Indira es acusada

Lunes 09 de Septiembre de 2019 7:21 am

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POR presuntos actos de corrupción que incluirían un cuantioso daño al erario del municipio de Cuauh-témoc por alrededor de 100 millones de pesos, la delegada estatal de Programas para el Desarrollo de Colima, Indira Vizcaíno Silva, ha sido acusada por la Diputada federal por el primer distrito de Colima, la morenista Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la semana reciente, la Legisladora federal pidió a varias Secretarías federales, a las Fiscalías federal y estatal, y a una institución local, investigar y, en su caso, consignar a la funcionaria por ese supuesto delito y otras anomalías graves en el trabajo que el Gobierno Federal le encomendó en Colima.

Además del hipotético fraude, Claudia Yáñez Centeno le imputa a Indira Vizcaíno un abuso de atribuciones, como la negativa a entregar becas universales a jóvenes, el incumplimiento de compromisos de pensión a adultos mayores, como el uso de recursos institucionales para promoverse políticamente de cara a formar en Colima un cacicazgo político.

También la acusó de intromisión en el Congreso del Estado para nombrar a María Elena Adriana Ruiz Visfocri presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, intento que fracasó en la primera y segunda votación, pero que es muy probable vuelva a la carga “de la mano” con Vladimir Parra Barragán, coordinador de la bancada de Morena.

El caso del presunto fraude al erario de Cuauhtémoc es añejo. El 6 de noviembre de 2017, ciudadanos de ese municipio denunciaron a Vizcaíno Silva por fraude y daño patrimonial por cerca de 100 millones de pesos en la Mesa Única del Ministerio Público, lo cual quedó registrado en el expediente 695/17. Se trata de un terreno de 7 hectáreas del fraccionamiento residencial de lujo, Altozano, que debió ceder por ley al municipio, pero que fue cambiado por uno rústico cuyos valores comerciales son inferiores, en detrimento de las finanzas municipales.

Al fraccionar el predio de Altozano, la ley obliga a sus propietarios a ceder una porción del fraccionamiento al Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Los fraccionadores propusieron una permuta. El Ayuntamiento que presidía Indira Vizcaíno aceptó en 2013 un terreno en breña de un valor por debajo al de Altozano, lo que favoreció a los dueños y perjudicó al patrimonio municipal. Así, los propietarios retuvieron una superficie de 7 hectáreas con un elevado precio, que además se beneficiaba de la plusvalía al ser parte del mismo desarrollo de casas de lujo. El predio rústico recibido por el gobierno de Vizcaíno Silva era de un valor minúsculo y lo sigue siendo, además de que no se ha incorporado al patrimonio municipal por un problema testamentario.

La denuncia se presentó ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo, hoy se encuentra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular Héctor Francisco Álvarez de la Paz, debería integrar a la brevedad la averiguación y, en su momento, consignar el asunto al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que se someta a proceso penal y se determine el delito a perseguir.

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, en 2015 presentó un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular la sustitución de terrenos, pero la acción legal había prescrito, según informa en la edición de hoy, al haber transcurrido más de 3 años del procedimiento fuera de la ley. El Alcalde puntualiza que fue “una mala negociación, pues nos dieron terrenos que valían 10 millones de pesos en vez de darnos el terreno que nos correspondía, cuyo valor es de alrededor de 100 millones de pesos”.

Otra de las anomalías es la intervención de la funcionaria federal en el proceso de elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el Congreso del Estado. Indira Vizcaíno impulsa la candidatura de Ruiz Visfocri, quien cuenta con un historial oscuro. Abogada y amiga de su padre, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Adriana Ruiz es una prueba clara del propósito político familiar de crear un grupo de poder y un cacicazgo en la entidad, acusa Claudia Yáñez Centeno. El objetivo principal es apropiarse de la gubernatura del estado en 2021 y desde ahora trabajan en ese propósito.

Vizcaíno Silva maneja los programas sociales federales a su cargo a discreción y con interés electorero. Otorga o niega becas a jóvenes a su criterio y ha engañado a adultos mayores a quienes no ha entregado los subsidios a que tienen derecho, denunció la diputada Yáñez Centeno, hermana de César Yáñez Centeno y Cabrera, coordinador de Política y Gobierno del régimen federal y colaborador cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien probablemente está al tanto del caso Colima.

