo, fue intervenido por disposición del alcalde de colima, Leoncio Morán Sánchez, sin contar con el permiso correspondiente que esa ley fija en el artículo 12: “Las obras de restauración y conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del Instituto competente, y en su caso, se procederá a su demolición [de las obras introducidas] por el interesado o por el Instituto, así como a su restauración o reconstrucción. La autoridad municipal respectiva podrá actuar en casos urgentes en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras. […] Las obras de demolición, restauración o reconstrucción del bien, serán por cuenta del interesado. En su caso se procederá en los términos del artículo 10. En estos casos, serán solidariamente responsables con el propietario, el que haya ordenado la obra y el que dirija su ejecución”.

Morán Sánchez, quien por ley debiera auxiliar a suspender las obras, se convirtió en el infractor. Los murales que ordenó pintar violan la ley del caso, de modo que el INAH, Centro Colima, le negó el permiso y le ordenó borrarlos en un plazo de 10 días hábiles. No obstante, el jueves por la noche, el Alcalde inauguró la obra infractora. Las pinturas, como dijo el ex delegado del INAH, Roberto Huerta Sanmiguel, son graffiti y carecen de valor estético.

Con el pretexto de que el auditorio estaba en abandono, Leoncio Morán le cambió el piso, obra ésta que sí le fue finalmente autorizada por el INAH. Sin embargo, el inmueble protegido ya estuvo bajo su resguardo la primera vez que fue Alcalde y no se ocupó mayor cosa de él. Ahí funcionó la Dirección de Cultura en su administración.

Originalmente, se construyó para que funcionara el Mercado De la Madrid, luego del incendio del que había cerca del Palacio de Gobierno, a principios del Siglo pasado. Después funcionó como Central Camionera, hasta que en 1990 se construyó la actual y el inmueble quedó a disposición del Ayuntamiento de Colima. Nunca se ha tenido el cuidado suficiente para preservarlo conforme a su diseño primigenio, y la peor etapa fue cuando sirvió de terminal de autobuses.

Si en verdad pretende Locho Morán, como dice, “rescatar” el inmueble histórico, debe apegarse a la ley en vez de violarla y entender que no es a capricho personal como se gobierna. Para eso hay leyes, normas, reglamentos que deben respetarse y atenderse. Con los murales, el Alcalde aumentó el deterioro del edificio histórico.

Tan sólo por llevar el nombre del único Presidente de la República que ha dado Colima al país, Miguel de la Madrid Hurtado, debiera tener más cuidado en la preservación del monumento. Restaurarlo, modificarlo, “rescatarlo”, requiere un proyecto avalado por el INAH con expertos y especialistas, no con un graffiti.

Y si ya el hecho mismo es negativo, peor es la reacción de Morán Sánchez, quien el viernes, en el noticiero radiofónico de la XERL conducido por Miguel Ángel Vargas, entrevistado vía telefónica, dijo que los murales se quitarán “sobre mi cadáver”. Más allá del tono melodramático de la respuesta, lo importante es que la ley no le importa y que media una orden de una dependencia federal, el INAH, que tiene jurisdicción sobre el inmueble que él está dispuesto a desacatar.

Tal posición no es precisamente la más aconsejable a un político que, de cara a los comicios de 2021, ha dicho que nuevamente quiere postularse a Gobernador del estado.