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Los impuestos: una cuestión política



RODRIGO MARTÍNEZ OROZCO


Jueves 23 de Mayo de 2019 7:44 am


EL pasado lunes 20 de mayo, el presidente López Obrador firmó un decreto para poner fin a los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes. Parece el principio de un reacomodo fiscal que, además de sus evidentes motivaciones financieras, tiene sobre todo una intención política: la autonomía del Estado frente a otros poderes, en este caso, el poder de los grandes empresarios. Sostengo que se trata principalmente de una maniobra política (sin minimizar su obvia dimensión económica), pues en el núcleo del problema se trata de una lucha por el poder. Se equivocan aquellos que, en ese usual espíritu triunfalista, gritan a los cuatro vientos la victoria definitiva del líder populista frente a la mafia económica. Una postura más cauta ayudaría a entender mejor la disputa que recién va comenzando: los poderes económicos nunca ceden con facilidad y utilizan todo su capital político, económico y cultural para defender aquello que han ganado con los años.

Los resultados de esta disputa definirán, coyuntural y estructuralmente, los límites de la autonomía del Estado frente a los poderes económicos, nacionales e internacionales, si es que todavía puede utilizarse esta división como criterio de distinción. Durante la segunda mitad del Siglo 20, el Estado y el poder económico llegaron a un acuerdo para una convivencia sin muchos sobresaltos, especialmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial y el acercamiento a Estados Unidos. El Estado invertía en infraestructura, subsidiaba servicios, canalizaba recursos materiales y humanos del campo a la ciudad y mantenía el control de la fuerza de trabajo organizado por medio de las dirigencias de las principales centrales obreras. A cambio, una recién creada casta de empresarios nacionales y nacionalistas brindó su apoyo y fidelidad a los gobiernos priistas.

Pero también hubo empresarios, ligados sobre todo al capital internacional, que se caracterizaron por ser más reacios a la alianza con el Estado, pues rechazaban –a pesar de beneficiarse de ella– la intervención del Estado en la economía. Tras los abusos de la llamada economía presidencial durante los sexenios de Echeverría y López Portillo, los empresarios tendieron a unificarse y, durante los años 80, algunos de ellos pasaron a formar una nueva especie de panistas que revitalizaron al entonces principal partido de oposición.

Con la apertura de la economía mexicana, el debilitamiento del régimen autoritario, el agotamiento del nacionalismo revolucionario y la integración con América del Norte, los grandes empresarios reclamaron un lugar, pocas veces institucional, en el nuevo orden político. Los procesos de privatización de las hasta entonces empresas estatales o paraestatales facilitaron el ascenso de grandes hombres de negocios que, hasta ahora, representan la cara más visible de la profunda desigualdad que ha padecido México durante las últimas décadas.

Lo del aeropuerto de Texcoco fue solamente un caso simbólico del conflicto Estado-empresarios, pero la cuestión fiscal puede convertirse en el corazón mismo de un proceso de reajuste de fuerzas de pronóstico reservado. Evidentemente celebro el fin de los privilegios fiscales, mientras aún espero una política fiscal progresiva integral, más allá del fin de las exenciones fiscales. Dicha reforma fiscal no ha sido parte de la campaña de AMLO (¿quién gana elecciones ofreciendo más impuestos?), pero nada nos asegura que en el futuro no se profundice el reajuste fiscal anunciado el lunes. Si esta medida fiscal aumenta significativamente la recaudación, habrá que exigirle al nuevo gobierno que lo ejerza con criterios técnicos y políticos racionales. Lo del IMSS es un llamado de atención en este sentido.