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Urzúa cimbró al gobierno



JUEVES POLÍTICO


Jueves 11 de Julio de 2019 7:26 am


LA claridad con la que Carlos Urzúa Macías expuso en una carta los motivos de su renuncia a la Secretaría de Hacienda, cimbraron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a los mercados financieros y bursátiles del país.

Luego de las diferencias manifiestas –abiertas unas, soterradas otras– de Urzúa Macías con miembros del Gabinete presidencial, se veía venir la renuncia de uno de los colaboradores de López Obrador más controvertidos, pero también más eficientes. Era la figura con la que el Presidente envió señales al mundo de los negocios de sensatez financiera y presupuestaria.

Mientras se enviaba ese mensaje, dentro del gobierno se libraban batallas cruentas que Carlos Urzúa terminó por perder, sobre todo la última, en Palacio Nacional, con el último encuentro con Andrés Manuel, el lunes. A Urzúa le enfureció la asignación de atribuciones a su subordinada, la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a quien le asignaron la facultad de contratación de servicios y compras del sector público, antes en manos de la Secretaría de la Función Pública.

Todo mundo se enteró de la renuncia del secretario de Hacienda mediante Twitter, incluido el Presidente, la mañana del martes, cerca del mediodía. Las razones fueron expuestas con claridad por el experimentado funcionario, hasta entonces uno de los más confiables para López Obrador: a) Discrepancias en materia económica; b) Decisiones de políticas públicas sin sustento; c) Imposición de funcionarios carentes de conocimiento de la hacienda pública; y, d) Influyentismo y conflictos de interés de un grupo dentro del gobierno.

La misiva, y quizá el modo de enterarse, molestaron al Mandatario. Era la segunda carta pública de renuncia que evidenciaba luchas de poder cruentas dentro de un gobierno que se enfila al octavo mes. La primera fue de Germán Martínez Cázares, quien renunció a la dirección general del IMSS acusando a Hacienda de ahorcarlo financieramente. Ahora se sabe que las medidas de austeridad draconianas son de la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, más que del propio Urzúa Macías.

En similar talante, Andrés Manuel contestó al renunciante diciendo que no entendió los cambios que pretende su gobierno, que responde al modelo neoliberal y, súbitamente metafórico, lo descalificó al afirmar que no debe vaciarse vino nuevo en botella vieja. Negó que en el Gabinete hubiese conflictos de interés, acusación que Carlos Urzúa lanzó, sin mencionarlo, al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. Y respecto a las decisiones equivocadas sobre políticas públicas, el mensaje fue para Raquel Buenrostro, y para Rocío Nahle, secretaria de Energía, por la incapacidad para recuperar Pemex.

Una hora después de conocerse la renuncia de Urzúa, López Obrador nombró secretario de Hacienda a Arturo Herrera Gutiérrez, hasta entonces subsecretario y discípulo del propio funcionario dimitente. De ese modo, el Presidente atajó los vaivenes de los mercados bursátiles y la depreciación del peso ante el dólar, asunto este último que le preocupa al Mandatario de manera especial, pues sabe que las devaluaciones bruscas golpean el prestigio de su administración.

Quien esté en desacuerdo con la política presidencial, tiene la puerta abierta. Tal fue el mensaje a su Gabinete, ayer, de Andrés Manuel. Debió de retumbar en Gobernación, cuya titular, Olga Sánchez Cordero, juega el papel de florero, para decirlo en el argot gubernamental en boga. Desmantelada hasta el límite, sin trascendencia, con errores como la declaración de Sánchez Cordero de que en 5 días se había resuelto el problema migratorio del sur, a principio de año, exhiben a Gobernación lejos del papel que antes tuvo.

El conflicto de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también exponen a Alfonso Durazo Montaño, quien no supo prever el problema que se anunciaba en redes sociales por los policías desde semanas atrás.

La ola que levantó Carlos Urzúa debiera provocar la reacción correctiva del Gobierno Federal y del propio Presidente sobre el modo de operar decisiones administrativas y políticas. Por la respuesta dada, no parece que será así. Por lo contrario, se refuerza el estilo. Se debe entender algo elemental: el titular del Ejecutivo manda y tiene razón en que ha de renunciar quien esté en desacuerdo con sus proyectos. Se supondría que eso se acordó con claridad a la hora de decidir los nombramientos y ofrecerlos a los hoy Secretarios, sin embargo, la razón la tiene en este caso el ahora ex secretario de Hacienda.