Indira Vizcaíno ha abierto demasiados frentes. La ambición política la ha colocado en pie de guerra, beligerante contra quien considere un obstáculo o un adversario en su intento de ser candidata de Morena a la gubernatura, aunque ni siquiera esté afiliada a ese partido, sin embargo, usa el aparato federal para tal fin.

La Diputada federal demanda la intervención de las Secretarías de la Función Pública, de Hacienda por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Gobernación, de Trabajo y Bienestar, así como de las Fiscalías Generales de la República y del Estado, y al Osafig, para investigar a Indira.

La Delegada estatal respondió el viernes con la soberbia que le caracteriza. Dijo que no se ocupará “de chismes”, en clara referencia a la acusación de Yáñez Centeno y Cabrera. Una denuncia pública y un punto de acuerdo que la Legisladora federal presentará en la Cámara de Diputados para que la investiguen autoridades de varias Secretarías, las Fiscalías federal y estatal y el Osafig, son temas bastante serios, lejos de considerarse “chismes”.

Si se detiene o se congela la denuncia, se iría contra los postulados de honestidad, del combate a la corrupción y contra la impunidad, que son las bases emblemáticas de la Cuarta Transformación que promueve el presidente López Obrador, ha afirmado, con razón, la Legisladora federal.

Eso es lo que está a prueba ahora y en las semanas por venir se verá si hay congruencia entre el discurso y los hechos en la 4T. Por lo pronto, mañana, martes, Claudia Yáñez Centeno deberá presentar un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se exhorte a las Secretarías y organismos federales y estatales a investigar la presunta corrupción de la delegada estatal, Indira Vizcaíno Silva.

Proceder incongruente

EN los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado señales contradictorias en torno a la pretensión de algunos sectores de su partido de diseñar leyes a la medida para beneficiar a ciertos personajes, disposiciones jurídicas elaboradas al vapor que, sobre todo, fortalecen a quienes pretenden extender sus periodos de gestión o perpetuarse en ellos.

Ha sido duro y contundente el Mandatario nacional en los casos del estado de Baja California, donde el gobernador electo, Jaime Bonilla, promovió una reforma constitucional para ampliar su periodo de 2 a 5 años; así como en el correspondiente a la fallida reelección de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, no hay igual rechazo en otros asuntos que en su momento también causaron polémica, como la denominada “Ley Taibo”, una reforma legal aprobada en el Senado para permitirle al escritor Paco Ignacio Taibo II dirigir el Fondo de Cultura Económica. Ni tampoco hay autocrítica a la propia decisión de impulsar la revocación de mandato, mediante una consulta que se realice en 2021, año en que habrá elecciones en todo el país, para renovar gubernaturas, Ayuntamientos, Congresos locales y la Cámara de Diputados.

Desde el miércoles de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que finalmente no se haya reformado la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, para reelegir a Muñoz Ledo presidente de ese órgano legislativo.

Mencionó el Ejecutivo que “no se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupo; no se puede retorcer la ley, independientemente de donde suceda”, enfatizó durante su conferencia matutina el 4 de septiembre.

Cuando se le preguntó si esa postura incluye al estado de Baja California, López Obrador matizó sus declaraciones, aunque sostuvo que nada puede estar al margen de la ley y nadie por encima de ella. “Tenemos que establecer un auténtico Estado de Derecho”, subrayó.

La reacción del Presidente es correcta en esos dos casos, aunque posiblemente tardía, pues dejó, en el asunto de la Cámara de Diputados, margen a la confrontación entre fuerzas políticas, lo que incluso provocó la frase ya folclóricamente célebre de Porfirio Muñoz Ledo: “chinguen a su madre… qué manera de legislar”.

En apariencia, el Mandatario adopta una postura de rechazo en dos asuntos que tienen que ver con la reelección, que además se pretende lograr torciendo la ley, ajustando disposiciones jurídicas a intereses personales.

Sin embargo, al Mandatario se le olvidó que fue su gobierno el que promovió, desde el año pasado, la reforma al artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, con el objetivo de que el escritor Paco Ignacio Taibo II pudiera ser director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Tampoco recuerda que impulsó, también al inicio de su mandato, una modificación legal para regular la figura de revocación de mandato, misma que buscaba empatar con las elecciones de 2021, con la evidente intención de fortalecer electoralmente a su partido, Morena; es decir, era una ley a la medida que sigue congelada en el Senado.

