Mensaje a ex Presidentes

Lunes 15 de Julio de 2019 7:20 am

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EN el caso judicial que se le sigue al abogado Juan Collado Mocelo, detenido el martes pasado en la Ciudad de México, acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a la presunta venta irregular de un terreno a través de empresas “fantasma” vinculadas a Caja Libertad, el denunciante, Sergio Hugo Bustamente Figueroa, se ha querido involucrar al ex presidente Enrique Peña Nieto, sin anteponer pruebas que sustenten su dicho.

Juan Collado es bastante conocido en la política y en la farándula por haber representado o representar como abogado a personajes de altos niveles en esos ámbitos. Fue, además, el abogado que tuvo a su cargo el divorcio del ex presidente Enrique Peña con su ahora ex esposa, Angélica Rivera.

De momento, el vínculo visible y público de Peña Nieto con Collado Mocelo, es la asistencia del primero, junto con su novia Tania Ruiz Eichelmann, a la celebración de la boda de la hija del abogado, en mayo pasado. A esa fiesta también asistieron, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Rosario Robles Berlanga; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; el senador Manuel Velasco Coello; el líder de los petroleros, Carlos Romero Deschamps; la lideresa nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu; así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo, también el cantante Julio Iglesias, entre otras personalidades.

La celebración en cuestión fue bastante difundida y comentada en el país, no sólo por medios del espectáculo, sino también por periódicos serios de circulación nacional, que no pudieron evitar hacer eco de una noticia cuyo centro de atención fue el ex presidente de México con su novia y con algunos personajes altamente cuestionados.

Un hecho que no pasó desapercibido para la sociedad en general, que a través de redes sociales destacó la gran vida que se daba Enrique Peña con su pareja, todo lo cual dejaba al descubierto el manto de impunidad que presumiblemente cobija al ex Mandatario nacional, aun cuando en diversas ocasiones ha sido señalado de haber colaborado en casos de corrupción, como Pemex.

La difusión de ese evento social y los comentarios que motivó durante varios días, podrían haber causado molestia en Palacio Nacional, especialmente en el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien directamente se le cuestiona que no actúe legalmente, en caso de haber pruebas que lo motiven, contra su antecesor.

El colmo, sin embargo, fue que a mediados de junio, se difundió un video donde se observa a Peña Nieto bailando la cumbia 17 años de Los Ángeles Azules feliz de la vida con una mujer no identificada y posteriormente con su novia, Tania Ruiz.

El martes pasado, un día antes de la aprehensión de Collado Mocelo, en su columna “Serpientes y escaleras”, de El Universal, Salvador García Soto comentó que Enrique Nieto habría abandonado México para ir a España a pasar unas vacaciones largas con su novia Tania Ruiz.

Para el jueves, el portal de noticias Sin Embargo, publicó el trascendido de que fue el propio Juan Collado –antes de su detención– quien acompañó a Peña Nieto a España, donde lo hospedó en una casa que el abogado tiene en Marbella. Según esta nota, el ex Presidente habría viajado solo, sin la compañía de su pareja.

Ninguna de las dos versiones se ha confirmado, pero ambas coinciden en que la partida de Enrique Peña se habría dado los días previos a la detención de Juan Collado, quien, según trascendidos, no tenía idea de que era investigado.

Varios analistas políticos del país consideran que la aprehensión del abogado Juan Collado es un mensaje de la Presidencia de la República para los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, especialmente para éste último, a quien le había dado por exhibir demasiado su romance y su nueva vida despreocupada.

En redes sociales, el ex presidente Peña Nieto no ha tenido actividad en las últimas semanas. En su cuenta de Twitter, el último mensaje que publicó data del 18 de junio pasado.

Alcalde violento

LA agresión física que el alcalde de Armería, Salvador Bueno Arceo, perpetró contra su esposa, Silvia Saucedo Rivera, constituye un hecho grave en el contexto de violencia que enfrentan las mujeres en Colima, y además, por el cargo público que detenta el funcionario.