Es facultad presidencial la designación y la remoción de colaboradores, también lo es la responsabilidad de los resultados. Marcar con claridad el rumbo es necesario y urgente. No se debe improvisar ni gobernar con ocurrencias.


Difícil vecindad


Aprincipios del mes pasado, México vivió momentos de incertidumbre por la amenaza que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a todos los productos mexicanos que llegaran a su país, como una forma de presión para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, endureciera su política antiinmigrante para frenar la llegada de miles de ciudadanos centroamericanos a la frontera sur de la Unión Americana.

Tras varios días de negociaciones entre representantes de ambos países, el 7 de junio se llegó a un acuerdo y se firmó. El propio Trump anunció, en su cuenta de Twitter, la suspensión, por tiempo indefinido, de la imposición de aranceles a productos mexicanos, como en un inicio advirtió que sucedería a partir del 10 de junio.

El 1 de julio, Trump firmó un paquete económico –previamente avalado por el Poder Legislativo– por 4 mil 600 millones de dólares para apoyar a los migrantes que permanecen en la frontera sur de su país, y en ese momento reafirmó que el gobierno de México estaba haciendo un gran trabajo para contener la migración, que estaba cumpliendo su compromiso y que por eso mismo los aranceles estaban descartados.

Sin embargo, el 8 de julio, el gobierno estadounidense sorprendió a México con la imposición de aranceles al acero estructural, alegando que las empresas siderúrgicas de nuestro país reciben subsidios de entre 0.1 y 74.01 por ciento, lo cual perjudica a los productores estadounidenses.

La medida obedece al resultado de una investigación sobre el comportamiento de México, China (país al que también se le impuso arancel al acero en todas sus formas) y Canadá, iniciado por el Departamento de Comercio de EU en enero, a petición del American Institute of Steel Construction Full Member Subgroup, de Chicago. En tanto se produce un fallo definitivo en noviembre próximo, el gobierno de Trump dispuso que las exportadoras mexicanas de acero depositen aranceles en efectivo en las aduanas, a manera de fianza, cobros que se devolverán a las acereras mexicanas si las autoridades norteamericanas cancelan la medida.

Incluso, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamín, Eugenio Salinas, dijo que esa medida no afectará al sector del acero porque está dirigida a empresas específicas. En tanto, se anunció, el Gobierno Federal ya trabaja con las compañías afectadas para encontrar pronta solución al problema.

En la conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el tema del acero estructural es un caso aparte, no tiene nada que ver con el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ni con el pacto entre nuestro país y EU signado en junio. Es una petición que ya estaba desde hace meses por parte de acereros norteamericanos para que se investigara.

El Mandatario federal dio a conocer que el jitomate mexicano pasa por una situación similar, aunque en este caso se detectó “que existen intereses político-electorales, particularmente en la Florida, con vinculación a un partido y un Legislador”.

En la conferencia de prensa, tanto López Obrador, como el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, indicaron que se usarán todos los instrumentos legales para defender ambos productos nacionales. 

En cuanto al tomate, la funcionaria federal dijo que desde abril de 1996, agricultores de Florida solicitaron una investigación antidumping y se había logrado un acuerdo para no continuarla, hasta que la administración Trump la revivió en 2017, y aunque en 2018 se presentó otro acuerdo para detenerla, en febrero pasado se aplicó un arancel provisional. “Hoy, Florida es un estado clave para las elecciones”, puntualizó Márquez Colín.

La vecindad de México con Estados Unidos es difícil, siempre lo ha sido, y más complicada lo es con Donald Trump como Presidente, quien a pesar de detentar ese alto cargo, no deja de ser un comerciante que se relaciona con los demás con base en lo que escribió en su libro El arte de negociar: “Me gusta provocar a mis adversarios para ver cómo reaccionan; si son débiles los aplasto y si son fuertes, negocio”.

Con inteligencia y firmeza, el Gobierno de México debe tratar y negociar estos asuntos, pero jamás doblarse ni dejarse pisotear por Estados Unidos y su Mandatario actual, que en estos casos, como en el de los migrantes, persigue un interés electoral, dada la proximidad de su pretendida reelección.