Por tanto, hay incongruencia en las posiciones de Andrés Manuel respecto a asuntos que tienen el mismo fondo. Mide con distinto rasero las intenciones de sus correligionarios y las propias; en el primer caso condena y en el segundo guarda silencio, promueve a trasmano ajustes legales a contentillo.

La reelección en cualquier nivel o institución es cuestionable y tiene que denunciarse, como también lo es modificar leyes para colocar a personajes cercanos en las dependencias gubernamentales, tal como sucedió en el caso de Taibo.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que afinar el criterio y proceder en todos los casos como lo hizo con la confrontación en la Cámara de Diputados, donde intervino para evitar una crisis política e institucional por la disputa de la Mesa Directiva.

Lo anterior implica que el Mandatario ajuste todos sus actos a la ley, lo cual hasta el momento no ha hecho, pues juzga con dureza, lo cual es correcto, a sus correligionarios en conflicto, pero procede con laxitud en la calificación del desempeño propio.

Desarrollo digital

EL gobernador José Ignacio Peralta Sánchez presentó la semana pasada la Agenda Digital Colima, que será el instrumento rector de acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, como una política de Estado.

Es importante el avance que nuestra entidad tiene en esta materia, pero resulta fundamental que ante el desarrollo tecnológico, el Gobierno del Estado busque seguir a la vanguardia y, sobre todo, que la población colimense tenga acceso a ello.

El propio Peralta Sánchez destacó que se trata de un asunto vital para la educación, la economía, la cultura, el análisis político, la proyección del individuo y la sociedad.

La Agenda Digital Colima se conforma de cinco puntos que son el acceso universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); la inclusión y participación ciudadana; la economía digital, e-Educación y gobierno electrónico. Para alcanzar los objetivos se contemplan 10 estrategias, 18 metas y 102 líneas de acción.

Este es uno de los retos más importantes para los tres niveles de gobierno, pues la cultura digital es una exigencia de la vida cotidiana.

Hay que recordar que desde la administración de Fernando Moreno Peña, Colima se distinguió como el primer estado de la República en materia de avance Tecnológico y Gobierno Electrónico. Muchas otras entidades pidieron asesoría a las autoridades de Colima para la implementación de esos sistemas en sus respectivos gobiernos.

Y en la actual administración se ha reforzado ese trabajo, aumentando de 16 a 20 el número de Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos y con cobertura en todos los municipios (anteriormente no los había en Minatitlán, Ixtlahuacán y Coquimatlán).

La importancia de esta Agenda Digital, garantiza el acceso a internet y es gratuito a toda la población, da facilidades para que los colimenses puedan en sus propios municipios obtener en los Kioscos de Servicios diversos documentos o realizar trámites de manera ágil y oportuna, como actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, licencias de conducir, carta de no antecedentes penales, certificado de libertad de gravamen de algún predio o inmueble y el pago de derechos e impuestos, entre otros.

Esa es sólo una parte de la Agenda Digital, otro aspecto importante es el acceso gratuito a internet en jardines, plazas, escuelas y edificios públicos, más ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la suspensión de ese programa a nivel federal.

Cuenta mucho en esta labor que las páginas electrónicas de las dependencias del Gobierno del Estado faciliten el acceso y los trámites al ciudadano, es decir, hacer accesibles esos sitios web a cualquier persona, pues hay algunas páginas que parecen estar hechas para expertos en el manejo de la tecnología.

Un ejemplo de esa dificultad para consultar datos, es la página del Inegi, que por la importancia y cantidad de información que maneja de interés para diversos sectores de la sociedad, debería buscar la forma de ser más accesible para el grueso de la población.

Además, se debe fomentar en las escuelas, principalmente en los niveles básicos, pero en general de todos, el buen uso de los avances tecnológicos y las redes sociales.

Es común que esa información a la que se tiene acceso, no sea la adecuada, por lo que también se deben echar a andar campañas de educación y orientación a la población en general para que, por ejemplo, no sean tan fácilmente víctimas de fraudes, engaños o noticias falsas que son frecuentes en las redes sociales.