El pasado miércoles, el Munícipe armeritense, quien arribó al poder respaldado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), agredió a su cónyuge, presumiblemente con los puños y con la cacha de una pistola, por lo que la víctima interpuso una denuncia penal que ya fue ratificada.

Los acontecimientos trascendieron rápidamente a la opinión pública y el jueves, la Agencia del Ministerio Público en Armería emitió una orden de protección a favor de la víctima; además, varios actores políticos condenaron la agresión que podría tipificarse como violencia intrafamiliar.

La presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género en el Congreso del Estado, Ana Karen Hernández Aceves, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe investigar la denuncia interpuesta por la víctima, así como aplicar las sanciones correspondientes.

De igual forma, el Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), en un comunicado de prensa, solicitó a la instancia procuradora de justicia que investigue las agresiones conforme a Derecho, con perspectiva de género y aplicando los protocolos necesarios.

Por su parte, el presunto agresor, Salvador Bueno, respondió de la peor manera posible y sin dar la cara, pues mediante un comunicado desmintió los hechos y señaló que “los asuntos y problemas familiares se arreglan en casa”, como si la intimidad del hogar le diera todo el derecho de golpear a su esposa.

La posición del Alcalde sugiere una visión completamente torcida de las relaciones intrafamiliares, al pretender que sus agresiones deben quedarse en la esfera privada, como si no fueran un delito, doblemente oprobioso por su condición de funcionario público.

Justo en el contexto de violencia de género que enfrenta Colima, resulta inaudito que el Presidente Municipal, una de las autoridades responsables de aplicar políticas de protección a las mujeres, se convierta en agresor y encima minimice los graves acontecimientos.

Pero además, la lamentable postura del Edil luego de conocerse este asunto, también es un síntoma de la normalización de la violencia contra las mujeres, pues Bueno Arceo cometió un delito y no es capaz de reconocerlo, en vez de eso, afirma que sus actos ilegales deben resolverse “en casa”.

Está en un error el Munícipe, por su agresión deberá responder ante la justicia, no en el ámbito privado. Y en ese sentido, la Fiscalía tendrá que proceder sin dilación al integrar la investigación y evitando la impunidad del presunto responsable. 

Ya el titular de la FGE, Gabriel Verduzco Rodríguez, subrayó que en este asunto, como en el resto, se debe aplicar la ley, realizando las investigaciones correspondientes, para que un juez determine la culpabilidad o inocencia del alcalde de Armería. Puntualizó, sobre este caso, que no le temblará la mano para proceder. Es conveniente precisar que la agresión y los daños físicos se persiguen de oficio.

De igual forma, el Congreso del Estado deberá de iniciar el procedimiento para destituir al Presidente Municipal. En ese sentido, la presidenta del DIF Municipal de Colima, Azucena López Legorreta, exigió a Salvador Bueno que deje su cargo o de lo contrario, interpondrá una denuncia de juicio político en su contra.

Esa última figura legal parece ser la más adecuada para facilitar el proceso legal y sancionar al agresor, pues por la vía judicial podría tardarse mucho tiempo, si el Alcalde recurre a las apelaciones, amparos y otras argucias legales para retrasar las sanciones que hipotéticamente pudiera imponerle un juez.

Otro camino sería que Salvador Bueno solicitara licencia para separarse del cargo y enfrentara el proceso judicial como cualquier otro ciudadano, lo cual se percibe bastante remoto. Independientemente de lo que suceda, se deben tomar las medidas para proteger a la víctima y aplicar las sanciones correspondientes al victimario.

Robos al alza

VAN al alza los robos en distintas modalidades en varios municipios del estado, ante la pasividad de las autoridades que no muestran una respuesta contundente ante un grave problema que está afectando a todos los sectores sociales y productivos de la entidad.

