Jueves 12 de Septiembre de 2019 7:10 am

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EL domingo pasado, la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador entregó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020, mismo que contempla un gasto general de 6.1 billones de pesos, superior en apenas 0.8 por ciento respecto al de este año.

Tal documento ha generado las primeras reacciones entre amplios sectores de la sociedad mexicana. Hay coincidencias entre quienes señalan que se fortalece la inversión en el sector social, pero se descuidan otros rubros importantes como la infraestructura, el turismo y el campo.

De los primeros análisis se desprende que una de las áreas más beneficiadas será la correspondiente a los programas sociales, toda vez que el presupuesto asignado a la Secretaría de Bienestar se incrementará 11 por ciento respecto a lo ejercido este año.

Llama la atención el incremento presupuestal de 72 por ciento que tendrá la Secretaría de Energía, así como el 52 por ciento adicional que se otorgará a la Secretaría de la Función Pública, responsable de castigar los actos de corrupción de los empleados gubernamentales.

En contraparte, la Secretaría de Turismo tendrá 44.7 por ciento menos recursos que este año; la Secretaría del Trabajo recibirá 35.8 por ciento menos, con una importante disminución al programa Jóvenes Construyendo el Futuro; en tanto que la Secretaría de Agricultura registrará un decremento de 31.8 por ciento.

El proyecto presupuestario de la administración lopezobradorista contempla, para fondear muchos de sus proyectos, un crecimiento de 2 por ciento del Producto Interno bruto (PIB), no obstante, Citibanamex prevé que ese indicador no pasará de 1.2 por ciento.

Tal pronóstico augura un panorama bastante complicado para la Federación, toda vez que al no cumplirse la tasa de crecimiento prevista, obviamente disminuye la actividad productiva y, por derivación, la recaudación fiscal. En términos llanos, el gobierno tendría menos dinero para la ejecución de sus proyectos.

Diversos analistas financieros también advierten la poca flexibilidad del presupuesto del próximo año, toda vez que 82 por ciento del gasto ya está comprometido, sólo podrán realizarse movimientos o reasignaciones con el restante 18 por ciento.

Igualmente, consideran riesgoso darle prioridad a los subsidios gubernamentales por encima de la inversión, toda vez que esa dinámica ha contraído la actividad económica hasta llevarla al punto de la desaceleración, como ya sucedió en el primer semestre del año.

A medida que el Gobierno Federal destine una gran parte de su presupuesto a los programas sociales, se incrementa la posibilidad de que el dinero no alcance, más todavía si los indicadores de la recaudación fiscal, el crecimiento económico o la producción petrolera no se cumplen de acuerdo a lo proyectado.

Otro de los aspectos preocupantes es la nueva política tributaria, en la que se pretende endurecer las sanciones a quienes incurran en evasión fiscal, así como aumentar la carga fiscal a servicios de transporte por aplicaciones de celular, plataformas digitales y ventas por catálogo, así como a cigarros y refrescos.

En términos generales, los analistas financieros señalan que si bien el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 es austero y ortodoxo en su diseño, adolece de zonas oscuras en áreas prioritarias y sobre todo, no fomenta el crecimiento económico, indispensable para abatir la brecha entre ricos y pobres.

Resulta claro que el documento se ajusta a las premisas de López Obrador, quien expresa que lo importante es la adecuada distribución de los recursos y de la riqueza, pero olvida el Presidente que sin dinero, lo único que puede repartirse son carencias.

Cierto que el Presupuesto no contiene esquemas disparatados de gasto, sin embargo, prevalece el papel del Estado como rector de la economía y generador de bienestar, cuando esas funciones tendría que asumirlas el sector productivo de nuestro país, a través de la generación de empleos y de mejores condiciones de vida de la clase laboral.

Nuevo puerto

POR fin empieza a concretarse el proyecto del puerto Manzanillo II, que se ubicará en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, en la zona donde también se encuentran la planta termoeléctrica y la regasificadora.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, se reunieron anteayer en Manzanillo para anunciar el magno proyecto, que tendrá por complemento varias obras carreteras por 700 millones de pesos. Para el nuevo puerto, el presupuesto inicial es de 20 mil 303 millones de pesos. Abarcará un área de instalaciones y operaciones de mil 899.9 hectáreas. Manzanillo II tendrá 28 posiciones de atraque, capacidad que le dotará de eficiencia en el movimiento de carga -importación y exportación-, turismo y recepción de combustibles diversos. Será bastante mayor que el puerto en funciones.