Se trata pues de un proyecto encomiable del Gobierno del Estado por mantener a Colima a la vanguardia en la materia. Es importante que también la ciudadanía colabore, dando buen uso y cuidando la infraestructura que se pueda instalar en los espacios donde se ofrezca el internet gratuito; aprovechando al máximo los servicios de los kioscos en cada una de las demarcaciones de la entidad y dando un uso productivo a ese acceso a la tecnología.

Los tiempos actuales así lo demandan y esto debe contemplarse ya en la agenda de todos los gobiernos.

Capital insegura

ADEMÁS de los delitos de alto impacto que azotan a la ciudad de Colima, capital del estado, por la guerra sin cuartel de las bandas del crimen organizado, es creciente la ola de delitos del fuero común, sin que se vea una respuesta positiva en el combate a estos flagelos por parte de las distintas corporaciones policíacas.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el municipio de Colima registra la mayor cantidad de delitos patrimoniales, principalmente robo a casas, de vehículos, de autopartes, a negocios, a transeúntes y a clientes de bancos.

Al respecto, el regidor del Partido Nueva Alianza, Roberto Chapula de la Mora, exigió la semana pasada mayor firmeza de los gobiernos estatal y municipal para combatir los delitos, porque “la gente está cansada de tantos robos”.

El también ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima afirmó que lo que se necesita es actuar de forma oportuna, mediante la prevención y el combate “a los rateros”. 

Tiene razón Roberto Chapula al señalar que “la gente está harta, y esto genera problemas porque ve que hay impunidad, cuando la primera obligación de la autoridad es garantizar la seguridad pública”.

Refiere que los objetos que se llevan los ladrones no necesariamente son de mucho valor económico, “se llevan calzones tendidos del lazo, pantalones, triciclos, bicicletas, motocicletas, utensilios metálicos, pero resulta que a veces eso es todo lo que tiene una familia”.

Es verdad que muchos de los bandidos que atracan los domicilios son personas adictas a las drogas, por lo que sugiere que las familias también participen cuidando la conducta de ellos, pues “empiezan robando dentro de sus propias casas, luego al vecino, y después a otras casas” y muchos de los artículos pillados los venden en unos cuantos pesos para comprar droga o pagar la que ya deben.

De acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este año, en esta capital se cometieron 405 robos a casa habitación, sin violencia. Asimismo, se contabilizaron en ese periodo 174 robos de vehículos y 37 hurtos de autopartes.

Además, 21 robos a transeúntes con y sin violencia, entre ellos algunos clientes de bancos, 135 atracos a negocios y 10 casos de abigeato. Las estadísticas también señalan “otros robos” con violencia (150) y “otros robos” sin violencia (635). Además, 475 delitos de fraude.

Definitivamente las cifras son alarmantes y se debe tomar en cuenta que muchos delitos más, por diversas circunstancias, no son denunciados ante el Ministerio Público. Inclusive, esos ilícitos no reportados en muchas ocasiones igualan o superan a los denunciados.

Es cierto que muchos de los atracos que se registran en la ciudad los cometen personas que consumen drogas, pero también hay robos cuantiosos que son perpetrados por bandas criminales, ya sean locales o provenientes de otros estados.

La Policía Estatal asesta uno que otro golpe a quienes se dedican al robo a casas y de vehículos, sin embargo, la Policía Municipal hasta ahora no ha dado resultados. 

El pasado 1 de agosto se nombró al nuevo comisionado de Seguridad Pública y Justicia Cívica del Municipio de Colima, Alejandro González Cussi, con el propósito de lograr un mejor trabajo, pero desafortunadamente, a poco más de un mes no ha habido cambios.

En las cartas credenciales de este funcionario se menciona que participó en la implementación del Modelo Integral de Seguridad y Justicia Cívica en el municipio de Morelia, Michoacán, consolidándolo como modelo nacional. Habrá que ver si aquí en Colima logra los mismos resultados.

Lo más preocupante es que no se ve que haya una reacción positiva por parte de las Policías Estatal y Municipal, pues no actúan como debieran en la prevención del delito y es lenta su capacidad de respuesta en el momento en que ocurren los crímenes.

Con justa razón la población se pregunta: ¿hasta cuándo esas corporaciones policíacas reaccionarán y entregarán buenas cuentas en el combate a los robos a casas, negocios, de vehículos, de autopartes y asaltos a transeúntes y clientes bancarios?