Es correcto que en la problemática del acero estructural y el jitomate, el gobierno lopezobradorista decida actuar por la vía legal y diplomática, porque los dos temas están sujetos a investigaciones y no son asuntos recientes, sino que traen un proceso jurídico que, según dijo Graciela Márquez, está siendo atendido por un despacho que la autoridad mexicana tiene contratado en la Unión Americana.


Relevo generacional 


CON la firme convicción de que el Partido Revolucionario Institucional debe cambiar para ajustarse a la nueva realidad de nuestro país, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, busca la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese instituto político, que se renovará el próximo 11 de agosto, en una elección abierta a la militancia.

El martes, el Gobernador de Campeche con licencia estuvo en Colima, donde se encontró con sus correligionarios y les presentó su visión de partido, en la que destaca su intención de encabezar un relevo generacional que reposicione a dicho partido en la escena política nacional.

Entrevistado en Diario de Colima por el periodista Héctor Sánchez de la Madrid, el aspirante a la dirigencia nacional reflexionó sobre el momento actual del PRI, sus perspectivas y, sobre todo, la necesidad de convertirse en una oposición moderna, abierta y progresista.

Señaló que los priistas deben entender que ese instituto político se encuentra en el peor momento de su historia, luego de que en la elección presidencial de 2018 fueron prácticamente barridos por Morena. También llamó a entender la coyuntura como una oportunidad para reconstruirse.

Lamentó que ante el Gobierno Federal y sus políticas erróneas, la actual dirigencia nacional del PRI permanezca muda, carente de posicionamientos. Por eso se pronunció a favor de encabezar una oposición con carácter, que sin embargo no le apueste sólo a los errores del gobierno.

En ese sentido, la postura del candidato a la dirigencia nacional priista es adecuada, toda vez que para recuperar la confianza de la sociedad, ese partido tiene que encabezar las demandas de la sociedad y no únicamente oponerse por sistema a las decisiones del actual régimen gubernamental.

Otro de los pilares del proyecto partidista del Mandatario campechano con licencia se basa en mantener la unidad de su partido, para lo cual enfatizó que quienes hoy se encuentran en competencia por el liderazgo nacional, en clara referencia a Ivonne Ortega Pacheco, deben entender que sus adversarios no son internos.

Subrayó también que el PRI no puede ser un partido de cuates ni de cuotas; “ya no es posible un partido en el que no haya competencia política y en el que solamente decidan tres o cuatro, ahora es la militancia quien tendrá que decidir”, argumentó.

En el diálogo realizado en las instalaciones de Diario de Colima, al que Alejandro Moreno reconoció como el medio de comunicación más importante del estado, también se abordó la necesidad de que senadores, diputados federales y Gobernadores unan sus esfuerzos y caminen en una sola dirección.

Al respecto, enfatizó la necesidad de que los Mandatarios estatales emanados del PRI cumplan sus responsabilidades; “primero le exigiremos a ellos, para que no hagan quedar mal a nuestro partido”, enfatizó el también ex diputado federal y ex senador de la República.

Los conceptos y la visión a futuro que integran el proyecto de Alejandro Moreno, parecen ser los que más de ajustan a las necesidades actuales del PRI, un instituto político que debe someterse a una transformación radical, si quiere ser competitivo en las próximas elecciones.

El propio Moreno Cárdenas ha sabido concitar el apoyo de la mayoría de sus correligionarios, incluyendo Gobernadores y otros líderes, lo que no hizo José Narro Robles, quien prefirió dejar la competencia y renunciar a su militancia.

Una competencia política requiere, en gran medida, la búsqueda de alianzas y apoyos, eso lo entendió perfectamente Alito y por eso, tiene las más amplias posibilidades de obtener la victoria en la elección interna del próximo 11 de agosto, pese a que se agregó una competidora, Lorena Piñón, dejada fuera por incumplir requisitos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al PRI restituirle la candidatura. Piñón Rivera, no tiene posibilidad alguna de ganar.

La próxima gestión al frente del CEN priista es una de las últimas oportunidades de ese instituto político para recuperar el terreno perdido y convertirse, nuevamente, en una oferta electoral viable para los mexicanos. Si vuelve a cometer los mismos errores, podría condenar a su partido a la intrascendencia política o reducirlo al papel de satélite del actual régimen.