Con una cifra de alrededor de 3 millones de contenedores movidos al año y en vías de llegar a 4 millones en no más de 2 años, Manzanillo I está a punto de saturación. Si el puerto llegase a atestarse, el manejo de carga de importación y exportación volvería lentas las operaciones, encarecería la estancia de los buques y terminaría por desprestigiarse comercialmente.

Manzanillo es punto de conexión con 145 destinos internacionales, lo utilizan 41 líneas navieras y mueve 44 por ciento de la carga en contenedores del país. Dentro del territorio nacional, tiene relaciones comerciales con 17 estados, incluyendo la capital. Es el puerto más importante de México y el cuarto en Latinoamérica.

En tal contexto, la ampliación es necesaria y urgente. Como construir un puerto requiere mucho tiempo y fuertes inversiones, ahora mismo es acertado disponer ya de un proyecto, como el que se abordó anteayer, a fin de que cuando Manzanillo I se sature, esté listo el Manzanillo II, cuyo acceso a la laguna es por el canal de Boca de Tapalcates, que se abrió -para recuperarlo y dotarlo de las medidas que requieren los grandes buques cargueros y petroleros de la actual navegación mundial- hace ya muchos años.

Con 28 posiciones de atraque, estará en condiciones de dar un servicio ágil y seguro en el manejo de carga, e incluso al turismo, pues el arribo de barcos de crucero podría incrementarse en los años por venir.

Esta será una de las grandes obras del Gobierno Federal, que trabaja ya en un proyecto similar en Veracruz, para el manejo de carga por el Atlántico y con el tren transístmico en vías de planeación ejecutiva. También lo será del gobierno de Ignacio Peralta, quien ha llevado a cabo constantes gestiones para que se incluya en los planes de gobierno el Manzanillo II, que tendrá financiamiento federal, privado y de la Administradora Portuaria Integral.

Las obras complementarias son importantes. Se trata de darle al puerto capacidad de desfogue de carga por tierra, entrante y saliente, a fin de no sólo agilizar los movimientos, sino salvar a la ciudad de Manzanillo de un caos vial y los peligros que esto significa.

Entre otras medidas a tomar, es urgente la ampliación de la autopista del puerto a Guadalajara a seis carriles en todo el trayecto, dada la creciente cantidad de tráileres que utilizan esa ruta en ambos sentidos. Una de las alternativas es el ferrocarril. A medida que se le use más, las carreteras se desfogarán más ágilmente, en beneficio de importadores y exportadores, así como de automovilistas particulares y el movimiento de carga y pasajeros local.

Esto embona tanto con la infraestructura ferroviaria que ya hay en la Laguna de Cuyutlán como en el proyecto de Peralta Sánchez de tender una nueva ruta del ferrocarril que del puerto corra a Coquimatlán hasta salir del estado sin acercarse a la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, donde el trazo original que data del porfiriato es hoy un obstáculo a la expansión urbana y ocasiona contratiempos y riesgos innecesarios a la población.

Es recomendable que el proyecto de Manzanillo II se lleve a cabo, lo más pronto posible, para bien del país y de Colima.

Sacar el tren de la ciudad

ES un acierto del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez haber solicitado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 el proyecto para sacar al tren de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

El pasado lunes, el Mandatario señaló que, a través de la Comisión de Infraestructura de la Conferencia Nacional de Gobernadores, presentó este proyecto, sin embargo, dijo que desconoce si está incluido o no dentro del Presupuesto, confía en que sí. En caso de que no se contemple, espera que le informen el tratamiento que se le dará a la petición.

Como alcalde de Colima (2009-2012), Peralta Sánchez elaboró el proyecto para cambiar el trazo de las vías férreas y evitar que decenas de colonias del sur y sureste de la zona metropolitana queden incomunicadas por el paso del ferrocarril, varias veces al día.