Prácticamente todos los días, Diario de Colima informa sobre robos, lo mismo a casas que a negocios, o a particulares en plena vía pública y a cualquier hora.

Hace algunas semanas se incrementaron notablemente los asaltos a tiendas de conveniencia, donde incluso se presentó el deleznable asesinato del joven Germán, cajero de un Kiosko de Manzanillo. El presunto asesino ya fue detenido.

Asaltos a ese tipo de establecimientos ha habido varios en todos los municipios de la entidad, provocando incluso que algunos negocios cierren sus puertas a partir de determinada hora de la noche, y si algunos funcionan las 24 horas, ya no permiten la entrada a sus clientes, sino que los atienden desde adentro.

Luego de esa ola de atracos en esas cadenas de tiendas, los ladrones han empezado a atacar en otro tipo de negocios, lo mismo en Colima que en Manzanillo, Tecomán o Armería, principalmente.

Lo preocupante es la falta de reacción de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado y de las Direcciones de Seguridad Pública de los Ayuntamientos, que parecen estar esperanzados a que lo antes posible llegue la Guardia Nacional a Colima para que ayude al combate a la delincuencia.

Sin embargo, hay que precisar que ese tipo de delitos, que han ido creciendo en los últimos meses, son del fuero común y es responsabilidad de la administración estatal su atención, mientras que los Ayuntamientos deben hacer mucho más en materia de prevención, vigilancia y disuasión.

La queja es siempre la misma: la falta de recursos y, ciertamente, no hay dinero suficiente para estar al 100 por ciento en este rubro, pero con lo que se tiene se debe hacer mucho más que ahora.

Les hace falta a los Presidentes Municipales capacidad de gestión ante diversas instancias federales y estatales para mejorar su equipamiento, pero también y fundamentalmente, para coordinarse mejor.

Hace algunas semanas, los alcaldes de la entidad se reunieron con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, y lograron el compromiso de que se les apoyará.

Por lo pronto, se anunció la entrega de patrullas a varios municipios, lo que ocurrirá la primera quincena de agosto, con lo que se espera que mejoren su trabajo de prevención, pues los delincuentes están al pendiente de cualquier omisión y los rondines policíacos pueden, al menos, ayudar a inhibir los actos delictivos.

Tampoco se ven resultados positivos de las reuniones de seguridad que se realizan diariamente en la entidad, derivadas del Plan Nacional de Paz y Seguridad que implementa el Gobierno de México.

Esos cónclaves de los representantes del Gobierno Federal y del Estado, Ayuntamientos y corporaciones que tienen que ver con la seguridad, para nada han servido. Al contrario, los delitos de todo tipo se han incrementado, sobre todo los robos.

Ni siquiera se informa sobre los logros tras esas reuniones matutinas de los encargados de la seguridad. Se entiende que por estrategia debe haber discreción, pero en los hechos, los delitos son cada vez más.

Y el robo afecta lo mismo a empresarios que a comerciantes y sociedad general, pues en las últimas semanas también se han presentado muchos asaltos a mano armada a personas al salir de bancos, luego de hacer retiros de dinero.

Se necesita una eficiente colaboración de los tres órdenes de gobierno para hacer frente a este flagelo que daña patrimonios y pone en riesgo la vida de muchas personas.

Independientemente del tiempo que tarde en funcionar al 100 por ciento la Guardia Nacional en Colima, los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado deben dar mejores resultados a la población, y deben hacerlo ya.

Procesadora, el cambio

CADA año, el Ayuntamiento de Colima se ve obligado a subsidiar con 25 millones de pesos a la Procesadora Municipal de Carne (PMC), pues ha dejado de ser rentable o siquiera empatar el estado de ingresos y egresos. Algo peor: si no se resuelve el caso pronto, en los años por venir la subvención aumentará con un costo mayor al erario municipal, pues ni siquiera hay un fondo de contingencias para ese gasto al que pueda recurrir la empresa.