A la postre…


LETICIA Delgado Carrillo tiene la oportunidad de hacer un buen papel al frente de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, donde la semana pasada fue nombrada encargada de Despacho.

Se trata de una funcionaria con una sólida carrera en el área administrativa de esa dependencia a la que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez le da el voto de confianza, principalmente por esa experiencia y dada la relación de amistad con el hermano de Leticia, Mario Delgado Carrillo, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.

Precisamente por esa buena relación entre ambos políticos, es probable que Leticia Delgado se quede en la titularidad de esa importante dependencia que en los años recientes ha tenido muchos problemas, principalmente en el área administrativa y financiera. Aunque también, paradójicamente, por las mismas razones, pudiera cumplir solamente un tramo de la administración estatal.

Mientras tanto debe aprovechar la oportunidad y dar resultados inmediatos, para lo cual está obligada a mejorar también su relación y trato con los empleados y funcionarios de la Secretaría, pues hay versiones de que al parecer hay cierto rechazo por ese motivo.

Hay que insistir que el principal problema que ha enfrentado esa Secretaría ha sido en lo administrativo, con los pésimos manejos en tiempos de Silverio Cavazos y Mario Anguiano, por lo que si Delgado Carrillo logra poner orden en ese rubro, será un acierto su nombramiento. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que hay irregularidades por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud en Colima, en el uso de más de 28 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), correspondiente a 2018. 

Las autoridades de Salud no lograron comprobar pagos de medicinas, materiales de curación y otros insumos, ni justificaron el pago a personal sin el perfil adecuado.

Esa es una primera tarea que tiene Leticia Carrillo, poder solventar esas observaciones de la ASF, de lo contrario, habrá que esperar lo que procede y si hay sanciones para funcionarios o ex funcionarios por ese asunto.

Ya investigan las Fiscalías General y Anticorrupción del Estado, el uso partidista de una camioneta adscrita al Congreso del Estado, en la elección de Aguascalientes, el pasado 2 de junio.

En ese presunto ilícito están implicados los diputados panistas, Francisco Rodríguez García y Fernando Antero Valle. La investigación se da gracias a la denuncia interpuesta por un ciudadano, quien tuvo el valor que les faltó a diputados locales de otros partidos políticos para que se investigara este asunto, donde, con engaños, Francisco Rodríguez solicitó esa camioneta, para supuestamente ir, junto con Fernando Antero, a una comisión inherente a su labor como diputado a Guadalajara, pero en realidad fueron a Aguascalientes, en donde habrían cometido un delito electoral, según constancia periodística gráfica en aquella entidad. Las autoridades deben llegar al fondo de este asunto, deslindar responsabilidades y de haber delitos, sancionarlos conforme marca la ley.

Bien por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que se reunió por separado con las señoras Rosa Elia García Serrano y Dulce Covarrubias Bonilla, madres de los jóvenes Germán y Yareli, quienes en dos eventos distintos fueron víctimas de asesinato en Manzanillo. Nada se compara con el dolor de una madre por perder a su hijo ni hay forma de reparar el daño, sin embargo, el apoyo y solidaridad es importante y en estos casos se les pudo brindar ayuda para los gastos funerarios.

Se reunió el fiscal general del Estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, con integrantes del Colectivo de Búsqueda de Personas en la entidad, con quienes compartió información referente al avance de algunas carpetas de investigación y refrendó el compromiso institucional en este tema.

El Fiscal ha dado buenos resultados en esa materia, pero debe mantener ese ritmo para dar respuesta a los de familiares de personas desaparecidas.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados federal, el colimense Mario Delgado Carrillo, fue encontrado responsable de “la vulneración al periodo de veda electoral y al principio de neutralidad e imparcialidad” en las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo. Delgado Carrillo subió a su cuenta de Facebook un video propagandístico. Se le acusó también de utilizar recursos públicos para ese fin. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó ese último ilícito y dejó sólo el de violación a la veda electoral. La sentencia es definitiva e inapelable, y se dará cuenta de ella a la Cámara de Diputados “a efecto de que proceda a determinar lo conducente conforme a su normativa en torno a su responsabilidad”. En política hay que andarse con cuidado.