Por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitó a los estados que integran la Conago presentar proyectos de infraestructura.

En el caso de Colima, se propuso la obra del Libramiento Ferroviario de Colima-Villa de Álvarez, para lo cual se presupuestó una inversión de 2 mil 500 millones a 3 mil millones de pesos.

El nuevo trazo por donde pasarán las vías del ferrocarril, aún se debe analizar a detalle, no obstante, se tiene planeado que la ruta sea de Manzanillo a Coquimatlán y continúe hacia Cuauhtémoc, para evitar que pase por Colima y Villa de Álvarez.

Peralta Sánchez argumentó que ya no tiene sentido que las máquinas con sus cientos de furgones pasen por la ciudad, “nos está afectando el crecimiento a la zona sur”, donde todavía hay grandes extensiones de terreno y puede luego desarrollarse urbanísticamente, pues el norte se ha saturado.

Sería de gran beneficio para Colima que el gobierno obradorista aprobara esta obra dentro del PEF 2020, pues además de resolver el problema que genera el paso del ferrocarril por los municipios de Colima y la Villa, durante la edificación del nuevo trazo ferroviario, se generarían cientos de empleos y habría una importante derrama económica que favorecería a diversos sectores productivos.

Cada vez es más peligroso y molesto el paso del ferrocarril, en ocasiones hasta tres o cuatro veces al día, pues bloquea el tránsito vehicular y de personas, además de dejar incomunicadas a decenas de colonias del sur y sureste de la zona metropolitana. 

Peor aún, constantemente las pesadas máquinas y sus cientos de góndolas se quedan completamente frenadas por maniobras que realiza el personal de Ferromex. Ya son muchas ocasiones en que ambulancias, patrullas de la policía o bomberos, ante casos de emergencia, no pueden entrar o salir de las colonias ubicadas antes o después de las vías.

En Manzanillo, después de muchos años, de fuertes protestas y bloqueos de los porteños, se logró que se sacara al tren de la ciudad, el cual causaba trastornos a todas horas del día al tránsito vehicular y en general a las actividades cotidianas de los porteños.

En Colima y Villa de Álvarez se debe hacer lo mismo, pues el crecimiento urbano debe continuar y no verse frenado por el ferrocarril. Ferromex, como empresa privada no va a invertir en el cambio de ruta, por lo que, entonces, debe hacerlo el Gobierno Federal. 

El tren de carga brinda un gran servicio a la actividad comercial del estado, particularmente al movimiento de carga del Puerto de Manzanillo, sin embargo, es igualmente importante que no sea a costa del crecimiento urbano y la movilidad de la zona conurbada.

Tan sólo el año pasado, Ferromex transportó unos 100 mil contenedores provenientes de Asia y Sudamérica hacia las metrópolis de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Asimismo, movilizó más de 55 mil contenedores hacia el puerto que fueron exportados a decenas de países.

Es cierto que cuando se edificaron las colonias del sur y sureste de la zona conurbada, las vías del tren ya estaban allí, no obstante, el crecimiento poblacional exige constantes modificaciones para un desarrollo urbano ordenado.

El proyecto presentado por Nacho Peralta al Gobierno Federal, es de gran calado pues de concretarse resolverá el problema de la movilidad y el crecimiento de la mancha urbana, por lo que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos, los diputados federales y senadores por Colima deben cabildear y respaldar esta obra. 

A la postre…

GRAVE la situación que enfrenta el sector de la construcción en el estado, que en voz del presidente de la CMIC, Carlos Maldonado Orozco, ha denunciado en varias ocasiones la falta de obra pública federal, estatal y municipal.

Esa postura del Gobierno de la República de no enviar dinero a los estados y municipios, tiene cerca del colapso a 17 por ciento de los socios de la CMIC, lo que es alarmante no sólo por la falta de dinero circulante en la entidad, sino por la cantidad de empleos que podrían perderse si no se reactiva pronto la inversión federal.

La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, pues en el mismo sentido se han quejado varios Alcaldes que lejos de ver un incremento en el presupuesto federal para obras en sus respectivas demarcaciones, se enfrentan con que nada les ha llegado.