Año con año, la Procesadora tiene menos matanza de reses. En los buenos tiempos, sin ser una empresa boyante, al menos el subsidio que requería era más que manejable, a fin de garantizar el abasto de carne a la ciudad y a la zona conurbada. Hoy, el sacrificio de cerdos es predominante, pero insuficiente para que por el pago de cuotas de matanza se sostenga la empresa.

En cambio, casi 9 de cada 10 pesos del gasto de la PMC se destina al gasto corriente y en particular a salarios y prestaciones del personal. Si no se ataja ahora el deterioro financiero de la empresa paramunicipal, que comenzó hace ya bastante tiempo, el derrumbe será inminente.

Una de las soluciones, la propuesta por el alcalde Leoncio Morán Sánchez, es la privatización de la empresa, que implicaría concesionarla en comodato a particulares –tablajeros y ganaderos– para que la operen tanto en la matanza de reses y cerdos, como en el deslonje de éstos últimos, que es una labor adicional. Si los introductores de ganado se encargan de la distribución de las canales de res y los cerdos descapotados (sin cuero y deslonjados) tendrían que asegurar un trato parejo a los carniceros, sin preferencias para nadie. Los concesionarios tendrían que mantener cuotas por sacrificio regionales, aplicables al servicio a ganaderos e introductores colimenses.

Todo lo anterior tiene una solución sencilla que se plasmaría en el contrato de comodato. El asunto menos sencillo de resolver, si bien tiene remedio, es el del personal de la PMC.

A lo largo de decenios, la empresa ha incrementado su personal. La baja de la matanza ha provocado que los tiempos de trabajo sean menores, es decir, la mano de obra es demasiada para las necesidades actuales. Si antes, en la mejor época, se introducían más de 100 reses al día, ahora cuando mucho son 10 animales por jornada. El número de cerdos es más elevado, pero tampoco requiere tanta mano de obra.

Por tanto, se requiere llegar a un acuerdo con la plantilla laboral, esto es, con el sindicato. Podría acordarse la liquidación, conforme a la ley, de quienes acepten el procedimiento. Otros serían jubilados o pensionados. Y otros más, pasarían a dependencias municipales y conservarían el empleo. De ese modo, no se afectarían sus derechos. Al parecer, las pláticas van por buen camino con esas alternativas.

Luego se procedería al acuerdo con quienes tomen en comodato la Procesadora, quienes incluso podrían recontratar, si así lo consideran, a empleados liquidados o pensionados, bajo un nuevo esquema laboral. 

¿Por qué la PMC llegó a esta condición? Además de que con el tiempo hubo jubilaciones y pensiones que se pagan con cargo al gasto corriente del Ayuntamiento vía el subsidio a la empresa, se fue contratando personal en exceso, de modo que las finanzas de la empresa comenzaron a deteriorarse hasta llegar al punto de crisis, de requerir subsidio por 25 millones de pesos anuales.

Se agravó por la severa disminución de ingresos de cuotas por servicio de matanza al no haber muchos animales que sacrificar. Esto fue provocado por el creciente abasto de carnes de fuera del estado, que llegan tanto empacadas como en canal, aunque éstas son menos. Surten a supermercados, tiendas especializadas y hasta a algunos carniceros tradicionales. La ganadería de engorda local fue desplazada hasta quedarse en una mínima expresión, a pesar de que la calidad de la carne colimense es alta y competitiva.

La solución que pretende el alcalde Morán Sánchez es necesaria y correcta, pues a la vez que se garantizaría con un comodato la obligación municipal de dar el servicio de matanza, se evitaría subsidiar a la Procesadora Municipal de Carne. Hoy son 25 millones de pesos anuales; en el futuro, serán muchos más. Ese dinero, una vez que deje de subvencionarse a la empresa paramunicipal, bien se puede invertir en servicios básicos, como el alumbrado público, mejora de calles y banquetas, recolección de basura y en seguridad pública, por ejemplo. Entre más pronto se resuelva, mejor.