Sigue siendo una fuente muy importante de ingresos de divisas a Colima lo que envían los migrantes. Se calcula que al cierre del año las remesas enviadas ascenderán a 330 millones de dólares en la entidad, cantidad similar a la registrada el año pasado.

Lo importante es que hubo una recuperación, pues según informó el coordinador general de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado, Santos García Santiago, en el primer semestre de este año, las remesas bajaron 17 millones de dólares en comparación con el mismo periodo de 2018.

Cientos de familias colimenses dependen en gran medida del dinero que puedan enviarles quienes trabajan en Estado Unidos, con lo que además se fortalece la economía local, de ahí la importancia de las remesas.

El líder transportista, Zenén Campos Beas, aclaró que es falso que la credencial de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) ya no vaya a ser aceptada para aplicar el descuento universal.

Con esto desmintió a algunos diputados locales que han difundido esa información que únicamente buscan denostar a la organización estudiantil. 

Si la FEC y los transportistas tienen un acuerdo, la credencial de ese organismo es válida para el descuento, como la de cualquier escuela.

Además, los estudiantes son libres de afiliarse o no a la FEC o a cualquier otra organización de su preferencia, y eso no los excluye del beneficio del descuento universal en el transporte público.

Un caos vial y molestia para cientos de automovilistas provocó el plantón que el viernes pasado realizaron en la Calzada Galván trabajadores de los Cendi, encabezados por la directora general de esos planteles, Evangelina Bustamante, esposa del senador Joel Padilla Peña.

Señalados por hacer del funcionamiento de los Cendi un negocio familiar, Padilla y Bustamante exigen al Gobierno del Estado 23 millones de pesos supuestamente para el pago de nómina, pero no muestran los comprobantes con nombres y datos de los docentes y personal al que supuestamente les adeudan esa cantidad.

Además, hay muchas quejas de padres de familia por el cobro de cuotas para estudiar en los Cendi, que parecen colegiaturas de instituciones privadas.

Es tiempo ya de que tanto el Gobierno del Estado como el federal analicen el funcionamiento de los Cendi en Colima, y hagan auditorías para poner freno a la voracidad del Senador petista y la directora general de esos centros educativos.

El Cabildo villalvarense aprobó el lunes pasado el Reglamento de Convivencia Civil, que busca garantizar la armonía vecinal.

Un aspecto interesante es que se contempla, entre otros conceptos, sancionar a quienes contaminen con ruido, lo que es muy común, ya sea con música a altos decibeles en sus hogares o en los automóviles.

También se sancionará el acoso sexual, tirar basura en la vía pública y en lotes baldíos, así como las riñas al interior de los hogares.

De entrada, parece interesante esta iniciativa, habrá que esperar sus resultados y que se cuente con las herramientas para aplicarlo y no quede sólo en documento.

En manos de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se encuentra el expediente del caso de Indira Vizcaíno Silva, delegada estatal para Programas de Desarrollo de Colima. Desde 2017 hay una denuncia de ciudadanos presentada ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, donde ha dormido el sueño de los justos. La denuncia contra Indira Vizcaíno es por presunto daño al erario de Cuauhtémoc, municipio del que fue Alcaldesa, por 93 millones de pesos, aproximadamente, cometido en 2013. La ex edil permutó un área de cesión de casi 7 hectáreas del fraccionamiento de lujo Altozano por uno de la misma medida, pero en breña, cerca de la cabecera municipal, con un valor de aproximadamente 10 por ciento del que recibió de Altozano. Además, el predio aportado por los empresarios Brun González está en litigio y el Ayuntamiento no ha podido tomarlo.

Este asunto se ha reavivado por la denuncia que la diputada federal morenista, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, hizo pública la semana pasada. Anteayer, martes, presentaría en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que autoridades federales y estatales investiguen a Vizcaíno Silva, sin embargo, ante la llegada de maestros de la CNTE que amenazaban con bloquear San Lázaro se desalojó el recinto, por lo que se pospuso para hoy, jueves. No será sencillo para la delegada estatal Vizcaíno plantar cara al caso, a pesar de que ella lo califica de “chismes”, en una actitud de soberbia que la caracteriza.